Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia Tema 3 Abril 21 de 2005 1. La Comisión de Derechos Humanos apoya firmemente las actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuyo mandato se prorrogó en septiembre de 2002, por iniciativa del Presidente de la República de Colombia, por un período de cuatro años hasta octubre de 2006. Esa oficina desempeña un importante papel en el trabajo contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se están cometiendo en Colombia, por medio de la observación, el asesoramiento, la cooperación técnica y las actividades de información y promoción. La Comisión expresa su satisfacción por la visita que proyecta realizar a Colombia la Alta Comisionada en mayo de 2005 por invitación del Gobierno. 2. La Comisión confía en que el Gobierno de Colombia, a través de una cooperación estrecha, seguirá promoviendo y apoyando activamente a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el desempeño de sus funciones, y exhorta al Gobierno a hacer pleno uso de los servicios de asesoramiento y de cooperación técnica de la oficina. La Comisión alienta a que se siga prestando apoyo financiero a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 3. La Comisión de Derechos Humanos celebra el informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (E/CN.4/2005/10 y Corr.1) y toma nota del documento en el que figuran las observaciones del Gobierno de Colombia sobre dicho informe (E/CN.4/2005/G/29). La Comisión expresa su satisfacción por el diálogo entablado entre la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Gobierno de Colombia, en especial la Vicepresidencia, y las autoridades nacionales y regionales. La Comisión destaca los esfuerzos del Gobierno y las instituciones estatales para lograr la aplicación de las recomendaciones de la Alta Comisionada y reconoce los progresos que se han realizado hasta la fecha. La Comisión pide al Gobierno de Colombia que prosiga en sus esfuerzos por obtener más resultados con prontitud y que vele por que las recomendaciones se integren plena y coherentemente en todas las esferas de las políticas públicas. La Comisión pide a la comunidad internacional que siga apoyando la pronta aplicación por todas las partes pertinentes de las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. 4. La Comisión acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno de Colombia con los órganos y mecanismos de las Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión celebra la ratificación del Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Nº 182) de la OIT. La Comisión celebra también que se esté debatiendo la ratificación por Colombia del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a estudiar la posibilidad de ratificar los tratados internacionales pendientes y a proceder a la ratificación oficial de los que se han aprobado. La Comisión insta al Gobierno y al Congreso a cumplir plenamente las obligaciones asumidas por Colombia como Estado parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. La Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a hacer uso de los servicios técnicos y de asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para aplicar las recomendaciones de los mecanismos y procedimientos especiales. 5. La Comisión expresa su grave preocupación por la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular con respecto a los grupos vulnerables. La Comisión está particularmente alarmada por las denuncias de violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y seguridad, a las garantías procesales y a la vida privada y la intimidad, y expresa su preocupación por las denuncias de atentados contra las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. La Comisión reconoce los esfuerzos del Gobierno de Colombia por reforzar el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y toma nota de los esfuerzos realizados por las instituciones estatales para investigar las violaciones de los derechos humanos. La Comisión también observa que, en 2004, los grupos armados ilegales cometieron la inmensa mayoría de las infracciones contra el derecho internacional humanitario y de los actos delictivos. 6. La Comisión insta al Gobierno de Colombia y a todos los grupos armados ilegales a que dialoguen y negocien con el fin de superar la situación de violencia derivada del conflicto con los grupos armados ilegales y lograr una paz duradera. La Comisión subraya la importancia de la verdad, la justicia y la reparación en una estrategia integral de paz que lleve a la reconciliación y a la paz duradera. 7. La Comisión reitera su apoyo al Gobierno de Colombia en su búsqueda de una solución negociada al conflicto armado interno, entre otras cosas, estableciendo contactos directos con aquellos grupos armados ilegales que estén dispuestos a poner fin a todas las hostilidades y a emprender un proceso de paz constructivo y genuino, y celebra los esfuerzos y los avances realizados hasta la fecha por el Gobierno a ese respecto. La Comisión también subraya el papel que ha desempeñado el Secretario General de las Naciones Unidas y se felicita de la intervención de la Organización de los Estados Americanos, el Gobierno de México, el grupo de países amigos y otros países, así como de la Iglesia católica, en los procesos para lograr la paz en Colombia. La Comisión también exhorta a la sociedad civil a intensificar su participación, que constituirá una importante contribución al diálogo para la paz. 8. La Comisión reafirma su apoyo a la Declaración de Londres de 10 de julio de 2003 y sus recomendaciones, así como a la Declaración de Cartagena aprobada el 3 de febrero de 2005. La Comisión es consciente de los avances y esfuerzos que ha hecho el Gobierno de Colombia por mantener el espíritu de la Declaración de Londres y lo alienta a seguir impulsando el proceso. La Comisión celebra los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia por entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil, y el reconocimiento del importante papel que ésta desempeña. 