a) El nuevo Código Penal (Ley Nº 599/2000), el cual tipifica los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Dicho Código estipula además que la obediencia debida no será considerada como causa eximente de responsabilidad cuando se trate de dichos delitos;

b) El nuevo Código Penal Militar (Ley Nº 522/1999), el cual excluye de la jurisdicción penal militar los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, y regula el principio de la obediencia debida;

c) La Ley Nº 548 /1999, mediante la cual se prohíbe que los menores de 18 años puedan ser incorporados a filas;

d) El nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 600/2000), el cual establece en el título VI que las pruebas obtenidas de forma ilegal no seran admitidas.

4. El Comité acoge igualmente con satisfacción:

a) La Ley Nº 742/2000, mediante la cual se aprueba la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo instrumento fue depositado el 5 de agosto de 2002;

b) La Ley Nº 707/2001, con la cual se aprueba la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

5. Asimismo, el Comité muestra su satisfacción sobre:

a) La declaración de la representante del Estado en cuanto a que no ha habido ni habrá amnistías o indultos para delitos de tortura en el Estado Parte;

b) El papel positivo del Tribunal Constitucional en la defensa del Estado de derecho en el Estado Parte;

c) La continua colaboración entre la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Gobierno de Colombia.

9. El Comité manifiesta su inquietud por el hecho de que diferentes medidas adoptadas o en vía de adopción por el Estado Parte en materia antiterrorista o contra grupos armados ilegales podrían favorecer la práctica de la tortura. En este sentido, el Comité expresa su preocupación, en particular, por:

a) La utilización de "soldados campesinos" a tiempo parcial, que siguen viviendo en su comunidad pero participan en acciones armadas contra la guerrilla, de modo que ellos y sus comunidades pueden ser objeto de acciones de los grupos armados ilegales, incluyendo actos de tortura y malos tratos;

b) El proyecto de Ley Nº 223 de 2003 de reforma constitucional, el cual, de adoptarse, parecería otorgar facultades de policía judicial a las fuerzas militares y permitir detenciones e interrogatorios, en principio hasta un período de 36 horas, sin control judicial.

10. El Comité expresa también su preocupación por lo siguiente:

a) El clima de impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en particular, la ausencia de investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas sobre los numerosos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de reparación e indemnización adecuada a las víctimas;

b) Las alegaciones de tolerancia, apoyo o aquiescencia por parte de los agentes del Estado Parte en relación con las actividades de los miembros de grupos paramilitares, denominados "auto-defensas", autores de un gran número de torturas y malos tratos;

c) El proyecto de reforma de la justicia, el cual, de aprobarse, establecería supuestamente recortes constitucionales para la acción de tutela (amparo) y reduciría las funciones de la Corte Constitucional, en particular en materia de revisión de la declaratoria de los estados de excepción. Asimismo, el Comité expresa su preocupación por el proyecto de ley conocido como de "Alternatividad Penal", el cual, de aprobarse, concedería la suspensión condicional de la pena a miembros de grupos armados que depongan voluntariamente las armas, incluso si han cometido tortura y otras infracciones graves al derecho internacional humanitario;

d) Las alegaciones e informaciones relativas a:

i) Las dimisiones forzadas de algunos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, así como de las serias amenazas recibidas por algunos miembros de esta Unidad en relación con su trabajo de investigación de casos de violaciones de derechos humanos;

ii) La inadecuada protección contra la violación y otras formas de violencia sexual que pretendidamente se utilizarían con frecuencia como formas de tortura y malos tratos. Además, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que el nuevo Código Penal Militar no excluye específicamente de la jurisdicción militar los delitos de carácter sexual;

iii) El hecho de que los tribunales militares seguirían realizando investigaciones sobre delitos excluidos totalmente de su competencia, como los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, en los que supuestamente estarían implicados miembros de la fuerza pública a pesar de la promulgación del nuevo Código Penal Militar y del fallo de la Corte Constitucional de 1997, según el cual las conductas de lesa humanidad no son de competencia de la jurisdicción penal militar;

