COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
57º período de sesiones
Tema 3 del programa provisional

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

ÍNDICE

Párrafos Página

INTRODUCCIÓN 1 - 4 5

I. VISITA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS A COLOMBIA 5 - 9 6

II. ACTIVIDADES DE LA OFICINA 10 - 15 6

III. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL MANDATO DE LA OFICINA 16 - 19 7

IV. CONTEXTO NACIONAL 20 - 23 9

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

V. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 24 - 119 10

A. Derechos civiles y políticos 29 - 62 11

1. Derecho a la vida 29 - 38 11

2. Derecho a la integridad personal 39 - 42 13

3. Derecho a la libertad individual y a la seguridad personal 43 - 50 14

4. Derecho a la libertad de circulación 51 - 56 15

5. Derecho al debido proceso 57 - 62 16

B. Derechos económicos, sociales y culturales 63 - 75 18

1. Derecho al trabajo y libertades sindicales 67 - 68 18

2. Derecho a la educación 69 - 72 19

3. Otros derechos 73 - 75 19

C. Derechos del niño y la niña 76 - 80 20

D. Derechos de la mujer 81 - 85 21

E. Principales infracciones al derecho internacional humanitario 86 - 119 22

1. Homicidios y amenazas 86 - 91 22

2. Ataques contra la población civil y ataques indiscriminados 92 - 97 23

3. Actos de terrorismo 98 24

4. Tortura y malos tratos 99 - 100 24

5. Toma de rehenes 101 - 107 24

6. Niños víctimas del conflicto armado y del reclutamiento 108 - 110 25

7. Desplazamiento forzado 111 - 112 26

8. Atentados contra la protección de la misión médica y ataques a unidades y medios de transporte sanitario 113 - 117 26

9. Ataques a bienes civiles 118 - 119 27

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

VI. SITUACIONES DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN 120 - 201 27

1. Evolución del conflicto armado y negociaciones de paz 120 - 129 27

2. Evolución del paramilitarismo 130 - 137 30

3. Evolución del desplazamiento interno 138 - 148 32

4. Administración de justicia e impunidad 149 - 160 34

5. Situación carcelaria 161 - 168 36

6. Defensores de derechos humanos 169 - 173 38

7. Sindicalistas 174 - 181 39

8. Grupos étnicos 182 - 189 40

9. Libertad de opinión, expresión y enseñanza 190 - 196 42

10. Derechos políticos 197 - 201 43

VII. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 202 - 231 44

A. Recomendaciones relacionadas con la adopción de medidas, programas y políticas de derechos humanos y derecho
internacional humanitario 203 - 213 44

B. Recomendaciones atinentes a la legislación 214 - 221 47

C. Recomendaciones relativas al funcionamiento de la justicia 222 - 225 48

D. Recomendaciones relativas a la protección de grupos vulnerables 226 - 231 49

VIII. ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OFICINA EN COLOMBIA 232 - 249 50

A. Cooperación con la Vicepresidencia 234 - 235 50

B. Cooperación con el sistema de administración de justicia 236 - 242 50

C. Cooperación con instituciones académicas 243 - 244 52

D. Cooperación con organizaciones no gubernamentales 245 - 249 52

IX. CONCLUSIONES 250 - 268 53

X. RECOMENDACIONES 269 - 289 56

ACCU Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá

ACVC Asociación Campesina del Valle Río Cimitarra

ANTHOC Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Colombia

ASFADDES Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos

AUC Autodefensas Unidas de Colombia

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

CONPES Consejo de Política Económica y Social

CREDHOS Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos

CTI Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía

CUT Central Unitaria de Trabajadores

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

DAS Departamento Administrativo de Seguridad

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DIJIN Dirección de Policía Judicial

DNP Departamento Nacional de Planeación

ELN Ejército de Liberación Nacional

EPL Ejército Popular de Liberación

ERG Ejército Revolucionario Guevarista

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FECODE Federación Colombiana de Educadores

FENALTRASE Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

IPC Instituto Popular de Capacitación

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

OFP Organización Femenina Popular

OIT Organización Internacional del Trabajo

PIB Producto Interno Bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SIJIN Seccional de Policía Judicial

SINTRAEMSDES Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales y Departamentales

UC Unión Camilista

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

INTRODUCCIÓN

1. Desde hace ya algunos años, la Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación la situación de los derechos humanos en Colombia. Esto se ha visto reflejado en sucesivas declaraciones por parte de su Presidente. La Comisión de Derechos Humanos solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecer una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la invitación del Gobierno de este país.
2. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país y el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la Oficina debe observar la situación de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país. Ello debe permitir a la Alta Comisionada presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos. El acuerdo fue prorrogado por tercera vez, hasta abril de 2002.
3. En el 56º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (2000) la Declaración de la Presidencia consideró que la Oficina "sigue desempeñando una función vital en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario..." y señaló que "sigue creyendo que la valiosa labor de promoción y protección de los derechos humanos que realiza al ayudar a las autoridades de Colombia a formular políticas y programas en ese ámbito es de máxima importancia y la apoya plenamente". Asimismo agregó que la Comisión "recomienda que se amplíe la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos más allá de Bogotá" y solicitó a la Alta Comisionoada la presentación de "un informe detallado que contenga un análisis de la Oficina de Bogotá sobre la situación de derechos humanos en Colombia".
4. El presente informe corresponde al período comprendido entre enero y diciembre de 2000 y se basa en la información recogida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, directamente o a través de sus interlocutores, y analizada por la misma. La Oficina esencialmente en el desarrollo de sus funciones de observación, recibe quejas y se desplaza la las regiones para observar directamente muchas situaciones concretas que se presentan en el país y que se relacionan con su mandato. Así, mediante sus entrevistas y reuniones con víctimas, testigos, autoridades nacionales y locales, tanto civiles como militares, y su observación directa a través de sus viajes, la Oficina analiza los datos e informaciones, y evalúa los comportamientos de los distintos actores involucrados, tanto en los hechos violatorios como en las responsabilidades de actuación para la prevención o la protección. Como resultado de este ejercicio, la Oficina traslada sus preocupaciones a las autoridades competentes y presenta las recomendaciones que considere pertinentes para hacer frente a esas diversas situaciones. En relación con ello enfoca, además, su asesoría legal y la cooperación y asistencia técnica con las instituciones, respondiendo al resultado de dicha observación, al diagnóstico elaborado y a los obstáculos y dificultades identificados.

I. VISITA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS A COLOMBIA

5. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó el país entre el 3 y el 4 de diciembre de 2000. Los propósitos de la visita fueron verificar la situación de derechos humanos, impulsar la labor de su Oficina en Colombia y resaltar el papel cumplido, tanto por su Director como por su equipo de trabajo. Su presencia en Colombia se produjo en momentos críticos para el país y cuando se vislumbraba una posible ruptura del proceso de paz con las FARC.
6. En su segunda visita a Bogotá, la Alta Comisionada se entrevistó con el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, con la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos, integrada por ministros del despacho y las cabezas de las instituciones judiciales y de control, con el Ministro de Trabajo, con el Defensor del Pueblo, con líderes políticos y empresariales, con periodistas, con más de 20 representantes de organizaciones de derechos humanos, de los sindicatos, del movimiento por la paz, de indígenas y de afrocolombianos, y con representantes de las agencias del sistema. Intervino, igualmente, en una rueda de prensa con los principales medios de comunicación del país.
7. La visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos permitió el envío de mensajes firmes, no sólo sobre la importancia de los derechos humanos para un Estado de derecho sino también sobre la necesidad de construir en el país una paz negociada. En este sentido, llamó a la sociedad civil a superar la aguda polarización y a desechar las posiciones guerreristas.
8. La Alta Comisionada, en mensajes dirigidos al Gobierno, a los actores armados y a la sociedad colombiana, hizo énfasis en varios puntos concretos. A todos los actores armados les reiteró que los principios humanitarios no son negociables ni adaptables. Instó al Gobierno, en particular, a poner en marcha un mecanismo eficaz para la lucha contra el fenómeno del paramilitarismo, a abordar las causas estructurales de la crisis carcelaria, a acelerar la adopción de un Plan de acción nacional en derechos humanos y a adelantar una evaluación independiente del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
9. Al Gobierno, a todos los actores armados y a la sociedad colombiana en su conjunto les reiteró la importancia de respaldar con mayor fuerza la suscripción de un Acuerdo Global de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario como un paso importante para la reafirmación de valores comunes y para el fortalecimiento del proceso de negociación de paz.

II. ACTIVIDADES DE LA OFICINA

10. En el año 2000, la Oficina continuó su actividades buscando intensificar el fortalecimiento de cada una de sus áreas de trabajo, es decir, de observación, de asesoría legal y de cooperación técnica.
11. Las quejas presentadas ante la Oficina continuaron siendo una fuente privilegiada de acceso y comprensión de la realidad del país. En 2000 se recibieron 1017 quejas, de las cuales 759 fueron admitidas. Se enviaron 108 comunicaciones a las autoridades y se emprendieron numerosas gestiones directas. La Oficina realizó viajes a distintas regiones del país, completando un total de 65 visitas al terreno y de 145 días de actividades fuera de Bogotá. Estos viajes se han focalizado esencialmente sobre regiones de especial preocupación por la gravedad de las violaciones de derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario, en zonas donde se identificaron posibilidades de prevención de tales violaciones e infracciones, y en localidades donde el acompañamiento a las víctimas se hizo indispensable.
12. La Oficina incrementó sus actividades relacionadas con el asesoramiento jurídico. Asistió a numerosas reuniones de trabajo en el seno de comités y otras instancias para impulsar investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, elaborar programas e identificar acciones para la protección y garantía de estos derechos, y para impulsar el seguimiento de las recomendaciones. La Oficina elaboró cuatro Hojas Informativas (publicaciones que tienen por objeto precisar, en el marco de la normativa internacional, conceptos que contribuyan al análisis de temas de actualidad nacional).
13. Asimismo, se publicó, en colaboración con la Universidad Nacional, una recopilación y actualización de las recomendaciones internacionales hechas a Colombia en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. También se prepararon dos compilaciones, una de instrumentos de Derecho internacional de derechos humanos, de derecho internacional humanitario y de derecho penal internacional y otra de jurisprudencia y doctrina internacional y nacional en la materia (véase el capítulo VIII). Adicionalmente, la Oficina publicó un boletín sobre normas de seguridad y de autoprotección.
14. En cuanto a la tarea de asesoramiento y asistencia técnica, la Oficina continuó intensificando su diálogo y desarrollando los proyectos con las instituciones colombianas encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos, así como con las organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas (véase el capítulo VIII).
15. Como parte de su política de promoción y difusión, la Oficina participó en numerosas actividades (seminarios, foros, talleres y conferencias). Realizó ademas dos talleres regionales con organizaciones no gubernamentales (véase el capítulo VIII). Asimismo, en el marco del trabajo con los medios de comunicación, la Oficina incorporó un oficial encargado del tema y llevó a cabo reuniones y talleres con periodistas. Su Director concedió varias entrevistas, convocó conferencias de prensa y mantuvo numerosas reuniones de trabajo con los directores de los más importantes medios del país. La Oficina elaboró también 17 comunicados de prensa.

III. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL MANDATO DE LA OFICINA

16. El pleno desarrollo del mandato de la Oficina se ha visto confrontado por algunas dificultades que son importantes señalar. La primera de ellas es el notorio y objetivo agravamiento de la situación del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia. Esto ha provocado el cierre progresivo de múltiples espacios de participación, denuncia, investigación y seguimiento a todo nivel y escala, afectando directamente las labores del conjunto de entidades que trabajan en el campo de los derechos fundamentales, particularmente las organizaciones no gubernamentales. Dentro de los límites de sus recursos, la Oficina concientemente multiplicó sus esfuerzos para proseguir su trabajo en tan graves y difíciles circunstancias y examinar la situación de muchas regiones a pesar del patente clima de polarización e intolerancia que vive el país (véase el capítulo IV).
17. También se han presentado inconvenientes en la interlocución con el Gobierno. Las instancias en las que la Oficina -desde el inicio de sus actividades en el país- logró brindar acompañamiento, apoyo y asesoría al Estado para promover acciones y programas destinados a enfrentar las diferentes problemáticas y hacer el seguimiento de las recomendaciones internacionales, han sido disueltas, o marginadas de los ejes de las principales políticas gubernamentales, o bien disgregadas en aspectos colaterales a los principales problemas, o el efecto que han tenido no ha estado a la altura de la magnitud de la crisis. Por ejemplo, las respuestas gubernamentales a las comunicaciones trasmitidas por la Oficina sobre casos y situaciones específicas (como alertas tempranas), en su abrumadora mayoría han sido insatisfactorias, inoperantes y puramente burocráticas. Aún cuando el propio Presidente Pastrana tomó seria nota de todas estas situaciones, el detrimento de la calidad de la respuesta gubernamental a la interlocución con la Oficina no se ha corregido de manera sustantiva y las funciones y capacidad de impacto de este mecanismo resultaron muy desaprovechadas por el Gobierno.
18. Para superar el reto que un marco tal supone, la Oficina reformuló su estrategia de acción y cooperación buscando los canales y métodos más propicios y efectivos para tal efecto. Por una parte, en un esfuerzo por desarrollar el diálogo con el Gobierno, más allá de la coyuntura de realización del período de sesiones anual de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina presentó al Presidente Pastrana -a mediados de año- sus principales preocupaciones, mediante un informe reservado, sin que ello generara un cambio en la dinámica de la interlocución. Por otra parte, consciente de la creciente expectativa y atención que generosamente le han brindado todos los sectores del país, la Oficina redobló sus labores y diálogo con un amplio abanico de grupos políticos, empresariales, eclesiales, sindicales, barriales, campesinos, académicos, estudiantiles, y de reinsertados de ex-movimientos insurgentes, en todos los cuales la recepción obtenida ha sido reconfortante.
19. Finalmente, la Oficina también afrontó, durante el mismo período, dificultades de orden financiero que tuvieron fuerte impacto en sus actividades. La llegada tardía de recursos necesarios para el cumplimiento del mandato hizo que, durante aproximadamente un mes, la Oficina no pudiera mantener su presencia periódica en las diversas regiones del país. Por otra parte, algunos de los proyectos previstos en el marco de la cooperación técnica no pudieron, por la misma razón, implementarse en el transcurso del presente período, provocando su postergación para el siguiente año. Asimismo, la apertura de las oficinas regionales previstas en el plan de acción de la Oficina, en seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, quedó igualmente pendiente de ejecución.