9. La Comisión reitera su pleno apoyo al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por lograr el estado de derecho en todo el país, luchar contra la impunidad y contra el terrorismo y la producción y tráfico de sustancias estupefacientes ilícitas respetando la legalidad y los derechos humanos. La Comisión celebra que las autoridades competentes sean ahora capaces de desempeñar sus funciones en prácticamente todos los municipios; también celebra que el aumento de la presencia del Estado haya permitido a estos últimos adoptar medidas para la prevención y protección de la población civil en los centros municipales. 10. La Comisión toma nota del actual proceso de desarme y desmovilización. La Comisión insta al Gobierno y al Congreso de Colombia a establecer, tan pronto sea posible, un marco jurídico integral para el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los grupos armados ilegales en el que se reconozcan y garanticen plenamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Ese marco jurídico integral permitiría lograr la paz duradera en un entorno de buen gobierno, democracia, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, y conducir hacia la reconciliación nacional. En ese marco también debería reconocerse el principio de que las personas acusadas de violaciones y abusos de los derechos humanos no pueden gozar de inmunidad judicial. 11. La Comisión expresa su preocupación por los repetidos problemas relacionados con el acceso a la justicia, la independencia e imparcialidad de los jueces, las garantías judiciales y la presunción de inocencia. La Comisión hace un llamamiento al Gobierno de Colombia para que redoble sus esfuerzos por abordar la cuestión de la impunidad y tome medidas para mejorar la capacidad y la eficacia del sistema judicial. En este contexto la Comisión celebra la adopción de un nuevo procedimiento oral que agiliza los procesos penales. La Comisión subraya el importante papel que desempeña la Corte Constitucional en la defensa de los derechos humanos -tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales- la democracia y el estado de derecho. La Comisión también toma nota de la labor de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones estatales en defensa de los derechos humanos. 12. La Comisión insta al Gobierno y al Congreso de Colombia a tener en cuenta las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el proceso de reforma del sistema judicial a fin de garantizar el control judicial de las actuaciones del Estado, proporcionar garantías judiciales a los ciudadanos y velar por que no se conceda a las fuerzas militares facultades judiciales de forma incompatible con las obligaciones internacionales. La Comisión celebra las reformas introducidas por la Fiscalía General con el respaldo de los servicios de asesoramiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado y apoyo financiero de la comunidad internacional. La Comisión también exhorta a la Vicepresidencia a proseguir sus actividades en el marco de su programa de lucha contra la impunidad. La Comisión sugiere al Gobierno de Colombia que siga utilizando los servicios de asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en relación con el establecimiento de un marco adecuado para la reforma judicial que pueda contribuir a fortalecer el estado de derecho. 13. La Comisión alienta al Gobierno de Colombia a perseverar en su encomiable intención de aprobar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo alienta también a aprobar dicho Plan antes de diciembre de 2005 y toma nota con agradecimiento de los esfuerzos que despliega para preparar el Plan tras celebrar consultas abiertas y transparentes con representantes de la sociedad civil. A este respecto, la Comisión expresa su satisfacción por el acuerdo de cooperación técnica firmado por la Vicepresidencia y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 14. La Comisión alienta al Gobierno de Colombia a seguir desarrollando, según parámetros internacionales, su sistema estadístico a fin de cubrir debidamente las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario, haciendo uso de los servicios de asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado. 15. La Comisión también celebra la disminución que se ha registrado en indicadores de la violencia, como homicidios, masacres y secuestros, en comparación con los de 2003. La Comisión comparte con el Gobierno la preocupación por que el nivel y frecuencia de esos delitos sigan siendo extremadamente altos. 