Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

DOCUMENTOS

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS, COLOMBIA 2005 Contenidos en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en la Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos www.hchr.org.co Mayo 2005 Indice Introducción...................................................................................................3 Resumen Ejecutivo del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia 2003...................................5 Recomendaciones para el año 2005................................................................10 Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas...................................................16 Mapa de Colombia división política y territorial..............................................26 Introducción Este documento contiene el resumen ejecutivo del Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004), sobre Colombia, las 27 recomendaciones del mismo Informe y la Declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, este último documento es un texto consensuado entre la Comisión y el Gobierno colombiano. Con base en la observación analítica, la Alta Comisionada elabora un informe Anual, desde 1997. Este reporte es entregado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y contiene observaciones sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia; además hace recomendaciones concretas y prioritarias para el año 2005. Estas recomendaciones, que no son exhaustivas, se agrupan bajo los siguientes seis grupos: -Prevención y protección -Conflicto armado interno -Estado de derecho y la impunidad -Políticas económicas y sociales -Promoción de una cultura de derechos humanos -Asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina Las recomendaciones se dirigen a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a las partes en el conflicto armado interno, a los sectores representativos de la sociedad civil y a la comunidad internacional. La Alta Comisionada tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora si las recomendaciones se aplican durante el año 2005. La Alta Comisionada también espera que las recomendaciones sean asimiladas por la Iglesia, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los académicos, las víctimas y, por supuesto, la mayor cantidad posible de colombianos. Además del resumen ejecutivo del Informe y de las recomendaciones este documento recoge la Declaración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, del 21 de abril de 2005. La Declaración refleja el consenso logrado entre los países integrantes de la Comisión y el Gobierno de Colombia. Este texto expresa los compromisos adquiridos y la agenda para la implementación de los mismos. El Informe completo puede ser consultado en la página Web www.hchr.org.co La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en el país desde 1997, y se estableció con base en un acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y el Alto Comisionado. En agosto de 2002, el Presidente Álvaro Uribe Vélez solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos extender el periodo de la Oficina durante cuatro años más, hasta octubre de 2006, petición que fue aceptada. Según el acuerdo, la Oficina en Colombia tiene como Mandato cuatro tareas principales: 1. Observar, sistemática y analíticamente, la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en todo el país. 2. Ofrecer asesoría en estos temas, tanto al Gobierno como a las autoridades del Estado y a la sociedad civil, y velar por que todo proyecto de ley que incluya temas de derechos humanos sea respetuoso de los instrumentos internacionales en la materia. 3. Ofrecer cooperación técnica al Gobierno, a las autoridades del Estado, a las instituciones que manejan el tema y a la sociedad civil interesada. 4. Informar, difundir y promover los derechos humanos y el derecho internacional humanitario entre los colombianos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene su sede en Ginebra, Suiza, y cuenta con representaciones en aproximadamente 30 países del mundo. La nueva Alta Comisionada es, desde julio de 2004, la doctora Louise Arbour. En Colombia el Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene su sede en Bogotá y, es desde octubre de 2002, el señor Michael Frühling. Además, la Oficina cuenta con sub-oficinas en las ciudades de Bucaramanga, Cali y Medellín. Oficina en Bogotá Calle 114 # 9-45, Torre B, oficina 1101. Teleport Business Park Tel (571) 658 33 00 Fax (571) 658 33 01 Sub-Oficina Bucaramanga Carrera 29 No. 45 -94, Oficina 808 Centro Empresarial Seguros Atlas Tel (7)643 38 81 Fax (7) 657 26 47 Sub-Oficina Cali Calle 21 Norte No. 6N-14, Oficina 307. Edificio Interbanco Tel (2) 660 0711 Fax (2) 660 07 15 Sub-Oficina Medellín Calle 7 No. 39 -215, Oficina 302. Edificio Granahorrar Tel (4) 268 29 91 Fax 3118740 Resumen Ejecutivo Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia (2004) El presente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia cubre el año 2004 y responde a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos durante su 60.º período de sesiones. El informe contiene cinco capítulos cuyo contenido se resume abajo. También hay cuatro anexos que tratan sobre las actividades de la oficina en Colombia del Alto Comisionado; casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; situación de grupos particularmente vulnerables; y notas sobre estadísticas. Contexto nacional y evolución del conflicto armado interno Durante el año 2004 la atención pública se concentró, principalmente, en el debate por la reelección presidencial, en las negociaciones con grupos paramilitares, y en los intentos para lograr un intercambio humanitario entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La reforma del sector justicia y las iniciativas relacionadas con la agenda social fueron otros temas que se debatieron públicamente. Al comienzo de 2004 el Gobierno acordó con la Organización de los Estados Americanos (OEA) la apertura de la Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA). El Gobierno dio prioridad a la desmovilización de los miembros de grupos armados al margen de la ley, y a las negociaciones con los grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aun sin contar con un marco jurídico adecuado que garantizara, en concordancia con las normas internacionales, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. A finales de 2004 se inició la desmovilización de alrededor de 3.000 integrantes de las AUC. No hubo avances significativos en materia de negociaciones de paz entre el Gobierno y, respectivamente, las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Secretario General de las Naciones Unidas continuó con sus buenos oficios. Otros países ofrecieron también sus servicios. Fue evidente como los grupos paramilitares continuaron, a pesar del cese de hostilidades declarado por ellos y la desaparición de su tradicional líder, Carlos Castaño, su expansión y consolidación, incluyendo su inserción social e institucional a nivel local y regional, así como con su estrecha vinculación con el narcotráfico. La evolución del conflicto armado interno se caracterizó por la consolidación de la presencia de la fuerza pública en las cabeceras municipales, y por el repliegue de las FARC-EP y el ELN. A partir de abril de 2004 se puso en marcha el llamado Plan Patriota en el sur del país, la