IV. CONTEXTO NACIONAL

20. En el panorama general de los acontecimientos del año 2000, en Colombia se entretejieron de manera compleja y crítica asuntos de naturaleza diferente. Entre ellos figuran los diálogos de paz entre el Gobierno y las guerrillas, las agudas diferencias surgidas entre las élites políticas por los debates sobre reforma y referéndum, y la crisis que ello conllevó. También se incluye en ese panorama las escandalosas revelaciones sobre prácticas persistentes de corrupción en la contratación estatal, el intenso proceso de discusión en torno a la aprobación de recursos internacionales relacionados con objetivos de la iniciativa denominada "Plan Colombia", y los delicados escollos que han emergido en las relaciones bilaterales con la vecina República de Venezuela. De manera paralela, procesos de corte más estructural, como son la persistencia de los duros efectos de la seria crisis económica del año 1999 y la constante y nociva actividad de las poderosas redes del narcotráfico, siguen siendo relevantes para la completa comprensión de la situación del país.
21. Desarrollar de manera adecuada cada una de las cuestiones antes mencionadas escapa, probablemente, al marco que señala el mandato de la Oficina y, sin duda, excede las limitaciones de espacio del presente Informe. No obstante, es indispensable que en esta sección se llame la atención sobre la polarización que empezó a afectar a Colombia a lo largo del año. La dinámica de la polarización logró madurar hasta configurarse nítidamente como el más preocupante fenómeno político-social, e incluso militar, que podría afectar el próximo ciclo político del país. El propio Presidente Pastrana ha advertido públicamente sobre los riesgos de un escenario tal. El influjo de la polarización comenzó a atravesar subrepticia y paulatinamente el conjunto de los temas centrales previamente aludidos y , de no ser revertido, se proyecta con capacidad de definir el curso de los principales acontecimientos y decisiones del conjunto de actores que forman parte del cuadro de las múltiples crisis colombianas. El actual proceso de polarización no sólo trae consecuencias negativas para los diálogos de paz, los ensayos de concertación social y laboral, el debate político nacional y la economía, sino que también contribuye a acelerar procesos de desinstitucionalización del Estado de derecho.
22. El Gobierno persistió en sus esfuerzos por avanzar hacia la adopción de acuerdos en la búsqueda de la paz e impulsó numerosas gestiones con este objetivo (véase el capítulo VI.1). No obstante, durante el período del presente informe, la Oficina ha notado que el amplio respaldo a la continuación de las negociaciones con las FARC disminuyó considerablemente. Existen algunos sectores sociales y líderes políticos que piden el fin de la "zona de distensión" y el inicio de ofensivas militares a gran escala contra las guerrillas. De la misma manera, reclaman la aprobación de normas que posibiliten la creación de "milicias" armadas, lo cual anuncia un peligroso escalamiento de la confrontación bélica. A su vez, se han adelantado propuestas gubernamentales para cambios normativos importantes que podrían afectar y limitar derechos y garantías constitucionales y agravar la situación de impunidad. La Oficina también ha detectado que un número creciente de actores y sectores del país tienden a percibir todo análisis crítico, incluso aquellos que tiene carácter constructivo, como ataques frontales y deliberados. La Oficina ha observado, igualmente, que el camino del diálogo con el ELN tampoco este año pudo ser allanado, aunque se registraron avances importantes (véase el capítulo VI.1). Se trata, en términos generales, de un ambiente que debilita los espacios de interlocución a todo nivel.
23. Visto lo anterior, el reto principal en Colombia es reagrupar las voluntades nacionales para volver a encauzar al país en un camino de respeto y vigencia de los derechos fundamentales, de pleno desarrollo humano y de una paz justa y duradera. Manteniendo ese horizonte en mente, la preocupación de muchos países amigos de Colombia se ha concentrado en el eje de la solución negociada del conflicto armado interno. La acción de la Oficina, en el seno de las actividades de conjunto que realiza el sistema de las Naciones Unidas en Colombia, puso el énfasis en la difusión de la iniciativa del "Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario". A esta iniciativa han dado su respaldo la Comisión de Derechos Humanos, a través de la Declaración de su Presidente, y el propio Secretario General de las Naciones Unidas. En noviembre de 2000, el Presidente Pastrana encabezó y presentó ante el país un consenso de importantes corrientes políticas colombianas en torno a un "Frente Común por la Paz y contra la Violencia". En éste se señaló como una "consideración urgente" el logro de un acuerdo como el referido. En desarrollo de su mandato, la Oficina seguirá impulsando la propuesta del "Acuerdo Global", buscando con ello contribuir en la construcción de consensos fundamentales que detengan la espiral de confrontación y polarización.

V. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

24. El presente informe, de conformidad con el mandato de la Oficina en Colombia, se refiere tanto a violaciones de los derechos humanos como a infracciones al derecho internacional humanitario. Las acciones y omisiones contra derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos constituyen violaciones de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos del Estado o a particulares que obran por instigación, con el consentimiento o con la aquiescencia de las autoridades.
25. En el marco del conflicto armado interno colombiano, las infracciones al derecho internacional humanitario son acciones u omisiones contrarias al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, al Protocolo II adicional a éstos y al derecho consuetudinario, cuya autoría corresponde esencialmente a quienes participan directamente en las hostilidades. En Colombia, el derecho internacional humanitario se aplica al Estado, a las guerrillas y a los paramilitares.
26. En el país, los principales grupos armados insurgentes (guerrillas), que se oponen al Estado, son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (UC-ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). También existen grupos paramilitares que se llaman a sí mismos "autodefensas" y reclaman ser fuerzas de carácter netamente contra insurgente. La mayoría de ellos se identifica pública y colectivamente como "Autodefensas Unidas de Colombia" (AUC), siendo su núcleo más fuerte y conocido el de las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá" (ACCU).
27. Las violaciones de derechos humanos por parte de los grupos paramilitares comprometen la responsabilidad del Estado en diversos supuestos. Por una parte, dentro del contexto en el cual se realizan los hechos imputables a esos grupos hay elementos de responsabilidad general del Estado por la existencia, el desarrollo y la expansión del fenómeno paramilitar. De otra parte, hay también situaciones en las que el apoyo, la aquiescencia o la tolerancia de servidores públicos ha sido sustantivo en la realización de los mencionados hechos. Igualmente deben considerarse constitutivos de violaciones de los derechos humanos los hechos perpetrados por integrantes de grupos paramilitares por obra de la omisión de las autoridades. Cabe señalar que el Estado colombiano tiene obligaciones positivas en materia de protección de los derechos humanos y de prevención de sus violaciones.
28. Es importante igualmente destacar que varios de los siguientes casos comprometen la responsabilidad directa o indirecta del Estado en materia de derechos humanos al mismo tiempo que constituyen infracciones al derecho internacional humanitario.

A. Derechos civiles y políticos

1. Derecho a la vida

29. Como en años anteriores, durante el año 2000 las violaciones más notorias y numerosas del derecho a la vida estuvieron constituidas por las ejecuciones extrajudiciales. Éstas se consumaron tanto en su modalidad de masacre como en la de homicidio individual o "selectivo". Aunque un alto porcentaje de las ejecuciones parecía tener móviles políticos, en algunas de ellas eran identificables los elementos característicos de la llamada práctica de "limpieza social".
30. Las masacres fueron cometidas, en su mayoría, durante el desarrollo de violentas incursiones de los grupos paramilitares y, muchas de ellas, dieron lugar al desplazamiento forzado de los pobladores de la zona. El Ministerio de Defensa afirmó que "esos grupos son responsables de una gran parte del incremento de las violaciones a los derechos humanos en los años recientes". En casos como los de Ochalí (Antioquia), el 19 de enero, Ovejas (Sucre) y El Salado (Bolívar), entre el 16 y el 19 de febrero, Pueblo Bello (Cesar), el 8 de marzo, y Tibú (Norte de Santander), el 6 de abril, el número de muertos en cada matanza osciló entre 15 y 54. Como caso paradigmático cabe resaltar la masacre ocurrida en la madrugada del día 22 de noviembre en la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena). En esa ocasión, un grupo de 60 paramilitares incursionó en poblados de humildes pescadores y dio muerte a por lo menos 42 personas. A raíz de estos hechos, fue denunciada la desaparición forzada de 30 personas y otras 3000 se desplazaron. Estos crímenes forman parte de un ataque sistemático contra la población civil.
31. La crueldad deliberada y extrema fue el sello característico de esas masacres, incluyendo actos con altos niveles de sevicia sobre las víctimas, acusadas de una supuesta simpatía por la insurgencia. Además, provocaron una atmósfera de zozobra y terror sobre los civiles. Los departamentos más afectados por las ejecuciones colectivas de autoría paramilitar fueron Antioquia, Bolívar, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle.
32. El grueso de la población afectada por las ejecuciones extrajudiciales de origen paramilitar estuvo constituido por campesinos de todas las edades, sin excluir a los niños. En el campesinado ven los miembros de las AUC a posibles colaboradores clandestinos de la guerrilla o a sustentadores pasivos de la misma.
33. La Oficina también recibió información sobre ejecuciones extrajudiciales cuyos autores habrían sido integrantes de la fuerza pública. En el departamento de Caldas se acusó a miembros de la Policía nacional de las matanzas con motivaciones de "limpieza social" en los municipios de Salamina, Neira y Aranzazu. También se tuvo conocimiento de que, en Pasto (Nariño), un oficial y varios agentes del mismo cuerpo armado fueron llamados a indagatoria por la muerte de personas indigentes cuyos cadáveres aparecieron degollados y con signos de tortura. En Pueblo Rico (Risaralda), el 18 de abril, tres indígenas del pueblo Emberá-Chamí fueron víctimas de una masacre que habría sido ejecutada por hombres del ejército. Otro ejemplo lo constituye la muerte, el 3 de octubre, de Over Perea, de 15 años por un agente de la Policía, en el sector de El Cartucho (Bogotá). El joven, quien fue retenido junto con otros tres menores, fue torturado, le dispararon y posteriormente su cadáver fue arrojado a un contenedor de basura. En las masacres de Ovejas y El Salado, ya mencionadas, la Oficina recibió testimonios sobre la posible participación directa de miembros del ejército en estas acciones paramilitares.
34. En lo que se refiere a "homicidios selectivos", durante el período cubierto por el presente informe, los grupos paramilitares dieron muerte violenta, entre otros, a funcionarios municipales, candidatos a cargos de elección popular, ex combatientes desmovilizados, indígenas, académicos, estudiantes, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
35. Durante el presente período, la Oficina ha podido registrar un nuevo patrón de actuación por parte de las AUC en materia de muertes selectivas. En efecto, en varias zonas del país se observa que las muertes selectivas son cada vez más frecuentes, por encima de las masacres que caracterizaron, en términos generales, la actuación de los grupos de autodefensa. Tal patrón, que busca disminuir el impacto público de las matanzas, fue notorio en Barrancabermeja (Santander) y en varios municipios del norte del departamento del Cauca. Por otra parte, la Oficina tuvo conocimiento de que en algunas localidades controladas por grupos paramilitares se ha ejercido una práctica sistemática de limpieza social en contra de prostitutas, homosexuales, delincuentes, drogadictos, niños de la calle, recicladores, entre otros; fenómeno poco reportado oficialmente. Ello se observó, en particular, en zonas como Montería y Tierralta (Córdoba), Remedios y Segovia (Antioquia), en Santa Marta (Magdalena) y en Quibdó (Chocó).
36. Otras violaciones del derecho a la vida registradas durante el año 2000 fueron las que se perpetraron por agentes de la fuerza pública del Estado al actuar con negligencia o con uso excesivo de la fuerza en eventos durante los cuales se emplearon armas de fuego o gases lacrimógenos. Así ocurrió en el municipio de Toledo (Norte de Santander), el 11 de febrero, al disolver una manifestación de los indígenas del pueblo U'wa contra la empresa petrolera OXY, hecho en el cual resultó muerta una niña de seis meses.
37. Gran consternación causó en el país lo ocurrido en Pueblo Rico (Antioquia) el 15 de agosto, cuando miembros del Ejército Nacional dieron muerte a seis niños y dejaron heridos a otros cuatro menores, sobre los cuales habrían disparado durante alrededor de media hora.
38. Por último, con las violaciones del derecho a la vida están relacionadas estrechamente las amenazas de muerte proferidas por los paramilitares contra personas al servicio de organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos, funcionarios judiciales, periodistas, sindicalistas, ministros religiosos, profesores y estudiantes universitarios (véase el capítulo VI).

