Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour Introducción al “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia” (E/CN.4/2005/10) 61 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos, 13 de abril de 2005 Señor Presidente, Distinguidos miembros de la Comisión, Excelencias, Señoras y señores: Tengo el honor de presentar el octavo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y las actividades de nuestra Oficina en dicho país. Mi informe se presenta de conformidad con el mandato de mi Oficina en Colombia, y en respuesta a la solicitud hecha en la Declaración del Presidente del 60° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. En lo que se refiere a las recomendaciones señaladas en el informe del año pasado, me complace informar a la Comisión que hubo algunos logros y avances por parte del Estado, especialmente durante la segunda mitad de 2004, aunque el proceso de implementación fue menos consistente de lo deseado. Mi Oficina en Colombia ha desarrollado una intensa labor de interlocución con el Gobierno colombiano, y en particular con el Vicepresidente de la República, responsable de la coordinación de la política gubernamental en materia de derechos humanos, para impulsar la debida aplicación de las recomendaciones. Agradezco el reconocimiento expresado por el Vicepresidente de la República al trabajo de mi Oficina en Colombia y a la contribución de ésta al fortalecimiento de la democracia y la protección de la población de ese país. Celebro igualmente la reafirmación del Gobierno colombiano de su compromiso de avanzar en la aplicación de las recomendaciones, en cooperación con las instituciones nacionales pertinentes y con mi Oficina. Es mi esperanza que durante el presente año 2005 puedan obtenerse resultados más consistentes y sostenibles al adelantar más tempranamente la implementación integral de las recomendaciones. Durante 2004 mi Oficina continuó implementando el mandato acordado con el Gobierno colombiano. En este sentido, siguió fortaleciendo su presencia en las diferentes regiones del país. Se abrió la tercera sub oficina regional en la ciudad de Bucaramanga. Se realizaron frecuentes visitas in situ en todo el país para potenciar su función de observación analítica de la situación. Se hicieron entrevistas con autoridades civiles y militares, víctimas y testigos. También se adelantó el examen de documentos y estadísticas oficiales y de otras fuentes. La Oficina continuó igualmente prestando su asesoramiento y cooperación técnica a las autoridades y a la sociedad civil, y promoviendo los principios de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Es muy bienvenida la ratificación de instrumentos internacionales por parte del Gobierno colombiano, entre ellos el Convenio 182 de la OIT sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas. La Corte Constitucional de Colombia continuó adoptando relevantes pronunciamientos para impulsar la aplicación de las normas internacionales en el ámbito doméstico y la adopción de acciones para la protección de los derechos humanos. En agosto, este alto tribunal declaró la inconstitucionalidad por vicios de forma del llamado Estatuto Antiterrorista, y evitó la vigencia de una normativa respecto de la cual la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos había señalado su incompatibilidad con las normas internacionales. Señor Presidente, No obstante los positivos esfuerzos desarrollados por las autoridades colombianas, debo reiterar este año que la situación humanitaria y de respeto al derecho internacional humanitario en el país continúa siendo crítica. La persistencia del conflicto armado interno sigue teniendo un impacto negativo sobre la población civil colombiana y sobre el goce de sus derechos humanos. Debo subrayar que, infortunadamente, los grupos armados al margen de la ley desatendieron totalmente las recomendaciones que les formulé en materia de conflicto armado, de observancia del derecho internacional humanitario y de respeto por los derechos humanos. Estos grupos continuaron perpetrando homicidios de personas protegidas, y realizando ataques indiscriminados, tomas de rehenes, actos de terrorismo, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores con fines militares, actos de esclavitud sexual y violencia contra mujeres y niñas, y utilizando minas antipersonal. Las FARC-EP, el ELN y los grupos paramilitares de las AUC siguieron perpetrando actos de violencia y atemorizando a la población civil. Las guerrillas, y en particular las FARC-EP, continuaron siendo los mayores responsables de la toma de rehenes, incluyendo casos en los que se registró la tortura y la muerte de rehenes en su poder. Mi Oficina también continuó registrando denuncias de infracciones del derecho internacional humanitario por parte de miembros de la Fuerza Pública, incluyendo el irrespeto de los principios humanitarios de distinción, proporcionalidad, limitación y de inmunidad de la población civil, así como homicidios, desplazamientos forzados, actos de violencia sexual, y pillajes. La política del Estado para la desmovilización de los miembros de los grupos armados al margen de la ley y las negociaciones del Gobierno con los grupos paramilitares de las AUC, no impidieron que esos grupos siguieran siendo autores de graves infracciones del derecho internacional humanitario. Por el contrario, a pesar de haberse comprometido con un cese de hostilidades, las AUC continuaron cometiendo homicidios, masacres, desplazamientos forzados, tomas de rehenes, desapariciones forzadas, y actos de violencia sexual. Sigo profundamente convencida de la importancia de la solución negociada del conflicto armado interno que sigue padeciendo Colombia, en la cual se enfatice la necesidad de buscar diálogos y acuerdos encaminados a su superación y a la búsqueda de la paz. Asimismo, debo enfatizar la importancia de contar con un marco jurídico adecuado que permita garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, al mismo tiempo que promueva la reconciliación nacional y una paz sostenible. Dicho marco debe ser compatible con las normas y principios internacionales y tomar en consideración las especificidades culturales, étnicas y de género de las víctimas. En aras de avanzar hacia una paz duradera es posible prever beneficios judiciales para los miembros de los grupos armados al margen de la ley que colectivamente dejen las armas y firmen acuerdos de paz con el Gobierno. Sin embargo, es necesario que dichos beneficios dependan del esfuerzo para contribuir de manera efectiva a la justicia, al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de