más grande operación militar en la historia moderna colombiana, cuyos objetivos declarados fueron golpear a las FARC-EP en su retaguardia y capturar a sus principales jefes. La fuerza pública golpeó a grupos paramilitares, pero en proporciones menores en comparación con las acciones dirigidas contra las FARC-EP. Las FARC-EP y el ELN llevaron a cabo una serie de ataques contra la población civil durante 2004, incluyendo, por parte del primer grupo, varias masacres de civiles y secuestros. En ocasiones se notaron actuaciones conjuntas entre las FARC-EP y el ELN. Hubo reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno que desconocieron la existencia de un conflicto armado interno y afirmaron la existencia exclusiva de una amenaza terrorista contra la sociedad colombiana. El Gobierno y la Fiscalía General continuaron utilizando procedimientos masivos y sistemáticos de allanamientos y detenciones sin los fundamentos probatorios adecuados, muchas veces basados en informes de desmovilizados o reinsertados y en los archivos de inteligencia militar. Durante 2004 siguieron bajando, a nivel nacional y en comparación con el año 2003, algunos indicadores importantes de violencia, como homicidios en general, masacres y secuestros. A pesar de esta disminución, siguen siendo altas las cifras. Con referencia a la población desplazada por la violencia se pudo observar que, aunque el número de nuevos desplazados durante 2004 disminuyó en comparación con el año 2003, aumentó el número total de personas desplazadas en el país. Se formularon varias propuestas sobre un intercambio humanitario para lograr la liberación de las muchas personas civiles secuestradas y militares y policías en poder de las FARC-EP. Ninguna de las propuestas logró concretarse. Políticas públicas e implementación de las recomendaciones En materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario se notaron algunos logros y avances, pero también dificultades y contradicciones. En comparación con 2003, en el segundo semestre de 2004 se demostró más interés por parte de varias dependencias del Estado en cuanto a las recomendaciones del Alto Comisionado. Hubo una mayor apertura e intensificación de la interlocución por parte del Gobierno con representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. A la vez, el proceso de implementación fue menos consistente de lo deseado y necesario dada la gravedad de las problemáticas y el grado limitado de ejecución de las recomendaciones, considerando que en 2004 estas fueron similares a las formuladas en 2003 y en años anteriores. Al final del año 2004 se pudo observar que el cuadro de implementación de las recomendaciones por parte del Estado era mixto y muy variado, lo cual también tuvo sus efectos en cuanto a la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los grupos armados al margen de la ley continuaron incumpliendo sus obligaciones humanitarias y desatendiendo las recomendaciones de la Alta Comisionada. En la aplicación de la política de seguridad del Gobierno se notaron inconsistencias entre sus objetivos y los métodos utilizados lo cual tuvo efectos sobre sectores de la población civil. Se registraron acciones positivas en materia de prevención y de protección, incluyendo el fortalecimiento del mecanismo de defensores comunitarios, y del Sistema de Alertas Tempranas, así como de los programas de protección a grupos vulnerables del Ministerio del Interior. Persistieron debilidades en las respuestas estatales a las alertas, así como en la disminución de los factores de riesgos sobre los grupos vulnerables. El Gobierno adoptó medidas positivas para la destrucción de las minas antipersonales almacenadas. Las Fuerzas Militares, en ocasiones, realizaron operaciones en las que inobservaron los principios humanitarios. La Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma el llamado Estatuto Antiterrorista, cuya incompatibilidad con las normas internacionales señaló, en su momento, la Alta Comisionada. Se registraron algunas acciones positivas en la lucha contra la impunidad por parte del Comité de impulso, pero sigue requiriendo de mayores medidas y compromisos sostenidos en el tiempo. Pudo observarse la precariedad de la política de lucha contra el paramilitarismo, y en particular contra sus estructuras, incluyendo los nexos entre miembros de la fuerza pública y otros servidores públicos y esos grupos. En relación con las negociaciones con las AUC fue evidente la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado. La política económica y social adoptada por el Gobierno no permitió asegurar avances necesarios en la disminución de la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza, disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y aumentar el acceso a la salud y a la vivienda. Se realizaron actividades para elaborar un plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha continuado asesorando al Gobierno, al Estado y a la sociedad en general en la implementación de las recomendaciones. Es de esperar un aprovechamiento mayor e integral de la cooperación y la asesoría de la oficina. Situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario Continuaron registrándose violaciones de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al debido proceso, y a la vida privada e intimidad, así como a las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. En materia de derechos económicos, sociales y culturales no se evidenciaron avances significativos. Se observó que hace falta un sistema estadístico oficial que recoja más adecuadamente las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. La situación de derechos humanos siguió siendo crítica. Hubo un aumento de denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública y a otros servidores públicos. Continuaron siendo altos los de torturas y desapariciones forzadas. Fueron notables las denuncias de detenciones y allanamientos sin los fundamentos jurídicos adecuados, por parte de miembros del Ejército y de la Fiscalía. También hubo casos de manipulación de pruebas y de testigos. La continuidad de los nexos entre servidores públicos y grupos armados ilegales, en particular paramilitares, se puso de manifiesto en varias denuncias en las que se atribuyó responsabilidad estatal por acción directa u omisión. Persistió la precariedad de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente para los grupos y regiones más vulnerables del país, y en particular en cuanto al acceso, la disponibilidad, la permanencia y el goce de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, y a la vivienda. Continuó la tendencia de disminución respecto de varios índices de infracciones al derecho internacional humanitario, en especial, de homicidio colectivo y la toma de rehenes, aunque los mismos siguen siendo altos. Los grupos paramilitares no respetaron el cese de hostilidades. Los grupos armados al margen de la ley, particularmente las FARC-EP y los paramilitares, siguieron cometiendo graves y numerosas infracciones como ataques a la población civil, ataques indiscriminados, homicidios, masacres, toma de rehenes, actos de terrorismo, desplazamientos forzados, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de menores, y esclavitud y atentados contra la dignidad personal de las mujeres y niñas, como los actos de violencia sexual. Hubo denuncias de infracciones que se atribuyeron a miembros de la fuerza pública, en particular a