2. Derecho a la integridad personal

39. Aunque desde hace algunos años han disminuido notoriamente en Colombia las quejas sobre tortura aplicada para obtener confesiones o testimonios, en los últimos 12 meses siguieron reportándose numerosos casos de personas torturadas con fines de castigo o de intimidación. La casi totalidad de las víctimas de tortura en Colombia resultan sometidas a graves sufrimientos porque los torturadores se proponen, ya sancionarlas ilegalmente por lo que son, piensan, opinan o hacen, ya infundir miedo en sus parientes amigos, vecinos o copartidarios.
40. Muchas de las personas que pierden la vida en las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del paramilitarismo son previamente torturadas por sus captores con los suplicios más atroces, como en el caso de Ovejas y El Salado anteriormente aludido. El hecho de que generalmente la tortura preceda a la ejecución extrajudicial, tiene un efecto distorsionador sobre las estadísticas referidas a aquel crimen. Al acopiar información acerca de los casos de homicidio colectivo o selectivo, los nombres de las víctimas suelen incorporarse al renglón de las violaciones contra el derecho a la vida sin mencionar que con respecto a esos muertos también hubo violaciones del derecho a la integridad personal. En otros casos, los médicos que realizan la necropsia omiten establecer la existencia de indicios de tortura en los cadáveres.
41. En el transcurso del año también se registraron violaciones del derecho a la integridad personal por medio de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos tratos lesionaron a personas que tomaban parte en actos públicos de protesta, como sucedió en Montería (Córdoba), el 6 de marzo, durante el desalojo de un predio ocupado por invasores, o a personas que se hallaban privadas de libertad en instalaciones policiales y en centros de reclusión. Por lo demás, en lo que respecta a las condiciones en que las se mantiene a miles de personas en las cárceles colombianas, véase el capítulo VI.
42. Finalmente, la Oficina ha recibido quejas sobre el uso desproporcionado de la fuerza en actuaciones militares y policivas. Se reportaron casos en los cuales los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley proceden con abierto desconocimiento de los principios internacionales sobre legitimidad, proporcionalidad y oportunidad del empleo de medios de poder físico en el marco de protestas callejeras y en el interior de establecimientos penitenciarios.

3. Derecho a la libertad individual y a la seguridad personal

43. Una violación grave y abundante del derecho a la libertad y seguridad personal, que afecta además otros derechos fundamentales, fue la constituida por las desapariciones forzadas. Para efectos de este Informe, la Oficina sólo considera desapariciones forzadas los hechos en los cuales figuran como autores las personas a que se refieren los instrumentos internacionales sobre la materia, es decir, los funcionarios públicos o particulares que obran con el apoyo, aquiescencia o tolerancia de agentes del Estado . La anterior advertencia resulta necesaria, ya que en la legislación colombiana puede endilgarse la responsabilidad de una desaparición forzada incluso a personas particulares que obren sin el apoyo, la autorización o el asentimiento del Estado.
44. La Oficina pudo observar que durante el período al cual se refiere el presente informe la desaparición forzada siguió siendo una práctica reiterativa de los grupos paramilitares, empleada con finalidades punitivas e intimidatorias. Las estadísticas sobre las víctimas de este delito continúan siendo imprecisas, ya que se comete, generalmente, dentro de un contexto de violencia generalizada contra la población civil, como resultado criminoso de actuaciones en cuyo desarrollo proliferan también ejecuciones extrajudiciales, secuestros y éxodos masivos. Tales circunstancias dificultan comprobar, en muchas ocasiones, la presencia inequívoca de los elementos del crimen. En las zonas rurales que sufren incursiones de grupos paramilitares se dio, una y otra vez, el caso de personas a quienes nunca volvió a verse después de ser sacadas de sus hogares o de sus sitios de trabajo por hombres armados que se las llevaron consigo tras acusarlas de connivencia con la guerrilla. En otras ocasiones, los cadáveres de quienes habían sido privados de la libertad bajo la misma acusación pudieron localizarse tiempo después, lo cual permitió establecer que tras su aprehensión fueron víctimas de tortura y ejecución extrajudicial.
45. Según los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo de Antioquia, sólo en los primeros seis meses del año 2000 se contaron 520 casos de desaparición forzada en ese departamento, superando la totalidad de los casos registrados en esa región durante el año 1999.
46. Si bien la autoría de la mayor parte de las desapariciones forzadas puestas en conocimiento de la Oficina se atribuyó por los quejosos a integrantes de organizaciones de carácter paramilitar, también hubo algunos casos en que como presuntos responsables figuraban miembros de la fuerza pública.
47. La más frecuente y reiterada violación del derecho a la libertad individual se materializó en aprehensiones realizadas por servidores públicos que carecían de competencia para ello, procedían sin motivo legal o actuaban con fundamento en normas cuya finalidad es abiertamente incompatible con el respeto los principios internacionales.
48. A lo largo del año 2000 continuaron presentándose las privaciones de libertad ilegales o arbitrarias, mediante las llamadas "capturas momentáneas" o "detenciones preventivas gubernativas". Estas facultades de la policía permiten aprehender hasta por 12 horas, sin mandamiento judicial, a personas que se hallan en sitios públicos o abiertos al público. En la práctica, las "redadas" o "batidas" desarrolladas por la policía en sitios urbanos y rurales se cumplen sin observar los criterios jurisprudenciales. Estos últimos buscan poner límites a las atribuciones de autoridades administrativas para privar de libertad a personas que ni se hallan en flagrancia ni están en la situación de los ciudadanos cuya captura ha sido públicamente requerida. Por lo demás, como se realizan al margen de todo control judicial de legalidad, las personas que a ella son sometidas quedan expuestas no sólo al riesgo de sufrir tratos crueles inhumanos o degradantes, o de afrontar la tortura, sino incluso en peligro de convertirse en víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
49. En el año 2000 también siguieron presentándose detenciones ilegales o arbitrarias imputables a los miembros de las fuerzas militares. Esas detenciones se cumplieron durante las operaciones de contrainsurgencia adelantadas por el ejército en puntos del territorio nacional donde actúan grupos guerrilleros. En el curso de tales operaciones se ha privado de libertad a pobladores civiles del lugar patrullado, bajo la imprecisa sindicación de tener nexos con los rebeldes. El 21 de octubre, en Yondó (Antioquia), ocho campesinos habrían sido aprehendidos por soldados del Batallón 45, Héroes del Majagual, que sólo 48 horas después fueron puestos a disposición de la fiscalía regional de Barrancabermeja.
50. Otras privaciones de libertad por paramilitares, como la toma de rehenes o secuestros, están desarrolladas en el punto E de este capítulo.

4. Derecho a la libertad de circulación

51. Durante el tiempo al cual se contrae este informe la Oficina fue informada de violaciones de tal derecho por parte de las fuerzas militares y de los grupos paramilitares. Es indispensable dejar constancia, aunque escape el marco de este acápite, de que la posibilidad de movilización de personas y bienes en varias e importantes regiones del país se ha vuelto precaria y riesgosa, principalmente en razón de la frecuencia, intensidad y duración de las acciones guerrilleras en las vías de comunicación terrestres (véase el capítulo VI y el punto E de este capítulo).
52. Las restricciones de carácter militar a la libertad de circulación afectaron, entre otros ciudadanos, a los habitantes de algunos territorios indígenas, como por ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los moradores de esos territorios quedaron así sometidos a situaciones por cuyo efecto se hizo especialmente difícil el acceso a los bienes de primera necesidad. Otro caso fue el de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia) en el cual, por orden del comandante de la zona, los soldados exigieron el nombre y la cédula de todas las personas que entraban y salían de la comunidad, advirtiendo que sólo se permitía el ingreso de quienes eran miembros de ella. Esta comunidad ha sido, además, permanentemente estigmatizada por las autoridades bajo la sindicación de que sus integrantes tienen nexos con la guerrilla.
53. En el caso de los paramilitares, las violaciones del derecho a la libertad circulatoria estuvieron asociadas con la instalación de ilegales puestos fijos de control y vigilancia en las regiones sometidas a su dominio fáctico. El retén es utilizado por el paramilitarismo no sólo para controlar la identidad de los transeúntes y restringir el comercio de víveres y de gasolina, sino que debe destacarse su fuerte incidencia sobre la posterior perpetración de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos forzados de población civil.
54. Durante el año 2000, se informó a la Oficina sobre la existencia de retenes paramilitares, en particular, en Tibú (Norte de Santander), Valle del Guamuez (Putumayo), en Quibdó (Chocó), en los municipios antioqueños de San José de Apartadó, Urrao, Frontino y Uramita, y en Bahía Solano, Tumaradó (Chocó). En este último caso se afectó a los retornados del Cacarica. Tales retenes se instalaron, muchas veces, en puntos geográficos que pertenecen a zonas del territorio donde es visible una fuerte presencia de las fuerzas militares.
55. En Medellín siguió aplicándose el Decreto municipal 326 que otorga a la policía facultades para disolver y reprimir cualquier circulación masiva de personas. Esta disposición no sólo es violatoria de la libertad de circulación sino que además afecta las libertades de expresión y de reunión y no se adecua a las exigencias internacionales en materia de normas de excepción.
56. De la más grave de las violaciones del derecho a la libertad de circulación, el desplazamiento forzado, se tratará con detalle en la sección 3 del capítulo VII.

5. Derecho al debido proceso

57. La vigencia y plenitud del derecho al debido proceso ha continuado siendo precaria por causas relacionadas con los altos índices de impunidad, en particular en casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Sin embargo, esta problemática se halla vinculada a diversos factores, varios de ellos estructurales, de la administración de justicia, así como también al debilitamiento de las instituciones judiciales y de control, y a su limitada capacidad de acción o, inclusive, ausencia en varias regiones del país.
58. A pesar de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Militar, en agosto de 2000, continuaron las violaciones del derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, mediante el conocimiento de casos de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por los tribunales castrenses. El caso paradigmático ha estado representado por el proceso por la desaparición de Nidia Erika Bautista, en agosto de 1987, hecho por el cual, en 1993, el Estado colombiano fue encontrado responsable por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Oficina recibió denuncias por varias irregularidades en la sustanciación del proceso, incluyendo violaciones a las garantías procesales de la defensa y al deber de impartir justicia en un plazo razonable. A principios de 2000, el caso continuaba bajo investigación de la justicia penal militar. Finalmente, el Consejo Superior de la Judicatura, luego de un pronunciamiento de la Corte constitucional, resolvió, el 21 de julio, asignar la competencia a la justicia ordinaria. El caso se tramita desde entonces ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
59. En casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la Fiscalía se declaró incompetente a favor de la justicia penal militar. Así sucedió en los casos relacionados con la masacre de Santo Domingo y con las privaciones arbitrarias de la vida en Pueblo Rico. El primer hecho sucedió en diciembre de 1998, en el Departamento de Arauca, a raíz del cual se inició investigación de la denuncia por la muerte de unas 20 personas, incluyendo 6 niños, por un ataque aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana sobre la población civil de esa localidad. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que llevaba el caso, trasladó el proceso a la justicia penal militar el 30 de mayo del 2000. El segundo caso, sucedido el 15 de agosto de 2000, en Pueblo Rico, Antioquia, se refiere a la muerte de seis niños por miembros del ejército. El proceso iniciado por la Fiscalía regional de Medellín fue enviado a la justicia penal militar por la propia Fiscalía, a finales de agosto de ese mismo año, aunque ya había entrado en vigencia el nuevo Código Penal Militar.
60. También se han registrado hechos violatorios de la presunción de inocencia, en particular por aplicación abusiva de la detención preventiva. La Corte Constitucional examinó la violación del debido proceso por la falta de una adecuada motivación de las resoluciones de autoridades judiciales y estableció que era inadmisible, frente a la presunción de inocencia, considerar anticipadamente como una delicuente condenada a la sindicada en etapa de investigación. La Corte agregó, además, que las consideraciones hechas por la Fiscalía eran producto de prejuicios y prevenciones infortunadas contra los delincuentes y sindicados.
61. Otras violaciones se han producido por la omisión o dilación injustificada de los funcionarios judiciales en actuaciones de las cuales dependía el ejercicio del derecho fundamental al debido proceso o a la libertad personal. La Corte Constitucional se pronunció al respecto en una sentencia de tutela en la cual el fiscal había resuelto un mes más tarde una petición de libertad provisional, cuando el término máximo es de tres días. Ante dicha omisión procedía la acción de habeas corpus que fue denegada. Esto último se relaciona con las incompatibilidades destacadas por la Oficina en el informe anterior en cuanto a la regulación de este recurso, el cual ante detenciones decretadas por autoridad judicial la acción debe presentarse ante el mismo juez y sin las características propias de un recurso de habeas corpus.
62. En cuanto al derecho de defensa, el solo hecho de comprobar que más de la mitad de la población carcelaria depende de la defensa pública, cuyas serias limitaciones se desarrollan en le capítulo VI, dimensiona particularmente las denuncias recibidas de personas privadas de libertad que señalaron la carencia o deficiencia de la defensa técnica.

