Resumen de prensa del Informe Anual 2006 15 de marzo de 2007 Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, analiza la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia durante el año 2006. Su análisis concluye con la formulación de 18 recomendaciones dirigidas al Gobierno colombiano, al Congreso, a la rama judicial, a la Defensoría del Pueblo, al Registrador Nacional del Estado Civil, a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a los grupos armados ilegales. La Alta Comisionada reitera la disposición de su Oficina en Colombia de continuar trabajando de manera conjunta con todas las entidades estatales y no gubernamentales pertinentes en la implementación de estas recomendaciones. Durante 2006 se recibieron 2.138 quejas, de las cuales 1.772 fueron seleccionadas para hacer seguimiento. La Oficina transmitió a las autoridades información sobre varias de estas quejas. En el mismo lapso se realizaron 259 misiones de observación, que representaron un total de 633 días de visitas al terreno, y se prepararon 46 comunicados y 10 ruedas de prensa. El anexo III del informe recoge una descripción más detallada de las actividades de la Oficina. Recomendaciones Las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tienen sentido propositivo y buscan fortalecer los procesos y las políticas públicas que contribuyan a la vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La primera recomendación para el año 2007 se refiere a la vigencia de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en informes anteriores y a la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta y sistemática en su implementación. La Alta Comisionada reafirma que el logro de la paz es un imperativo para la sociedad colombiana, por su propio valor y como medio para profundizar el respeto y la vigencia de todos los derechos humanos. Por esta razón exhorta nuevamente a avanzar en diálogos y negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales que permitan superar el conflicto armado interno y lograr una paz duradera. Reitera la necesidad de que en esos diálogos se dé prioridad a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, particularmente los derechos de las víctimas. La Alta Comisionada insta a los grupos armados ilegales respetar las normas del derecho internacional humanitario, que se refieren principalmente a la protección de la población civil, y a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a desarrollar una política eficaz de extinción total del paramilitarismo, en cumplimiento de la cual se desmantelen las estructuras políticas y económicas de los grupos paramilitares ya desmovilizados, se haga cesar la actividad delictiva de los nuevos grupos armados ilegales aparecidos con posterioridad al proceso de desmovilización, y se sancione a los servidores públicos que con unos y otros tengan nexos de cualquier naturaleza. La Alta Comisionada alienta al poder judicial a proseguir con las investigaciones de servidores públicos y líderes políticos que tengan vínculos con paramilitares. La Alta Comisionada recomienda que se adopte la metodología para la concertación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con efectiva participación de amplios sectores de la sociedad civil y del Estado en los niveles nacional, regional y local. Asimismo, exhorta a los responsables a elaborar este Plan en un período de tiempo razonable y a las autoridades a tenerlo en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo y en los presupuestos nacionales, regionales y locales. Igualmente, la Alta Comisionada incluye una recomendación relacionada con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También enfatiza la importancia de implementar la política de lucha contra la impunidad, que debe incorporar el enfoque de género, con especial atención en el avance de las investigaciones relacionadas con los homicidios y amenazas que afectan a defensores de derechos humanos, sindicalistas, maestros y periodistas. La Alta Comisionada insta al Gobierno, al Registrador Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral a velar por que en las elecciones previstas para 2007 candidatos y electores puedan actuar con libertad, seguridad y demás condiciones que fortalecen el sistema democrático. La Alta Comisionada reconoce la misión determinante de la Defensoría del Pueblo en la salvaguarda de los derechos humanos y recomienda fortalecer el ejercicio de sus funciones. La Alta Comisionada recomienda al Congreso considerar reformas legislativas sobre hábeas data y justicia penal militar. Proceso de desmovilización y reintegración En agosto tuvo lugar la última desmovilización colectiva de