miembros del Ejército, por homicidios, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados, y ataques a la integridad y dignidad personales de las mujeres. Situación de grupos especialmente vulnerables Varias medidas positivas en materia de protección y prevención se vieron debilitadas por las declaraciones públicas de altas autoridades de Gobierno, que en ocasiones públicamente cuestionaron la legitimidad de la labor de los defensores de derechos humanos y el trabajo de sus organizaciones. Continuó la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, incluyendo a sindicalistas, organizaciones de mujeres y otros líderes sociales, por las amenazas y acciones de los grupos armados al margen de la ley, en particular de los paramilitares. Continuó registrándose una tendencia a la baja del número de nuevos desplazados, pero el número total de personas desplazadas aumentó. Las comunidades indígenas y afrocolombianas continuaron estando amenazadas por la acción de los grupos armados al margen de la ley. Otros grupos vulnerables fueron las mujeres, los niños, los periodistas y formadores de opinión, los funcionarios públicos como los operadores judiciales, alcaldes, ex alcaldes y concejales, así como los miembros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, y las personas discriminadas por su orientación sexual como gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Recomendaciones La Alta Comisionada formula 27 recomendaciones concretas y prioritarias dirigidas a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a los sectores representativos de la sociedad civil, y a los grupos armados ilegales. Las recomendaciones son las conclusiones prácticas, con miras al futuro, del análisis hecho con base en la observación sistemática y analítica, y la interlocución con las autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. La Alta Comisionada tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría mostrar una sensible mejora si las recomendaciones se aplican en un proceso consistente e integral durante el año 2005. Conforme los dos previos años, y para subrayar el hecho de que se trata de un proceso de implementación donde se necesita coherencia en el tiempo y entre los temas, las recomendaciones están agrupadas bajo los siguientes seis rubros: prevención y protección; conflicto armado interno; Estado de derecho y la impunidad; políticas económicas y sociales; promoción de una cultura de derechos humanos; y asesoramiento y cooperación técnica, por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado. RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2005 Las recomendaciones son las conclusiones prácticas, con miras al futuro, del análisis hecho a la problemática colombiana con base en la observación sistemática y analítica, y la interlocución con las autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil. La Alta Comisionada tiene la firme convicción de que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría mostrar una sensible mejora si las recomendaciones se aplicaran en un proceso consistente e integral durante el año 2005. Conforme a los previos dos años, y para subrayar el hecho de que se trata de un proceso de implementación donde se necesita coherencia en el tiempo y entre los temas, las recomendaciones están agrupadas bajo los siguientes seis rubros: prevención y protección; conflicto armado interno; estado de derecho y la impunidad; políticas económicas y sociales; promoción de una cultura de derechos humanos; asesoramiento y cooperación técnica, por parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado A. Prevención y protección 1. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a adoptar normas que regulen la composición y las funciones del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT), y a establecer las sanciones por el no acatamiento de las alertas emitidas. También le alienta a garantizar la sostenibilidad del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del CIAT mediante oportunas apropiaciones presupuestarias. 2. La Alta Comisionada alienta al Gobierno y al Congreso a asegurar la sostenibilidad de los programas de protección de defensores de derechos humanos y de otros grupos, a cargo del Ministerio del Interior. Exhorta a que se adopten las medidas necesarias para que los servidores públicos de la rama ejecutiva guarden el respeto debido al trabajo individual y colectivo de defensores de derechos humanos, incluyendo a organizaciones de mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas, dirigentes sindicales y otros líderes sociales. Para este efecto, sugiere tipificar disciplinariamente la conducta del servidor público que con sus declaraciones ponga en peligro la vida, la integridad o la seguridad de aquéllos, y a sancionar adecuadamente a quienes incurran en tal comportamiento. 3. La Alta Comisionada alienta al Gobierno a tomar medidas especiales y urgentes en defensa de las comunidades indígenas en riesgo de extinción y a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional, en especial la T-25 de 2004, en materia de prevención y atención de los desplazados y otras comunidades en riesgo. También lo alienta a asumir la plena responsabilidad que en tales materias le compete al Estado conforme a los principios y normas internacionales. 4. La Alta Comisionada urge al Gobierno y al Congreso a que doten a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo de los recursos necesarios para que éstas puedan establecerse en aquellas zonas con alto índice de población indígena, afrocolombiana y desplazada donde aún no tienen presencia. Para tales efectos, invita al Procurador General y al Defensor del Pueblo a presentar oportunamente un plan de presencia territorial durante el primer semestre de 2005. 5. La Alta Comisionada alienta al Procurador General a establecer y llevar a cabo, en coordinación con el Ministro de Defensa, la revisión anual de los archivos de inteligencia militar sobre defensores y organizaciones de derechos humanos, con el fin de examinar la veracidad e imparcialidad de la información contenida en tales archivos y de excluir datos erróneos o tendenciosos. 6. La Alta Comisionada alienta al Ministro de Defensa a suscribir un acuerdo marco de cooperación con su oficina en Colombia para que, con base en un estudio independiente, se avance en la formación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de todos los miembros de la fuerza pública, de manera integral, sistemática y operacional. B. El conflicto armado interno 7. La Alta Comisionada insta a los jefes y demás integrantes de las FARC-EP, del ELN, de las AUC y otros grupos guerrilleros y paramilitares a que respeten los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual de todos los civiles. Los insta, en especial, a que se abstengan en todo momento de ataques contra la población civil y de ataques indiscriminados, de la práctica inaceptable del secuestro, del reclutamiento de menores, de la violencia sexual, y de los actos de terrorismo. A tales efectos, exige a los mandos impartir a todos los miembros de sus agrupaciones órdenes claras y a asegurar la observancia obligatoria de la normativa humanitaria. 8. La Alta Comisionada insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC y a los demás grupos armados ilegales a que liberen, de inmediato y sin condiciones, a todas las personas tomadas como rehenes. También los insta a que reconozcan, sin limitaciones, las garantías establecidas por la normativa humanitaria para personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto armado interno. 