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ADVANCE EDITED VERSION |
Distr. GENERAL A/HRC/7/39 28 de febrero de 2008 Original: ESPAÑOL, INGLÉS |
CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS
Séptimo período de sesiones
Tema 2 del programa
INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS E INFORMES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO Y DEL
SECRETARIO GENERAL
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia* **
RESUMEN
El documento recoge los principales hechos
ocurridos en Colombia durante el año 2007 sobre la situación de los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario en el marco del acuerdo entre el
Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, que fue renovado en 2007 hasta octubre de 2010. El
informe subraya que el conflicto armado interno, el narcotráfico y el crimen
organizado continúan teniendo un peso significativo sobre la situación de
derechos humanos. Al mismo tiempo, el informe destaca la persistencia de
problemas estructurales en ciertos órganos del Estado. Durante el año, la
necesidad de garantizar los derechos de todas las víctimas de violaciones de
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario estuvo en
el centro del debate público. El documento enfatiza que es urgente e imperativo
dar una respuesta adecuada y oportuna a las demandas de las víctimas.
Algunos de los retos más
importantes tienen que ver con la consolidación del proceso de desmovilización
del paramilitarismo y el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales,
circunstancias que afectan directamente el ejercicio de los derechos humanos.
La magnitud de las tareas pendientes en los procesos judiciales en el marco de
la Ley N.° 975 de 2005, “Ley de Justicia y Paz”, y la persistencia de
obstáculos para su plena aplicación son motivo de incertidumbre y preocupación.
Subsisten retos importantes para garantizar la participación de las víctimas en
estos procesos. Paralelamente, las investigaciones impulsadas por
Durante el año 2007 hubo decisiones
políticas y medidas adoptadas en las más altas esferas civiles y militares para
contrarrestar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a
Aproximadamente el 45% de la
población vive en situación de pobreza, incluyendo la mayoría de personas
desplazadas, lo que impide la plena vigencia de sus derechos. El informe también
recoge información y análisis sobre situaciones de especial preocupación y
grupos particularmente vulnerables, entre otros, víctimas del conflicto armado
interno, desplazados, indígenas, afrodescendientes, mujeres, sindicalistas,
defensores de derechos humanos, periodistas y niños. Finalmente, el informe
presenta un resumen de las actividades de la oficina en Colombia del Alto
Comisionado durante 2007 y ocho recomendaciones cuyo cumplimiento ayudaría a producir
una notable mejora en la situación de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.
INDICE
Párrafos Página
Resumen ……………………………………………..
II Introducción…………………………………………………... 1 – 3
I Contexto político……………………………………………… 4 – 9
II Situación
de los derechos humanos y del derecho
internacional
humanitario…………………………………….. 10-79
A. Autoridades del Estado………………………………… 12-38
B. Proceso de desmovilización……………………… 39-43
C. Grupos guerrilleros………………………………. 44-48
D. Situaciones de especial preocupación y grupos particularmente vulnerables………………………… 49-79
Anexo
Casos
representativos de violaciones de derechos humanos e
infracciones del derecho internacional humanitario……
1. El 26 de noviembre de 1996 el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acordaron establecer una oficina en el país, la cual inició tareas en abril de 1997. Su mandato es asistir a las autoridades colombianas en el desarrollo de políticas y programas de promoción y protección de los derechos humanos, asesorar a la sociedad civil en temas de derechos humanos, observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el contexto de violencia y conflicto armado interno que padece el país y remitir informes analíticos a la Alta Comisionada.
2. La
Alta Comisionada visitó
el país entre el 7 y el 9 de septiembre de 2007 para firmar con el Gobierno
de Colombia la prórroga del mandato[1] de su oficina en Colombia en
forma plena hasta el 30 de octubre de 2010.Cumplidos 10 años de actividad en el
país,
3. El presente informe cubre
el período comprendido entre enero y diciembre de 2007, y se enfoca en los
aspectos más significativos pertinentes al mandato de la oficina en Colombia. Está
basado en las siguientes actividades: observación sistemática y analítica de la
situación de derechos humanos, incluyendo visitas de campo, procesamiento de
quejas, análisis de informes y estadísticas, entrevistas con autoridades
estatales, víctimas y otros representantes de la sociedad civil, agencias del sistema
de las Naciones Unidas en Colombia y entidades oficiales y no gubernamentales
de la comunidad internacional.
I.
CONTEXTO POLÍTICO
4. Colombia continúa seriamente
afectada por un conflicto armado interno que se remonta a más de cuatro
décadas. Es también cada vez más evidente que los grupos armados ilegales están involucrados de manera
directa o indirecta en actividades de narcotráfico[2], y que están asociados con
redes locales e internacionales de crimen organizado y corrupción. La relación
compleja entre todos estos factores, a la que se agrega la persistencia de
problemas estructurales tales como la impunidad y las limitaciones para el
acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación, continúan afectando
de manera negativa la situación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, es
necesario reconocer que en los últimos años Colombia ha alcanzado progresos en
el restablecimiento de la seguridad a lo largo de su territorio[3], y que es un logro
significativo que los derechos humanos tengan mayor visibilidad en la agenda
pública.
5. Durante el año 2007 los
hechos políticos y de orden público con impacto en la situación de los derechos
humanos más relevantes fueron: a) los procesos judiciales contra líderes
desmovilizados de grupos paramilitares en el marco de la Ley N.º 975 de 2005,
conocida como “Ley de Justicia y Paz”[4];
b) las investigaciones judiciales contra servidores públicos de alto
nivel por presuntos vínculos con grupos paramilitares[5]; c) la aparición o
consolidación de nuevos grupos armados ilegales después del proceso de
desmovilización de los paramilitares, algunos con fuertes vínculos con el
crimen organizado y el narcotráfico; d) la realización de elecciones de
autoridades regionales y locales.
6. La Fuerza Pública continuó implementando
su plan de guerra contra los grupos armados ilegales, y en particular contra las
guerrillas a través del “Plan Consolidación”, que reemplazó al “Plan Patriota”.
Con frecuencia, la intensidad de las hostilidades tuvo impactos negativos sobre
la población civil y se atribuyeron infracciones del derecho internacional
humanitario a todos los actores armados. En algunas regiones continuaron actuando y consolidándose nuevos grupos armados
ilegales[6]. Las FARC-EP y el ELN
persistieron en trastornar violentamente el orden público y continuaron
infringiendo el derecho internacional humanitario. Diferentes organismos, entre
ellos la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), han alertado
sobre actividades guerrilleras en algunas regiones que fueron zonas de
influencia de los grupos paramilitares desmovilizados[7]. La propia Fuerza Pública
reporta un mayor empleo de modalidades de tipo milicia por las guerrillas, aún
cuando también señala un repliegue general de estos grupos. Las áreas donde se observaron
más directamente estas dinámicas son el sur del departamento de Córdoba, el
Urabá chocoano, el oriente antioqueño, norte de Santander, norte del Tolima,
Nariño, Putumayo, Guaviare, Vichada y Arauca.
