Este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia cubre el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002, y responde a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos durante su 58º período de sesiones.

Contexto nacional:

El informe analiza el contexto nacional y pasa revista a los factores de orden político, militar, económico, social e institucional que a lo largo del año 2002 plantearon a Colombia múltiples problemas, dificultades y retos en relación con el mantenimiento de los principios del Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la observancia de la normativa internacional humanitaria. Entre esos factores figuran la interrupción de los procesos de paz entre el Gobierno del Presidente Pastrana y las FARC-EP y el ELN, respectivamente, la incidencia que en la degradación del conflicto armado han tenido las acciones violentas, muchas de ellas de un corte terrorista, tanto por parte de los grupos guerrilleros como por parte de los grupos paramilitares, la persistencia de denuncias e informaciones sobre nexos entre servidores públicos y organizaciones paramilitares, y los obstáculos que para el cabal ejercicio de los derechos políticos han constituido las presiones ejercidas sobre candidatos y sufragantes por los grupos ilegales al margen de la ley. Las elecciones de marzo para el Congreso y las elecciones presidenciales en mayo fueron dos importantes puntos de referencia en el panorama político de 2002, que permitieron observar la situación de derechos humanos en los últimos meses del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana y los primeros cien días del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe.

Otros factores analizados son la adopción y el desarrollo de la política de seguridad por parte del gobierno del nuevo gobierno, que comenzó el 7 de agosto, las medidas adoptadas a raíz de la declaratoria del estado de conmoción interior, la preparación de la convocatoria del referendo constitucional para el año 2003, las gestiones en pro de la iniciación de un diálogo con grupos paramilitares, y las dificultades que el país afronta en materia de endeudamiento, déficit fiscal y realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales.

Al terminar el año se percibió una serie de desafíos en el contexto nacional. Para sólo mencionar algunos, cabe referirse a la degradación incesante del conflicto armado, y a las dificultades para emprender un proceso gradual de solución política del mismo a través de negociaciones de paz adecuadamente estructuradas. A este respecto parece evidente que los buenos oficios del Secretario General de la ONU, a través de su asesor especial, deben ser considerados tanto para retomar el proceso de acercamiento entre el gobierno y las FARC-EP como para el diálogo entre el gobierno y el ELN.

Otro desafío es el relativo a los contactos, el diálogo y una posible negociación entre el gobierno y los grupos paramilitares. Parece necesario hacer claridad sobre cuáles de las condiciones planteadas por los dirigentes de las AUC pueden aceptarse sin desmedro del Estado de derecho y sin menosprecio por los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Otro reto para el gobierno y los sectores económicos del país sigue siendo el que plantea la necesidad de que los dos contribuyan, dando pleno cumplimiento a las exigencias planteadas por los derechos económicos, sociales y culturales, a un mejor funcionamiento de la economía que permita disminuir la inequidad existente.

Igualmente importante para el gobierno, para el Congreso y para los sectores democráticos del país es el reto de buscar y encontrar mayores grados de concertación y apoyo mutuo en la tarea de promover y proteger los derechos humanos. En particular, el Ejecutivo y el Legislativo se hallan ante el desafío de asegurar que toda propuesta normativa en materia de protección del orden público, administración de justicia y funcionamiento de los órganos de control sea respetuosa de los instrumentos adoptados por la comunidad internacional para garantizar un ejercicio democrático del poder y una efectiva puesta en práctica de los derechos y libertades fundamentales de la persona.

Conflicto armado interno:

El informe destaca la alta y grave incidencia del conflicto armado sobre la situación de los derechos humanos en el país y los desafíos que el mismo impone al Estado para responder eficazmente a la crisis humanitaria. Señala asimismo la notable degradación del conflicto armado y la crueldad creciente de los métodos de combate utilizados por los grupos armados ilegales, lo cual ha agravado la vulnerabilidad de la población civil. A este respecto analiza la actuación de los grupos guerrilleros, de los grupos paramilitares y de la fuerza pública. Se destaca la importancia de un proceso de negociación de paz, estructurada con parámetros y criterios adecuados, que plantee perspectivas ciertas de progreso y que incorpore tempranamente compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

Situación de los derechos humanos:

El informe reconoce que factores como la degradación del conflicto armado, el narcotráfico y la crisis económica, han incidido en el agravamiento de la situación de los derechos humanos y en la capacidad del Estado para proteger y garantizar los mismos. Las conductas criminales de los grupos armados ilegales hicieron patente su irrespeto por los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la libertad individual. Sus reiterados ataques a la infraestructura pública multiplicaron los desafíos del Estado para dar una respuesta efectiva a la crítica situación. También señala que el nuevo gobierno ha manifestado su propósito de cumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Entre los logros estatales en ese campo, el informe destaca asuntos como el de la ratificación de varios instrumentos internacionales, de los avances relativos a la coordinación institucional y al sistema único de registro de la población desplazada, el de la jurisprudencia garantista de la Corte Constitucional, y el interés de varias instituciones públicas por fortalecer la cooperación con la Oficina, como por ejemplo la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, y el Senado de la República.