9. La Alta Comisionada insta a los integrantes de las FARC-EP y del ELN a que cumplan las obligaciones internacionales que prohíben el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales. 10. La Alta Comisionada insta a todos los que tienen participación directa en las hostilidades a que observen plenamente los principios humanitarios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil, y a garantizar el acceso humanitario a las poblaciones expuestas. 11. La Alta Comisionada solicita al Gobierno que considere la posibilidad de retirar la salvedad formulada al momento de ratificar el Estatuto de Roma, por la cual no se acepta durante siete años la competencia de la Corte Penal Internacional para los crímenes de guerra cometidos en Colombia. 12. La Alta Comisionada urge a cada uno de los grupos armados ilegales a poner en práctica, cuanto antes, un cese efectivo de hostilidades, correspondido por el Gobierno. Exhorta, además, que con urgencia se inicien diálogos y negociaciones entre el Gobierno y los grupos armados ilegales que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y las negociaciones deberán priorizar, desde sus inicios, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En cuanto a las negociaciones exhorta al Gobierno y al Congreso que establezcan, cuanto antes, un marco jurídico con mecanismos adecuados que reconozcan y garanticen plenamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. El marco jurídico debe tomar en cuenta debidamente la situación de la mujer y de las minorías étnicas. C. El Estado de derecho y la impunidad 13. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno y al Congreso a cumplir plenamente las obligaciones asumidas por Colombia como Estado Parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario, el Estatuto de Roma y derecho internacional del trabajo. Los alienta a ratificar los tratados internacionales pendientes, y a proceder al depósito de los instrumentos de ratificación de aquéllos que han sido aprobados internamente. Los alienta a no auspiciar cambios normativos que sean incompatibles con los instrumentos internacionales o que debiliten el control judicial de las actuaciones del Estado y el derecho a la tutela. 14. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno, al Congreso y a los órganos judiciales a que promuevan normas y mecanismos adecuados para enfrentar la problemática de la impunidad, incluyendo un enfoque de género. Solicita igualmente a las instituciones que forman parte del Comité interinstitucional de impulso de investigación de casos de violaciones de los derechos humanos a que, de forma prioritaria, coherente y sostenible, avancen en el examen de los casos seleccionados para lograr una conclusión judicial de los mismos. 15. La Alta Comisionada exhorta al Fiscal General a que ponga en marcha la carrera para los funcionarios y empleados de su dependencia; a que implemente durante 2005 las recomendaciones formuladas en el diagnóstico sobre la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; y a que promueva las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar la efectividad y eficacia del programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. También le exhorta a respetar y a garantizar la independencia de los fiscales. 16. La Alta Comisionada exhorta al Ministro de Defensa y al Fiscal General a que apliquen los principios y normas internacionales que prohíben, salvo en circunstancias de carácter excepcional, las aprehensiones y los allanamientos sin previa orden judicial, y que rigen el concepto de flagrancia. También les exhorta a que aseguren el respeto a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, así como que sancionen a los funcionarios que infringen estos principios. 17. La Alta Comisionada urge al Ministro de Defensa a que emplee la suspensión en el servicio como medida preventiva. También lo exhorta a que dé instrucciones para que los funcionarios de la jurisdicción penal militar no reclamen competencias sobre casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, u otros delitos no relacionados con el servicio. Asimismo, exhorta al Fiscal General a que dé instrucciones claras para que los fiscales no cedan competencias a la jurisdicción penal militar en casos ajenos a ese fuero. Solicita al Consejo Superior de la Judicatura que resuelva los conflictos de competencia de conformidad con la jurisprudencia constitucional y las normas internacionales. 18. La Alta Comisionada alienta al Procurador General a que ejerza con rigor el poder disciplinario preferente sobre las investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, incluyendo las que afecten a las personas privadas de la libertad. Exhorta a la Defensoría del Pueblo a que ejerza permanentemente su control sobre los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Exhorta al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a que garantice el acceso a los centros de reclusión de los abogados defensores. Se alienta al Ministerio del Interior y de Justicia y al INPEC a que integre de manera efectiva las normas de derechos humanos en sus reglamentos y prácticas y en los programas de formación de sus funcionarios, así como a implementar las recomendaciones formuladas por su oficina en el marco del proyecto de cooperación y asistencia. 19. La Alta Comisionada alienta al Fiscal General que la subunidad de investigación de presuntos nexos entre servidores públicos y grupos armados ilegales de la unidad de derechos humanos y derecho internacional humanitario concentre sus tareas en el esclarecimiento de vínculos entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública, funcionarios civiles y personas de condición privada. También alienta que esta dependencia de la Fiscalía, en coordinación con otras unidades de la misma, incluya en sus investigaciones los aspectos económicos, financieros y jurídicos de tales vínculos. Además, le solicita que se revise la estructura de los fiscales destacados ante la fuerza pública y otros organismos de seguridad. 20. La Alta Comisionada solicita al Presidente de la República que, en su condición de Jefe del Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, adopte las medidas necesarias para lograr que cese todo vínculo entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares, y para que se desmantele efectivamente las estructuras del fenómeno paramilitar. D. Políticas económicas y sociales 21. La Alta Comisionada exhorta al Congreso y al Gobierno a aplicar, con base a estadísticas actualizadas y conforme a metodologías internacionalmente reconocidas, incluyendo un enfoque de genero, una política consistente dirigida a reducir la brecha de inequidad, a enfrentar la extrema pobreza, a disminuir los índices de analfabetismo y desocupación, y a garantizar los derechos a la salud, la educación y la vivienda. La educación primaria deberá ser gratuita, y los servicios de salud y los subsidios de vivienda han de garantizarse a los sectores menos protegidos. E. Promoción de una cultura de derechos humanos 22. La Alta Comisionada alienta al Gobierno y a las organizaciones de defensores de los derechos humanos a continuar en la institucionalización de espacios estables de interlocución, tanto en el nivel nacional como en el regional, para lograr mayores grados de entendimiento y respeto, y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en todo el país. 23. La Alta Comisionada solicita al Gobierno que incorpore al borrador del plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario la agenda de temas pendientes para la implementación de las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También le solicita que el borrador del plan de acción sea concertado, a más tardar en octubre de 2005, con amplios sectores de la sociedad, e incorpore un enfoque integral de género. 