E/CN.4/2004/FUTURE.5 21 de abril de 2004 ESPAÑOL Original: INGLÉS COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 60º período de sesiones Tema 3 del programa ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERÍODO DE SESIONES Declaración del Presidente Situación de los derechos humanos en Colombia (TRADUCCIÓN NO OFICIAL) 1. La Comisión de Derechos Humanos apoya las actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo mandato ha sido prorrogado en septiembre de 2002, por iniciativa del Presidente Uribe, por un período de cuatro años hasta octubre de 2006. Esta oficina desempeña una función esencial en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se están cometiendo en Colombia, por medio de la observación, el asesoramiento, la cooperación técnica, y las actividades de información y promoción. La Comisión acoge con satisfacción el establecimiento de una nueva oficina sobre el terreno, en Bucaramanga, en enero de 2004, para complementar las oficinas que funcionan en Cali y Medellín. 2. La Comisión confía en que el Gobierno de Colombia seguirá apoyando activamente a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el desempeño de sus funciones sin impedimento alguno hasta el cumplimiento de su mandato, e insta al Gobierno a que haga mayor uso de los servicios de la oficina para preparar los informes que ha de presentar a los órganos creados en virtud de tratados. GE.04-13945 (S) 210404 220404 3. La Comisión acoge con satisfacción el informe muy detallado del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (E/CN.4/2004/13) y toma nota del documento que contiene las observaciones del Gobierno de Colombia sobre ese informe (E/CN.4/2004/G/23, anexo). 4. La Comisión reconoce que el Gobierno de Colombia está cooperando con los órganos y mecanismos de la Naciones Unidas para la promoción y la protección de los derechos humanos y alienta al Gobierno a que considere la posibilidad de reconocer la competencia de los comités establecidos con arreglo a los artículos 21 y 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de conformidad con el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. También alienta al Gobierno a que considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 5. La Comisión celebra la invitación permanente del Gobierno de Colombia a todos los procedimientos y mecanismos especiales de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos a que visiten el país. Pide al Gobierno de Colombia que aplique las recomendaciones de esos procedimientos y mecanismos y haga uso de los servicios técnicos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 6. La Comisión acoge con beneplácito las nuevas pruebas de pluralismo político en Colombia, reflejadas en el saludable debate sobre la reforma constitucional que se sometió a referendo el 25 de octubre y en el resultado de las elecciones el 26 de octubre para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. 7. La Comisión sigue concediendo gran importancia al compromiso del Presidente Uribe de buscar una solución negociada al conflicto. Considera que una solución negociada integral daría como resultado una paz duradera en el marco del buen gobierno, la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. La Comisión, a la vez que toma nota atentamente del acuerdo celebrado entre el Gobierno de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sobre la desmovilización total de las fuerzas paramilitares para 2005, expresa su profunda preocupación porque no se haya avanzado hacia una estrategia integral de paz. Destaca la necesidad de que los grupos armados ilegales cesen las hostilidades y entablen un diálogo constructivo y significativo. Subraya asimismo el papel que desempeña la comunidad internacional, en particular las Naciones Unidas, por medio del Asesor Especial del Secretario General para Colombia. 8. La Comisión destaca la importancia de los principios de la verdad, la justicia y la reparación en una estrategia integral de paz. 9. La Comisión expresa su apoyo a la Declaración de Londres, aprobada por el Gobierno de Colombia y otros gobiernos y organizaciones internacionales en la reunión sobre Colombia celebrada en Londres el 10 de julio de 2003. La Comisión considera que la Declaración de Londres constituye una base viable para la cooperación internacional con Colombia en este marco y una referencia viable para las políticas públicas de Colombia y acoge con satisfacción los recientes avances del diálogo sobre su puesta en práctica. 10. La Comisión celebra el apoyo que la comunidad internacional está prestando al Gobierno de Colombia, en particular mediante el seguimiento de la reunión de Londres. Pide a la comunidad internacional que siga apoyando la rápida aplicación por todas las partes interesadas de las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 11. Teniendo en cuenta que el primer deber de todos los gobiernos es la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos, la Comisión aprecia la prioridad que el Gobierno de Colombia, elegido democráticamente, con el apoyo de la gran mayoría del pueblo colombiano, ha asignado al establecimiento de un Estado democrático en pleno funcionamiento en todo el territorio nacional que esté en mejores condiciones para proteger los derechos humanos más esenciales de los ciudadanos, incluido el derecho a la vida. 12. Para la Comisión, por lo tanto, son motivo de satisfacción las notables reducciones registradas en los niveles de los siguientes graves delitos contra las personas: homicidios en general, asesinatos de sindicalistas y otros grupos particularmente vulnerables; masacres de