B. Derechos económicos, sociales y culturales

63. Los derechos económicos, sociales y culturales se vieron, en general, afectados por la crisis económica, las políticas de ajuste fiscal, la violencia que vive el país y la problemática del desplazamiento. Los desplazados han sido la principal población afectada en relación con estos derechos, pues las condiciones de vida de estas personas son extremadamente precarias y están lejos de la satisfacción de necesidades básicas en materia de alimentación, vivienda, educación, salud, entre otras.
64. Dado el incremento de la violencia ejercida contra el movimiento sindical este período, la Oficina ha dado nuevamente prioridad al seguimiento del derecho al trabajo. Asimismo privilegió el seguimiento de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de personas altamente vulnerables, tales como los desplazados, los indígenas y los afrocolombianos. Para el seguimiento general de estos derechos se ha mantenido, una vez más, la coordinación con los distintos organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.
65. La situación económica del país ha estado marcada por la recesión del año 1999 y apenas se comienza a vislumbrar un leve despunte. Cabe señalar que el ingreso económico de los colombianos es cada vez menor. Según estimaciones oficiales, al cierre del año, el ingreso anual per cápita caería a 2.043,80 dólares americanos, cien dólares menos que hace 6 años. El Estado no ha logrado acortar la brecha de inequidad y el índice de desarrollo humano ha disminuido en once puntos respecto al año anterior, ubicándose en el puesto 68 entre 174 países. Departamentos como Cauca, Chocó, Nariño y Sucre tienen un PIB per cápita más de cuatro veces menor que el PIB de Bogotá, lo que demuestra que la desigualdad departamental en estas áreas continúa siendo muy fuerte en el país y que los esfuerzos para mejorar la situación han sido insuficientes. La alta desigualdad en la distribución de ingresos entre las personas en Colombia reduce de manera importante el porcentaje global de desarrollo humano.
66. Asimismo, un estudio divulgado por Planeación Nacional revela que la pobreza aumentó en más del 14% entre 1997 y 1999. Los afectados por la pobreza, que en 1997 ascendían a 19, 7 millones de personas, llegaron en 1999 a 22,7 millones de personas sobre una población estimada en 36 millones. En el mismo período el número de indigentes aumentó en 831.000 personas. Durante el ano 2000 esta tendencia continuó.

1. Derecho al trabajo y libertades sindicales

67. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), al cierre del tercer trimestre del año la tasa de desocupación alcanzó la cifra récord de 20,5%. El número de desempleados en las siete principales ciudades del país fue de 1.552.000 personas. Las mujeres son las más afectadas, ya que su tasa de desempleo es de 24,2% contra el 17,2% entre los hombres.
68. Además del elevado índice de desempleo, uno de los más altos de América Latina, el ejercicio del derecho al trabajo viene siendo afectado por causas estructurales y económicas, a las cuales se agrega un constante y creciente clima de violencia contra el movimiento sindical (véase el capítulo VI.7).

2. Derecho a la educación

69. El derecho a la educación se vulnera particularmente en la medida que el magisterio está sometido a la violencia ejercida contra los profesores. Estos se cuentan entre los trabajadores más frecuentemente afectados por muertes, amenazas y desplazamientos por causa de la violencia. Además han debido afrontar importantes retrasos en sus pagos, así como recortes presupuestarios debido a la aplicación de las políticas de ajuste fiscal.
70. Recientes estudios de Misión social-PNUD señalan que en los últimos dos años el progreso educativo se ha resentido y el índice disminuido, tanto para el país como para 17 de sus 25 departamentos. Colombia tiene una de las más bajas tasas de alfabetización de adultos entre el conjunto de países con mayor desarrollo humano de la región. La disparidad regional entre departamentos es alarmante, siendo los departamentos de Chocó y Córdoba, que además cuentan con un gran número de población indígena y afrocolombiana, los más afectados en esta materia. La tasa de matrícula combinada para todo el país disminuyó, puesto que muchos hogares no pueden seguir enviando a sus hijos a las instituciones educativas, por falta de ingresos o porque los jóvenes se retiran a buscar empleo. Las mujeres se retiran del sistema escolar en mayor medida que los hombres. A esta situación se suma que el Estado no ha proveído cupos suficientes en las escuelas públicas, dejando fuera del sistema educativo a un gran número de niños en edad escolar. Los más afectados han sido los menores de familias de escasos recursos.
71. La falta de atención del Gobierno en materia de educación ha afectado especialmente a la población desplazada. Uno de los casos que ha conocido la Oficina en ese sentido fue el relativo a la ausencia de docentes para la población retornada de la Cuenca del río Cacarica, a pesar del compromiso suscrito por el Gobierno con esa comunidad a finales de 1999.
72. Por otra parte, la Oficina no ha registrado avances significativos en la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles educativos. El Plan Nacional de acción para la educación en la esfera de los derechos humanos, propuesto por la Alta Comisionada en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación 1995-2004, aún no ha sido elaborado. De otro lado, la Oficina ha conocido actividades aisladas de capacitación en derechos humanos realizadas por parte de diferentes instituciones gubernamentales. No obstante, aquellas no han correspondido a una estrategia integral de educación y han puesto en evidencia el alto grado de desconocimiento en esta materia.

3. Otros derechos

73. La Oficina continúa observando la insuficiente atención en lo atinente a salud y educación, así como la falta de apoyo a los proyectos productivos para las comunidades indígenas y afrocolombianas en Colombia. En cuanto a la protección de derechos ambientales, es especialmente preocupante la escasez de controles para evitar la deforestación indiscriminada en los lugares habitados por las comunidades indígenas y negras, así como los efectos de las fumigaciones de cultivos ilícitos sobre aquellas. En este sentido, la Oficina recibió denuncias de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Putumayo, así como de las comunidades afrocolombianas del departamento del Chocó.
74. En cuanto al seguimiento del derecho a la salud, cabe destacar la preocupante situación de violencia ejercida contra los trabajadores del ramo, en especial contra ANTHOC (Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud en Colombia) y los numerosos ataques contra la misión médica, como se verá en el capítulo VI. El 17 de mayo de 2000 resultó muerta la Presidenta de ANTHOC, Seccional Cartago (Valle del Cauca), Carmen Emilia Rivas. El hecho sucedió en la puerta del servicio de urgencias del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Cartago.
75. Si bien se han obtenido logros en materia de aseguramiento a partir de la puesta en marcha de la Ley 100 (1993), que regula y reforma el sistema de salud, la cobertura aun no es universal y en cuanto al acceso a la atención de los enfermos se favorece a la población de mayores ingresos. De acuerdo con un informe de indicadores de cobertura de la Superintendencia de Servicios de Salud, seis millones de personas, que forman parte de la población más pobre de Colombia, no están cubiertas por el régimen subsidiado de salud. También se notan diferencias significativas entre municipios, departamentos y regiones. Tal y como lo muestra otro estudio de la Defensoría del Pueblo, es manifiesto el desconocimiento que los afiliados tienen de sus derechos, lo cual facilita la violación de los mismos.

C. Derechos del niño y la niña

76. Durante el período de informe continuó profundizándose el deterioro creciente de los derechos del niño y la niña. La población infantil colombiana padece con mayor rigor las consecuencias del conflicto armado interno. La Oficina ha podido comprobar el elevado número de víctimas, entre las que se destacan algunas niñas violadas por los combatientes. Constata a su vez el alto índice de secuestros, efectuados en su mayoría por los grupos insurgentes, convirtiendo así a los menores en objeto de un cruel comercio. Fuera del ámbito del conflicto, debe destacarse los numerosos crímenes dirigidos contra los menores, y preocupa a la Oficina las crecientes denuncias sobre violencia intrafamiliar y abuso sexual.
77. Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, el ICBF, el Ejército Nacional, la Fundación País Libre y el UNICEF coinciden en estimar alrededor de un millón de niños viviendo en las calles, 6.000 involucrados en los grupos armados (paramilitares o guerrilleros) y 600 muertos por la violencia. Según el Gaula, más de 267 menores fueron secuestrados de enero a noviembre. Según un estimado, en Colombia, 12 niños mueren violentamente cada 24 horas.
78. Todas estas prácticas provocan secuelas irreversibles en el desarrollo evolutivo de las víctimas, que se acentúan cuando se trata de miembros de grupos étnicos, de sectores rurales, o cuando sufren el desplazamiento. CODHES reportó que, entre enero y junio, el 54,34% de los desplazados fueron menores. La Oficina ha podido comprobar cómo en su gran mayoría éstos presentan graves carencias en cuanto al goce de sus derechos a la salud, alimentación, la educación, la vivienda, la identidad y otros. La Oficina ha vuelto a observar cómo las prácticas de "limpieza social" efectuadas por la fuerza pública afectan a los menores. Muestra de ello fue el caso anteriormente aludido en el capítulo IV.A.1.
79. Finalmente, cabe señalar que persiste la falta de atención integral a los niños desvinculados del conflicto tras haber participado en las hostilidades. Existe un tratamiento discriminatorio entre los menores que se entregan voluntariamente y los que son capturados; los primeros pueden acceder a la protección del Estado, mientras que los segundos reciben un trato penal punitivo.
80. La Oficina observa con preocupación la vulneración de la normativa nacional e internacional respecto a los menores infractores, quienes son detenidos por la Policía Nacional y remitidos a las dependencias de ésta, compartiendo el calabozo con los adultos detenidos. Permanecen allí sin ser puestos inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Esta situación se agrava con las disposiciones del Código del Menor que no distinguen entre los tipos de conducta y permiten la privación de la libertad de jóvenes que carecen de recursos económicos, desvinculados, o los que no tienen familia, criminalizando la pobreza y el abandono, y vulnerando así los derechos de los niños y niñas.

D. Derechos de la mujer

81. Según el Informe de Desarrollo Humano para Colombia de 2000, las mujeres, que representan el 51% de la población, soportan una parte significativamente mayor de los efectos de la violencia. Con respecto a ellas persisten la desigualdad que se traduce en discriminación, la exclusión social, la falta de poder y la crónica desventaja social ante casi todas las situaciones en las que están involucradas.
82. El mismo informe señala que la discriminación hacia las mujeres se manifiesta en la violencia intrafamiliar de la que son las principales víctimas, en la negación de sus derechos reproductivos, en la agresión sexual que se ejerce sobre muchas de ellas y en el tráfico de mujeres. En el tráfico mundial de mujeres, Colombia ocupa uno de los principales lugares. Se calcula que, aproximadamente, entre 60% y 70% de mujeres ha sufrido en carne propia alguna modalidad de violencia (maltrato físico, psíquico, sexual o político). No obstante, menos de la mitad de mujeres violentadas busca ayuda y apenas el 9% denuncia la agresión
83. En la esfera laboral, aunque ha mejorado sustancialmente su participación, existe todavía una marcada desventaja en la remuneración por igual trabajo y en el acceso al poder político. La mujeres perciben en promedio un 30% menos de salario que los hombres en los centros urbanos. Las mujeres, según el VI Informe del Defensor del Pueblo, representan el 54% de la población pobre y el 25% de los hogares tienen por jefe una mujer. Además, se ubican en los frentes más tradicionales del aparato productivo y constituyen cerca del 60% del sector informal de la economía, lo que representa extensas jornadas de trabajo, inestabilidad laboral y exclusión del sistema de seguridad social. Las mujeres, además, continúan ubicadas en los niveles medios y bajos de las categorías ocupacionales.
84. La poca credibilidad que entre las mujeres tiene el sistema judicial las lleva a acudir a otras instituciones como alternativa para la protección de sus derechos. Según el informe de Misión Social-PNUD, de una muestra de 38 denunciantes de tutela, 25 habían acudido anteriormente a otros mecanismos institucionales. En litigios de naturaleza laboral, se observó un mayor número de mujeres demandantes con sentencia definitiva desfavorable y, recíprocamente, un número mayor de demandantes hombres con sentencia definitiva favorable.
85. Por efecto del conflicto armado, las mujeres son quienes sufren los mayores rigores del desplazamiento al asumir necesariamente la jefatura del hogar y la responsabilidad por su sustento. Se reportaron casos de violencia sexual contra las mujeres ejercida por actores armados. En febrero de 2000, durante la incursión paramilitar en El Salado, varias mujeres fueron ultrajadas, entre ellas una joven fue violada por numerosos paramilitares.