24. La Alta Comisionada exhorta al Defensor del Pueblo a asumir en todo el país la tarea de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Asimismo, invita a la Ministra de Educación a finalizar y dar a conocer el plan nacional de educación en derechos humanos, e iniciar cuanto antes la implementación del mismo. F. El asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado 25. La Alta Comisionada alienta a que se desarrolle un sistema estadístico estatal que cubra adecuadamente las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario y que permita analizarlas bajo los parámetros internacionales establecidos. Para ello propone que se lleve a cabo, en el año 2005, un proyecto conjunto entre la Vicepresidencia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa, el DANE y otras dependencias estatales, ONG de derechos humanos, e instituciones académicas, con la asistencia y asesoría de su oficina en Colombia. 26. La Alta Comisionada exhorta al Estado a que implemente de manera coherente y eficaz las recomendaciones internacionales, incluidas las del presente informe. Solicita al Vicepresidente de la República, a los ministros competentes, al Alto Comisionado para la Paz y a las demás entidades estatales a coordinarse adecuadamente entre sí para lograr esa implementación. Solicita que se haga público, dentro del primer semestre de 2005, el cronograma actualizado de implementación. Los invita a utilizar la capacidad de asesoría de su oficina. 27. La Alta Comisionada invita a las ramas y órganos del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil a beneficiarse plenamente de la asesoría y cooperación técnica de su oficina en Colombia. También invita a la comunidad internacional, en particular al grupo de países que suscribieron la Declaración de Londres de julio 2003, a dar el apoyo financiero y técnico necesario para que las distintas instituciones del Estado, las ONG y su oficina, contribuyan de manera efectiva a la implementación de las recomendaciones que ella ha formulado. DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE Situación de los derechos humanos en Colombia Tema 3 Abril 21 de 2005 1. La Comisión de Derechos Humanos apoya firmemente las actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuyo mandato se prorrogó en septiembre de 2002, por iniciativa del Presidente de la República de Colombia, por un período de cuatro años hasta octubre de 2006. Esa oficina desempeña un importante papel en el trabajo contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se están cometiendo en Colombia, por medio de la observación, el asesoramiento, la cooperación técnica y las actividades de información y promoción. La Comisión expresa su satisfacción por la visita que proyecta realizar a Colombia la Alta Comisionada en mayo de 2005 por invitación del Gobierno. 2. La Comisión confía en que el Gobierno de Colombia, a través de una cooperación estrecha, seguirá promoviendo y apoyando activamente a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el desempeño de sus funciones, y exhorta al Gobierno a hacer pleno uso de los servicios de asesoramiento y de cooperación técnica de la oficina. La Comisión alienta a que se siga prestando apoyo financiero a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 3. La Comisión de Derechos Humanos celebra el informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (E/CN.4/2005/10 y Corr.1) y toma nota del documento en el que figuran las observaciones del Gobierno de Colombia sobre dicho informe (E/CN.4/2005/G/29). La Comisión expresa su satisfacción por el diálogo entablado entre la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Gobierno de Colombia, en especial la Vicepresidencia, y las autoridades nacionales y regionales. La Comisión destaca los esfuerzos del Gobierno y las instituciones estatales para lograr la aplicación de las recomendaciones de la Alta Comisionada y reconoce los progresos que se han realizado hasta la fecha. La Comisión pide al Gobierno de Colombia que prosiga en sus esfuerzos por obtener más resultados con prontitud y que vele por que las recomendaciones se integren plena y coherentemente en todas las esferas de las políticas públicas. La Comisión pide a la comunidad internacional que siga apoyando la pronta aplicación por todas las partes pertinentes de las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. 4. La Comisión acoge con satisfacción la cooperación del Gobierno de Colombia con los órganos y mecanismos de las Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión celebra la ratificación del Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Nº 182) de la OIT. La Comisión celebra también que se esté debatiendo la ratificación por Colombia del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a estudiar la posibilidad de ratificar los tratados internacionales pendientes y a proceder a la ratificación oficial de los que se han aprobado. La Comisión insta al Gobierno y al Congreso a cumplir plenamente las obligaciones asumidas por Colombia como Estado parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. La Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a hacer uso de los servicios técnicos y de asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para aplicar las recomendaciones de los mecanismos y procedimientos especiales. 5. La Comisión expresa su grave preocupación por la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular con respecto a los grupos vulnerables. La Comisión está particularmente alarmada por las denuncias de violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y seguridad, a las garantías procesales y a la vida privada y la intimidad, y expresa su preocupación por las denuncias de atentados contra las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión. La Comisión reconoce los esfuerzos del Gobierno de Colombia por reforzar el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y toma nota de los esfuerzos realizados por las instituciones estatales para investigar las violaciones de los derechos humanos. La Comisión también observa que, en 2004, los grupos armados ilegales cometieron la inmensa mayoría de las infracciones contra el derecho internacional humanitario y de los actos delictivos. 6. La Comisión insta al Gobierno de Colombia y a todos los grupos armados ilegales a que dialoguen y negocien con el fin de superar la situación de violencia derivada del conflicto con los grupos armados ilegales y lograr una paz duradera. La Comisión subraya la importancia de la verdad, la justicia y la reparación en una estrategia integral de paz que lleve a la reconciliación y a la paz duradera. 