200. El Comité considera también que el Gobierno de Colombia debería:

a) mejorar la formación de las “madres comunitarias” y regularizar su situación laboral, tratándolas a todos los fines como trabajadores empleados por una tercera persona;

b) combatir la práctica de no utilizar las partidas presupuestarias asignadas a gastos sociales en el presupuesto general del Estado y garantizar que esas asignaciones se utilicen a los fines para los que se previeron;

(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU.   E/C.12/1995/18, párr. 200- a, b; o E/C.12/1995/12, párr. 200- a, b;  o E/1996/22, párr. 200- a, b).

393. La Alta Comisionada toma nota, con preocupación, de la grave y persistente crisis económica que aflige al país, agravada por la recesión mundial, e insta al Gobierno a focalizar las políticas económicas y sociales hacia los más desfavorecidos, con el fin de lograr una reducción significativa de la pobreza y de la brecha de inequidad. Le insta igualmente a establecer indicadores y mecanismos de evaluación del impacto y resultados de estas políticas. Asimismo, exhorta al Estado a dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

(Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, E/CN.4/2002/17, párr. 393).

26. A este respecto, la Comisión alienta al Gobierno de Colombia a intensificar las medidas y adoptar nuevas políticas para revitalizar la economía colombiana, a promover el acceso en pie de igualdad a la generación de ingresos, y a fortalecer el estado de derecho y, de ese modo, sentar las bases democráticas de la sociedad colombiana.

(Declaración del Presidente de la 58 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Colombia, párrs. 25, 26).

Véase además las recomendaciones

OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 9 rev. 1, Cap. III, D, párr. 1; E/CN.4/2000/11, párr. 201, citadas en el capítulo 6, título 4 “Distribución de la riqueza”;