16. La Comisión reitera la necesidad de que todas las medidas de seguridad adoptadas con arreglo a la política de seguridad democrática sean compatibles con las obligaciones de Colombia dimanantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. La Comisión tiene en cuenta que en Colombia existen controles de los procedimientos de detención y el derecho del hábeas corpus. No obstante, también expresa su más honda preocupación por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad o a otros funcionarios públicos, por las denuncias de detenciones y allanamientos en masa llevados a cabo sin las bases jurídicas adecuadas y por la práctica de los arrestos individuales o en masa, así como por las detenciones individuales o en masa. La Comisión también expresa su honda preocupación por las denuncias del uso generalizado de la tortura y continuas desapariciones forzadas. La Comisión reconoce que el Gobierno remite esas denuncias a las autoridades competentes para que las investiguen. 17. La Comisión expresa su preocupación por el uso de información no verificada procedente de informantes. La Comisión hace un llamamiento al Gobierno de Colombia para que no use información que no haya sido debidamente verificada. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha establecido un sistema para someter la información facilitada por informantes a procedimientos de verificación. 18. La Comisión expresa su honda preocupación por las denuncias recibidas de que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido infracciones del derecho internacional humanitario. La Comisión expresa su honda preocupación por las denuncias de casos de apoyo, connivencia o complicidad de agentes del Estado con grupos paramilitares, y alienta al Gobierno de Colombia a reforzar su política de cortar todos los vínculos entre los grupos paramilitares y los funcionarios públicos en las administraciones e instituciones en los planos regional y nacional, y toma nota de que han aumentado las investigaciones realizadas por el Estado. La Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a redoblar sus esfuerzos para investigar esas denuncias y para enjuiciar a ese personal en los tribunales civiles y pide al Gobierno que haga pleno uso de todas las facultades jurídicas de que dispone para asegurarse de que se adopten medidas de suspensión cuando las investigaciones revelen indicios significativos de connivencia con las fuerzas paramilitares. 19. La Comisión pide al Gobierno de Colombia que cumpla con firmeza su compromiso de impulsar las investigaciones sobre las denuncias relacionadas con las desapariciones forzadas, perpetradas sobre todo por grupos paramilitares pero también atribuidas a veces a las fuerzas de seguridad. La Comisión expresa su preocupación por las denuncias sobre el aumento de las detenciones arbitrarias, que pueden llevar a la estigmatización y suponer una amenaza para los miembros de la sociedad civil que han sido detenidos. 20. La Comisión expresa su satisfacción por la invitación que ha cursado el Gobierno de Colombia al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que visite Colombia el próximo mes de junio. La Comisión también toma nota de la labor realizada por la Defensoría del Pueblo, junto con otras instituciones, para establecer un mecanismo que investigue los casos de desapariciones. 21. La Comisión condena todas las infracciones del derecho internacional humanitario en Colombia e insta a todas las partes en el conflicto a que respeten el derecho internacional humanitario, en particular los principios humanitarios de distinción, limitación, proporcionalidad e inmunidad de la población civil. 22. La Comisión condena las masacres y la violencia cruel, en particular el asesinato de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre ellos cuatro niños, cometido el 21 de febrero de 2005, y hace un llamado al Gobierno de Colombia a que vele por que se realice una investigación completa de esa masacre y se enjuicie a sus autores. 23. La Comisión condena enérgicamente las constantes infracciones del cese de las hostilidades por los grupos paramilitares y el hecho de que todos los grupos armados ilegales sigan recurriendo a medios violentos y cometan graves y numerosas violaciones tales como ataques contra la población civil, agresiones indiscriminadas, homicidios, masacres, toma de rehenes o desplazamientos forzosos, reclutamiento de menores y actos de violencia contra mujeres y niñas. 24. La Comisión condena enérgicamente todos los actos de terrorismo y otros ataques criminales, como son los atentados contra la vida y la integridad física y contra la libertad y la seguridad personales, cometidos por los grupos armados ilegales. Insta encarecidamente a todos los grupos armados ilegales a que respeten el derecho internacional humanitario y no impidan a la población el ejercicio legítimo de sus derechos humanos. 25. La Comisión acoge con satisfacción las medidas sumamente positivas adoptadas por el Gobierno para cumplir la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, en especial la destrucción reciente de las minas almacenadas por el ejército. Alienta al Gobierno a proseguir la labor de desminado y sus esfuerzos encaminados a prevenir y limitar los riesgos para la población -especialmente para las personas desplazadas y que han regresado- y a reforzar los mecanismos destinados a proporcionar asistencia a las víctimas de las minas antipersonal. La Comisión exhorta a la comunidad internacional a seguir apoyando al Gobierno de Colombia para establecer programas en cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de Ottawa. La Comisión condena los ataques frecuentes e indiscriminados cometidos por los grupos armados ilegales con minas antipersonal, que han mutilado o causado la muerte a centenares de colombianos, incluidos mujeres y niños. La Comisión urge encarecidamente a todos los grupos armados ilegales a que respeten las disposiciones de la Convención y pongan fin inmediatamente al uso de minas antipersonal y destruyan sin demora todas sus existencias. 