civiles; desplazamientos forzosos; ataques contra poblaciones; secuestros y toma de rehenes. Comparte la preocupación del Gobierno de Colombia de que, pese a estos logros anunciados por el Gobierno, la frecuencia con que se cometen estos graves delitos siga siendo muy alta. 13. La Comisión reitera la necesidad de que todas las medidas de seguridad adoptadas con arreglo a la política de seguridad democrática cumplan con las obligaciones dimanantes del derecho internacional, en particular las normas internacionales de derechos humanos y de los refugiados, y el derecho internacional humanitario. Expresa la esperanza de que las instituciones civiles pertinentes, en particular las que tienen por objetivo fiscalizar y controlar el desempeño de los servicios de seguridad, puedan ejercer sus funciones en breve en todos los municipios del país. 14. La Comisión acoge con satisfacción la profundización del diálogo entre el Gobierno de Colombia, en particular por medio de la Vicepresidencia, con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos respecto de la aplicación de las recomendaciones del Alto Comisionado. La Comisión toma nota de que se han logrado algunos avances en la aplicación de estas recomendaciones a la vez que señala que aún no se han integrado plenamente en todas las políticas públicas del Gobierno, aspecto que las autoridades colombianas reconocen. 15. La Comisión alienta al Gobierno de Colombia a que persevere en su encomiable intención de tener un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario acordado para fines de junio de 2004, tras celebrar consultas abiertas y transparentes con representantes de la sociedad civil. 16. La Comisión subraya la especial necesidad de seguir avanzando en los siguientes ámbitos de la política de Estado: a) Aunque acoge con satisfacción el compromiso del Fiscal General de establecer un grupo especializado encargado de investigar la connivencia entre funcionarios públicos y grupos armados ilegales, la Comisión pide que realicen mayores avances en este ámbito. Aunque también acoge con agrado el procesamiento y la condena de altos oficiales del ejército por complicidad en una masacre, y la destitución de otros oficiales sospechosos de haber cometido graves delitos, la Comisión pide que se intensifique la lucha contra la impunidad. b) Tomando nota de las disposiciones enunciadas en el Decreto 128, de 22 de enero de 2003, la Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a que continúe con el debate parlamentario y cívico sobre el proyecto de ley publicado en agosto de 2003. A la vez que apoya la desmovilización de los miembros de los grupos armados ilegales, la Comisión hace hincapié en la necesidad de que toda desmovilización se lleve a cabo de conformidad con el derecho y la jurisprudencia internacionales pertinentes y de forma de que se respete el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En este contexto, la Comisión acoge con satisfacción el compromiso del Gobierno de entablar nuevos debates parlamentarios y cívicos sobre el asunto. La Comisión acoge con agrado asimismo la Misión para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que prestará apoyo técnico para este proceso y se ocupará de su verificación, de conformidad con la resolución CP/Res. 859 (1397/04) de la OEA, de 6 de febrero de 2004. c) En lo que respecta al proyecto de ley conocido como "Estatuto antiterrorista", aprobado en diciembre de 2003, la Comisión, si bien entiende la prioridad que concede el Gobierno a un aumento de la seguridad y a la lucha contra la violencia y el terrorismo, subraya la responsabilidad del Gobierno de cumplir con las obligaciones que ha asumido de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos. La Comisión hace hincapié en que todas las medidas adoptadas deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 17. La Comisión también acoge con satisfacción las diversas medidas positivas adoptadas por el Gobierno para cumplir las obligaciones internacionales sobre las minas antipersonal y alienta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos por prevenir y limitar los riesgos para la población, especialmente para los desplazados y los retornados, y por fortalecer los mecanismos de asistencia a las víctimas de las minas antipersonal. 18. La Comisión condena todas las infracciones al derecho internacional humanitario derivadas del conflicto en Colombia e insta al respeto de los principios humanitarios de distinción, limitación, proporcionalidad e inmunidad de la población civil. 19. La Comisión condena firmemente todos los actos de terrorismo y otros actos criminales, como los atentados contra la vida, la integridad física y la libertad y seguridad personales, cometidos por los grupos armados ilegales. Exhorta vehementemente a todos los grupos armados ilegales a que observen el derecho humanitario internacional y respeten el ejercicio legítimo de los derechos humanos de la población. 20. La Comisión también condena el reclutamiento de gran número de niños por los grupos armados ilegales y los exhorta a poner fin al reclutamiento de niños y a desmovilizar inmediatamente a los niños que tienen actualmente en sus filas, de conformidad con la resolución 1460 (2003) del Consejo de Seguridad, de 30 de enero de 2003. 21. La Comisión condena firmemente todos los actos de violencia y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidos por grupos paramilitares que violan la cesación del fuego que ellos mismos han declarado. Condena, en particular, la continuación de las masacres, así como los homicidios selectivos que cometen estos grupos. La Comisión deplora las informaciones que se siguen recibiendo sobre desapariciones forzadas perpetradas por paramilitares, así como el descubrimiento de fosas comunes y de cuerpos mutilados y con señales de tortura. La Comisión reconoce que el número de miembros de estos grupos que han sido capturados va en aumento. 