paramilitares, y en diciembre se iniciaron en Barranquilla y Medellín los primeros procesos regidos por la Ley de Justicia y Paz. El Gobierno creó la Alta consejería presidencial para la reintegración social y económica de los grupos y personas alzadas en armas. En relación con el marco jurídico aplicable a la desmovilización y a la reinserción subsisten preocupaciones relacionadas con la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Para la implementación efectiva de la ley se requeriría una mayor disponibilidad de recursos y mecanismos que garanticen los derechos de las víctimas. La respuesta institucional a las víctimas, con enfoque diferencial y de género, sigue representando un reto significativo para las autoridades. Los procesos contra los desmovilizados evidenciaron que los mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas de los crímenes paramilitares son insuficientes. La Fiscalía se ha pronunciado sobre la necesidad de que el Gobierno reglamente la participación de las víctimas en tales procesos. Será necesario fortalecer los mecanismos de información a las víctimas y tomar medidas para garantizar su participación efectiva en los procedimientos judiciales contra los victimarios, incluyendo mecanismos de protección adecuados. Situación del derecho internacional humanitario Las infracciones del derecho humanitario son las que se cometen en el contexto del conflicto armado interno y son responsables de éstas quienes participan directamente de las hostilidades. La Oficina recibió numerosas quejas sobre conductas con las cuales personas que participaban directamente en las hostilidades infringieron los principios y normas humanitarios aplicables al conflicto armado interno. La mayor parte de tales infracciones fueron atribuidas a grupos armados ilegales, y en otros casos su autoría se atribuyó a integrantes de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo registró un incremento de las quejas de infracciones al derecho internacional humanitario atribuidas a grupos guerrilleros, particularmente a las FARC EP. Guerrilla Los grupos guerrilleros han persistido en la comisión de infracciones graves y sistemáticas del derecho internacional humanitario. En 2006 se les imputaron homicidios y amenazas de muerte, masacres, ataques contra la población civil, ataques indiscriminados, tomas de rehenes, actos de violencia sexual, actos de terrorismo, reclutamiento de niños y niñas, utilización de minas antipersonales, desplazamientos forzados, aislamiento de poblaciones, y ataques a la misión médica y humanitaria. Las FARC-EP, y en menor medida el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL), persistieron en la toma de rehenes particularmente en Antioquia, Arauca, Choco, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Caldas y mantuvieron en cautiverio a un número muy considerable de personas. Las FARC-EP continuaron incumpliendo la obligación de conceder el trato prescrito por el derecho internacional humanitario para las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto, como los militares y policías que se hallan en su poder desde hace varios años. Se denunciaron actos de violencia sexual atribuidos a miembros de las FARC-EP en Arauca, Cauca y Nariño, y a miembros del ELN en Norte de Santander y Valle. En Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Putumayo se registraron desplazamientos forzados por amenazas y actos de violencia atribuidos a las FARC-EP y al ELN, por enfrentamientos entre esos dos grupos, por combates entre guerrilleros y paramilitares, y por acciones bélicas entre la fuerza pública y las agrupaciones subversivas. Paramilitares Pese al compromiso de cese de hostilidades, declarado a finales de 2002, hasta la finalización del proceso de desmovilización continuaron registrándose acciones violentas de miembros de grupos paramilitares contra la población civil, fundamentalmente homicidios, amenazas y desplazamientos forzados, en Norte de Santander, Chocó, Cesar, Santander y Guajira. Actualmente las estructuras del antiguo paramilitarismo resultan más invisibles y fragmentadas, lo que dificulta su combate. Muchos desmovilizados y no desmovilizados estarían optando por seguir delinquiendo. Los resultados más visibles de este fenómeno son la aparición de nuevos grupos armados ilegales, el incremento de los índices de delincuencia en numerosas ciudades y el mantenimiento del narcotráfico y sus estructuras. En regiones como Cesar, Meta y Córdoba, se ha denunciado la presencia de reductos de frentes o bloques que oficialmente se desmovilizaron, pero que continúan desarrollando las mismas actividades delictivas, y en Nariño la presencia del