7. El Gobierno autorizó y auspició, con
desigual respaldo, diferentes iniciativas propias[8] y de terceros para
adelantar contactos con las FARC-EP, con la intención de buscar acuerdos que
permitieran la liberación de rehenes a cambio de guerrilleros presos y que
contribuyeran a iniciar diálogos de paz. El asesinato de 11 diputados de
8. Las
elecciones de autoridades regionales y locales a nivel nacional tuvieron lugar
el 28 de octubre de 2007. Se eligieron Gobernadores y Diputados a las Asambleas
en los 32 departamentos, y alcaldes y concejales en los 1.094 municipios y cuatro
distritos, así como ediles de las Juntas Administradoras Locales. Hubo una
amplia postulación de candidatos[11]. La participación
ciudadana y los resultados confirmaron la pluralidad política del país. La
movilización de
9. Otro
aspecto importante del contexto político fue la continuación del diálogo entre
el Gobierno, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, que dio
lugar a la realización de la III Conferencia Internacional sobre Colombia en
noviembre de 2007 en Bogotá. La declaración final reafirmó la importancia de
“continuar los esfuerzos para obtener resultados [en la aplicación de las
recomendaciones de la Alta Comisionada] a la mayor brevedad posible”[15].
10. Aunque hay algunos signos
alentadores de mejoría, la situación de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario continúa siendo objeto de grave preocupación,
particularmente en las regiones donde las dinámicas del conflicto armado
interno se han intensificado.
11. Las autoridades, en
particular el Gobierno, acogieron la cooperación y las recomendaciones de la
Alta Comisionada, renovando su compromiso para lograr su plena implementación.
Al mismo tiempo reconocieron que persisten retos que deben ser enfrentados y
deficiencias que deben ser remediadas. Para que las medidas adoptadas sean
eficaces se requieren mayores esfuerzos y medidas adicionales sostenidas y
reforzadas a largo plazo. Tales medidas deben incluir acciones coordinadas y
convergentes de parte de todos los sectores e instituciones del Estado y de la
sociedad civil. Es necesario hacer esfuerzos específicos para evitar que las
demandas de las víctimas se vuelvan invisibles y por lo tanto irrelevantes. El
pleno cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado a la
verdad, la justicia y la reparación, y la garantía de no repetición, son
condiciones esenciales para el tránsito hacia un escenario de paz duradera y
reconciliación nacional.
12. Los problemas estructurales
de la administración de justicia colombiana persisten. Algunos de éstos son: falta
de denuncia de delitos ante las autoridades, dificultades en el acceso a la
justicia, insuficientes recursos financieros y tecnológicos (a pesar de los
incrementos presupuestales), falta de criterios unificados en la aplicación de
las leyes, alta carga de trabajo de fiscales y jueces, lentitud en el avance de
los procesos, y casos de corrupción.
En 2007 hubo algunos progresos importantes para abrir caminos en la
lucha contra la impunidad, en particular con el desarrollo de los procesos de
la Ley N.° 975 de 2005 contra jefes paramilitares desmovilizados, cuyas versiones libres son un primer paso para esclarecer los hechos
del pasado[16],
y con las investigaciones y procesos adelantados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía
contra funcionarios civiles y militares de alto nivel por supuestos vínculos
con grupos paramilitares y por hechos de corrupción.
13. Se reabrieron las investigaciones
por la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 en
1986, y otras relacionadas con los asesinatos de miembros del partido Unión
Patriótica[17].
También hubo sentencias condenatorias por ejecuciones extrajudiciales cometidas
por miembros de
14. En el ámbito internacional,
15. La
Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos
paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18
están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex
Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e
inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de
corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de
infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con
el sostén de algunas empresas privadas[19]. La Corte Suprema ha dado
claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad
de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de
instituciones públicas y privadas.
16. A pesar de estos
importantes casos, continúan existiendo serios problemas estructurales para la
eficacia del sistema de justicia, tal como se mencionó atrás. La plena
funcionalidad del sistema penal acusatorio, prevista para comienzos de 2008, debería
contribuir a combatir la impunidad en todos los niveles.
17. La Ley N.º 975 de 2005 regula el
procesamiento judicial de miembros desmovilizados de grupos armados ilegales
para quienes se establecen beneficios judiciales con base en su contribución a
la justicia y a la reparación. De los 31.671 paramilitares desmovilizados, en 2007 había 3.127 en la
lista de postulados a la Ley N.° 975 de 2005[20]. A 19 de diciembre de
2007,
18. Algunas víctimas y
defensores de derechos humanos han señalado que frecuentemente la información
revelada por los paramilitares desmovilizados no ha sido completa ni veraz. Es
evidente también que las declaraciones de la mayoría de estos paramilitares muchas
veces justifican, o incluso hacen abierta apología, de los actos de sus
organizaciones, derivando en riesgos reales para la vida e integridad de las
víctimas que participan en los procesos[21]. Al mismo tiempo, la información
que ha salido a la luz pública a raíz de las versiones libres ha revelado la
descomunal magnitud de las actividades delictivas de los paramilitares[22] y los inenarrables
detalles de crímenes que no eran conocidos por las autoridades, y mucho menos
por la ciudadanía[23]. Esta realidad genera legítima
inquietud con relación al grupo de aproximadamente 19.000 paramilitares
desmovilizados que no se acogieron al proceso de la Ley N.° 975 de 2005 y que
no tienen una investigación penal abierta en su contra.[24].
19. Existe un consenso creciente
en relación con la necesidad de contar con nuevos recursos profesionales y
técnicos en
20. Sigue siendo un desafío la implementación de mecanismos que garanticen la seguridad de las víctimas para participar en los procesos y recibir reparaciones. Este será un tema central en 2008 si la Fiscalía da los pasos procesales[25] que siguen a las declaraciones de los líderes paramilitares.
21. La persistencia de
ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de
22. Las nuevas directivas
adoptadas este año por el Ministro de Defensa y autoridades militares de alto
nivel[26] enfatizaron el campo
técnico y normativo. Estas directivas podrían servir de base práctica para abordar
las quejas sobre ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública de
manera integral. La oficina en Colombia continuará haciendo un seguimiento
regular de su implementación y resultados en 2008. Todas estas disposiciones
atienden el sentido de varias recomendaciones hechas por la Oficina del Alto
Comisionado y se espera que se desarrollen plenamente en el documento de política integral de derechos humanos y
derecho internacional humanitario que publicará el Ministerio de Defensa a comienzos de 2008. El Gobierno
también ha afirmado que la Justicia Penal Militar debe ser restrictiva y que se
debe limitar a casos excepcionales, tal como quedó establecido en la objeción
presidencial al proyecto de ley de nuevo Código Penal Militar[27]. También se hicieron
modificaciones para adoptar el sistema penal acusatorio en la Justicia Penal
Militar. Otras medidas adoptadas por el Ejército fueron el despliegue de
asesores jurídicos operacionales, el fortalecimiento de controles internos, el
refuerzo de oficinas de derechos humanos y la instrucción en la aplicación de
directivas que aseguren que los militares que se encuentren en posición de
“primera autoridad respondiente” preserven las pruebas para la intervención de
23. Las fuerzas militares cuentan con
lineamientos abundantes y con una política expandida de instrucción en materia
de derechos humanos y derecho internacional humanitario. No obstante, quedan
tareas pendientes para lograr la implementación efectiva de estos principios
por parte de la Fuerza
Pública.
24. La oficina en Colombia continuó
recibiendo quejas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de
25. Las quejas también incluyen
entre las víctimas a personas que pudieron estar vinculadas a nuevos grupos
armados ilegales, como refleja el caso ocurrido en Toluviejo (Sucre) en julio
de 2007 donde seis jóvenes aparentemente reclutados por personas no identificadas
aparecieron muertos días después y fueron reportados como bajas producidas en combate
en Chinú (Córdoba) por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA)
de
26. Es urgente identificar las
trabas internas para la cabal implementación de las políticas descritas.