7. La Comisión reitera su apoyo al Gobierno de Colombia en su búsqueda de una solución negociada al conflicto armado interno, entre otras cosas, estableciendo contactos directos con aquellos grupos armados ilegales que estén dispuestos a poner fin a todas las hostilidades y a emprender un proceso de paz constructivo y genuino, y celebra los esfuerzos y los avances realizados hasta la fecha por el Gobierno a ese respecto. La Comisión también subraya el papel que ha desempeñado el Secretario General de las Naciones Unidas y se felicita de la intervención de la Organización de los Estados Americanos, el Gobierno de México, el grupo de países amigos y otros países, así como de la Iglesia católica, en los procesos para lograr la paz en Colombia. La Comisión también exhorta a la sociedad civil a intensificar su participación, que constituirá una importante contribución al diálogo para la paz. 8. La Comisión reafirma su apoyo a la Declaración de Londres de 10 de julio de 2003 y sus recomendaciones, así como a la Declaración de Cartagena aprobada el 3 de febrero de 2005. La Comisión es consciente de los avances y esfuerzos que ha hecho el Gobierno de Colombia por mantener el espíritu de la Declaración de Londres y lo alienta a seguir impulsando el proceso. La Comisión celebra los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia por entablar un diálogo constructivo con la sociedad civil, y el reconocimiento del importante papel que ésta desempeña. 9. La Comisión reitera su pleno apoyo al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por lograr el estado de derecho en todo el país, luchar contra la impunidad y contra el terrorismo y la producción y tráfico de sustancias estupefacientes ilícitas respetando la legalidad y los derechos humanos. La Comisión celebra que las autoridades competentes sean ahora capaces de desempeñar sus funciones en prácticamente todos los municipios; también celebra que el aumento de la presencia del Estado haya permitido a estos últimos adoptar medidas para la prevención y protección de la población civil en los centros municipales. 10. La Comisión toma nota del actual proceso de desarme y desmovilización. La Comisión insta al Gobierno y al Congreso de Colombia a establecer, tan pronto sea posible, un marco jurídico integral para el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los grupos armados ilegales en el que se reconozcan y garanticen plenamente los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Ese marco jurídico integral permitiría lograr la paz duradera en un entorno de buen gobierno, democracia, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, y conducir hacia la reconciliación nacional. En ese marco también debería reconocerse el principio de que las personas acusadas de violaciones y abusos de los derechos humanos no pueden gozar de inmunidad judicial. 11. La Comisión expresa su preocupación por los repetidos problemas relacionados con el acceso a la justicia, la independencia e imparcialidad de los jueces, las garantías judiciales y la presunción de inocencia. La Comisión hace un llamamiento al Gobierno de Colombia para que redoble sus esfuerzos por abordar la cuestión de la impunidad y tome medidas para mejorar la capacidad y la eficacia del sistema judicial. En este contexto la Comisión celebra la adopción de un nuevo procedimiento oral que agiliza los procesos penales. La Comisión subraya el importante papel que desempeña la Corte Constitucional en la defensa de los derechos humanos -tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales- la democracia y el estado de derecho. La Comisión también toma nota de la labor de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones estatales en defensa de los derechos humanos. 12. La Comisión insta al Gobierno y al Congreso de Colombia a tener en cuenta las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el proceso de reforma del sistema judicial a fin de garantizar el control judicial de las actuaciones del Estado, proporcionar garantías judiciales a los ciudadanos y velar por que no se conceda a las fuerzas militares facultades judiciales de forma incompatible con las obligaciones internacionales. La Comisión celebra las reformas introducidas por la Fiscalía General con el respaldo de los servicios de asesoramiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado y apoyo financiero de la comunidad internacional. La Comisión también exhorta a la Vicepresidencia a proseguir sus actividades en el marco de su programa de lucha contra la impunidad. La Comisión sugiere al Gobierno de Colombia que siga utilizando los servicios de asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en relación con el establecimiento de un marco adecuado para la reforma judicial que pueda contribuir a fortalecer el estado de derecho. 13. La Comisión alienta al Gobierno de Colombia a perseverar en su encomiable intención de aprobar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo alienta también a aprobar dicho Plan antes de diciembre de 2005 y toma nota con agradecimiento de los esfuerzos que despliega para preparar el Plan tras celebrar consultas abiertas y transparentes con representantes de la sociedad civil. A este respecto, la Comisión expresa su satisfacción por el acuerdo de cooperación técnica firmado por la Vicepresidencia y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 14. La Comisión alienta al Gobierno de Colombia a seguir desarrollando, según parámetros internacionales, su sistema estadístico a fin de cubrir debidamente las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario, haciendo uso de los servicios de asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado. 15. La Comisión también celebra la disminución que se ha registrado en indicadores de la violencia, como homicidios, masacres y secuestros, en comparación con los de 2003. La Comisión comparte con el Gobierno la preocupación por que el nivel y frecuencia de esos delitos sigan siendo extremadamente altos. 16. La Comisión reitera la necesidad de que todas las medidas de seguridad adoptadas con arreglo a la política de seguridad democrática sean compatibles con las obligaciones de Colombia dimanantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. La Comisión tiene en cuenta que en Colombia existen controles de los procedimientos de detención y el derecho del hábeas corpus. No obstante, también expresa su más honda preocupación por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad o a otros funcionarios públicos, por las denuncias de detenciones y allanamientos en masa llevados a cabo sin las bases jurídicas adecuadas y por la práctica de los arrestos individuales o en masa, así como por las detenciones individuales o en masa. La Comisión también expresa su honda preocupación por las denuncias del uso generalizado de la tortura y continuas desapariciones forzadas. La Comisión reconoce que el Gobierno remite esas denuncias a las autoridades competentes para que las investiguen. 17. La Comisión expresa su preocupación por el uso de información no verificada procedente de informantes. La Comisión hace un llamamiento al Gobierno de Colombia para que no use información que no haya sido debidamente verificada. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha establecido un sistema para someter la información facilitada por informantes a procedimientos de verificación. 