nuevo grupo Autodefensas Campesinas-Organización Nueva Generación, es motivo de fuerte preocupación. Así mismo, en regiones como Nariño o sur del Cesar se han conocido situaciones que reflejan claros nexos entre miembros de la fuerza pública y nuevos grupos al margen de la ley. Fuerza pública Todas las unidades militares y policiales continuaron realizando importantes esfuerzos para capacitar a sus miembros en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Sin embargo, estas iniciativas no impidieron que algunos integrantes de la fuerza pública persistieran en actitudes de estigmatización de la población civil rural, considerándola colaboradora voluntaria de los grupos subversivos. Esta actitud dio lugar a conductas constitutivas de graves infracciones del derecho internacional humanitario que contribuyen a crear condiciones de riesgo y de extrema vulnerabilidad para los civiles. Se registraron quejas de actos de violencia sexual atribuidos a miembros de la fuerza pública, en Antioquia, Arauca, Bolívar, Valle y Nariño. También se denunciaron casos de inobservancia del principio humanitario de distinción atribuidos a miembros de la fuerza pública, en particular del ejército, en Cauca, Chocó, Putumayo y Valle. Situación de los derechos humanos Según el derecho internacional, las violaciones de los derechos humanos son las conductas contrarias a los tratados internacionales (que contienen obligaciones para los Estados) cometidas por servidores públicos. Las conductas de los particulares violan los tratados de derechos humanos cuando cuentan con la tolerancia de las autoridades. El contexto de violencia y conflicto armado que vive Colombia siguió afectando el goce de los derechos y libertades fundamentales, y dificultando la actuación de las autoridades en materia de prevención y protección. La situación de derechos humanos sigue crítica en varias regiones del país, y caracterizada por violaciones numerosas y frecuentes de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personales, y al debido proceso y las garantías judiciales. La Defensoría del Pueblo registró un incremento de quejas de violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de la fuerza pública, particularmente del ejército y de la policía. Entre esas violaciones, atribuidas a servidores públicos y a particulares que obraban con su apoyo, tolerancia o aquiescencia, se registraron ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones ilegales o arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Las víctimas de tales violaciones fueron, entre otras personas, miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, niños y niñas, sindicalistas, periodistas y personas desplazadas. En 2006 se continuaron registrando homicidios con características de ejecución extrajudicial atribuidos a miembros de la fuerza pública, en particular del ejército. La Oficina observó un incremento en el número de quejas recibidas con respecto a 2005. Estas conductas se registraron en 21 departamentos y muchos de los casos presentan tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar. Esta gravísima violación de los derechos humanos no está circunscrita a una sola unidad militar pues afecta a distintas unidades distribuidas en gran parte del territorio nacional, lo que exige la adopción de medidas de alcance general. Por su magnitud y extensión territorial, los homicidios con carácter de ejecución extrajudicial no parecen constituir hechos aislados, sino conductas que tienden a generalizarse. En la interlocución entre las autoridades y la Oficina se planteó la necesidad de reflexionar sobre los mecanismos de aplicación de la Política de defensa y seguridad democrática que podrían estar teniendo efectos negativos en las actuaciones de algunos integrantes de la fuerza pública. Una interpretación inadecuada de los requerimientos de resultados en la lucha contra los grupos al margen de la ley puede ser uno de los factores de incidencia en la comisión de conductas criminosas por parte de ciertos efectivos. El Gobierno señaló su interés en trabajar en una propuesta de revisión de los parámetros que en la actualidad se aplican para medir los resultados operacionales. En cuanto a la responsabilidad de servidores públicos por nexos con grupos paramilitares, la Oficina en Colombia destaca como positivo el hecho de que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía estén desarrollando investigaciones, y confía en que se avance en el esclarecimiento de la gran mayoría de los casos que aún se hallan en la impunidad. En este ámbito los retos continúan siendo significativos, como lo demostró la información divulgada tras la incautación