También es necesario avanzar en la revisión, diseño e implementación de nuevos
modelos de instrucción táctica que lleguen hasta los niveles de unidades
operativas y análisis de lecciones aprendidas.
27. Al mismo tiempo, la Oficina
del Alto Comisionado saluda la decisión adoptada por el mando militar en
relación con los hechos ocurridos en
junio de 2007 en Balsillas (Caquetá) cuando dos soldados mataron a seis
personas (incluida una menor). La reacción inmediata de los comandantes militares fue enviar el caso
a la justicia ordinaria, la cual dictó
sentencia condenatoria al cabo de tres meses.
28. Para erradicar totalmente las ejecuciones
extrajudiciales se requiere un mayor compromiso de
29. Las declaraciones de los
líderes paramilitares desmovilizados habían revelado, al cierre del presente
informe, la ubicación de 1.009 fosas clandestinas en sus respectivas zonas de control o influencia. Esto ha permitido la
recuperación de los restos de 1.196
víctimas, la mayoría de las cuales no ha sido identificada (440 víctimas fueron
identificadas de manera preliminar y 118 cuerpos plenamente identificados
fueron entregados a sus familiares)[28]. Ciertamente el proceso ha
revelado la manera sistemática en que estos gravísimos crímenes fueron
cometidos por los grupos paramilitares y el uso generalizado de la práctica de la desaparición forzada
durante los últimos años en Colombia.
30. Urge reorientar los
procesos de exhumaciones de manera que sea posible identificar adecuadamente un
mayor número de cuerpos. Ello solamente será factible si se redoblan los
esfuerzos para facilitar la participación de los familiares de las víctimas en
los procesos de investigación de acuerdo con los estándares internacionales en
la materia. Expertos forenses nacionales e internacionales ya han presentado
esta recomendación a las autoridades. El Plan Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, hecho público en febrero de 2007, privilegia las investigaciones
colectivas y regionales con el fin de facilitar la identificación de patrones y
optimizar los esfuerzos para la identificación de los restos. Aunque la
implementación del Plan sigue siendo muy incipiente, existen experiencias
positivas de aplicación de este tipo de enfoque en Santa Marta (Magdalena) y
Yopal (Casanare), que valdría la pena perfeccionar y extender a otras regiones,
incluyendo garantías para los familiares.
31. La oficina en Colombia recibió
información sobre casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y
uso excesivo de la fuerza atribuidos a miembros de
32. Igualmente la oficina en
Colombia recibió información sobre torturas infligidas a soldados por sus
superiores jerárquicos en Bogotá. La oficina también conoció casos de tortura
atribuidos a miembros de
33. Se
reportaron casos de maltrato atribuidos a miembros de la Policía contra la
población transgenerista en ejercicio de la prostitución en Bogotá, Medellín y
Cali.
34. Se registraron quejas por detenciones ilegales o arbitrarias en las que las órdenes de captura se basaron exclusivamente en testimonios de ex guerrilleros, que no habían sido debidamente corroborados por otros medios de prueba. En César 11 personas fueron capturadas y presentadas ante los medios de comunicación como guerrilleros, para luego ser liberadas varios días después por falta de pruebas. Lo mismo ocurrió con otras 12 personas en Santander.
35. Algunas decisiones judiciales han cuestionado la imparcialidad de este tipo de testimonios, como los de ex guerrilleros y ex paramilitares que reciben beneficios económicos a cambio de las declaraciones. Tal fue el caso de un defensor de derechos humanos en Santander absuelto en marzo de 2007, que pasó 14 meses en prisión por las acusaciones infundadas de dos guerrilleros reinsertados.
36. Según datos oficiales, el hacinamiento en los centros penitenciarios es en promedio del 20,6%, con índices más críticos en algunas unidades. El Gobierno tiene previsto construir 11 nuevas instalaciones carcelarias durante los dos años y medio restantes de su período. La situación general requiere medidas y esfuerzos adicionales, para lograr una mejor atención de las necesidades básicas de los reclusos tales como salud, alimentación, agua, asesoría y representación jurídica, visitas familiares, educación y proyectos de trabajo. Los pasos dados en la implementación de un modelo educativo y formación para el trabajo merecen extenderse a un mayor número de internos. La persistente necesidad de dar trato diferencial en las prisiones a mujeres, indígenas, afrodescendientes, homosexuales, bisexuales y personas transgénero, e internos con VIH-SIDA, sigue siendo tema de preocupación.
37. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha indicado que prevé modificar la Ley N.° 65 de 1993 y reformar el Reglamento General para establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el fin de responder al conjunto de temas antes mencionados.
38. Finalmente, como resultado de la Ley N.° 975 de 2005 han surgido nuevos retos para el diseño de una política criminal penitenciaria, en especial aquellos relacionados con los riesgos para la seguridad de los internos causados por la compleja situación que se deriva de la convivencia en las cárceles de personas vinculadas a grupos paramilitares, guerrilla y delincuencia común.
39. Después de la finalización formal
del proceso de desmovilización colectiva, las Autodefensas Campesinas del Casanare son el único grupo paramilitar, entre los que
fueron reconocidos en el proceso de negociación, que continúa operando[29]. Con base en información
recogida directamente por la oficina en Colombia, se continúa observando con preocupación que los nuevos grupos armados ilegales
operan en los departamentos del Meta, Vichada y Guaviare y que se siguen presentando acciones en Nariño
atribuidas a las Autodefensas Campesinas - Nueva Generación, como se mencionó
en el informe de la Alta Comisionada de 2006 (E/CN.4/2006/9). Estos grupos
están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y
disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares
contra otros actores armados. Son un factor activo en la intensidad del
conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se
ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos
miembros de
40. Adicionalmente, el país
enfrenta importantes retos para consolidar el proceso de desmovilización por el
surgimiento de nuevos grupos armados ilegales[30]. Las estructuras,
intereses y modus operandi de estos grupos no son homogéneos y el uso de
términos idénticos para calificarlos a veces no logra dar cuenta de su gama de
actividades, objetivos y alianzas. Sin embargo, independientemente de su
denominación, constituyen fuente de legítima preocupación porque continúan
ejerciendo violencia contra la población civil[31], como por ejemplo en los
departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Putumayo. El uso extensivo de la denominación
“Águilas Negras” por parte de varios de estos grupos, sin que aparentemente
corresponda a una única estructura, contribuyó a desorientar y, en ocasiones,
logró desviar la atención de su real incidencia. Por ello, calificar a todas
estas nuevas estructuras como meras bandas criminales no recoge en su totalidad
la complejidad, variedad, pluralidad y riesgo del fenómeno. Cifras oficiales
reportan que en 2007
41. Las autoridades han
detectado desmovilizados rasos y antiguos cuadros medios de las estructuras
paramilitares a la cabeza de los nuevos grupos que operan en áreas que fueron
de influencia paramilitar. Informaciones recibidas por la oficina en Colombia atribuyen
vínculos entre estos nuevos grupos y líderes paramilitares desmovilizados que
se acogieron a la Ley N.° 975 de 2005. La Fiscalía se encuentra al frente de
las investigaciones contra jefes paramilitares desmovilizados señalados de
seguir delinquiendo desde la cárcel de Itagüí (Antioquia).