18. La Comisión expresa su honda preocupación por las denuncias recibidas de que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido infracciones del derecho internacional humanitario. La Comisión expresa su honda preocupación por las denuncias de casos de apoyo, connivencia o complicidad de agentes del Estado con grupos paramilitares, y alienta al Gobierno de Colombia a reforzar su política de cortar todos los vínculos entre los grupos paramilitares y los funcionarios públicos en las administraciones e instituciones en los planos regional y nacional, y toma nota de que han aumentado las investigaciones realizadas por el Estado. La Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a redoblar sus esfuerzos para investigar esas denuncias y para enjuiciar a ese personal en los tribunales civiles y pide al Gobierno que haga pleno uso de todas las facultades jurídicas de que dispone para asegurarse de que se adopten medidas de suspensión cuando las investigaciones revelen indicios significativos de connivencia con las fuerzas paramilitares. 19. La Comisión pide al Gobierno de Colombia que cumpla con firmeza su compromiso de impulsar las investigaciones sobre las denuncias relacionadas con las desapariciones forzadas, perpetradas sobre todo por grupos paramilitares pero también atribuidas a veces a las fuerzas de seguridad. La Comisión expresa su preocupación por las denuncias sobre el aumento de las detenciones arbitrarias, que pueden llevar a la estigmatización y suponer una amenaza para los miembros de la sociedad civil que han sido detenidos. 20. La Comisión expresa su satisfacción por la invitación que ha cursado el Gobierno de Colombia al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias para que visite Colombia el próximo mes de junio. La Comisión también toma nota de la labor realizada por la Defensoría del Pueblo, junto con otras instituciones, para establecer un mecanismo que investigue los casos de desapariciones. 21. La Comisión condena todas las infracciones del derecho internacional humanitario en Colombia e insta a todas las partes en el conflicto a que respeten el derecho internacional humanitario, en particular los principios humanitarios de distinción, limitación, proporcionalidad e inmunidad de la población civil. 22. La Comisión condena las masacres y la violencia cruel, en particular el asesinato de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre ellos cuatro niños, cometido el 21 de febrero de 2005, y hace un llamado al Gobierno de Colombia a que vele por que se realice una investigación completa de esa masacre y se enjuicie a sus autores. 23. La Comisión condena enérgicamente las constantes infracciones del cese de las hostilidades por los grupos paramilitares y el hecho de que todos los grupos armados ilegales sigan recurriendo a medios violentos y cometan graves y numerosas violaciones tales como ataques contra la población civil, agresiones indiscriminadas, homicidios, masacres, toma de rehenes o desplazamientos forzosos, reclutamiento de menores y actos de violencia contra mujeres y niñas. 24. La Comisión condena enérgicamente todos los actos de terrorismo y otros ataques criminales, como son los atentados contra la vida y la integridad física y contra la libertad y la seguridad personales, cometidos por los grupos armados ilegales. Insta encarecidamente a todos los grupos armados ilegales a que respeten el derecho internacional humanitario y no impidan a la población el ejercicio legítimo de sus derechos humanos. 25. La Comisión acoge con satisfacción las medidas sumamente positivas adoptadas por el Gobierno para cumplir la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, en especial la destrucción reciente de las minas almacenadas por el ejército. Alienta al Gobierno a proseguir la labor de desminado y sus esfuerzos encaminados a prevenir y limitar los riesgos para la población -especialmente para las personas desplazadas y que han regresado- y a reforzar los mecanismos destinados a proporcionar asistencia a las víctimas de las minas antipersonal. La Comisión exhorta a la comunidad internacional a seguir apoyando al Gobierno de Colombia para establecer programas en cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de Ottawa. La Comisión condena los ataques frecuentes e indiscriminados cometidos por los grupos armados ilegales con minas antipersonal, que han mutilado o causado la muerte a centenares de colombianos, incluidos mujeres y niños. La Comisión urge encarecidamente a todos los grupos armados ilegales a que respeten las disposiciones de la Convención y pongan fin inmediatamente al uso de minas antipersonal y destruyan sin demora todas sus existencias. 26. La Comisión condena asimismo el reclutamiento de gran número de niños por los grupos armados ilegales y encarece a esos grupos que pongan fin a esa práctica y desmovilicen inmediatamente a los niños actualmente enrolados en sus tropas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1539 (2004) de 22 de abril de 2004 del Consejo de Seguridad. La Comisión alienta al Gobierno de Colombia a que intensifique sus esfuerzos para asegurar la reintegración de todos los niños soldados en la sociedad. 27. A este respecto, la Comisión toma nota de que se han realizado algunos progresos para poner fin al reclutamiento y empleo de niños por los grupos armados ilegales. Reconoce que el programa nacional de desarme, desmovilización y reintegración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) prestó asistencia a más de 800 niños de noviembre de 2003 a diciembre de 2004 y que otros 550 niños recibieron asistencia del programa de desarme, desmovilización y reintegración de la Organización Internacional para las Migraciones destinado a los niños indígenas y afrocolombianos durante los dos últimos años, como se ha documentado en el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados (A/59/695-S/2005/72). 28. La Comisión condena enérgicamente la práctica de los secuestros, cometidos ya sea por motivos políticos o económicos. La Comisión expresa su honda preocupación por el número persistentemente elevado de personas secuestradas y deplora las consecuencias que tienen esos secuestros para las víctimas, sus familias y la sociedad en general. La Comisión insta a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas secuestradas. En este contexto, la Comisión subraya la importancia de llegar a un acuerdo humanitario que permita liberar rápidamente a las personas secuestradas y poner fin a la práctica del secuestro. La Comisión condena asimismo el hecho de que los grupos armados ilegales sigan financiando sus actividades mediante los secuestros y su participación en la producción y el tráfico de drogas ilegales. 29. La Comisión acoge con satisfacción los esfuerzos del Gobierno para asegurar la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el territorio y preparar medidas preventivas ante los riesgos que corren los grupos vulnerables, a través del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT), y reconoce que se han realizado progresos hasta la fecha a este respecto. La Comisión alienta al Gobierno a seguir reforzando y mejorando el CIAT, en particular revisando los mecanismos que ha adoptado para la evaluación de los riesgos. Alienta además al CIAT a analizar minuciosamente los informes sobre los riesgos que provocan los grupos paramilitares y guerrilleros. 