E. Principales infracciones al derecho internacional humanitario

1. Homicidios y amenazas

86. El homicidio de personas acusadas de colaborar con el bando adverso siguió siendo una práctica común de la guerrilla y de los paramilitares. Cruzar el límite territorial entre zonas controladas por la guerrilla o los paramilitares se convirtió en un ejercicio altamente peligroso. Así, habitantes de la llamada "zona de despeje", controlada por las FARC, fueron muertos al viajar a municipios aledaños en los que hacen presencia los grupos paramilitares. En el departamento del Putumayo, pobladores que desde el área rural se dirigían a Puerto Asís fueron víctimas de los paramilitares, mientras que habitantes del casco urbano que se dirigían a la zona rural fueron muertos por la guerrilla.
87. Entre las víctimas de la guerrilla y de los grupos paramilitares hay que señalar un número importante de candidatos a funciones públicas y de mandatarios en ejercicio, de líderes indígenas y de líderes campesinos. Varios de ellos fueron víctimas por haber adoptado posiciones autónomas respecto a los actores armados. En algunos casos de homicidios cometidos por la guerrilla, las víctimas perecieron por haber recibido dinero del Gobierno. Así, en el departamento del Caquetá, dos líderes indígenas murieron por acción de las FARC, en el mes de octubre, por el solo hecho de haber recibido recursos del proyecto "Empresa Colombia" del Gobierno. El 9 de febrero, las FARC dieron muerte a tres indígenas Puinave, de la comunidad Paujil Limonar, acusándolos de haber alertado al ejército acerca de un probable ataque de la guerrilla a Puerto Inírida (Guainía). El 29 de diciembre, un grupo de hombres armados dio muerte al congresista Diego Turbay, presidente de la comisión de paz de la Cámara de Representantes, a su madre Inés Cote de Turbay y a sus cinco acompañantes, cuando se dirigían a la población de Pueblo Rico (Caquetá), ubicada en los límites con la "zona de distensión". La autoría del hecho se atribuyó por las autoridades a un frente de las FARC. Hasta la fecha en que se elaboró este informe, las FARC no habían impugnado esas acusaciones. En sus incursiones armadas, los paramilitares de las AUC seleccionaron a pobladores para luego darles muerte bajo la genérica acusación de ser auxiliadores de la guerrilla, a menudo sin permitir que los familiares recuperasen los cuerpos.
88. Los grupos paramilitares siguen siendo los principales responsables de homicidios colectivos. El Ministerio de Defensa reporta que estos grupos son autores de 75 masacres, que representan el 76% de las masacres cometidas de enero a octubre. La práctica de los homicidios colectivos de civiles indefensos constituye su principal modalidad de acción y estrategia de guerra.
89. En el marco de la constante degradación del conflicto armado, las guerrillas de las FARC y del ELN recurrieron con frecuencia a los homicidios colectivos o masacres. Según cifras del Ministerio de Defensa, en el período comprendido entre enero y octubre de 2000, del total de 671 víctimas de masacres, a la guerrilla corresponden 164 de ellas. Debe señalarse, en este tema, el caso de la masacre del 8 de octubre en Ortega (Cauca), en el que las FARC dieron muerte a diez campesinos, así como la masacre de ocho personas en poder del frente 14 de las FARC, en el Caquetá, durante el mes de agosto.
90. Al culminar ataques de las guerrillas a puestos policiales o a guarniciones militares, aquellas dieron muerte a miembros de la fuerza pública que habían depuesto las armas o que estaban heridos. En Dabeiba, el 18 de octubre, según el reporte oficial, las FARC dieron muerte a 5 soldados y al piloto de un helicóptero Black Hawk abatido, quienes estaban heridos.
91. Los grupos armados continuaron profiriendo amenazas de muerte contra personas civiles para provocar su desplazamiento y reforzar su control sobre la población. Por ejemplo, el 12 de diciembre, mediante un comunicado a la opinión pública, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio pidieron a los habitantes de varios municipios de la autopista Medellín-Bogotá que desalojaran sus viviendas en un plazo de 48 horas, bajo la amenaza de que quien incumpliera "la orden" sufriría una "acción drástica". Las amenazas fueron también utilizadas como medio de presión para obtener el pago de "cuotas" a los diferentes grupos armados.

2. Ataques contra la población civil y ataques indiscriminados

92. En las acciones armadas de los diferentes grupos, la población ha sido a menudo el blanco principal o víctima incidental por el carácter indiscriminado de los ataques. Los grupos paramilitares han dirigido sus ataques específicamente contra la población civil, a través de los homicidios colectivos. La guerrilla ha tomado acción retaliatoria contra pobladores por haberse resistido a sus acciones.
93. El 3 de noviembre, miembros de las AUC realizaron una incursión en el casco urbano de Granada (Antioquia), durante la cual dieron muerte a 19 civiles indefensos.
94. En sus ataques a puestos policiales y guarniciones militares, la guerrilla generalmente desconoce los principios de distinción y proporcionalidad, causando numerosas víctimas entre la población civil. Así, armas difíciles de dirigir, como los cilindros de gas, han caído en casas, provocando la muerte de personas civiles. Durante la incursión armada a Puerto Saldaña (Tolima), iniciada el 28 de abril, las FARC causaron la muerte de 24 civiles, la destrucción total de 107 viviendas, y la destrucción parcial de 145 viviendas más. El 12 de julio, durante un ataque de las FARC a Colombia (Huila), un cilindro de gas cayó en una vivienda, provocando la muerte de una mujer y la de sus tres hijos. El 5 y 6 de diciembre, varios frentes de la FARC atacaron el puesto de policía ubicado en el centro de este mismo municipio, haciendo estallar un potente carro bomba y lanzando varias decenas de pipetas de gas. Murieron 16 civiles (entre ellos seis niños) y cinco policías.
95. En otras ocasiones, el blanco directo de los ataques ha sido precisamente la población civil, como en el caso de la masacre de Ortega (Cauca) anteriormente referido en este capítulo. El 7 de mayo, en el municipio de Gigante (Huila), las FARC hicieron explotar un bus de servicio público. Como resultado de este hecho murieron seis personas y siete más resultaron heridas.
96. Durante la toma de rehenes del kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura (Valle), el ELN puso en serio peligro a varios de ellos al utilizarlos como escudos humanos y vestirlos con uniformes camuflados, infringiendo las normas del derecho internacional humanitario que obligan a los combatientes a distinguirse de la población civil.
97. En cuanto a la fuerza pública, cabe destacar el caso de Pueblo Rico (Antioquia), del 15 de agosto, en el que una patrulla militar disparó contra un grupo de niños, resultando muertos seis de ellos (véanse los capítulos V.1 y VII.4).

3. Actos de terrorismo

98. A lo largo del año aumentó el recurso a la práctica del terrorismo por parte de los diferentes grupos guerrilleros, los cuales hicieron estallar explosivos en centros urbanos, causando numerosas víctimas entre la población civil. Uno de los casos que ilustra esta práctica es, sin duda, la ciudad de Cali (Valle) que durante el presente año ha sido afectada por numerosas explosiones. La detonación de cargas explosivas ha causado no solamente destrucción y pánico, sino también heridas a varias personas y por lo menos la muerte de un transeúnte que fue sorprendido por la explosión de un carro bomba, hecho registrado en el Barrio La Floresta el 5 de noviembre. Estos atentados han sido atribuidos al ELN, grupo al que también se responsabiliza por la detonación, el 27 de julio, de tres artefactos explosivos en el centro de la ciudad de Barrancabermeja (Santander), afectando varios establecimientos comerciales. El 4 de septiembre, el ELN realizó otro atentado con explosivos contra las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ocasionando heridas a siete personas y produciendo daños considerables en por lo menos 60 establecimientos cercanos. En similares condiciones, el 4 de febrero las FARC provocaron la muerte de dos civiles y heridas a otros 10, entre ellos un menor de edad, en una explosión que tuvo lugar en el casco urbano de Puerto Asís (Putumayo).

4. Tortura y malos tratos

99. Las personas víctimas de homicidios por parte de los paramilitares fueron a menudo torturadas, violadas, o mutiladas antes de su muerte. Particularmente cruel e inhumano fue el trato aplicado a las víctimas de la masacre de El Salado (Bolívar), cometida por las AUC en el mes de febrero. Según los testimonios recogidos, los paramilitares reunieron a la gente en una cancha deportiva y allí torturaron a sus víctimas antes de darles muerte. Según las necropsias, los muertos presentaban mutilaciones, heridas de armas corto-punzantes y destrucción del cráneo. Entre los masacrados figuraba una niña de seis años, quien había sido atada a un palo con el rostro cubierto con una bolsa plástica hasta que murió.
100. También la guerrilla ha recurrido a la tortura antes de dar muerte a desertores o a supuestos auxiliadores de los grupos paramilitares. Así, en mayo, en el municipio de Mapiripán (Meta), un comandante de las FARC dio muerte a un guerrillero indígena Guahibo, quien iba a desertar con dos fusiles. Este fue atado a un palo y torturado con una navaja, mientras le decían que así se castigaba a los traidores a la revolución. El ejército denunció a la Oficina varios casos en los cuales la guerrilla mutiló a miembros de la fuerza pública antes de darles muerte.

5. Toma de rehenes

101. Los secuestros perpetrados por los actores del conflicto armado son definidos, en el marco del derecho internacional humanitario, como "toma de rehenes". Los diferentes grupos de guerrilla siguieron tomando rehenes de forma masiva y sistemática para financiar sus actividades. Procedieron generalmente de manera directa, aunque en varias oportunidades se aliaron con bandas criminales que se encargaron de la planificación y de la ejecución del delito, para luego remitirles los rehenes a cambio de sumas de dinero previamente acordadas.
102. La toma de rehenes afectó a todos los sectores sociales, y figuran entre las víctimas campesinos, alcaldes, extranjeros, periodistas, trabajadores humanitarios y funcionarios judiciales. El 25 de julio, un grupo denominado Ejercito Revolucionario Guevarista (ERG) tomó como rehén al médico francés Ignacio Torquemada de Médicos Sin Fronteras, quien al momento de la redacción de este informe aún no había sido liberado. Algunos mandatarios locales, como el alcalde de Puerto Rico (Caquetá), fueron víctimas de esta práctica por parte de las FARC, las cuales intentaron justificarse afirmando que estaban aplicando una "ley anticorrupción" (llamada "Ley 003"), promulgada por este grupo.
103. Según estadísticas del Ministerio de Defensa, durante el período comprendido entre enero y octubre de 2000, las tomas de rehenes por parte de la guerrilla llegaron a 1.394 casos, y por parte de los paramilitares a 203. Por su parte, la Fundación País Libre señala que, entre enero y septiembre de 2000, 1.508 personas fueron objeto de esta práctica por parte de los diferentes grupos guerrilleros, lo que representa el 61% de todas las tomas de rehenes ocurridas en Colombia. Según estos datos, los grupos paramilitares tomaron como rehenes a 167 personas durante el mismo período.
104. Los menores de edad estuvieron entre las principales víctimas de esta práctica. Las FARC tomaron como rehenes a los niños Andrés Felipe Navas Suárez de 3 años y Clara Olivia Pantoja de 5 años, quienes fueron llevados a la "zona de despeje" después de ser secuestrados en la ciudad de Bogotá. El 1º de marzo el ELN tomó como rehenes a cuatro estudiantes, tres de ellos menores de edad, en un barrio del sur de Cali.
105. Este año, el ELN recurrió nuevamente a la toma de rehenes colectiva, como en el caso de la toma de por lo menos 60 personas en el kilómetro 18 de la vía Cali - Buenaventura (Valle). Además, varias personas que habían sido víctimas de las tomas de rehenes del ELN en el 1999 siguieron privadas de su libertad en el transcurso del año 2000, como algunos de los pasajeros del avión de Avianca, quienes permanecieron en cautiverio durante más de un año.
106. La larga duración del período de privación de la libertad y los rigores extremos del cautiverio agravaron la situación de muchos rehenes, tanto en su salud física como sicológica. Según los datos de la Fundación País Libre, 165 rehenes murieron en cautiverio. Entre ellos figuran tres de los rehenes del ELN del kilómetro 18 de la vía entre Cali y Buenaventura (Valle).
107. Los grupos paramilitares, en particular las AUC, también realizaron tomas de rehenes, algunas con el fin de ejercer presiones políticas, como fue el caso ocurrido en el mes de noviembre cuando tomaron a siete miembros del Congreso.