los daños ocasionados a las víctimas, por parte de quienes aspiran a obtenerlos. No deben quedar por fuera las medidas necesarias para el desmonte de las estructuras ilegales que permitieron a esos grupos tener incidencia a nivel social, económico y político en el país. Aliento al Estado a beneficiarse de la asesoría que mi Oficina en Colombia ha venido prestando, y que continúa en disposición de seguir proveyendo en este importantísimo tema. Por el momento, debo expresar mi gran preocupación por el texto del proyecto de ley que actualmente debate el Congreso de Colombia. Señor Presidente, La situación de derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica. Durante el año 2004 se registraron denuncias de violaciones de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al debido proceso, al respeto de la vida privada y de la intimidad, y a las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. Mi Oficina en Colombia continuó recibiendo, en forma creciente, denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública y a otros servidores públicos, así como altos niveles de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas, detenciones y allanamientos practicados sin los fundamentos jurídicos adecuados, y manipulación de pruebas y testigos. Varias de esas acciones afectaron de modo particular a defensores de derechos humanos, sindicalistas, comunidades indígenas y afrocolombianas, mujeres, periodistas y líderes sociales. Por otra parte, la impunidad sigue representando uno de los desafíos mayores para una protección efectiva de los derechos humanos en el país. La observación de mi Oficina en Colombia indica la persistencia de vínculos entre servidores públicos y grupos paramilitares, y la existencia de un mayor grado de infiltración y de influencia de estos grupos en varios niveles administrativos y sociales. Esta situación pone a prueba el Estado de derecho, por lo que aliento una acción más decidida de las autoridades y firmes medidas en la lucha contra la impunidad que rodea esta problemática. Se ha reportado que siguió dándose una positiva disminución, a nivel nacional, de algunos indicadores de violencia como los homicidios en general, las masacres y los secuestros. No obstante, mi Oficina ha podido observar importantes falencias y lagunas en las estadísticas oficiales en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, sobre todo para registrar conductas atribuidas a funcionarios públicos. En desarrollo de la política de seguridad del Estado, que persigue objetivos importantes, es crucial que estas medidas se implementen de conformidad con las normas de derechos humanos, así como que se fortalezca la presencia de las instituciones estatales civiles, y especialmente de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos. También es de suma importancia asegurar la implementación coherente y consistente de las políticas estatales de derechos humanos. Las declaraciones y pronunciamientos de algunas autoridades que cuestionaron la labor de los defensores de derechos humanos y de sus organizaciones, pueden incidir negativamente en la seguridad y limitar los espacios para el ejercicio democrático de la libertad de expresión y la promoción de los derechos fundamentales. No cabe duda de que el Estado de derecho y los resultados de la política de seguridad democrática se fortalecen con la valiosa y activa contribución de las defensoras y los defensores de derechos humanos y de sus organizaciones. Las autoridades deben garantizar su plena participación en los asuntos públicos y considerarlos socios privilegiados en la defensa de los derechos y valores democráticos. Señor Presidente, Este año vuelvo a formular 27 recomendaciones dirigidas a las distintas ramas del Estado colombiano, a las partes en el conflicto armado interno, a los sectores representativos de la sociedad civil y a la comunidad internacional. La mayoría de estas recomendaciones no son nuevas. Siguen respondiendo a la difícil situación de Colombia y deben ser implementadas en su totalidad en un proceso consistente y con medidas adecuadas. Las recomendaciones continúan agrupadas en torno a los mismos temas: la prevención y protección, el conflicto armado interno, el Estado de Derecho y la impunidad, la promoción de una cultura de derechos humanos, y el asesoramiento y cooperación técnica de mi Oficina en Colombia. Sigo firmemente convencida de que la aplicación consistente e integral de estas recomendaciones permitirá mejorar sensiblemente la situación humanitaria y de derechos humanos que vive el país. Quisiera hacer énfasis en que los grupos armados al margen de la ley deben tomar en cuenta las recomendaciones directamente dirigidas a ellos con seriedad, y cumplirlas de manera efectiva y sin dilaciones. La mayoría de estas recomendaciones sencillamente traduce a acciones concretas las obligaciones humanitarias que esos grupos deben respetar, en particular para asegurar la protección de la población civil. Las recomendaciones que formulé el año anterior se transformaron en compromisos por parte del Gobierno colombiano y la comunidad internacional, a través de su acuerdo con la declaración del Presidente de esta Comisión. Con anterioridad se había expresado un respaldo decidido a las recomendaciones en la Declaración de la reunión de Londres de julio de 2003 y su Declaración, el cual fue reafirmado posteriormente en la reunión de Cartagena en febrero de 2005. Invito calurosamente al Gobierno de Colombia a profundizar su acción para cumplir con esos compromisos y a trabajar de manera consistente en la implementación de las recomendaciones. Invito igualmente a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos del Estado colombiano y a hacer el seguimiento de dichas recomendaciones. Quiero agradecer también el apoyo internacional a los esfuerzos de mi Oficina en Colombia en el cumplimiento de su mandato. Quisiera terminar esta presentación enfatizando la importancia del mandato integral de mi Oficina en Colombia. La observación sistemática y analítica de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es un elemento fundamental. Sobre esa base, reitero mi disponibilidad y la de mi Oficina en Colombia para continuar asesorando y cooperando con el Estado colombiano y con la sociedad civil en la búsqueda, elaboración y puesta en práctica de programas, políticas, normas y mecanismos destinados a promover y proteger los derechos humanos, incluyendo el derechos a una vida digna y en paz. En este orden de ideas, estoy a la expectativa de mi próxima visita a Colombia a mediados del mes de mayo. Gracias Señor Presidente.