22. La Comisión condena enérgicamente todas las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por otros grupos armados ilegales, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en particular al atacar a la población civil. La Comisión deplora, en especial, sus frecuentes ataques indiscriminados con artefactos explosivos y minas antipersonal que han causado cientos de víctimas en Colombia, tanto entre los miembros de las fuerzas de seguridad como entre los civiles, incluidos mujeres y niños. La Comisión condena además la utilización de civiles inocentes para transportar artefactos explosivos. 23. La Comisión expresa su grave preocupación por los informes recibidos de infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad. También expresa su preocupación por los informes de casos de apoyo, connivencia o complicidad permanentes de agentes del Estado con los grupos paramilitares. 24. La Comisión condena enérgicamente la práctica del secuestro, sea por motivos políticos o económicos, expresa su profunda preocupación por el todavía alto número de personas que son ilegal y cruelmente víctimas de esta forma de privación de libertad, y exhorta a que sean todas puestas en libertad inmediata e incondicionalmente. Señala con preocupación que los grupos armados ilegales siguen financiando sus actividades mediante el secuestro y participando en la producción y el tráfico de drogas. 25. La Comisión expresa su gravísima preocupación por los informes de ejecuciones sumarias, extrajudiciales y arbitrarias atribuidas a las fuerzas de seguridad. La Comisión también señala el aumento de las denuncias de desapariciones forzadas, principalmente perpetradas por los grupos paramilitares, pero también atribuidas directa o conjuntamente a las fuerzas de seguridad. La Comisión toma nota del compromiso del Gobierno de Colombia (véase E/CN.4/2004/G/23, anexo) de impulsar las investigaciones sobre esas denuncias. 26. La Comisión expresa su grave preocupación por el aumento de los informes sobre detenciones arbitrarias y masivas en las zonas de operaciones militares, a las que se suman, en algunos casos, la tortura, la desaparición forzada y la violación de las garantías procesales. Expresa su preocupación por el uso de la información procedente de los informantes sin ser verificada. La Comisión insta al Gobierno de Colombia a que se abstenga de utilizar la información proporcionada por informantes que no haya sido debidamente verificada. La Comisión toma nota de que el Gobierno de Colombia ha establecido un sistema mediante el cual la información recibida se somete a procedimientos para su posterior verificación. 27. La Comisión llama la atención sobre los constantes problemas relacionados con el acceso a la justicia, la independencia e imparcialidad judicial, las garantías procesales y la presunción de inocencia. La Comisión insta al Gobierno de Colombia a que trate cada vez con más vigor la cuestión de la impunidad y fomente una mayor eficacia del sistema judicial. Toma nota de las indicaciones del Gobierno de Colombia de que en breve se enviará al Congreso una serie de reformas del sistema judicial y confía en que las reformas aborden estas cuestiones, a la vez que señala la importante función de la Corte Constitucional en la defensa de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. 28. La Comisión expresa su preocupación por las constantes dificultades a las que hace frente la población colombiana en general, en particular los periodistas y los sindicalistas, para ejercer plenamente su derecho a la libertad de opinión y expresión. La Comisión alienta los esfuerzos constantes del Gobierno de Colombia por proteger a los grupos vulnerables mediante programas especiales. 29. En cuanto a la libertad de circulación y de residencia, mientras que la Comisión reitera su reconocimiento por la favorable reducción del número de nuevos desplazamientos forzados en 2003, sigue profundamente preocupada por el número todavía extremadamente elevado de desplazados internos. La Comisión expresa su preocupación por la situación humanitaria de las comunidades en situación de riesgo, que son objeto de bloqueos por los grupos armados ilegales y a veces por las fuerzas armadas. La Comisión pide al Gobierno de Colombia que preste más atención al problema del desplazamiento, en particular mediante la formulación de una política integrada de reparación a las víctimas y de recuperación de sus tierras y bienes. La Comisión insta en especial al Gobierno a que siga aplicando las recomendaciones del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos y lo alienta a aumentar la cooperación con los órganos internacionales, especialmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 30. Celebrando que Colombia haya mejorado su clasificación (se situó en el lugar 64º) en el Índice de desarrollo humano del PNUD y la disminución del desempleo en 2003, la Comisión acoge con satisfacción la especial atención que se dedica a las reformas económicas, sociales y ambientales mediante el Plan Nacional de Desarrollo, en particular el aumento del gasto con fines sociales, a la vez que señala que es preciso redoblar esfuerzos para hacer frente a la pobreza, la marginación, la injusticia social y la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza. 31. La Comisión acoge con agrado que haya