42. Muchos de estos nuevos
grupos se han involucrado exclusivamente en actividades ilícitas que implican
intrínsecamente un control de territorio y población, como el narcotráfico, la
extorsión, tareas de seguridad, el cobro de “cuotas de seguridad” y otras
actividades ilegales. Estas acciones con frecuencia dieron lugar a disputas
violentas entre los mismos grupos criminales. Sus actividades afectaron
notablemente a la población a través de homicidios[33], masacres, actos de
“limpieza social”[34], amenazas de muerte y
reclutamiento de menores[35], evidenciando la
necesidad de un esfuerzo redoblado por parte de las autoridades para combatir a estos nuevos
grupos e investigar sus posibles nexos con servidores públicos y poderes
locales. De igual forma, la influencia económica de estos grupos tiende a estimular
la corrupción entre las autoridades.
43. El Gobierno considera que la
seguridad y el desarrollo son centrales para la sostenibilidad del proceso de reintegración y es consciente
de que la persistencia del narcotráfico
y de otras actividades ilegales facilita la reincidencia de los excombatientes y renueva la capacidad de
reclutamiento de todos los actores armados ilegales.
44. Las FARC-EP continuaron desconociendo su
obligación de respetar el derecho internacional humanitario. Siguieron cometiendo
infracciones graves y sistemáticas, tales como masacres, homicidios, toma de
rehenes, uso de minas antipersona, actos de violencia sexual, reclutamiento de
niños y niñas y actos de terrorismo. A integrantes de este grupo se atribuyó,
entre otros hechos, la responsabilidad por dos masacres en mayo y agosto de
2007 con 10 víctimas, entre ellas una niña, en Turbo (Antioquia), así como el
asesinato de 11 diputados de
45. Las FARC-EP continuaron con la toma de
rehenes, entre ellos 10 aserradores en Riosucio (Chocó), un candidato a
46. Las FARC-EP continúan
utilizando minas antipersonales y cometiendo actos violentos. Se les atribuyó
la responsabilidad por la explosión de un carro-bomba que destruyó las
instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cali el 10 de abril, y
ocasionó la muerte de un civil, e importantes daños a edificios cercanos.
47. A pesar de los diálogos con el Gobierno, el
ELN siguió desconociendo el derecho internacional humanitario y realizó
amenazas de muerte, homicidios, toma de rehenes y uso de minas antipersona. Entre
sus crímenes cabe mencionar el homicidio de un líder indígena de la etnia awa en
Ricaurte (Nariño), y los casos de toma de rehenes ocurridos en Norte de
Santander y Arauca.
48. Continuó el conflicto entre
las FARC-EP y el ELN en los departamentos de Arauca[37], Cauca y Nariño, lo que
provocó un aumento de los casos de homicidios, amenazas de muerte, uso de minas
antipersona y desplazamiento forzado.
49. Como se mencionó antes, la
Fiscalía tiene registradas 121.547 víctimas de delitos cometidos por miembros
de grupos paramilitares, que esperan ejercer sus derechos en los procesos
judiciales que se adelantan con base en la Ley N.° 975 de 2005. Sin embargo, el
universo de víctimas de delitos cometidos en el contexto del conflicto armado
interno no se restringe sólo a este grupo y su condición de tales no se deriva del
reconocimiento estatal o de su participación en procesos judiciales. Todas
estas víctimas aspiran legítimamente a la verdad, la
justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Atender
plenamente sus expectativas puede que arroje siempre resultados relativos, pero
la disposición de buscar las mejores respuestas es una obligación permanente
del Estado.
50. Las víctimas que buscan
ejercer sus derechos en el marco de la Ley N.° 975 de 2005 enfrentan obstáculos
serios y muy concretos, comenzando por los riesgos para sus vidas e integridad.
51. En septiembre el Gobierno creó el Programa de Protección para Víctimas
y Testigos de la 0Ley N.º 975 de 2005, pero es objeto de críticas por parte de
algunos de los principales sectores beneficiarios. Tanto el Gobierno como
52. En
2007 la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados publicó un informe comprehensivo sobre el desplazamiento forzado
en el país[39].
Las cifras sobre desplazamiento forzado correspondientes a 2007 revelan que fue
provocado principalmente por ataques a la población civil por parte de las
FARC-EP y del ELN, por combates entre estos dos grupos entre sí[40] y también por combates
entre éstos y la Fuerza Pública[41]. En Nariño, uno de los departamentos
más afectados, también hubo desplazamientos causados por enfrentamientos entre
los grupos guerrilleros y las
Autodefensas Campesinas – Nueva Generación[42]. Adicionalmente, en
algunas zonas del país los desplazamientos tuvieron relación con la presencia
de cultivos ilícitos, con la presión ejercida por grupos armados ilegales o por
bandas dedicadas al cultivo y tráfico de drogas, o con las fumigaciones.
53. Las FARC-EP continuaron
imponiendo el aislamiento de comunidades[43], en ocasiones sembrando
minas antipersonales, lo cual afectó seriamente los derechos económicos
sociales y culturales de las poblaciones, hasta el punto de impedir su acceso a
la salud y la alimentación.
54. Los recursos estatales
destinados a atender a la población desplazada fueron incrementados y el
esfuerzo fiscal es apreciable. Sin embargo,
55. La
Corte Constitucional continuó haciendo un seguimiento activo de la atención a
la población desplazada y adoptó indicadores de resultado para medir el goce
efectivo de sus derechos y superar el estado de cosas que había declarado
inconstitucional. Entre otras medidas, la Corte determinó que el período de tres
meses de ayuda humanitaria de emergencia obligatoria proporcionada por el
Estado se debía extender hasta que la persona afectada pudiera asumir su
sostenimiento. También precisó que la responsabilidad por la estabilización de
la situación de la persona desplazada recae en el Estado.
56. Los grupos indígenas y
afrocolombianos, que representan un porcentaje considerable de la población
desplazada, se han visto particularmente afectados. Esta situación se debe en
parte a su ubicación en territorios estratégicos para la dinámica del conflicto
armado, y en parte por la marginación y discriminación que han sufrido. También
se han visto afectados por proyectos productivos de gran envergadura impuestos
sobre sus territorios colectivos, por normas que desfavorecen la explotación
campesina tradicional, por el desarrollo de grandes proyectos de
infraestructura (como represas que pueden afectar negativamente el medio
ambiente) y, en ocasiones, por las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos.
57. Graves violaciones contra los pueblos
indígenas fueron atribuidas a los grupos armados ilegales, como la masacre de ocho
indígenas awás y pastos en el municipio de Cumbal (Nariño) en junio de 2007,
imputada a las FARC-EP. Las regiones más afectadas son Arauca, Cauca, Chocó,
Córdoba, Guajira, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. La agudización del
conflicto armado en Buenaventura afectó gravemente los derechos individuales y
colectivos de la población afrodescendiente. La etnia nómada nukak makú, del
departamento del Guaviare y en peligro de extinción, con un alto porcentaje de
sus miembros desplazados, se encuentra en una situación humanitaria crítica,
que exige una atención muy específica por sus particularidades culturales.
58. El Gobierno extendió a los
departamentos de Cesar, Risaralda, Meta y Guajira los planes integrales de
apoyo a comunidades indígenas en alto grado de vulnerabilidad y riesgo de
desaparición. Esto constituye un paso positivo que requiere consolidarse en concordancia
con los resultados de las consultas realizadas con las diferentes etnias sobre
sus planes de vida.
