4. REPARACIÓN

Ante el abanico tan grande que implica el tema de la reparación en el Ley de Victimas, las discusiones se centraron en la indemnización por vía administrativa y judicial, las garantías de no repetición y el programa de reparación colectiva.


En general hubo consenso sobre la importancia de una ruta única de acceso a todas las medidas de reparación, siempre y cuando se incluya una visión diferenciada según la violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario sufrida, y la condición de la victimas (por género, familiar, edad, origen étnico o situación de discapacidad). En este sentido, se expresó preocupación por el proceso de adecuación de las bases de datos existentes en un registro único, y por la necesidad de hacer actualizaciones y evitar la re victimización en este proceso.


El Gobierno tiene la obligación de reglamentar dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la Ley “el trámite, procedimientos, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por vía administrativa a las víctimas” (artículo 132).


Las discusiones que tuvieron lugar reflejaron la necesidad de establecer una adecuada valoración del daño en las tablas de indemnización, a la luz de la experiencia de la implementación del Decreto 1290, por el cual se creó en 2008 un programa similar. Al mismo tiempo, los representantes de la sociedad civil mostraron una gran preocupación porque la aceptación de la indemnización administrativa no impida el acceso a la vía judicial para obtener también reparación. En este sentido, es importante que la regulación del llamado “contrato de transacción” (por el que una víctima puede recibir una indemnización más alta, si consiente, de forma expresa y voluntaria, que tal indemnización incluye todas las sumas debidas para reparar el daño recibido), asegure que la víctima consiente de manera realmente voluntaria y que las y los funcionarios encargados no ejercen ningún tipo de coacción ni de incentivo indebido. Asimismo, se reclamó que los protocolos a diseñar sean ágiles, didácticos, precisos en tiempos, con poca tramitología y burocracia.


Las garantías de no repetición recogidas en el artículo 149 se consideraron adecuadas, pero se expresaron ciertas dudas con respeto a su reglamentación a través del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral. No parece estar muy claro si esta reglamentación será parte del Plan o una vez adoptado el Plan, se reglamentaran. En ambos casos, se reclamó una real participación de las víctimas y sus organizaciones en la materialización práctica y concreta de estas medidas.
Si bien hubo un consenso en la necesidad de un programa de reparación colectiva, se sugirió que se considerara en un plano de igualdad con respecto a la indemnización individual. Ambas son importantes para la verdadera reparación de las víctimas.


Finalmente, se destacó la gran necesidad de capacitar adecuadamente a los y las funcionarias responsables de estas tareas, no solo para orientar e informar de forma eficaz a víctimas, sus familias y organizaciones, sino también en la necesaria sensibilización. Las víctimas reclaman sus derechos, no mendigan ni solicitan asistencia.