26. La Comisión condena asimismo el reclutamiento de gran número de niños por los grupos armados ilegales y encarece a esos grupos que pongan fin a esa práctica y desmovilicen inmediatamente a los niños actualmente enrolados en sus tropas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1539 (2004) de 22 de abril de 2004 del Consejo de Seguridad. La Comisión alienta al Gobierno de Colombia a que intensifique sus esfuerzos para asegurar la reintegración de todos los niños soldados en la sociedad. 27. A este respecto, la Comisión toma nota de que se han realizado algunos progresos para poner fin al reclutamiento y empleo de niños por los grupos armados ilegales. Reconoce que el programa nacional de desarme, desmovilización y reintegración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) prestó asistencia a más de 800 niños de noviembre de 2003 a diciembre de 2004 y que otros 550 niños recibieron asistencia del programa de desarme, desmovilización y reintegración de la Organización Internacional para las Migraciones destinado a los niños indígenas y afrocolombianos durante los dos últimos años, como se ha documentado en el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados (A/59/695-S/2005/72). 28. La Comisión condena enérgicamente la práctica de los secuestros, cometidos ya sea por motivos políticos o económicos. La Comisión expresa su honda preocupación por el número persistentemente elevado de personas secuestradas y deplora las consecuencias que tienen esos secuestros para las víctimas, sus familias y la sociedad en general. La Comisión insta a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas secuestradas. En este contexto, la Comisión subraya la importancia de llegar a un acuerdo humanitario que permita liberar rápidamente a las personas secuestradas y poner fin a la práctica del secuestro. La Comisión condena asimismo el hecho de que los grupos armados ilegales sigan financiando sus actividades mediante los secuestros y su participación en la producción y el tráfico de drogas ilegales. 29. La Comisión acoge con satisfacción los esfuerzos del Gobierno para asegurar la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el territorio y preparar medidas preventivas ante los riesgos que corren los grupos vulnerables, a través del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT), y reconoce que se han realizado progresos hasta la fecha a este respecto. La Comisión alienta al Gobierno a seguir reforzando y mejorando el CIAT, en particular revisando los mecanismos que ha adoptado para la evaluación de los riesgos. Alienta además al CIAT a analizar minuciosamente los informes sobre los riesgos que provocan los grupos paramilitares y guerrilleros. 30. La Comisión deplora que los defensores de los derechos humanos, entre ellos sindicalistas, organizaciones femeninas y dirigentes sociales, así como periodistas, forjadores de opinión y funcionarios locales, entre ellos miembros de partidos políticos, líderes comunitarios, funcionarios judiciales y empresarios, sigan viéndose particularmente afectados por el conflicto armado y siendo víctimas de amenazas y homicidios a manos de los grupos armados ilegales. La Comisión alienta al Gobierno a velar por que los programas para proteger a los defensores de los derechos humanos y otros grupos vulnerables sean integrales y eficaces. Reiterando su preocupación particular por el clima de hostilidad reinante en torno al trabajo de los defensores de los derechos humanos, la Comisión alienta asimismo al Gobierno a velar por que los funcionarios públicos en todos los niveles muestren el respeto que se debe a la labor individual y colectiva que realizan los defensores de los derechos humanos. La Comisión hace un llamado al Gobierno a asegurar que no se hagan declaraciones públicas que puedan poner en peligro su vida, integridad y seguridad. 31. La Comisión acoge con satisfacción el aumento de los recursos asignados al Programa de Protección de las Poblaciones Vulnerables dentro del Ministerio del Interior y de Justicia, así como la integración permanente de los programas de protección en el Plan Nacional de Desarrollo. La Comisión toma nota del diálogo constructivo entablado con la sociedad civil por el Vicepresidente en Cartagena en febrero de 2005 y expresa la esperanza de que siga reforzándose ese planteamiento. 32. La Comisión sigue hondamente preocupada por el aún extremadamente elevado número de desplazados internos y urge a los grupos armados ilegales a que se abstengan de toda acción que provoque desplazamientos. La Comisión reconoce la tendencia decreciente en el número de nuevas personas desplazadas, pero observa que ha aumentado el número total de esas personas. La Comisión insta al Gobierno de Colombia a seguir aplicando las recomendaciones del Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos y lo alienta a seguir cooperando con los órganos internacionales, especialmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La Comisión apoya los esfuerzos desplegados para hallar soluciones duraderas para una situación humanitaria que es aún grave, por ejemplo mediante el Plan Nacional de atención integral a la población desplazada, para el que se han aumentado los recursos financieros. Alienta asimismo al Gobierno de Colombia a ultimar el Plan de Acción Humanitaria y a poner urgentemente en aplicación esos dos planes. La Comisión insta a todos los grupos armados ilegales a que permitan el acceso de la ayuda humanitaria a todas las zonas del país. 33. La Comisión deplora la continua violencia cometida contra las comunidades indígenas y afrocolombianas. Expresa asimismo su grave preocupación por la situación de las comunidades indígenas y afrocolombianas sometidas a confinamiento. 