59. En cuanto a la población
afrodescendiente, se formuló un plan
de desarrollo integral y se avanzó en la reglamentación de varios capítulos de
la Ley N.° 70 de 1993 sobre sus propiedades colectivas. Este proceso debe
culminar con decisiones concertadas con las comunidades.
60. En 2007 se registraron
casos de homicidio de defensores y defensoras de derechos humanos, en
particular de líderes rurales y de base. En Antioquia, Caldas, Casanare,
Córdoba, Norte de Santander, Putumayo y Sucre se conocieron casos cuya autoría
fue atribuida a integrantes de la fuerza pública. Hubo casos atribuidos a integrantes
de las FARC-EP en Antioquia, Arauca, Caldas y Putumayo y a nuevos grupos
armados ilegales en Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Putumayo y Valle del
Cauca. También se conocieron casos de amenazas contra defensores en Antioquia,
Atlántico y Bogotá y de robo de información en sedes de ONG de derechos humanos
en Bogotá. Las sedes de la Defensoría del Pueblo en Bolívar y Santander también
fueron objeto de robos de información. Algunos integrantes de organizaciones
que asesoran a víctimas del paramilitarismo en los procesos de la Ley N.° 975 de
2005 también fueron víctimas de amenazas y hostigamientos y de cuestionamientos
públicos a su labor, incluso por autoridades estatales, particularmente en
Bogotá y Medellín.
61. Durante su visita al país
del 7 al 9 de septiembre de 2007,
62. El Programa de Protección
del Ministerio del Interior y Justicia se reforzó con personal adicional y
siguió ampliándose a nuevos grupos de beneficiarios, tales como las víctimas
que participan en los procesos de la Ley N.° 975 de 2005 y los desplazados. No
obstante, si no se logran resultados
en la investigación, juzgamiento y sanción contra los responsables de las
violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos, persistirán
los crímenes contra
ellos.
63. Es necesario renovar los
esfuerzos para adelantar las tareas encomendadas a la Procuraduría y el
Ministerio de Defensa para garantizar que los archivos de inteligencia militar
y policial no incluyan defensores u organizaciones de derechos humanos de
manera injustificada. Sigue pendiente la adopción de legislación que regule el
manejo de este tipo de información en armonía con los estándares
internacionales sobre la materia.
64. Datos oficiales del
Ministerio de Protección Social hasta el cierre del presente informe
registraron en el año 26 casos de homicidios cuyas víctimas eran líderes o
miembros de sindicatos, 18 de las cuales eran maestros. Por su parte, los
sindicatos registraron 34 víctimas. El contraste entre estos datos y las cifras acumuladas para
períodos más extensos[46], ha alimentado un intenso
debate sobre los riesgos que enfrentan los sindicalistas
en Colombia.
65. En
algunos de los casos de
homicidios y amenazas denunciados
ante la oficina en Colombia en 2007 se atribuyó la responsabilidad a integrantes de
las FARC-EP, de nuevos grupos armados ilegales y a personas no identificadas.
66. Para la investigación de
estos casos la Fiscalía creó en 2006 una subunidad especial que ha recibido un
total de 1.231 casos. La subunidad cuenta con 13 fiscales, un grupo de
investigadores y 24 abogados. A la fecha de cierre del presente informe había 82
condenas, 36 de ellas proferidas en 2007. De los 21 casos de investigación de
homicidio de sindicalistas iniciados en 2007 hubo sólo una condena. El Consejo
Superior de
67. El Estado ha prestado atención
al problema de los sindicalistas, particularmente a través de brindar
protección a sindicalistas, para lo cual ha destinado cantidades significativas
de recursos. Sin embargo, los magros resultados del sistema judicial revelan
que es urgente adoptar acciones más decisivas que
garanticen los derechos fundamentales y el ejercicio del derecho a la libertad
sindical.
68. En Colombia existe un
periodismo activo en el que se expresan diversas perspectivas ideológicas. Sin
embargo, en 2007
69. Se mantiene vigente el
Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales del Ministerio
del Interior y de Justicia, pero las medidas solicitadas ante el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos deben agilizarse. La ausencia de avances efectivos en la investigación, juzgamiento y
sanción contra los responsables de las violaciones a los derechos de los
periodistas contribuye a la persistencia de crímenes contra ellos.
70. El conflicto armado continúa
teniendo un impacto específico sobre las mujeres aunque, como en años
anteriores, los casos de violencia sexual ocurridos en este contexto, siguen
siendo difíciles de documentar. Se recibió información de casos atribuidos a
las FARC-EP que revelan que la violencia sexual es utilizada como mecanismo de
presión o represalia. Por ejemplo, en junio de 2007 una docente fue víctima de
violencia sexual en Medellín, por haberse negado a instruir a sus alumnos en
los ideales políticos de la guerrilla. A este mismo grupo se atribuyó el
asesinato de mujeres que intentaron desertar.
71. La oficina en Colombia también
recibió información sobre casos de violencia sexual atribuidos a miembros del
ejército, ocurridos en Bolívar y Putumayo.
72. En mayo de 2007 la Fiscalía
creó un grupo especial en la Unidad de Derechos Humanos encargado de impulsar
la investigación de casos de violaciones específicas a los derechos de las mujeres,
niños, niñas y adolescentes en el contexto del conflicto armado.
73. Los niños y las niñas se
encuentran en situación especialmente precaria cuando son víctimas de
desplazamiento por razones vinculadas al conflicto. Se siguen registrando casos
de niños y niñas gravemente afectados por minas antipersonales, actos de
violencia sexual, ataques indiscriminados y actos de terrorismo.
74. Las FARC-EP continuaron
reclutando niños y niñas, especialmente en los departamentos de Arauca, Cauca,
Antioquia, Sucre, Bolívar, Guaviare, Meta, Nariño y Valle del Cauca. En algunos
casos los menores eran ubicados en la primera línea de fuego, lo cual ocasionó
muertes en enfrentamientos con las Fuerza Pública. Así mismo, el ELN y los
nuevos grupos armados ilegales continuaron reclutando niños.
75. Durante el 2007 las
estadísticas oficiales, incluyendo las de pobreza, desempleo y otros
indicadores socioeconómicos, fueron objeto de debate público debido a los
cambios en las metodologías de medición y las restricciones al pleno acceso a
los “archivos planos”, lo cual impidió la comparación con cifras de años
anteriores. Como resultado de esta situación, la credibilidad de estas cifras
fue cuestionada. Las estadísticas oficiales reflejan que aproximadamente el 45%
de la población colombiana vive en situación de pobreza y el 12% en situación
de pobreza extrema[48]. Las personas desplazadas
son las más pobres entre los pobres[49]. El coeficiente de Gini
para Colombia, que es una medida de la desigualdad en el ingreso y la riqueza, es
58,6, lo que ubica al país entre los tres más desiguales de Latinoamérica[50]. Por consiguiente, es necesario
avanzar en la identificación de los instrumentos más adecuados para valorar las
condiciones de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.
76. La iniciativa del Gobierno
de implementar la fase piloto de
77. Durante 2007 entró en
vigencia una reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud[52] que exonera a los
estratos más bajos de las contribuciones al sistema[53]. Esta medida puede contribuir
a eliminar barreras de acceso a los servicios de salud para la población más
pobre. Actualmente, el acceso a estos servicios no es equitativo,
particularmente en el caso de la población desplazada, grupos étnicos, mujeres,
adolescentes y adultos mayores.
