Señora Presidente, Distinguidos miembros de la Comisión Excelencias, Señoras y señores: Tengo el honor de presentar ante la Comisión de Derechos Humanos el sexto informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y las actividades de nuestra Oficina en ese país. Mi informe se presenta en desarrollo del mandato de mi Oficina en Colombia, así como en el contexto de lo establecido en la Declaración del Presidente del 58° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, que me pidió presentar un informe analítico sobre la situación de los derechos humanos en el país. Durante el año 2002 debo destacar un importante cambio acontecido en el país, como es la asunción de un nuevo gobierno en agosto del año pasado, encabezado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez. Por iniciativa del Presidente Uribe, el gobierno de Colombia ha dado un loable paso al haber extendido el mandato de mi Oficina por cuatro años más, hasta octubre de 2006. Esto refleja claramente el reconocimiento al importante trabajo que mi Oficina está realizando y el mayor compromiso para continuar colaborando de manera más productiva con mi Oficina. Esto posibilita además un trabajo más planificado y a mediano plazo de mi Oficina. Me siento estimulado por este paso. Se está desarrollando un diálogo productivo entre los altos funcionarios del Gobierno, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República y mi oficina en Colombia. Confío en que, a través de nuestro acercamiento, la implementación eficaz de las recomendaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se realizará ahora con mayor vigor. Durante el año objeto de este informe mi Oficina continuó profundizando sus esfuerzos para atender las preocupaciones relativas a los derechos humanos de la población colombiana, asegurar su presencia y dar seguimiento a la evolución de la situación en las diferentes regiones del país. Mi Oficina continuó prestando su asesoría a las autoridades y a la sociedad civil, y promoviendo el conocimiento y la aplicación de los principios de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Las actividades de las suboficinas en Medellín y Cali, que se establecieron durante el año pasado, representaron a su vez un valor agregado en la consecución de esos objetivos. En octubre del año pasado asumió el nuevo Director de la Oficina. Se han adoptado varias medidas positivas por parte del Estado colombiano para la ratificación de tratados internacionales, así como para la aplicación interna de algunos de ellos. Entre éstas, deseo mencionar la ratificación del Estatuto de Roma, aunque con la exclusión de los crímenes de guerra por 7 años, y la adopción de normas para dar cumplimiento a la Convención de Ottawa sobre minas antipersonal y a la Convención relativa al tráfico de personas. Importantes pronunciamientos de la Corte Constitucional han dado muestra de la continuidad de su tradición garantista en materia de derechos humanos. En este contexto, me ha complacido particularmente oír el anuncio del Vicepresidente de la República, durante la Serie de Sesiones de Alto Nivel de la Comisión, de extender la invitación por parte del Gobierno de Colombia a los procedimientos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Mi Oficina recibió una carta que confirma esta positiva acción. Señora Presidente, A pesar de estos importantes desarrollos, continúo profundamente preocupado por la gravedad de la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia. La extrema degradación del conflicto armado, con inaceptables métodos de combate utilizados por los grupos armados al margen de la ley, concretamente los grupos paramilitares y guerrilleros, multiplica los desafíos del Gobierno colombiano para hacer frente a esa crítica situación. Las atrocidades cometidas por esos grupos armados, incluyendo el incremento de actos de terrorismo, en particular por parte de las FARC-EP, ponen a la población civil en extrema vulnerabilidad y agravan las condiciones de supervivencia y de seguridad de las personas civiles. En este delicado contexto, el Gobierno colombiano se ve compelido a tomar múltiples acciones que den respuesta a esa situación y a las exigencias de protección de la población civil. Esto representa un verdadero reto para la vigencia de los derechos humanos, en particular de grupos vulnerables como los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las minorías étnicas, los desplazados, las mujeres y los niños. Otro punto de preocupación que es necesario señalar es el referente a los desafíos para el país en relación con el Estado de Derecho. La defensa de este precepto esencial no puede permitir la existencia de nexos de servidores públicos con grupos armados al margen de la ley, ni de la impunidad que genera el debilitamiento de las garantías judiciales y de la independencia y autonomía de la justicia. Permítame enfatizar que es fundamental que las políticas y medidas adoptadas por el Estado colombiano, incluyendo las de seguridad, sean compatibles con las normas y los principios internacionales, y estén rodeadas de los controles adecuados e independientes que garanticen el respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Por otra parte, el fortalecimiento de las instituciones civiles que tienen funciones claves en la defensa y protección de los derechos humanos constituye el fundamento principal para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Paralelamente, confío en que se profundice la búsqueda de canales y mecanismos que permitan avanzar hacia la paz y aliviar sustantivamente el padecimiento de los colombianos. Frente a esta grave situación mi informe contiene veintisiete recomendaciones concretas. Estas deben ser entendidas como una manifestación del profundo interés por cooperar con las autoridades y la sociedad civil. Asistir al gobierno en la implementación de estas recomendaciones formará parte fundamental del trabajo de mi Oficina. Las recomendaciones implican unas prioridades que deberían ser atendidas durante el transcurso de este año. Las recomendaciones se refieren a temas de vital interés para el país como son: - La prevención y protección - El conflicto armado - El Estado de Derecho y la impunidad - Las políticas económicas y sociales - La promoción de una cultura de derechos humanos - La asesoría y la cooperación técnica de mi Oficina en Colombia Señora Presidente, desde hace varias semanas, mi Oficina en Colombia ha podido intercambiar opiniones con el Gobierno y varias instituciones del Estado sobre el informe y, en particular, sobre las recomendaciones. Mi Oficina ha recibido muestras positivas de interés por parte del Gobierno para articular un mecanismo de seguimiento para la implementación de las recomendaciones. Quisiera comunicarle, Señora Presidente, que mi Oficina está en la mejor y más amplia disposición para seguir acompañando al nuevo Gobierno y al Estado colombiano en la aplicación de estas recomendaciones, mediante su asesoramiento y cooperación técnica. Confío en que el Estado colombiano podrá implementar las diferentes recomendaciones que le competen. Algunas de las recomendaciones se dirigen a los grupos armados ilegales, ya sea a las FARC-EP, al ELN o a los grupos paramilitares. Espero que estos grupos tengan en cuenta y apliquen las recomendaciones dirigidas a ellos específicamente. La aplicación de las recomendaciones también requiere del apoyo continuado de la comunidad internacional. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a todos los involucrados para que refuercen constructivamente sus compromisos con el fin de procurar un mayor respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por mi parte, espero visitar Colombia en el transcurso de este año, en respuesta a la invitación formulada por el gobierno del presidente Uribe. Gracias Señora Presidente,