2. DISEÑO INSTITUCIONAL

Con relación a los arreglos institucionales que exige la implementación de la Ley de Víctimas, que incluyen desde crear instituciones nuevas hasta reestructurar entidades existentes o asignar nuevas responsabilidades, los representantes de la sociedad civil que participaron en el evento destacaron la importancia de asegurar que el cumplimiento de las funciones derivadas de la ley de víctimas incorpore el enfoque de derechos y se oriente hacia la gestión de servicios enmarcados en la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación.


Con este propósito, será fundamental garantizar un proceso de empalme y transferencia coordinado, en el cual se sistematicen las buenas prácticas –reconocidas como tales por los ciudadanos y ciudadanas- con el fin de construir sobre las experiencias acumuladas y corregir errores, deficiencias y debilidades.


La magnitud de las responsabilidades del Estado frente a las víctimas exige dotar a todas las entidades de los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, y exige también un esfuerzo de coordinación especial entre los distintos sectores de la administración pública, entre los niveles nacional, departamental y local, así como dentro de cada una de las instituciones.


En este sentido, la puesta en marcha de todo el sistema institucional que debe implementar la Ley constituye una oportunidad para propiciar un cambio de cultura organizacional, que se refleje en el trato, la atención y el trabajo de los funcionarios y funcionarias, que deben contar también con procesos de formación apropiados, estabilidad profesional y estrategias de cuidado que les permitan manejar los efectos y el desgaste emocional al que ellos también están sometidos.


Una preocupación manifestada por las organizaciones de la sociedad civil se refiere al hecho que se impulse un proceso de reglamentación sin haber definido con claridad quien está a cargo del proceso, con evidentes manifestaciones de poca articulación institucional. En particular se percibe un paralelismo y poca coordinación entre los esfuerzos de Acción Social, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Agricultura.