6. Niños víctimas del conflicto armado y del reclutamiento:

108. Los niños siguieron figurando entre las principales víctimas del conflicto armado, en particular de las minas antipersonales de fabricación artesanal colocadas por la guerrilla. El 10 de julio, en San Carlos (Antioquia), cinco niños encontraron un artefacto explosivo aparentemente abandonado por las FARC, y procedieron a manipularlo, produciéndose una detonación que causó la muerte de tres de ellos y heridas de gravedad en los restantes.
109. La Oficina recibió testimonios acerca de niñas víctimas de abusos sexuales al interior de la guerrilla, generalmente por parte de comandantes de mando medio. Recibió también numerosas quejas indicando que los diferentes grupos de guerrilla siguieron incorporando a menores de 15 años en sus filas. Las FARC persistieron en esta práctica, aun contraviniendo sus reglas internas, y aunque este grupo devolvió algunos niños a sus familias en la "zona del despeje". Aumentaron los casos de niños que abandonaron las filas de la guerrilla con grave riesgo para sus vidas, dado que la pena para los "desertores" es el fusilamiento y que ésta se aplica independientemente de la edad. Cabe destacar que la participación de niños en las filas de las guerrillas es importante.
110. Los grupos paramilitares también recurrieron al reclutamiento forzoso. Así, las Autodefensas Unidas del Sur del Casanare difundieron, en el mes de mayo, unos panfletos en la zona rural de Monterrey (Casanare) llamando a la juventud de la región a cumplir un "servicio militar obligatorio". En el mes de octubre los paramilitares se llevaron por la fuerza a varios jóvenes en Puerto Gaitán (Meta) para darles entrenamiento militar.

7. Desplazamiento forzado

111. El desplazamiento forzado de civiles siguió constituyendo una de las infracciones más comunes al derecho internacional humanitario cometidas por los diferentes grupos armados ilegales, tanto en su forma masiva como individual. Las amenazas individuales fueron el método más fácil al que recurrieron paramilitares y guerrilleros para provocar el desplazamiento. El éxodo masivo constituyó una de las principales estrategias de guerra de los grupos paramilitares a través del terror causado en sus incursiones armadas y en los homicidios colectivos.
112. El tema del desplazamiento será analizado más exhaustivamente en el capítulo VI.

8. Atentados contra la protección de la misión médica y ataques a unidades y medios de transporte sanitario

113. A lo largo del año se produjeron numerosas graves infracciones a las normas del derecho internacional humanitario que protegen la misión médica. En Urabá, las AUC dieron muerte a una guerrillera herida que estaba siendo transportada en un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja. En el departamento del Putumayo, un paramilitar herido fue muerto por las FARC en circunstancias similares. Eso determinó la decisión del CICR de suspender temporalmente la evacuación de heridos y enfermos. Estos hechos infringen, además, las normas humanitarias que exigen el respeto de los heridos.
114. Graves atentados contra la misión médica fueron los cometidos contra la vida de funcionarios de salud. El personal de salud afiliado al sindicato ANTHOC fue objeto constante de amenazas por parte de los grupos paramilitares, especialmente en los departamentos del Valle del Cauca y de Norte de Santander (véase el capítulo VI.7).
115. Se han presentado igualmente situaciones en las que los actores armados han asumido el control de puestos de salud o de hospitales, impidiendo la atención médica a un sector de la población. Así, los paramilitares hacen presencia en el hospital de Puerto Asís (Putumayo), en ocasiones realizando controles en la entrada e impidiendo la atención médica de habitantes de áreas rurales bajo influencia de la guerrilla.
116. Durante el paro armado decretado en septiembre por las FARC, en el Putumayo, este grupo guerrillero restringió el paso de las ambulancias. Tres de ellas fueron retenidas en la carretera Santiago (Putumayo) - Pasto (Nariño). El abastecimiento de medicinas en los hospitales fue seriamente limitado en el marco de ese paro. Trabajadores de salud del Guaviare han sido objeto de malos tratos, privación de la libertad y han visto sus movimientos limitados por las FARC, quienes los han acusado de ser informantes de grupos paramilitares. El 7 de enero de 2000, miembros del ELN colocaron dos artefactos explosivos en la entrada del hospital en la inspección La Esmeralda de Arauquita (Arauca), quedando la población privada de asistencia médica ese día.
117. Se han registrado también algunos casos en los que miembros de la fuerza pública impidieron el paso de ambulancias. Ejemplo de esto fue lo sucedido el 8 de marzo en Cedeño (Norte de Santander), cuando una brigada de salud, que se dirigía hacia una concentración indígena U'wa para prestar asistencia médica a los indígenas enfermos, fue retenida durante dos horas por miembros de la Policía Nacional y del ejército, y luego obligada a devolverse.

9. Ataques a bienes civiles

118. Los ataques indiscriminados de la guerrilla a poblaciones causaron importantes daños a los bienes de carácter civil, sobre todo destruyendo numerosas viviendas, como en los casos de Puerto Saldaña (Tolima) y Granada (Antioquia), donde decenas de edificaciones fueron destrozadas y el de Alpujarra (Tolima), población que fue atacada por sexta vez en 18 meses. Otros ejemplos lo constituyen los casos de Colombia (Huila), el 12 de julio, Arboleda (Caldas), el 29 de julio, San Alfonso (Huila), el 12 de diciembre, Vigía del Fuerte (Antioquia), el 25 de marzo, Bagadó y Carmen de Atrato (Chocó), el 20 de octubre y el 5 y 6 de mayo respectivamente.
119. Los diferentes grupos armados recurrieron en ocasiones al bloqueo del tránsito de alimentos hacia diferentes zonas. El caso que ha tenido las repercusiones de más grande magnitud fue el "paro armado" decretado por las FARC en el departamento del Putumayo, a finales del mes de septiembre. Durante este paro, que duró 2 meses, el grupo guerrillero prohibió todo tipo de transporte al interior del departamento, incluido el transporte de víveres y medicinas, causando un serio desabastecimiento y una emergencia alimentaria. La población civil fue la víctima principal de esta acción de las FARC.

VI. SITUACIONES DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN

1. Evolución del conflicto armado y negociaciones de paz

120. La grave situación del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Colombia se extiende más allá de los confines del conflicto armado interno. Sin embargo, el análisis de este informe no puede abstenerse de examinar la evolución de dicho conflicto, porque así se contempla en el mandato de la Oficina y el tema tiene efectos en la plena vigencia y goce de los derechos fundamentales en el país. La Oficina siguió observando sistemáticas infracciones al derecho internacional humanitario por cuenta de todos los bandos confrontados. El envilecimiento continuo de los términos del conflicto y su degeneración son muy profundos, y los llamados a los actores armados para que sujeten su actuación a los mandatos del derecho internacional humanitario y eviten estragos a la población civil y daños al medio ambiente son totalmente desatendidos e incluso rechazados. En este marco, se ha llegado al extremo de que no sólo se irrespeta a la población civil, sino que también se desconocen las reglas humanitarias mínimas para los propios combatientes (véase el capítulo V.E).
121. Los paramilitares, que apelan a reivindicarse como una fuerza contrainsurgente, en la práctica atacan casi exclusivamente poblaciones civiles inermes, en acciones de deliberada e inusitada crueldad, vasto despliegue de efectivos armados y con objetivos puramente punitivos. Un análisis detallado se encuentra más adelante.
122. Las acciones de las FARC se han dirigido a acosar pequeñas localidades, atacando los puestos de la Policía Nacional con gran ventaja numérica y poder de fuego y usando cilindros de gas como proyectiles. La escasa precisión de éstos y su extenso poder destructivo son un factor constante de muertes de civiles no combatientes y de pérdidas materiales considerables. La toma de rehenes por las FARC y la exigencia de pagos por las liberaciones han sido reiteradas e impunes.
123. Los actos del ELN tampoco han excluido a la población civil de los sufrimientos directos del conflicto. La práctica de la toma de rehenes masiva, esgrimida públicamente por este grupo, en particular como un mecanismo de presión política sobre el Gobierno para adelantar negociaciones de paz, ha sido denunciada por las familias de las víctimas como un mecanismo extorsivo. Así quedó demostrado este año luego de que -tras 19 meses de cautiverio- el ELN terminara de liberar a los últimos rehenes tomados en abril de 1999, en el vuelo de Avianca que servía la ruta de Bucaramanga a Bogotá. También continuaron atentando contra las líneas de transmisión eléctrica, afectando la interconexión en todo el país, así como contra los oleoductos, provocando derrames de petróleo.
124. Todos los actores del conflicto armado interno, incluida la fuerza pública, han practicado y recurrido a la restricción de circulación de víveres y otros bienes como mecanismo para debilitar a las fuerzas contrincantes, siendo la población civil la más afectada por estas medidas.
125. En el período del presente informe, el Gobierno retomó la iniciativa para desarrollar diálogos de paz con el ELN, buscando condiciones para realizar la "Convención Nacional" solicitada por este grupo. Varios gobiernos extranjeros y diversos líderes políticos y sociales del país han acompañado activamente este esfuerzo. Así se conformó un "Grupo de Amigos" para impulsar el diálogo de paz entre el Gobierno y el ELN, integrado por Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza. Las partes convergieron en una propuesta para crear una "zona de convivencia" para los diálogos en tres municipios de los departamentos de Antioquia y Bolívar, llegando a unos acuerdos previos relativos a medidas importantes como la verificación internacional y la presencia de autoridades judiciales en la zona. La activa presencia paramilitar en dicha región, así como la agitación social liderada por grupos cívicos y políticos a nivel local que rechazaron la iniciativa, empantanaron el avance. Como consecuencia de esos diálogos, el ELN liberó el 24 de diciembre, en Convención (Norte de Santander), a 42 soldados y policías que mantenía en cautiverio.
126. Por otra parte, cumplidos ya dos años de diálogo entre el Gobierno y las FARC, el balance de los logros y dificultades es mixto, habida cuenta de que los diálogos han tenido como marco la continuación de la confrontación armada. Para efecto de esos diálogos se estableció una "zona de distensión" que abarca un área de 42.000 km² en cinco municipios de los departamentos del Meta y Caquetá, de los cuales se retiraron los efectivos de la fuerza pública. El mantenimiento del mecanismo de la "zona de distensión" fue arduo. Al cierre de este informe, el Gobierno autorizó su vigencia hasta el 31 de Enero de 2001. Las partes han afirmado que la zona permitió avanzar en la construcción de una confianza entre las partes. Delegados del Gobierno y de las FARC realizaron un viaje oficial a varios países de Europa, a comienzos del año. Las partes han señalado igualmente el logro de la discusión de una agenda temática. Cabe anotar que ha habido una apertura más amplia en la integración de la delegación negociadora gubernamental. Algunos ejercicios de interlocución abiertos a la sociedad civil, a través de "audiencias públicas", tuvieron lugar en el territorio de la "zona de distensión". Sin embargo, el proceso vivió varias crisis durante el año, que llevaron incluso al congelamiento de los diálogos varias veces. El desaliento de la opinión pública ante la ausencia de avances y acuerdos concretos entre las partes y la escala ascendente de la confrontación armada, así como su degradación y el altísimo costo humano que acarrea, ha llevado al proceso a un punto de crisis. Algunos ya cuestionan la conveniencia de prolongar el mecanismo de la "zona de distensión".
127. La zona de distensión se ha caracterizado por una notable ausencia de los mecanismos de control e investigación del Estado. Las fiscalías de San Vicente del Caguán y de Mesetas, cerradas el año anterior, no han sido reabiertas. Como se señaló el año pasado, las FARC se convirtieron de facto en la autoridad. Aun cuando existen fiscalías en municipios aledaños a la zona de distensión, sus habitantes no acuden a ellas debido a las amenazas provenientes de los grupos paramilitares allí presentes. La Defensoría del Pueblo ha podido continuar su labor con cinco oficinas locales, con apoyo financiero internacional. Las FARC han sido poco receptivas a las intervenciones de la Defensoría relativas a infracciones al derecho internacional humanitario. En esta zona persistió entonces la actuación limitada del Estado.
128. La Oficina no ha registrado cambios sustantivos en la conducta de las FARC en la "zona de distensión". Los hechos más graves, tratados específicamente en otros acápites de este Informe, incluyen la toma de rehenes, inclusive de niños, los cuales serian mantenidos cautivos en la zona y cuyos rescates se negociarían en la misma; los homicidios de personas acusadas de colaborar con los grupos paramilitares y el reclutamiento de menores de edad. Se registraron algunos gestos positivos por parte de las FARC, tales como la devolución de algunos niños menores de quince años a sus familias, y el retorno de los miembros de la comunidad evangélica. Sin embargo estos hechos fueron excepcionales y los comportamientos variaron según los frentes y los comandantes que operan en cada localidad. Así, en el municipio de Vistahermosa aumentó la presión de los insurgentes sobre la población y el control sobre la administración del municipio, exigiendo incluso la renuncia de varios funcionarios, entre ellos del personero municipal. Cabe recordar que en 1999 el alcalde de ese municipio murió en Villavicencio a manos de los guerrilleros.
129. Durante el año 2000 la Oficina visitó varias veces la "zona de distensión", y pudo plantear ante la dirigencia de las FARC sus temas de mayor preocupación, principalmente la falta de respeto al derecho internacional humanitario en el conjunto del país y las preocupaciones específicas sobre esa zona. Las sindicaciones contra las FARC en la "zona de distensión" han sido admitidas por el mencionado grupo, aun cuando las hayan justificado. El Ministro del Interior en una audiencia, convocada el 7 de diciembre de 2000 por la Corte Constitucional para revisar la legalidad del establecimiento de la referida zona, sostuvo que al Gobierno no le constaba probatoriamente que infracciones o delitos imputables a las FARC se hubieran cometido en la "zona de distensión".

