1. PROTECCIÓN

La protección de las víctimas se consideró no solo como elemento esencial para la eficacia y efectividad de la implementación de la Ley, si no como un elemento sine qua non para el ejercicio de derechos.


Las discusiones de la mesa partieron de un cierto escepticismo en cuanto a la capacidad de las autoridades para asegurar la protección de las víctimas y sus organizaciones, así como de todos y todas las intervinientes en los procesos previsto en la Ley, sobre todo, en aquellas zonas en las que la presencia de grupos armados ilegales es constante e intrusiva. Se reafirmó que la responsabilidad por la seguridad tiene que corresponder sin ambigüedades a las autoridades. El hecho de que la necesidad obligue a comunidades, víctimas y sus organizaciones a adoptar medidas de autoprotección, no puede eximir a las autoridades de tal responsabilidad. Por supuesto, es importante que la ciudadanía en general sea consciente de que la protección de los derechos de los demás tiene que ser exigida por todas y todos y que no solo debe ser un reclamo de quienes están expuestos al riesgo. Es un derecho y como tal debe ser exigido.


La prioridad de medidas de prevención fue patente. Esto exige superar los comportamientos y decisiones reactivas, realizar análisis de contexto y de situaciones más allá de casos individuales, así como medidas que superen los aspectos policiales. Los conceptos de protección integral, que aparecen en el artículo 32, o seguridad humana no pueden quedarse en términos académicos y deben aterrizarse en elementos concretos que tengan un impacto en la mitigación de los riesgos.


Como el desafío fundamental para que cualquier medida de seguridad pueda funcionar, se señaló la superación de la desconfianza en las autoridades encargadas de proporcionar la seguridad. Esta desconfianza es más grave en las regiones y en los casos en los cuales esas mismas autoridades están acusadas de haber participado en la violencia y violación de derechos que ha producido la victimización.


Para la superación de este tremendo desafío se propuso hacer ejercicios de depuración institucional en las autoridades competentes, que ya sea por convicción, corrupción o amenaza, han podido contribuir a la victimización. La tarea de los organismos de control y del ejercicio de la función disciplinaria es fundamental. En este sentido, se consideró importante que existan criterios de selección de los equipos que adelantan las tareas concretas de protección y que se favorezca la incorporación de mujeres con especial sensibilidad hacia determinados grupos de víctimas y organizaciones en riesgo. Además, se propuso que las y los funcionarios encargados de analizar los riesgos y tomar las medidas para minimizarlos tengan unos criterios objetivos de referencia, evitando en lo posible la subjetividad en la toma de decisiones. Finalmente, el fortalecimiento y la participación de las comunidades, víctimas y sus organizaciones en los procesos de tomas de decisiones, desde el mapeo de los riesgos, los análisis de esos riesgos, hasta la determinación de las medidas a tomar, se considera como de capital importancia.