mejorado la situación de algunos grupos vulnerables como resultado de la aplicación de medidas como el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana. No obstante, los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, las autoridades departamentales (alcaldes, concejales y representantes), los miembros de la Unión Patriótica, los dirigentes comunitarios y los funcionarios locales (que con frecuencia desempeñan sus funciones valientemente, con riesgo de la propia vida) siguen viéndose particularmente afectados por el conflicto armado. La Comisión reitera la necesidad de poner freno a los ataques contra estos grupos. Alienta al Gobierno a velar por que los programas para proteger a los defensores de los derechos humanos y otros grupos, a cargo del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, sean integrales y eficaces. 32. La Comisión reitera que le causa preocupación en particular el clima de hostilidad que se ha generado con relación al trabajo de los defensores de los derechos humanos e incita al Gobierno de Colombia a que adopte medidas para dar cumplimiento a la Directiva 09 de julio de 2003 del Ministerio de Defensa, en la que se dan instrucciones a los servidores públicos para que respeten los derechos humanos de los defensores y las actividades de sus organizaciones. Hace un llamado al Gobierno de Colombia a que asegure que no se hagan declaraciones públicas generalizadas que puedan poner en riesgo los derechos de quien se dedique a defender los derechos humanos o a actividades sindicales. Insta al Gobierno a profundizar el diálogo con la sociedad civil y alienta a ésta para beneficiarse de ello en una forma constructiva. 33. La Comisión acoge con satisfacción una mayor presencia de la Defensoría del Pueblo, por medio de los defensores comunitarios, en regiones con una gran concentración de comunidades indígenas y afrocolombianas. Deplora el aumento de la violencia selectiva contra estas comunidades, así como la práctica de su confinamiento por los grupos armados ilegales. La Comisión condena asimismo las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las minorías y comunidades indígenas que se están produciendo e insta a todos los actores a que respeten su especial condición cultural. Exhorta a todos los grupos armados ilegales a que respeten la identidad e integridad de esas minorías y comunidades indígenas. Insta al Gobierno de Colombia a adoptar mayores medidas de protección de los dirigentes, defensores y demás miembros de estas comunidades, que están amenazados. 34. La Comisión deplora las violaciones del derecho a la vida de un gran número de niños. La Comisión deplora el hecho de que sectores vulnerables de la población, en particular las mujeres y los niños, se vean especialmente afectados por la situación actual de violencia. La Comisión expresa su preocupación por que continúen el abandono, el trabajo infantil, el abuso y la explotación sexual, el maltrato físico y la violencia intrafamiliar. La Comisión deplora asimismo las continuas violaciones y abusos de los derechos económicos, sociales y culturales de mujeres y niños. La Comisión acoge con satisfacción la firma del Acuerdo Nacional para la equidad de género y la aprobación de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y urge a mayores avances en estos ámbitos. 35. La Comisión toma nota de que los buenos resultados del Gobierno de Colombia en la lucha contra los grupos armados ilegales parecen haber dado lugar a un cambio de táctica de parte de éstos, en particular de los paramilitares, que ha ocasionado un aumento del hostigamiento y otras formas más sutiles de amenaza. 36. En conclusión, la Comisión recuerda al Gobierno de Colombia su compromiso de tomar en cuenta e implementar las recomendaciones contenidas en la Declaración de la Presidenta. La Comisión hace un llamado a la pronta implementación, por todas las partes concernidas, de las recomendaciones concretas y prioritarias para 2004 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como de las recomendaciones adoptadas la Comisión en su 59º período de sesiones que estén pendientes de implementación. La Comisión comparte el punto de vista del Alto Comisionado de que la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se mejoraría notablemente si aquellas fueran aplicadas durante 2004. 37. La Comisión acoge con beneplácito el compromiso del Gobierno de Colombia de trabajar en un espíritu constructivo con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para examinar la aplicación y evaluación de las recomendaciones. La Comisión considera que la reunión del grupo internacional de apoyo, en noviembre de 2004, en Bogotá, será una ocasión adecuada para valorar los progresos realizados al respecto, así como en la aplicación de la Declaración de Londres. 38. La Comisión hace, además, un llamado al Gobierno de Colombia para que aproveche plenamente los servicios de asesoramiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con el objeto de asegurar que las normas y medidas adoptadas por las instituciones colombianas sean compatibles con las normas internacionales de derechos humanos y que se tengan en cuenta las recomendaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 39. La Comisión pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que le presente en su 61º período de sesiones un informe detallado que contenga un análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la situación de los derechos humanos en Colombia, de conformidad con el acuerdo suscrito entre el Gobierno de Colombia y su Oficina sobre el funcionamiento de la oficina permanente en Bogotá.