34. La Comisión condena asimismo las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las minorías y comunidades indígenas e insta a todos los actores a que respeten su especial condición cultural. Exhorta a todos los grupos armados ilegales a que respeten la identidad e integridad de esas minorías y comunidades indígenas. Apoyando los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Colombia para promover y proteger los derechos de las personas pertenecientes a las minorías y comunidades indígenas, la Comisión le pide que intensifique su labor encaminada a atenuar la extrema pobreza reinante en las regiones con grandes concentraciones de minorías y comunidades indígenas. Alienta al Gobierno a adoptar medidas especiales y urgentes para defender a las comunidades indígenas que corren el riesgo de extinción y prevenir su desplazamiento forzoso. 35. La Comisión condena las constantes violaciones de los derechos de las mujeres y niñas y el clima de impunidad en que se producen esas violaciones, y subraya la necesidad de investigar, perseguir y castigar a sus autores. Condena en particular las denuncias sobre atentados cometidos contra la integridad personal y la dignidad de las mujeres y niñas, la violencia sexual y la violencia cometida por motivos de género, así como las prácticas análogas a la esclavitud, que se han atribuido principalmente a los grupos armados ilegales, pero también a los miembros de las fuerzas de seguridad. La Comisión alienta al Gobierno a adoptar una perspectiva de género, a la vez que trata de poner fin a la impunidad, y a garantizar el respeto del derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como a elaborar y poner en práctica políticas públicas para acabar con la pobreza y con las desigualdades sociales y económicas. La Comisión apoya los esfuerzos realizados por el Gobierno para establecer programas de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en las esferas de la consolidación de la paz, la seguridad, el desarrollo y la mujer rural, así como para elaborar un sistema estadístico específico para seguir de cerca la situación de las mujeres en relación con el cumplimiento de los compromisos suscritos en Beijing, y exhorta al Gobierno a poner en ejecución esos programas. Subraya además la importancia del Acuerdo Nacional para la equidad de género y de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y encarece la importancia de seguir realizando progresos en estas esferas. 36. La Comisión deplora asimismo las violaciones del derecho a la vida de los niños. Preocupada por los casos de abandono, trabajo infantil, explotación y abusos sexuales, maltrato físico y violencia intrafamiliar que siguen produciéndose, pide la adopción de una política específica para los niños a fin de poner remedio a esas situaciones. 37. La Comisión insiste en la necesidad de seguir tratando de acabar con la pobreza, la exclusión, la injusticia social y las desigualdades en la distribución de la riqueza. La Comisión apoya los esfuerzos del Gobierno de Colombia para resolver los problemas de la pobreza extrema, el analfabetismo y el desempleo y garantizar el acceso a la salud, la educación y la vivienda, y exhorta al Gobierno a que adopte una perspectiva de género en la elaboración de políticas en estas esferas. La Comisión observa con satisfacción que se ha reducido la tasa de desempleo. 38. La Comisión pide además al Gobierno de Colombia que aproveche plenamente los servicios de asesoramiento y la competencia técnica de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con miras a asegurar que las normas y medidas adoptadas por las instituciones colombianas sean coherentes con la normativa internacional de derechos humanos. La Comisión exhorta asimismo al Gobierno de Colombia a velar por el rápido cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y reafirma la necesidad de adoptar en el primer semestre de 2005 un calendario para la aplicación de esas recomendaciones. La Comisión acoge con satisfacción el compromiso del Gobierno de Colombia de colaborar en un espíritu constructivo con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a fin de examinar el grado de aplicación y la evaluación de las recomendaciones. 39. La Comisión exhorta a la comunidad internacional a que siga prestando apoyo para la pronta aplicación por todas las partes pertinentes de las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. 40. La Comisión pide a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que le presente en su 62º período de sesiones un informe detallado en el que figure un análisis de su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, con arreglo al acuerdo suscrito entre el Gobierno de Colombia y su Oficina sobre el funcionamiento de la oficina permanente en Bogotá.