El informe califica la situación de los derechos civiles y políticos de crítica, y señala que a lo largo del año 2002 ella se ha caracterizado por violaciones graves, masivas y sistemáticas de esos derechos, constituyendo muchas de ellas crímenes contra la humanidad. Se registraron ejecuciones extrajudiciales (masacres y homicidios de carácter individual o selectivo), actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, acciones que implicaron empleo desproporcionado de la fuerza, desapariciones forzadas, detenciones ilegales o arbitrarias, impedimentos ilegítimos al libre tránsito interno, desplazamientos forzados, injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y el domicilio, y atentados contra el debido proceso y las garantías judiciales. El informe señala que los autores de esas violaciones fueron servidores públicos comprometidos en graves abusos de poder, en omisión o en abierta connivencia con el paramilitarismo.

El informe da cuenta de un aumento significativo de denuncias de violaciones atribuidas directamente a miembros de la fuerza pública, en comparación con el año 2001. Muchas de estas conductas se realizaron en desarrollo de la política de seguridad del nuevo gobierno, y en particular en aplicación de las normas adoptadas en el marco del estado de conmoción interior declarado en agosto. Varias de estas conductas se realizaron con el acompañamiento o la autorización de agentes de la Fiscalía General de la Nación.

En el análisis de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia, el informe da cuenta de problemas como el de la profunda exclusión económica y social, el del alto grado de pobreza y el de la amplia brecha de inequidad, manifestados en altos niveles de desempleo, cobertura insuficiente en el campo educativo, graves fallas en la prestación de los servicios de salud y seguridad social, y fuerte reducción del número de viviendas subsidiadas por el Estado.

También identifica el informe las dificultades específicas que afectan el reconocimiento y la garantía de los derechos de la mujer y de los derechos del niño y de la niña. A pesar de algunos avances legislativos, destaca en particular la ausencia de una política integral en materia de género, el mantenimiento de formas sexistas de discriminación y marginación, y la persistencia de la violencia sexual e intrafamiliar.

Situación del derecho internacional humanitario (DIH):

El informe da cuenta del sensible aumento de los crímenes de guerra y del alto índice de victimización de los miembros de la población civil en comparación con el año 2001. Varios de esos actos podrían constituir crímenes contra la humanidad. Entre las principales infracciones del DIH, muchas de ellas recurrentes y masivas, menciona los homicidios, las amenazas de muerte, los ataques a la población civil, los ataques indiscriminados, los actos de terrorismo, los atentados contra la dignidad personal, la toma de rehenes, el desplazamiento forzado, los atentados contra la misión médica, los ataques a bienes civiles y el empleo de minas antipersonales. En esta sección se estudia también la situación de los niños y mujeres víctimas de la contienda armada. El informe señala como responsable de la mayor parte de las conductas infractoras a los miembros de los grupos guerrilleros y paramilitares. Sin embargo, hace notar que durante el período por él cubierto aumentaron las denuncias de infracciones de la preceptiva humanitaria por integrantes de la fuerza pública.

El informe señala la degradación del conflicto armado ha contribuido poderosamente la utilización de algunos métodos y medios de guerra prohibidos por el DIH, así como el cambio de estrategia de los grupos armados ilegales. Entre ellos, destaca los ataques a la población civil y el empleo creciente del terror por parte de los grupos armados ilegales y, particularmente, de las FARC-EP.

Áreas de especial preocupación o importancia:

El informe analiza varias áreas de especial preocupación o importancia para el Alto Comisionado. Entre ellas figuran el mantenimiento del Estado de derecho y la adopción y ejecución de la política de seguridad, las medidas de conmoción interior, la actuación de la fuerza pública en las zonas de rehabilitación y consolidación, la situación de la antigua zona de despeje, el auge y el fortalecimiento de los grupos paramilitares, las falencias de la administración de justicia y las contradicciones en la lucha contra la impunidad, las insatisfactorias condiciones de la población carcelaria, el desplazamiento forzado, la victimización de los grupos étnicos, la crítica situación de los defensores de los derechos humanos y de otros miembros de grupos vulnerables, y los problemas existentes para el pleno ejercicio de las libertades fundamentales (libertad sindical, libertad de opinión y de expresión, libertad de conciencia y de religión, y derechos políticos).