78. Las reformas al régimen de
transferencias del Gobierno central a los gobiernos regionales y locales
aprobadas en 2007 modificarán la distribución de recursos que se trasladan a
las regiones para cubrir los servicios de educación, salud, agua potable y
saneamiento[54],
y aún es incierto el impacto de esta reforma sobre la cobertura y calidad de
los servicios. Al respecto, la Defensoría del Pueblo denunció que en 2007 más
de 16 millones de colombianos no tuvieron acceso a agua potable. Tampoco se ha cumplido
el mandato constitucional que establece la educación gratuita y obligatoria
entre los 5 y los 15 años (que comprende como mínimo un año de preescolar y
nueve de educación básica). Por otra parte, otras normas aprobadas en 2007 dificultarán
el reconocimiento de derechos de propiedad a la población desplazada en áreas
rurales[55].
79. La aprobación de políticas
sobre salud[56]
y educación[57]
ha sido, con todo, positiva y debe servir de base para otras medidas
específicas que garanticen derechos a sectores particularmente vulnerables y
discriminados.
80. Durante 2007 la oficina en
Colombia recibió 1.871 quejas, de las cuales dio seguimiento a 1.563. Se
realizaron 234 misiones de observación, que representaron 606 días de visitas
al terreno. Se continuaron adelantando actividades en desarrollo de los otros
aspectos del mandato –asesoría, cooperación técnica y difusión— desde Bogotá,
Bucaramanga, Cali y Medellín. En el primero de estos temas las actividades se
orientaron principalmente a la enseñanza de estándares internacionales sobre justicia
transicional, prevención de violaciones de derechos humanos, particularmente de
ejecuciones extrajudiciales, fuero de la jurisdicción militar, discriminación,
violencia de género y derechos de las víctimas. Respecto a las actividades de
difusión, se publicaron 42 comunicados de prensa y 11 ponencias sobre temas
tales como paz y derechos humanos, derechos de las víctimas, género y conflicto
armado e impunidad, entre otros.
81. La
renovación del mandato de la oficina en Colombia estuvo precedida por un
ejercicio de reflexión conjunta entre instituciones del Estado y la oficina
sobre sus actividades desde 1997 y el desempeño de las entidades estatales. Este
ejercicio permitió identificar temas de interés común así como escenarios para
enriquecer la aplicación del Acuerdo. A ello se añadió la culminación de un
análisis de impacto encomendado por la oficina en Colombia, implementado en
franco y productivo diálogo con las autoridades colombianas, la sociedad civil
y la comunidad internacional. Este análisis produjo recomendaciones útiles para
enriquecer las respuestas de la oficina en Colombia a las nuevas demandas y
necesidades que exige la situación de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario.
82. La oficina en Colombia,
junto con las embajadas de España y Suecia y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), continuó apoyando al gobierno y a la sociedad civil
en el proceso de formulación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, cuyo proceso tuvo un alentador progreso en 2007
cuando se identificaron criterios para una metodología de concertación de
contenidos y se programó una etapa de avances sustantivos para el 2008. También
prestó asesoría para el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que
durante 2007 avanzó en la conformación de cinco equipos técnicos territoriales
y en el desarrollo de planes piloto en esas cinco regiones.
83. Entre los proyectos de
cooperación técnica adelantados durante el año, se destaca el programa para
incorporar el enfoque de derechos humanos en los planes municipales de
desarrollo, a través del cual se prestó asesoría a autoridades y organizaciones
de la sociedad civil en 20 municipios y dos localidades de Bogotá.
84. Con el Ministerio del
Interior y de Justicia se adelantó un programa de capacitación en derechos
humanos de 141 funcionarios y líderes comunales en nueve Centros de Convivencia
Ciudadana establecidos en municipios de alta conflictividad. Así mismo, se
inició un proyecto para apoyar a
85. Junto con la Procuraduría, la
oficina en Colombia apoyó el empalme entre los personeros municipales salientes
y los entrantes a través de un proceso de rendición de cuentas.
86. la oficina en Colombia adelantó
numerosas actividades de capacitación, entre las que se cuentan, a)
capacitación a oficiales de las distintas fuerzas militares y a personal de
otros países de Latinoamérica en temas de derechos humanos y derecho
internacional humanitario;b) capacitación en el Protocolo de Estambul
sobre investigaciones de casos de tortura a 12 instituciones civiles y
militares; c) capacitación a fiscales en la investigación de ejecuciones
extrajudiciales según el Protocolo de Minnesota; d) capacitación a 98
jueces y magistrados de la justicia penal militar sobre el ámbito de aplicación
del fuero militar.
87. En el área de desaparición
forzada, la oficina en Colombia inició un proyecto para la elaboración de un
“diagnóstico-guía” sobre la ruta de los casos de desaparición forzada en la
administración de justicia. En coordinación con el CICR, la oficina facilitó una
mesa interinstitucional sobre asistencia psicosocial a los familiares de las
víctimas de desaparición forzada.
88. En el año 2007 concluyó el
proyecto de fortalecimiento de la Fiscalía cofinanciado por la Unión Europea.
Las actividades desarrolladas a partir de junio con financiamiento de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
estuvieron orientadas a asesorar los procesos de implementación de las
recomendaciones de
89. Con el Sistema de Naciones
Unidas en Colombia se destaca la firma del Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDAF) con el Gobierno de Colombia el 23 de julio. La
oficina en Colombia participó activamente en la elaboración de dicho documento.
90. En el marco del Proyecto
del Fondo Global Acción 2, la oficina en Colombia apoyó la incorporación del
enfoque de derechos humanos en el programa piloto conjunto del sistema de las Naciones
Unidas en Soacha, en la capacitación a funcionarios del sistema de las Naciones
Unidas en programación basada en derechos y en la evaluación de impacto de las
actividades realizadas en el programa de Acción 2 entre 2004 y 2007.
91. A través de
IV. RECOMENDACIONES
92. La
oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos ha seguido apoyando el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones hechas a todas las instituciones relevantes en informes
anteriores. Los resultados han sido variados. Como avances se destacan el
reforzamiento de los mecanismos de trabajo con el Gobierno y en especial con el
Ministerio de Defensa y las fuerzas militares y el avance de las
investigaciones judiciales de líderes políticos con vínculos con paramilitares.
Se requieren, sin embargo, mayores avances en la lucha contra la impunidad y en
el desmonte de las estructuras económicas y políticas de los grupos
paramilitares desmovilizados. Los grupos armados al margen de la ley
continuaron incumpliendo las recomendaciones.
93. La
oficina en Colombia pretende aprovechar la extensión de su mandato para llevar
a cabo una revisión de todas las recomendaciones formuladas durante los últimos
10 años. Este ejercicio busca analizar los avances, identificar las
dificultades y actualizar las recomendaciones pendientes cuando sea necesario.
El seguimiento de las recomendaciones será reevaluado con el fin de promover su
implementación a través de mecanismos más efectivos, permanentes, coordinados y
participativos.