2. Evolución del paramilitarismo

130. En congruencia con las observaciones reportadas por la Alta Comisionada en sus informes anteriores, el Gobierno acepta que el paramilitarismo representa "una grave amenaza para la institucionalidad y [es] responsable de una gran parte del incremento de las violaciones a los derechos humanos". Agrega además que es "uno de los factores que más contribuye a la degradación de la confrontación armada" pues "tiene como principal forma de acción la utilización del terror contra la población [...] por medio del asesinato selectivo o de la masacre indiscriminada", con el propósito de "provocar el desplazamiento masivo...".
131. Según el Gobierno, el origen del fenómeno paramilitar y la explicación de su actual grado de desarrollo se resumen en la articulación criminal de las bandas de narcotraficantes con redes de apoyos sociales, económicos y políticos en muy particulares contextos locales y regionales. La Oficina ha observado y señalado además que, históricamente, la legislación y las políticas estatales también han desempeñado un papel innegable en la actual magnitud y características del paramilitarismo. A ello debe agregarse las notorias responsabilidades individuales de servidores públicos involucrados con estos grupos en el curso de los últimos años, así como los ciclos de activo compromiso de las fuerzas militares con fórmulas de inclusión de civiles armados en la lucha contrainsurgente.
132. Cuando se somete a escrutinio la eficacia real de la acción estatal contra el fenómeno paramilitar, los resultados presentados por el Gobierno contrastan con la acelerada expansión y presencia de grupos paramilitares en, por lo menos, 409 municipios (un 40% del país). El Ministerio de Defensa reconoce que actualmente operan más de 8.000 paramilitares, lo cual significa un crecimiento de 81% en los últimos dos años.
133. Durante el curso del período del presente Informe, la Oficina ha podido acreditar de manera directa la alarmante consolidación y propagación del paramilitarismo, así como su creciente capacidad operativa. Baste mencionar las acciones de los frentes "Pacífico", "Farallones" y "Paez" que operan, principalmente, en los municipios vallecaucanos de Buenaventura y Jamundí, así como en el municipio de Buenos Aires (Cauca). También es notoria la extensión de la influencia y presencia de las AUC desde las zonas baja y media del Río Atrato hacia su zona alta en el departamento del Chocó, que sumieron en la zozobra -incluso en las zonas urbanas- a las localidades de Turbo, Apartadó y Quibdó. En el departamento de Córdoba la hegemonía paramilitar es creciente en distintos sectores de la sociedad y la presión se ha hecho evidente, en particular, en los espacios políticos y académicos. En la región del Catatumbo (Norte de Santander) el paramilitarismo controla ya el municipio de Tibú.
134. En sus continuas visitas a zonas rurales del país, la Oficina siguió recibiendo y siendo testigo de múltiples indicios sobre la existencia de actitudes omisivas así como de vínculos estrechos y persistentes entre algunos integrantes de la fuerza pública y los grupos paramilitares. La triste revelación de que varios de los militares destituidos este año (véase el capítulo VII.A). han pasado a engrosar las filas paramilitares a los pocos días de su separación del servicio activo, es un hecho adicional de suma preocupación y motivo de seria reflexión. El alcance de las observaciones de la Oficina se puede apreciar por el contenido y oportunidad de la información suministrada al Gobierno. Por ejemplo, a la entrada de la vereda "El Placer" es notoria la existencia de un retén paramilitar apenas a quince minutos de La Hormiga (Putumayo), donde se asienta un Batallón del ejército perteneciente a la Brigada XXIV. Ocho meses después de que la Oficina reportara su observación directa del mismo, el retén seguía operando. Las autoridades militares negaron por escrito que esa posición paramilitar existiera. También la Oficina observó que en la hacienda "Villa Sandra", entre Puerto Asís y Santa Ana, del mismo departamento, los paramilitares se mantenían operando a pocos minutos de las instalaciones de la Brigada XXIV del ejército. Con posterioridad se informó de dos allanamientos realizados por la fuerza pública que, al parecer, no dieron resultados. Sin embargo, la existencia y mantenimiento de dicha posición paramilitar es de pleno conocimiento público, tanto así que fue visitada en repetidas oportunidades por periodistas internacionales, quienes publicaron sus entrevistas con el comandante paramilitar. Testimonios recibidos por la Oficina dan cuenta, incluso, de reuniones entre miembros de la fuerza pública y paramilitares en la misma hacienda "Villa Sandra". A fines de julio, la Oficina alertó a las autoridades sobre la inminencia de una incursión paramilitar en el casco urbano de La Dorada, municipio de San Miguel (Putumayo), la cual efectivamente tuvo lugar el 21 de septiembre. Los paramilitares permanecieron varias semanas en la localidad, a pesar de que ésta se encuentra a pocos minutos de la base del ejército en La Hormiga.
135. Desde el 24 de marzo la Oficina comunicó a las autoridades sobre la existencia de una base paramilitar en la finca "La Iberia", municipio de Tuluá (Valle del Cauca), sin que hasta el cierre de este informe se haya recibido respuesta sobre alguna acción al respecto. En "El Guamo", región de los Montes de María (Bolívar), existe una base paramilitar cuya posición incluso ha sido reconocida ante la Oficina por autoridades militares de la Brigada I en Sincelejo (Sucre). Desde esta posición paramilitar se habrían ordenado las masacres de Ovejas y El Salado. En el corregimiento de San Blas (Bolívar), controlando los accesos a las localidades de Santa Rosa y Simití, se encuentra otra base paramilitar. En el mes de mayo, la Oficina informó a las autoridades de otra base en "El Jordán", municipio de San Carlos (Antioquia). Los batallones de Contraguerrillas N?4 "Granaderos" y N?42 "Héroes de Barbacoas" están acantonados a unos 20 minutos del lugar. Los paramilitares permanecieron en todos los sitios observados a lo largo del año y cometieron homicidios y masacres en los cascos urbanos y en las áreas rurales de dichas poblaciones.
136. La intensidad y recurrencia de las acciones paramilitares contra la población civil, lejos de debilitarse se incrementaron, sin que se hayan visto confrontadas por una acción gubernamental que les ponga freno. En contraste con las grandes ofensivas militares contra las guerrillas, en las que se aplican ingentes recursos humanos y logísticos en campañas que duran semanas, los resultados que se han presentado en el marco de la ejecución de la política gubernamental contra el paramilitarismo y el funcionamiento del Decreto 324 de 2000, son puntuales. Generalmente, el ataque contra estos obedece a escaramuzas menores, requisas y detenciones individuales y esporádicas (en muchos casos logradas gracias a la acción de la Fiscalía). El alcance estratégico que tales acciones en la lucha contra el paramilitarismo es cuestionable. Desde que el Ministro de Defensa fue designado responsable del "Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensa y demás grupos armados al margen de la ley", creado por el mencionado Decreto, la Oficina, como se ha detallado líneas atrás, ha transmitido informaciones señalándole la ubicación de bases paramilitares y los movimientos de los distintos bloques. Las respuestas recibidas han sido generalmente insatisfactorias y formales, al carecer de información sobre acciones específicas de las autoridades. Es relevante destacar que en las masacres paramilitares de la Unión (Antioquia), el 8 de julio, y de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena), el 22 de noviembre, se denunció la actitud omisiva de la fuerza pública. En las masacres en las comunidades de paz de San José de Apartadó (Antioquia), el 19 de febrero, y El Salado/Ovejas (Bolívar/Sucre), 16-19 de febrero, la Oficina recibió testimonios sobre la participación directa de miembros de las fuerzas militares.
137. A todo lo anterior se añade la perturbadora holgura con la que el principal jefe paramilitar del país, Carlos Castaño Gil, ha obtenido este año una visibilidad pública ante los medios de comunicación nacionales e internacionales. Castaño, quien ha señalado que su itinerario contrainsurgente se inició participando en entrenamientos que se daban en las instalaciones del "Batallón Bomboná" (Batallón de Infantería Nº 42 del ejército) en los años 80, confiesa que el 70% de la financiación de sus actividades proviene del narcotráfico y busca, al parecer, que el Gobierno considere a los paramilitares como un actor armado independiente en los procesos de negociación.

3. Evolución del desplazamiento interno

138. Durante el año 2000, la expansión, escalamiento y degradación del conflicto armado han exacerbado el problema del desplazamiento forzado. Los actores armados han continuado intensificando sus operaciones en todo el país y el desplazamiento continúa siendo una estrategia de guerra en la lucha por el control del territorio. En la actualidad, casi la totalidad de los departamentos están afectos por este flagelo.
139. CODHES reporta una cifra de más de 308.000 personas desplazadas, de enero a noviembre de 2000. La cifra más alta se habría registrado en el tercer trimestre con 93.216 personas. Según esa organización, estas cifras representan un inquietante incremento, pues se sitúan alrededor de las registradas en 1998, el peor de los años, pero sin los datos de diciembre. No obstante, el problema no se circunscribe a los nuevos desplazados durante el año 2000, pues la mayoría de los desplazados de años anteriores no han visto solucionada su situación y se encuentran desempleados, con déficit alimentario, sin vivienda y en la total indigencia. Esto significa que las consecuencias del continuo incremento del número de desplazados aumenta paulatinamente la gravedad y dimensión de esta problemática. La situación constituye una emergencia humanitaria en el ámbito nacional, con posibilidades de extenderse hacia los países vecinos.
140. La incidencia de las amenazas de muerte, de las masacres y de los retenes sobre los desplazamientos forzados es incuestionable. Así, CODHES destacó el hecho de que durante el período de mayor flujo de desplazados, las 53 masacres ocurridas en ese lapso, que dejaron 285 muertos, han tenido relación directa con el abandono de los lugares de residencia.
141. En cuanto a la responsabilidad respecto al desplazamiento forzado, la misma fuente señaló que, durante el primer semestre de 2000, los principales responsables del desplazamiento siguieron siendo los grupos paramilitares con el 49%, seguidos por la guerrilla con un 28% y las fuerzas militares con un 5%. Este año se incrementó en forma notoria el desplazamiento causado por desconocidos, que llegó al 16%, lo cual indica que los actores armados buscan ocultar su identidad y no reivindican los hechos de violencia que provocan desplazamiento. El Ministerio de Defensa no ha hecho público el número total de desplazamientos registrados durante el año, pero según cifras difundidas por ese despacho, de enero a junio de 2000 el 71% de los desplazamientos fueron causados presuntamente por grupos paramilitares, el 14% por grupos guerrilleros, el 15% como consecuencia de acciones de guerrilla y paramilitares y el 0,04% por agentes armados del Estado.
142. Los departamentos más afectados por el desplazamiento, ya sea como zonas de recepción o de expulsión, siguen siendo Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico, Magdalena y la ciudad de Bogotá. Este año el fenómeno se ha acrecentado en los departamentos de Putumayo, Nariño, Meta, Tolima y Huila. Además de la influencia de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la impunidad que ha reinado en relación a este fenómeno, sumada a la inacción estatal en el área de la prevención, hacen que las poblaciones se desplacen frente a la orden, amenaza o a la mera presencia de actores armados como medida preventiva. La Oficina ha alertado sobre amenazas directas de desplazamientos forzados o creciente inseguridad en zonas de expulsión o de recepción, y ha solicitado al Gobierno acciones puntuales para contrarrestar dichas amenazas. Sin embargo, no ha obtenido respuestas satisfactorias por parte del Gobierno.
143. En cuanto a la atención de los desplazados, cabe señalar que la Red de Solidaridad Social, entidad encargada del tema, aunque tiene presencia en cada departamento, no es una estructura suficientemente descentralizada. Las representaciones regionales no han recibido suficiente delegación para la toma de decisiones, ni tampoco en el manejo de los recursos, ya que todo se gestiona a través de Bogotá. La atención de los desplazados se ha focalizado mayormente en la ayuda humanitaria de emergencia, la cual continúa en gran parte en manos de la comunidad internacional, en particular del CICR, entidad que entre enero y octubre ha proporcionado asistencia a 106.981 personas y 22.564 familias.
144. Es importante destacar el aumento en la cobertura del registro de los desplazados. Sin embargo sigue sin poder estimarse el desplazamiento en Colombia, en particular por la existencia del subregistro. La rigidez en la atención y las trabas burocráticas hacen que el registro se perciba, por la población afectada, más como una obstaculización para los beneficios previstos que como el instrumento para acceder a los mismos. Adicionalmente, esta situación hace que el fenómeno del desplazamiento continúe sin adquirir para el Estado la dimensión real, con las consiguientes consecuencias en la eficacia de las respuestas y en las prioridades estatales.
145. Los desplazados no están recibiendo la debida protección y garantías de seguridad del Estado. En muchas zonas receptoras del país, la Oficina ha registrado casos de amenazas y atentados contra personas desplazadas y, particularmente, contra sus líderes. En este sentido, es extremadamente preocupante la disminución de los espacios humanitarios en varias regiones. El Gobierno no ha creado aún un programa de protección adecuado para estas personas en riesgo y no ha tomado medidas para luchar contra la discriminación y estigmatización de la que ellas son objeto. Cabe mencionar el caso de Cacarica, en donde tres de los desplazados fueron muertos en el casco urbano de Turbo, en marzo de 2000, por presuntos paramilitares. En septiembre de 2000 un grupo de desplazados, asentados en Tuluá (Valle), recibió amenazas de los paramilitares, conminándolo a retornar a sus lugares de origen. El Gobierno respondió creando una comisión de alto nivel que hasta la fecha no ha podido dar una solución definitiva a estos desplazados, muchos de los cuales se vieron obligados a acatar la voluntad de los paramilitares.
146. La Oficina sigue notando con preocupación que aún no se cuenta con un mecanismo legal idóneo para la reubicación o el retorno de los desplazados. En el presente año, gran parte de los retornos masivos de población desplazada se han desarrollado sobre la base de frágiles acuerdos con grupos armados ilegales, sin que el Estado haya cumplido sus deberes de protección y atención frente a dicha población. No se ha avanzado con los programas de soluciones duraderas urbanas ni rurales, con lo cual no se puede hablar de restablecimiento de la población en condiciones de seguridad y de sostenibilidad.
147. Ante la urgencia de una respuesta integral y coordinada por parte del Estado, cabe señalar que queda pendiente la conformación y funcionamiento del Consejo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada. Lo mismo debe decirse de la creación del Observatorio del Desplazamiento Interno por la Violencia y de un sistema de alerta temprana, previstos en la Ley 387.
148. En septiembre, la Corte Constitucional emitió un fallo donde describe el fenómeno como "una situación de grave emergencia social" y fija términos para garantizar la ejecución de la Ley 387. Además, le solicita al Presidente de la República asumir la dirección de la política nacional en esta materia y al gobierno nacional destinar suficientes recursos para hacer frente a la emergencia (véase el capítulo VII.A). En general, el problema está fundamentalmente en la puesta en práctica de las normas y mecanismos previstos más que en la ausencia de unos y otros.

