3. RESTITUCIÓN DE TIERRAS

En el marco de esta mesa, se discutió el proceso de restitución de manera amplia, sugiriendo la necesidad no solo de entregar tierras, sino de incorporar los medios adecuados para que las víctimas puedan realmente hacer productiva la tierra devuelta o compensada. Esto incluiría ayudas para asegurar la generación de ingresos (créditos fáciles y blandos, proyectos productivos adecuados a los contextos y a la condición de las víctimas), así como la reactivación de la producción (con facilidades de transporte y movilidad) y medidas que tiendan a asentar a la población en las tierras (como educación, salud o vivienda). Se hizo especial hincapié en que los servicios sociales y económicos no se consideren por su naturaleza medidas de reparación, pero sí que sean parte del paquete en el marco de los procesos de restitución.


En este sentido, se recalcó que los procesos de restitución deben ser consecuencia de una lectura previa de las causas y caracterización del despojo que asegure la posibilidad de adecuar medidas para la no repetición.


Además, no pasó desapercibido el papel asignado a las instituciones locales y la necesidad de adecuar y tomar de decisiones de forma coherente en lo referente a la seguridad, planes de desarrollo territoriales o establecimiento y cobro de impuestos prediales.


Por otra parte, la mayoría de las discusiones reflejaron una preocupación por asociar los procesos de restitución de tierras a las llamadas zonas de consolidación, señalando la importancia de que los procesos de restitución no pongan en riesgo la vida o integridad de los beneficiarios y su entorno. La necesidad de protección en este sentido se reflejó en propuestas para que las medidas no solo sean individuales, sino también colectivas, que se fortalezca la capacidad y la aceptación del sistema de alertas tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo (cuyos funcionarios y funcionarias también tienen que ser sujetos de medidas de protección eficaces), dando mayor difusión a sus informes de riesgo y transparencia en las decisiones de implementación de los mismos, y que haya una participación de las comunidades, víctimas y sus organizaciones en todo el proceso de toma de decisiones. La tarea de todos los servicios de información es asegurar la protección es de importancia esencial.


Finalmente, se solicitó aclarar “cuando y cómo” la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dispondrá de “un programa especial para garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos contemplados para la restitución”, como exige en artículo 114.