PANEL CONSTITUCIÓN Y FUERO MILITAR

Boletín EXTRAORDINARIO de Derechos Humanos, Martes, 18 Junio 2013

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PANEL CONSTITUCIÓN Y FUERO MILITAR Intervención del Señor Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá
Si bien existen problemas que es necesario resolver para mejorar el sistema judicial en Colombia, la propuesta de acto legislativo que cursa en el Congreso para reformar el fuero militar no es necesaria para superar las dificultades y, por el contrario, supone un retroceso en el funcionamiento de la administración de justicia en el país. Tanto desde una perspectiva legal como práctica, la propuesta es deficiente. Así, el contexto político, la experiencia comparada y la jurisprudencia no favorecen una ampliación del fuero militar, sino su limitación. Y en la práctica, una reforma constitucional no debería ocuparse de los objetivos contenidos en la propuesta, dado que algunos de los cambios podrían alcanzarse en la práctica sin mayor dificultad, a través de mecanismos legales o administrativos. La reforma constitucional que se pretende introducir refleja la falta de confianza existente entre las diferentes instituciones del Estado. Este es un problema que debe ser abordado de manera directa y no indirectamente a través de este acto legislativo. La reforma simplemente crea confusión y no es claro si su aplicación será retroactiva y si los casos relacionados con los “falsos positivos” estarán bajo su órbita de competencia. Considerando la jurisprudencia vigente, y a pesar de las intenciones que inspiran la propuesta, es muy probable que la reforma sea declarada inexequible por la Corte Constitucional -bien por razones procedimentales o sustantivas-, o que sea demandada con éxito ante los sistemas de protección interamericanos o de la ONU. El acto legislativo tiene muchos seguidores entusiastas, quienes en su mayoría parecen apoyar esta propuesta por razones emocionales, ideológicas y políticas. El respaldo a la reforma se ha convertido en una especie de “prueba de fuego” sobre el apoyo a las fuerzas armadas. Así, el nivel de entendimiento y debate sobre su necesidad y contenido parecen irrelevantes frente al hecho de que la reforma debe ser apoyada como una cuestión de principio. El presente documento explora las razones que motivan la reforma y ofrece alternativas a esta iniciativa desde una óptica práctica y viable. También presenta algunas de las razones por las cuales esta reforma es cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos. 1. ¿PARA QUÉ UNA REFORMA CONSTITUCIONAL? Existe en el país una creciente tendencia a reformar la Constitución como si esta fórmula, per se, pudiese resolver los problemas estructurales y aún coyunturales del Estado. En diversas ocasiones esto se ha hecho sin tener en cuenta el marco de las obligaciones internacionales de rango constitucional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario ni los precedentes jurisprudenciales que interpretan y delimitan el alcance de las normas. Es así como dichas iniciativas culminan en declaratorias de inconstitucionalidad, generando inestabilidad jurídica y retrocesos que pueden propiciar el debilitamiento institucional e incluso, la impunidad. Desde una perspectiva de derechos humanos, la norma constitucional vigente en materia de fuero militar2, la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y los desarrollos legales de los últimos 20 años4 han determinado que el fuero militar cobija única y exclusivamente los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, es decir, aquellos que se derivan directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les han asignado. La justicia penal militar constituye una excepción a la regla del juez natural, y por ello su ámbito de acción debe ser interpretado de manera restrictiva, particularmente teniendo en cuenta que en Colombia aquella pertenece a la rama ejecutiva del poder público, no a la Judicial. Esta posición es compartida hoy en día por la mayoría de Estados del hemisferio, cuyas constituciones consagran, en general, una única norma a partir de la cual la ley reglamenta el tema, tal como sucede actualmente en Colombia5. En términos generales, se establecen como criterios imperantes el personal -sus destinatarios son exclusivamente militares o policiales-, y el funcional -la justicia penal militar es para delitos estrictamente militares-; es decir, que la justicia penal militar juzga las faltas y delitos típicamente militares, mientras que las conductas abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública, que por su sola comisión rompen el nexo funcional del agente con el servicio, deben ser conocidas por la justicia ordinaria, lo mismo que aquellas que ofrezcan dudas sobre la naturaleza del hecho delictivo. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, en su último informe anual, correspondiente a 2011, reiteró “la obligación de la justicia penal militar de abstenerse de iniciar investigaciones o reclamar la competencia cuando se han producido hechos que pueden constituir violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, en caso de duda, la jurisdicción ordinaria, y no la militar, debe ser competente, ya que la primera constituye la regla general y la segunda la excepción, en concordancia con los estándares internacionales y la jurisprudencia nacional de la Corte Constitucional. La Oficina en Colombia considera esencial que en estos casos las primeras diligencias sean adelantadas sin excepciones por la jurisdicción ordinaria. Estos estándares deben ser tenidos en cuenta en los debates sobre reforma de la justicia que están teniendo lugar en el Congreso de la República”. Ver ponencia completa...
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