4. Administración de justicia e impunidad

149. La administración de justicia en Colombia muestra numerosas debilidades y deficiencias que representan, a su vez, los principales factores de impunidad. Además de la debilidad institucional de la que adolece actualmente el Estado, las instituciones judiciales padecen fallas funcionales, estructurales y limitaciones presupuestarias.
150. No todos los funcionarios judiciales están sometidos a una carrera judicial, y en particular en la Fiscalía los puestos son de libre nombramiento y remoción. Esto no garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el libre cumplimiento de sus funciones. Considerando las dificultades de seguridad y la falta de credibilidad en la independencia y en la eficacia de la justicia por parte de la población, preocupa que estas investigaciones dependan excesivamente de las denuncias y declaraciones de víctimas y testigos, renuentes a hacerlas por las razones citadas, disminuyendo por lo tanto las perspectivas de una resolución exitosa.
151. En el presente período, el programa de protección de la Fiscalía, destinado a funcionarios judiciales, víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal, ha puesto en evidencia su incapacidad para responder adecuadamente y oportunamente a la dimensión de la problemática. El Programa adoleció de la falta de recursos suficiente por parte del Gobierno. Por otro lado, la Fiscalía no parece haber explorado las diversas estrategias que podrían, independientemente de los recursos, fortalecer el mencionado programa. La Oficina constató la falta de criterios claros y de análisis coherente con las urgencias y prioridades en las decisiones tomadas en el marco de ese Programa.
152. La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía supone ser un ámbito especializado para la investigación de los casos más relevantes en materia de derechos humanos, además de liberar a funcionarios locales de las amenazas y dificultades de una investigación in situ. Sin embargo, la Oficina ha conocido de casos que llegan al conocimiento de la Unidad y que no tienen ninguna relación con ese tema. Esto va en desmedro de la eficacia de su trabajo y provoca la acumulación de expedientes que entorpecen el tratamiento de los casos para los cuales fue creada. Por otra parte, casos muy importantes en materia de derechos humanos han quedado fuera de la competencia de la Unidad, como lo fue el caso de Pueblo Rico. Esto demuestra que los criterios de selección de casos en la Fiscalía no mantienen una claridad y coherencia suficientes para potenciar al máximo el trabajo de la Unidad y pone en evidencia la necesidad de establecer reglas claras y objetivas que disminuyan la excesiva discrecionalidad de la Dirección Nacional de Fiscalías.
153. En el presente año de Informe se conformaron ternas para el nombramiento de magistrados de las altas cortes. La Oficina ha seguido con preocupación las denuncias que indicaban una "politización de la justicia", situación que impediría el acceso a esos tribunales a las personas que no se sometan a cabildeos o no posean filiación política con los partidos tradicionales. A esto se suma que la Contraloría General de la República ha dado a conocer reportes muy críticos sobre el manejo de recursos públicos dentro de entidades de la rama judicial.
154. Un elemento muy preocupante para la Oficina ha sido la situación de inseguridad de los funcionarios judiciales en el desarrollo de sus funciones. Hasta el 15 de septiembre, el Fondo de Solidaridad con Víctimas de la Rama Judicial, registraba un total de por lo menos 9 exiliados, entre jueces, fiscales y técnicos judiciales. También informó de un total de 11 muertos, 11 desaparecidos, 21 víctimas de amenazas y 3 de atentados con sobrevivientes. La mayoría de víctimas se registran entre los investigadores del Cuerpo Técnico de la Fiscalía (CTI). Este último señaló que, hasta el 12 de diciembre, un total de 16 de sus miembros han sido víctimas de muerte y 11 de secuestro, de los cuales 3 fueron liberados. Cabe destacar que el Programa de Protección de la Fiscalía no cubre la situación de los funcionarios judiciales, a pesar de estar previsto en su mandato. Tampoco el Consejo Superior de la Judicatura ha puesto énfasis en esta problemática.
155. Un factor neurálgico de impunidad ha continuado siendo el funcionamiento de la justicia penal militar en relación con investigaciones de violaciones de derechos humanos o de derecho internacional humanitario. Lamentablemente, a pesar de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Militar y de la jurisprudencia constitucional en la materia (véanse los capítulos V.A y VIII.B y C), casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario siguen en conocimiento de tribunales castrenses. Ejemplo de ello es el de Santo Domingo y el de Pueblo Rico, donde se investiga a militares por dar muerte a civiles, que han sido trasladados en el trascurso del año al fuero militar. Otros, como el de la masacre de Mapiripán, continúan en ese fuero. En el primer caso, la Oficina teme por el éxito de la investigación, considerando las reiteradas declaraciones de la fuerza pública señalando que los hechos sucedieron como consecuencia de un carro bomba de la guerrilla. Lo paradójico de este caso es que, mientras se ciernen temores de impunidad sobre esos hechos, defensores de derechos humanos, denunciantes de los mismos, están procesados por calumnia e investigados por la Fiscalía, en seguimiento de la denuncia presentada por el Comandante General de la Fuerza Aérea.
156. Durante el período que abarca el presente informe, el Comité de impulso de las investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, creado por Decreto 2.429 de 1998, y presidido por el Vicepresidente, sólo se reunió en 2 oportunidades, además de tres reuniones del grupo de trabajo que prepara su agenda.
157. A partir del mes de julio no se registraron nuevas reuniones de esta instancia. En este marco, es muy difícil conceder los pocos avances que puedan haberse registrado en los procesos a la acción efectiva de esta instancia.
158. En casos en que la Procuraduría, en sus funciones de Ministerio Público estaba en la obligación de vigilar y exigir el respeto de las garantías judiciales, la Oficina recibió información sobre la actuación deficiente de aquella, en particular en investigaciones por graves violaciones de derechos humanos y especialmente en procesos ante la justicia penal militar. Este último aspecto es de gran importancia tomando en cuenta que en esas cuestionadas investigaciones el control del Ministerio Público es esencial para exigir que se respete el debido proceso y evitar la impunidad.
159. La Defensoría Pública cuenta con 957 defensores contratados que se ocupan de procesos penales. Si bien una resolución le obliga a prever un defensor por cada municipio, su cobertura sólo abarca alrededor del 85% del territorio nacional. No obstante esta dificultad, es necesario recordar que también hay que tomar en cuenta las necesidades y características propias de cada región del país en la distribución del servicio. No existe una metodología transparente y adecuada para la contratación, la cual no se lleva a cabo mediante concurso.
160. Los problemas descritos en el informe anterior sobre las limitaciones al acceso a la justicia en varias regiones del país siguen vigentes en este período de examen. En algunas regiones, la presencia y control de los actores armados se ha fortalecido e incrementado haciendo que las posibilidades reales de acción independiente por parte de los funcionarios judiciales, libre de hostigamientos o presiones, sea extremadamente limitada.

5. Situación carcelaria

161. La Oficina ha observado con preocupación la grave situación de las cárceles. Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional y diversos informes sobre la materia, las precarias condiciones de los internos en los diferentes centros de reclusión del país, en las estaciones de policía y en las salas de retenidos del DAS, SIJIN, DIJIN y CTI, distan mucho de ser consideradas mínimamente respetuosas de la dignidad humana. A este respecto, esa Corte ha emitido un nuevo pronunciamiento (Sentencia T 847/00) previniendo a las autoridades competentes para que se abstengan de mantener detenidos en sus dependencias más allá de las 36 horas prescritas por la Constitución. Pese a esta decisión, la autoridad penitenciaria continúa remitiendo internos a las dependencias policivas.
162. El Ministerio de Justicia ha formulado el denominado "Plan Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario". En un sucinto diagnóstico ese plan señala, entre otras, las siguientes falencias del sistema: la corrupción en el interior de las cárceles; la vetustez y el mal estado de las edificaciones utilizadas para albergar internos; la falta de aplicación de planes de seguridad; las deficiencias en las remisiones y traslados; los altos índices de hacinamiento; la violencia e intolerancia en el interior de las reclusiones, y la ineficacia en la información y sistematización en los diferentes centros de reclusión. El informe de seguimiento del mencionado plan integral señala avances en materia de habilitación de cupos, salud, alimentación, capacitación de la guardia y lucha contra la corrupción. Sin embargo, con fundamento en las apreciaciones de la Defensoría del Pueblo y de la población carcelaria, la Oficina tiene motivos para diferir de estas afirmaciones.
163. La superpoblación carcelaria, la disputa por el ejercicio del poder y el control en las cárceles por parte de los diferentes grupos al margen de la ley, así como la existencia de diversos tipos de armas y los altos índices de corrupción, ponen de manifiesto la falta de control del Estado y la ausencia de políticas institucionales para la promoción del desarrollo integral de los reclusos. Según información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), hasta el mes de septiembre, se habrían registrado en las cárceles 145 víctimas de muerte violenta y 426 heridos.
164. Cabe destacar el hecho ocurrido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, el 27 de abril de 2000, donde internos armados se enfrentaron violentamente, con un saldo de 25 muertos, 18 heridos y un numero indeterminado de desaparecidos. En dicho incidente se requisaron armas, explosivos, cartuchos, elementos de comunicación, insignias de las AUC y otros enseres. La intervención oportuna de la fuerza pública habría impedido que este hecho tuviera tan alto costo de vidas humanas. Este es un claro ejemplo de la situación carcelaria reseñada, que tiende a agravarse en tanto que el Estado no adopte medidas eficaces para erradicar las causas estructurales que la han conducido a su actual crisis.
165. La objeción del Ejecutivo al proyecto de ley por el cual se concedía rebajas de penas con ocasión del jubileo, unida a las inhumanas condiciones en las que se encuentran los reclusos, motivó una jornada de "desobediencia civil" en la que cerca de 6.000 familiares de los internos permanecieron por más de cuatro días en el interior de varios centros carcelarios del país. Entre los principales reclamos de los internos estaban la convocatoria inmediata de los representantes de la Mesa Nacional de Trabajo, una comisión de verificación de derechos humanos en la cárcel de Valledupar y el debate en el Congreso sobre la crisis de la justicia y de las cárceles. El INPEC, en acuerdo con los representantes de la Mesa Nacional de Trabajo, resolvió convocar a una reunión de la misma para los primeros días de diciembre.
166. Informes de auditoría de la Contraloría General de la República sobre el INPEC hacen apreciaciones preocupantes sobre el manejo financiero y administrativo, la adjudicación de contratos para ejecución de obras, las deficiencias estructurales que presentan las diferentes cárceles, entre ellas la de Valledupar, recientemente inaugurada, y la de Girardot. La Contraloría concluye afirmando que existe "una falta de compromiso de los administradores del INPEC en el diseño, programación y ejecución de políticas y estrategias que permitan desarrollar a cabalidad la misión institucional". En este mismo sentido, la Oficina ha tenido conocimiento de las quejas formuladas por el sindicato de la guardia penitenciaria ante la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo por presuntas irregularidades en el INPEC.
167. Los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal no contribuyen a solucionar la actual situación carcelaria (véase el capítulo VII.B). El primero incrementa los mínimos de la pena de prisión y criminaliza nuevas conductas que conllevan penas privativas de la libertad. El segundo, contempla una serie de delitos inexcarcelables, que obligan al funcionario judicial a dictar detención provisional. Cabe señalar que, según e