94. La
Alta Comisionada alienta a las autoridades nacionales a prestar especial
atención a las siguientes recomendaciones, con la firme convicción que su
cumplimiento ayudará a la mejora sustancial de la situación de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario:
a)
La Alta Comisionada exhorta al Gobierno, a los grupos armados ilegales y
a la sociedad civil a dar prioridad a la plena vigencia del derecho
internacional humanitario y los derechos humanos, particularmente los derechos
de las víctimas, en sus esfuerzos por encontrar vías de diálogo y negociación
que permitan lograr una paz duradera;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
La Alta Comisionada exhorta al Gobierno, a los organismos de control y a
los comandantes de las fuerzas armadas a redoblar los esfuerzos para erradicar
las ejecuciones extrajudiciales, adoptando medidas para prevenir, investigar,
sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubiesen presentado hechos
de tal naturaleza y aplicando y ampliando de manera prioritaria las normas de
la nueva política del Ministerio de Defensa en este materia. Así mismo
h)
Anexo
CASOS REPRESENTATIVOS DE
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
I. Violaciones de derechos humanos
1.
La oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
recibió quejas de violaciones del derecho a la vida mediante ejecución
extrajudicial. En la mayoría de estos
casos, estas ejecuciones presentaron el mismo patrón observado en años
anteriores, se trató de víctimas civiles presentadas como integrantes de grupos
guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate.
2.
La
oficina en Colombia informó sobre varios de estos casos a las autoridades competentes. En Riohacha
(La Guajira), miembros del Batallón Cartagena fueron presuntamente responsables
de la muerte de un campesino que sufría discapacidad mental. El 2 de mayo, en Hato Corozal,
Casanare, se registró la muerte de un dirigente comunal, en hechos atribuidos a
integrantes del Batallón Contraguerrilla N.º 65. El 13 de mayo, en Pueblo Bello (Cesar),
soldados de la X Brigada fueron presuntamente responsables de la muerte de una persona. El 9 de septiembre, en Orito (Putumayo), integrantes
de la Brigada Móvil 13 fueron los presuntos responsables de la muerte de tres civiles.
3.
Se registraron otras violaciones al derecho a la
vida cometidas por miembros del Ejército. En Buenaventura, el 3 de agosto de 2007 soldados
de la Fuerza de Tarea “Cisneros” fueron presuntamente responsables de haber
disparado contra estudiantes a quienes confundieron con guerrilleros. Resultó
muerta una niña de 14 años. La oficina en Colombia fue informada de que el 17 de
septiembre en Montelíbano (Córdoba), soldados de la Brigada XI dispararon
contra dos campesinos, quienes estaban bajo los efectos del alcohol,
falleciendo uno de ellos.
Dos soldados de la IX Brigada fueron condenados por el homicidio agravado de
seis civiles el 10 de Junio en San Vicente del Caguán (Caquetá).
4. La oficina en Colombia recibió quejas sobre ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Policía Nacional, entre ellas, la muerte de tres personas el 25 de marzo, en Ipiales (Nariño). El 8 de septiembre el asesinato de un joven de 22 años en El Carmen, Bolívar, fue presuntamente perpetrado por miembros de la Seccional de Policía Judicial SIJIN, en un acto con características de “limpieza social”. En Zulia (Norte de Santander), un hombre murió el 3 de julio, tras recibir disparos por parte de miembros del Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR), ante una maniobra que consideraron sospechosa.
5. También se tuvo conocimiento de varios asesinatos de defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales. El 28 de enero se registró el homicidio del presidente del Comité Municipal de la Población Desplazada, en La Cotorra (Córdoba). En Montería, el 31 de enero, se produjo el asesinato de Yolanda Izquierdo, líder de desplazados que coordinaba un movimiento colectivo para recuperar parcelas usurpadas por grupos paramilitares. El 23 de abril en Medellín, Antioquia, fue asesinada la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre de la Comuna 13 y asesora de la Asociación Madres de la Candelaria, presuntamente por su labor de denuncia. El 7 noviembre, en Cartago (Valle del Cauca), se registró el homicidio de la coordinadora del Comité de la Mujer en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. El 4 de mayo fue asesinado en Cali (Valle del Cauca) un activista político del Polo Democrático Alternativo.
6.
En
octubre, la oficina en Colombia recibió informaciones sobre amenazas de muerte
contra integrantes de la Corporación Jurídica Yira Castro y de la Coordinadora
Nacional de Desplazados. En septiembre, un defensor de derechos humanos de
Tuluá (Valle del Cauca) se desplazó a raíz de amenazas de muerte y del
secuestro de su esposa. El 6 de noviembre, la oficina
condenó la agresión y amenazas de muerte de las que fue víctima Yolanda
Becerra, presidenta de la Organización Femenina Popular. En Bogotá, en mayo,
tres sindicalistas recibieron panfletos y llamadas telefónicas con amenazas de
muerte.
B. Derecho a la integridad
personal
7. Se informó que el 4 de agosto tres jóvenes fueron torturados por parte de agentes de la Policía Nacional en la Comisaría de Ocaña (Norte de Santander). En Bogotá, el 12 de agosto, se reportó que agentes de la Policía Nacional propinaron una golpiza a un taxista.
8.
Se
reportaron casos de maltrato presuntamente cometidos por miembros de la Policía
contra la población transgenerista en ejercicio de la prostitución en Bogotá,
Medellín y Cali.
9. El 26 de mayo, se reportó que miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), utilizaron gases lacrimógenos contra un grupo de indígenas que se encontraba bloqueando la carretera Pereira-Quibdó, y destruyeron y quemaron varios bienes. El 28 septiembre se reportó la movilización de campesinos hacia Orito (Putumayo), para impedir la llegada de grupos de erradicadores manuales de cultivos ilícitos y su desalojo violento por parte de miembros del ESMAD.
C. Derecho a la libertad individual y a la
seguridad personal
10.
Se
conocieron detenciones masivas realizadas por agentes estatales con base en
informes de inteligencia o en declaraciones de informantes que no habían sido
debidamente corroborados. El 24 de enero, en Aguachica (Cesar), 11 presuntos
milicianos del ELN fueron detenidos por miembros de la Policía. Se publicaron
sus fotos y sus nombres y luego fueron liberados por falta de pruebas.
11.
Se
registraron casos de detenciones ilegales de defensores de derechos humanos y
líderes sociales a quienes se sindicó, sin indicios suficientes, del delito de
rebelión. La oficina en Colombia conoció
el caso de la detención un indígena kankuamo por miembros del Ejército el 15 de
julio en Valledupar, Cesar, sin que existiera orden judicial para ello. El 13
de febrero, el presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Nariño
fue detenido. Posteriormente, la Fiscalía determinó que había irregularidades
en las pruebas presentadas y decretó la libertad del sindicado.
12.
En
varios de los casos reportados a la oficina en Colombia, las autoridades de la
jurisdicción penal militar asumieron la investigación de conductas punibles,
cuyo conocimiento correspondía a la jurisdicción ordinaria. Así ocurrió el 30
de septiembre, en Aguazul, Casanare, donde se registró un homicidio
presuntamente cometido por miembros del Batallón Taurema, cuya investigación se
encuentra a cargo del Juzgado Penal Militar N.º 13. La investigación del
asesinato de un campesino el 21 de abril en Abrego (Norte de Santander),
presuntamente cometida por miembros del Batallón N.º 15, quedó a cargo del Juez Penal Militar N.º 37.
13.
La
oficina en Colombia conoció también casos en los cuales los fiscales del fuero
civil remitieron a la jurisdicción penal militar los expedientes abiertos por
homicidios con características de ejecuciones extrajudiciales. En el caso del homicidio del presidente de la
Junta de Acción Comunal de La Unión, en Yondó (Antioquia), el 25 de junio, la
Fiscalía Seccional de Barrancabermeja remitió el caso al Juzgado Penal Militar
N.º 40. En varios casos de civiles reportados como muertos en combate en
Aguazul (Casanare), la Fiscalía remitió los procesos a la Justicia Penal
Militar.