El informe señala que el Estado aún no cuenta con una política efectiva y coherente en materia de derechos humanos y DIH. Esta carencia se manifiesta en la debilidad de sus políticas preventivas, lo cual contribuye a agravar la crisis en uno y otro campo. Esto ha incidido en el aumento significativo de personas desplazadas, así como en la mayor vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos afectados por intimidaciones, amenazas, ataques y estigmatizaciones aún por parte de servidores públicos.

Entre las materias de especial preocupación el informe destaca factores y condiciones que tienden a debilitar el Estado de derecho, manifestado en recurrentes problemas o crisis de gobernabilidad y en repetidas fallas en la aplicación del principio del imperio de la ley. La tendencia se ve reflejada en la injerencia en las funciones públicas de integrantes de grupos paramilitares y en la continuidad de nexos entre servidores públicos y miembros de esos grupos. También tiende a contribuir negativamente la adopción prioritaria de ciertas políticas represivas y militares en detrimento de la institucionalidad civil. El informe se refiere a la adopción e implementación de disposiciones incompatibles con las normas internacionales y la Constitución Nacional, como varias de las contenidas en el Decreto 2002 sancionado en el marco del estado de excepción. La atribución de funciones de policía judicial a los militares y la restricción arbitraria de derechos y libertades fundamentales estuvieron entre los principales motivos de preocupación en ese campo.

Otra materia de preocupación ha sido la actuación de instituciones que comprometen la independencia y la imparcialidad judicial. Como ejemplo de esto puede señalarse decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en lo referente al despido y traslado de fiscales, en la posición del Fiscal General ante el ejercicio de funciones de policía judicial por miembros de las fuerzas militares, y en el apoyo del mismo alto funcionario a medidas de control del orden público que luego la Corte Constitucional declaró contrarias a la Constitución.

Seguimiento de las recomendaciones internacionales:

El informe da seguimiento a las recomendaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos, conflicto armado, Estado de derecho e impunidad, ratificación de instrumentos internacionales, adecuación de la normativa interna a los principios y reglas de carácter internacional, adopción de medidas en pro de los derechos económicos, sociales y culturales, promoción de una cultura de derechos humanos, y asesoría y cooperación técnica. El informe constata que no se han registrado progresos significativos en la aplicación de muchas de esas recomendaciones. No obstante, destaca como positivos la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (a pesar de la salvedad sobre los crímenes de guerra), la adopción de la ley que crea el tipo penal de trata de personas, la evaluación de los programas de protección del Ministerio del Interior, la adopción de la ley para dar cumplimiento a la Convención de Ottawa y la creación del Observatorio de Minas Antipersonal, así como la adopción de medidas para ampliar la cobertura territorial del sistema de alerta temprana y fortalecer la participación gubernamental en el mismo.

Actividades de la Oficina en Colombia:

El informe dedica una sección para resumir las actividades cumplidas durante 2002, en ejercicio de las funciones de observación, asesoría legal, promoción y difusión, y cooperación técnica señaladas en su mandato, por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De este mandato se han beneficiado varias instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, que han recibido con interés la asesoría y cooperación de la Oficina en el propósito de fortalecer su actuación institucional en derechos humanos. También fueron destinatarias de las actividades de la Oficina las organizaciones de la sociedad civil. La Oficina ha podido iniciar con el nuevo gobierno, en particular con la Vicepresidencia de la República y la Cancillería, una interlocución frecuente y fluida. En octubre asumió sus funciones el nuevo Director de la Oficina.

Recomendaciones:

El informe finaliza con una serie de recomendaciones concretas y prioritarias del Alto Comisionado en materia de derechos humanos y DIH para el año 2003, con la convicción de que la aplicación de ellas podría contribuir sensiblemente a mejorar la situación en Colombia. Las recomendaciones cubren materias importantes como la prevención y la protección, el conflicto armado interno, el Estado de derecho y la impunidad, las políticas económicas y sociales, la promoción de una cultura de derechos humanos y el asesoramiento y la cooperación técnica de la Oficina. Los destinatarios de esas recomendaciones son las autoridades nacionales, todas las partes en el conflicto armado interno y los sectores representativos de la sociedad civil. (1)

(1) Las recomendaciones se encuentran reproducidas textualmente en la primera parte de este documento.

-Si desea acceder al Informe completo consulte la página web de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos www.hchr.org.co. Puede también solicitarlo al correo electrónico oacnudh@hchr.org.co o recogerlo en la siguiente dirección calle 114 No 9-45 . Torre B, oficina 1101. Bogotá)

MAPA ANEXO DEL INFORME