iv) Los ataques generalizados y graves contra defensores de los derechos humanos, que desempeñan una labor esencial en la denuncia de torturas y malos tratos; asimismo, los ataques repetidos contra miembros del poder judicial que ponen en peligro su independencia e integridad física;

e) Los numerosos desplazamientos forzados internos de grupos de población como resultado del conflicto armado y de la inseguridad en que viven en sus propias áreas de población, habida cuenta de la ausencia permanente en ellas de estructuras estatales que cumplan y hagan cumplir la ley;

f) El hacinamiento y las malas condiciones materiales que prevalecen en los establecimientos penitenciarios, que podrían equivaler a tratos inhumanos y degradantes;

g) La falta de información sobre la aplicación del artículo 11 de la Convención, en relación con las disposiciones del Estado Parte para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a arresto, detención o prisión, así como los informes recibidos por el Comité que alegan el incumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia;

h) La ausencia de información satisfactoria sobre la normativa existente en el ordenamiento jurídico interno que garantice la aplicación del artículo 3 de la Convención a los casos de devolución o expulsión de extranjeros cuando éstos corran peligro de ser torturados en el país de destino.

a) Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura y malos tratos; realice investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas; enjuicie a los presuntos autores de torturas y tratos inhumanos; e indemnice adecuadamente a las víctimas. En particular, recomienda que reconsidere la adopción del proyecto de ley de "Alternatividad Penal" a la luz de sus obligaciones según la Convención;

b) Reconsidere asimismo, a la luz de su obligación de prevenir la tortura y los malos tratos según la Convención:

i) La utilización de "soldados campesinos";

ii) La adopción de medidas que parecerían otorgar facultades de policía judicial a las fuerzas militares y permitir interrogatorios y detenciones de sospechosos durante periodos prolongados sin control judicial;

iii) El proyecto de reforma de la justicia, a fin de que proteja en toda su amplitud la acción de tutela y respete y promueva el papel de la Corte Constitucional en la defensa del estado de derecho;

c) Se asegure de que toda persona, en particular los agentes públicos, que patrocina, planifica, incita y financia operaciones de grupos paramilitares, denominados "auto-defensas", responsable de tortura, o que participa de otro modo en ella, sea identificada, detenida, suspendida de sus funciones y sometida a juicio;

d) Garantice que los miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación puedan llevar a cabo su labor de manera independiente e imparcial y en condiciones de seguridad, y se le proporcionen los medios necesarios para que puedan llevar a cabo su labor de manera efectiva;

e) Investigue, enjuicie y castigue a los responsables de las violaciones y otras formas de violencia sexual, incluidas las ocurridas en el marco de operativos contra grupos armados ilegales;

f) Que en los casos de violaciones del derecho a la vida, se documenten las señales de marcas de tortura, y en particular de violencia sexual, que pueda presentar la víctima. Esos datos deberán incluirse en los informes forenses con el fin de que se investigue no solo el homicidio, sino también la tortura. Además, el Comité recomienda que el Estado Parte imparta las enseñanzas profesionales necesarias para que los médicos puedan detectar la existencia de torturas y malos tratos de cualquier clase;

g) Respete y haga respetar efectivamente las disposiciones del Código Penal Militar que excluyen los delitos de tortura de la jurisdicción penal militar;

h) Adopte medidas eficaces para proteger a los defensores de los derechos humanos del hostigamiento, las amenazas y otros ataques e informe sobre las eventuales decisiones judiciales y cualesquiera otras medidas adoptadas en este sentido. Igualmente se recomienda la adopción de medidas eficaces para la protección de la integridad física e independencia de los miembros del poder judicial;

i) Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión y reducir el hacinamiento existente;

j) Garantice el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión, conforme a los estándares internacionales, a fin de evitar todo caso de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes;

k) Informe en el próximo informe periódico sobre la normativa en el ordenamiento jurídico interno que garantiza la no devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura;

l) Formule las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención y ratifique el Protocolo Facultativo a la misma;

m) Difunda ampliamente las conclusiones y recomendaciones del Comité en el Estado Parte;

n) Informe al Comité en el plazo de un año sobre las medidas concretas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los apartados b), d), f) y h).