30. La Comisión deplora que los defensores de los derechos humanos, entre ellos sindicalistas, organizaciones femeninas y dirigentes sociales, así como periodistas, forjadores de opinión y funcionarios locales, entre ellos miembros de partidos políticos, líderes comunitarios, funcionarios judiciales y empresarios, sigan viéndose particularmente afectados por el conflicto armado y siendo víctimas de amenazas y homicidios a manos de los grupos armados ilegales. La Comisión alienta al Gobierno a velar por que los programas para proteger a los defensores de los derechos humanos y otros grupos vulnerables sean integrales y eficaces. Reiterando su preocupación particular por el clima de hostilidad reinante en torno al trabajo de los defensores de los derechos humanos, la Comisión alienta asimismo al Gobierno a velar por que los funcionarios públicos en todos los niveles muestren el respeto que se debe a la labor individual y colectiva que realizan los defensores de los derechos humanos. La Comisión hace un llamado al Gobierno a asegurar que no se hagan declaraciones públicas que puedan poner en peligro su vida, integridad y seguridad. 31. La Comisión acoge con satisfacción el aumento de los recursos asignados al Programa de Protección de las Poblaciones Vulnerables dentro del Ministerio del Interior y de Justicia, así como la integración permanente de los programas de protección en el Plan Nacional de Desarrollo. La Comisión toma nota del diálogo constructivo entablado con la sociedad civil por el Vicepresidente en Cartagena en febrero de 2005 y expresa la esperanza de que siga reforzándose ese planteamiento. 32. La Comisión sigue hondamente preocupada por el aún extremadamente elevado número de desplazados internos y urge a los grupos armados ilegales a que se abstengan de toda acción que provoque desplazamientos. La Comisión reconoce la tendencia decreciente en el número de nuevas personas desplazadas, pero observa que ha aumentado el número total de esas personas. La Comisión insta al Gobierno de Colombia a seguir aplicando las recomendaciones del Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos y lo alienta a seguir cooperando con los órganos internacionales, especialmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La Comisión apoya los esfuerzos desplegados para hallar soluciones duraderas para una situación humanitaria que es aún grave, por ejemplo mediante el Plan Nacional de atención integral a la población desplazada, para el que se han aumentado los recursos financieros. Alienta asimismo al Gobierno de Colombia a ultimar el Plan de Acción Humanitaria y a poner urgentemente en aplicación esos dos planes. La Comisión insta a todos los grupos armados ilegales a que permitan el acceso de la ayuda humanitaria a todas las zonas del país. 33. La Comisión deplora la continua violencia cometida contra las comunidades indígenas y afrocolombianas. Expresa asimismo su grave preocupación por la situación de las comunidades indígenas y afrocolombianas sometidas a confinamiento. 34. La Comisión condena asimismo las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las minorías y comunidades indígenas e insta a todos los actores a que respeten su especial condición cultural. Exhorta a todos los grupos armados ilegales a que respeten la identidad e integridad de esas minorías y comunidades indígenas. Apoyando los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Colombia para promover y proteger los derechos de las personas pertenecientes a las minorías y comunidades indígenas, la Comisión le pide que intensifique su labor encaminada a atenuar la extrema pobreza reinante en las regiones con grandes concentraciones de minorías y comunidades indígenas. Alienta al Gobierno a adoptar medidas especiales y urgentes para defender a las comunidades indígenas que corren el riesgo de extinción y prevenir su desplazamiento forzoso. 35. La Comisión condena las constantes violaciones de los derechos de las mujeres y niñas y el clima de impunidad en que se producen esas violaciones, y subraya la necesidad de investigar, perseguir y castigar a sus autores. Condena en particular las denuncias sobre atentados cometidos contra la integridad personal y la dignidad de las mujeres y niñas, la violencia sexual y la violencia cometida por motivos de género, así como las prácticas análogas a la esclavitud, que se han atribuido principalmente a los grupos armados ilegales, pero también a los miembros de las fuerzas de seguridad. La Comisión alienta al Gobierno a adoptar una perspectiva de género, a la vez que trata de poner fin a la impunidad, y a garantizar el respeto del derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como a elaborar y poner en práctica políticas públicas para acabar con la pobreza y con las desigualdades sociales y económicas. La Comisión apoya los esfuerzos realizados por el Gobierno para establecer programas de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en las esferas de la consolidación de la paz, la seguridad, el desarrollo y la mujer rural, así como para elaborar un sistema estadístico específico para seguir de cerca la situación de las mujeres en relación con el cumplimiento de los compromisos suscritos en Beijing, y exhorta al Gobierno a poner en ejecución esos programas. Subraya además la importancia del Acuerdo Nacional para la equidad de género y de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y encarece la importancia de seguir realizando progresos en estas esferas. 36. La Comisión deplora asimismo las violaciones del derecho a la vida de los niños. Preocupada por los casos de abandono, trabajo infantil, explotación y abusos sexuales, maltrato físico y violencia intrafamiliar que siguen produciéndose, pide la adopción de una política específica para los niños a fin de poner remedio a esas situaciones. 37. La Comisión insiste en la necesidad de seguir tratando de acabar con la pobreza, la exclusión, la injusticia social y las desigualdades en la distribución de la riqueza. La Comisión apoya los esfuerzos del Gobierno de Colombia para resolver los problemas de la pobreza extrema, el analfabetismo y el desempleo y garantizar el acceso a la salud, la educación y la vivienda, y exhorta al Gobierno a que adopte una perspectiva de género en la elaboración de políticas en estas esferas. La Comisión observa con satisfacción que se ha reducido la tasa de desempleo. 38. La Comisión pide además al Gobierno de Colombia que aproveche plenamente los servicios de asesoramiento y la competencia técnica de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con miras a asegurar que las normas y medidas adoptadas por las instituciones colombianas sean coherentes con la normativa internacional de derechos humanos. La Comisión exhorta asimismo al Gobierno de Colombia a velar por el rápido cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y reafirma la necesidad de adoptar en el primer semestre de 2005 un calendario para la aplicación de esas recomendaciones. La Comisión acoge con satisfacción el compromiso del Gobierno de Colombia de colaborar en un espíritu constructivo con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a fin de examinar el grado de aplicación y la evaluación de las recomendaciones. 39. La Comisión exhorta a la comunidad internacional a que siga prestando apoyo para la pronta aplicación por todas las partes pertinentes de las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. 40. La Comisión pide a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que le presente en su 62º período de sesiones un informe detallado en el que figure un análisis de su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, con arreglo al acuerdo suscrito entre el Gobierno de Colombia y su Oficina sobre el funcionamiento de la oficina permanente en Bogotá.