por la Fiscalía de un computador perteneciente a un ex paramilitar del Bloque Norte, que reveló la comisión por paramilitares de cientos de homicidios en el departamento del Atlántico, su carácter sistemático y la impunidad con que se ejecutaban, en ocasiones con la omisión, tolerancia o complicidad de miembros de la fuerza pública. Persistieron las amenazas contra miembros de organizaciones sindicales, periodistas, maestros y defensores de derechos humanos. En algunas regiones del país, los defensores de derechos humanos y sus organizaciones han sufrido restricciones a su trabajo como consecuencia de las amenazas recibidas, encontrándose situaciones muy preocupantes en los departamentos de Atlántico y Arauca. La superación de la impunidad continúa demandando esfuerzos significativos. Es necesario profundizar la investigación y sanción de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que siguen sin ser investigadas en el país. La Oficina conoció casos de violaciones del derecho al debido proceso que se referían a la aplicación indebida del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, a la vulneración de la presunción de inocencia, y a la inobservancia de las garantías judiciales. La administración de justicia siguió afectada por persistentes fenómenos de falta de denuncia, lentitud en los procedimientos, morosidad en la toma de decisiones y varias situaciones que comprometieron la independencia judicial. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, continuaron dándose preocupantes índices de pobreza, inequidad, desempleo y desnutrición. A pesar de los avances realizados en la atención de las personas desplazadas, su situación siguió siendo preocupante. La Corte Constitucional dictaminó que con respecto a la población desplazada persisten el estado de cosas inconstitucional y la grave crisis humanitaria. Es necesario avanzar en la implementación de soluciones duraderas con enfoque diferencial y de género, y prestar especial atención al derecho de las personas desplazadas a la reparación y, en particular, a la restitución de bienes. Avances La Alta Comisionada ha podido observar un mayor compromiso de las autoridades colombianas para alcanzar los objetivos de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia, así como también un mayor esfuerzo para valorar el impacto concreto de aquéllas. Al final del año el cuadro de implementación era todavía variado, particularmente en el caso de las recomendaciones sobre la revisión de los archivos de inteligencia, la reducción de los índices de impunidad, la cesación de vínculos entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares, y la mejoría de la calidad de las estadísticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. En términos de administración de justicia, se destaca la adopción de una política de lucha contra la impunidad y el anuncio por parte del Gobierno de una reforma sustancial del sistema de justicia penal militar. Se destacan también algunas decisiones judiciales que representan importantes pasos para evitar la impunidad, entre ellas, el inicio por la Corte Suprema de Justicia de investigaciones de congresistas por supuestos vínculos con paramilitares, y el procesamiento por la Fiscalía de varios servidores públicos. Estas actuaciones judiciales contribuyen a robustecer el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. El Gobierno formuló una política para la erradicación de la pobreza y la desigualdad con la cual busca dar protección social a 1.500.000 familias vulnerables, incluidas 300.000 familias desplazadas. En materia legislativa cabe destacar la promulgación de la Ley estatutaria de hábeas corpus y del Código de la Infancia y la Adolescencia y de la reforma al sistema de seguridad social cuyo objetivo es garantizar la cobertura universal del servicio de salud para el año 2009. La Alta Comisionada confía en que el Estado colombiano seguirá trabajando para garantizar la protección de las personas y la prevención de las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. Así mismo alienta a la sociedad civil a seguir trabajando con espíritu constructivo en favor de la vigencia de los derechos humanos en Colombia. Finalmente, invita a la comunidad internacional a continuar dando su respaldo político, su cooperación técnica y su asistencia financiera para que las distintas instituciones del Estado, las ONG y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado contribuyan, de manera efectiva, a la implementación de las recomendaciones formuladas y a la transformación positiva de la situación de los derechos humanos, considerando el valor de éstos para el logro de la paz.