14.
La
oficina en Colombia tuvo conocimiento de que algunos jueces de la Justicia
Penal Militar que propusieron devolver expedientes a la justicia ordinaria,
recibieron presiones por parte de los comandantes de las unidades.
15.
También
se recibió información sobre casos en los cuales se obstaculizó la labor de la
justicia. El 15 de febrero, luego de un
enfrentamiento en el que murieron cuatro personas, en La Gloria (Cesar), los
agentes de la Policía Nacional no tuvieron acceso a la escena del crimen y los
levantamientos fueron realizados por miembros del Ejército.
E. Derecho a la vida privada
y derecho a la inviolabilidad de domicilio
16.
El
26 de enero, un campesino fue detenido por parte de miembros del Ejército, en
Fortul (Arauca), sindicado de ser guerrillero.
Fue trasladado a Bogotá y presentado ante varios medios de comunicación
nacionales. Dos días después fue liberado,
debido a un error de identificación.
17. El 25 de enero, soldados del Batallón de Infantería Mecanizada N.º 3, ingresaron al Resguardo de Chagui Chimbuza (Nariño) y sin contar con orden judicial, allanaron las casas de varios indígenas awás.
18. Organizaciones de derechos humanos en Bogotá, como el Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTAPAZ) y la Corporación Jurídica Yira Castro, denunciaron que durante junio, agosto y noviembre sus sedes fueron violentadas y los discos duros de las computadoras que contenían información sobre su trabajo con víctimas fueron hurtados.
F. Derecho a la libertad de
opinión y expresión
19.
La
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 92 casos de amenazas de
muerte en contra de periodistas.
20.
En
Bogotá, en septiembre, los periodistas Hollman Morris y Gonzalo Guillén,
recibieron amenazas de muerte, vía telefónica y por correo electrónico,
motivadas por sus trabajos sobre temas de derechos humanos y el proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares.
II. Infracciones al derecho internacional humanitario
A. Homicidios y amenazas de personas
protegidas
21.
La
oficina en Colombia registró en 2007 un elevado número de masacres, la mayoría
de las cuales fue atribuida a miembros de las FARC-EP. El 18 de junio, once diputados del Valle del
Cauca, secuestrados por las FARC-EP en 2002, fueron asesinados. En Turbo, el 16
de mayo, miembros de las FARC-EP fueron presuntamente responsables de haber
disparado en contra de un vehículo y haber provocado la muerte de cuatro
personas, incluyendo una niña de 3 años.
En Cumbal (Nariño), el 5 de junio, integrantes de las FARC-EP fueron
presuntamente responsables de la muerte de ocho indígenas awás y pastos.
También se registró el asesinato de tres campesinos, presuntamente perpetrado
por miembros del ELN, el 12 de marzo, en Mercaderes, Cauca.
22.
La
oficina en Colombia también tuvo conocimiento de homicidios selectivos. El 15 de enero, miembros de las FARC-EP
asesinaron a dos docentes en Ricaurte, Nariño y el 23 de enero al presidente de
una Junta de Acción Comunal en Samaná (Caldas). Miembros del ELN fueron los
presuntos responsables del homicidio de un líder comunal en Tame (Arauca), el
28 de julio. El 11 de junio, en la vía Totumeando-Manjuarí (Chocó), se informó
que miembros de las FARC-EP utilizaron una sierra eléctrica para asesinar a un
transportador.
23.
Según
la información recogida, ocho precandidatos y 22 candidatos a las elecciones
locales del 2007 fueron asesinados por grupos armados al margen de la ley
durante la campaña electoral. Miembros de las FARC-EP fueron los presuntos
responsables de la mayoría de los asesinatos. También se registraron homicidios
de autoridades locales. En El Doncello (Caquetá), el 9 de julio, dos concejales
fueron asesinados en hechos atribuidos a miembros de las FARC-EP. El mismo
grupo fue el presunto responsable del asesinato de la alcaldesa de San José del
Palmar (Chocó), el 12 de julio.
24.
Se
continuaron registrando homicidios de líderes indígenas. Las FARC-EP fueron presuntamente responsables
del homicidio de dos líderes del Cabildo Central de Asentamientos Nasas de
Florida (Valle del Cauca), la muerte de
un indígena awá del resguardo
Cuascabi Paldubi (Nariño), el 1.º
de mayo, y la de dos indígenas embera katíos en Córdoba, el 31 de mayo. El ELN
fue presuntamente responsable del homicidio de un líder awá, el 11 de enero en
el Resguardo de Gualcalá (Nariño).
25.
Se
registraron homicidios atribuidos al grupo armado ilegal Autodefensas
Campesinas-Nueva Generación AC-NG. El 3 de febrero, en Samaniego, Nariño, una
persona fue sacada de su casa por varios sujetos. El 8 de febrero, su cuerpo
fue encontrado con señales de tortura. El 25 de febrero, el alcalde del
municipio de Cumbitara (Nariño), fue interceptado por un grupo de miembros de
las AC-NG, quienes lo amarraron a un árbol y lo amenazaron de muerte.
26.
Se
registraron amenazas de muerte contra candidatos a las elecciones locales y
autoridades. En Huila, varios alcaldes denunciaron amenazas de muerte
atribuidas a miembros de las FARC-EP. Este mismo grupo fue presuntamente
responsable de las amenazas contra funcionarios municipales de Villagarzón y
Puerto Guzmán (Putumayo), contra cinco alcaldes del Valle del Cauca.
27.
También
se registraron amenazas por miembros de las FARC-EP contra periodistas como las
recibidas por varios periodistas de Arauca y Saravena, el 7 de agosto, por no
haber leído un comunicado emitido por este grupo.
28.
El
20 de marzo y el 6 de junio, el grupo armado ilegal AC-NG amenazó de muerte a través de Internet
a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, a la Pastoral Social de
Tumaco y al alcalde de Samaniego, acusándolos de ser “terroristas y estafetas
de derechos humanos”.
B. Ataques contra la población civil y ataques
indiscriminados
29.
El
20 de agosto, guerrilleros de las FARC-EP atacaron una tanqueta del Ejército,
lo cual provocó la muerte de un civil y heridas a cinco en Tumaco, Nariño. El 9 de abril, un
atentado con carro-bomba destruyó las
instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cali, provocó la
muerte de una persona, heridas a 41 y afectó 240 inmuebles.
30.
El
29 de abril, en Puerto Asís (Putumayo), la explosión de artefactos que habrían sido colocados por
miembros de las FARC-EP, destruyó bienes civiles.
31.
En
Nariño, los combates entre las FARC-EP y el ELN durante el año provocaron
bloqueos de alimentos, medicinas y combustible, crisis sanitarias y aislamiento
de comunidades debido a la siembra de minas.
32.
El
3 de septiembre, integrantes de las FARC-EP detuvieron un autobús en la vía
Medellin-Anorí y obligaron a los pasajeros a descender del transporte público.
En Teorama (Norte de Santander), miembros de las FARC-EP impidieron el paso
vehicular durante cinco días al atravesar un camión de la municipalidad con una
supuesta bomba dentro del mismo.
33.
En
López, Cauca, en febrero miembros de la Brigada Móvil N.º 14 impusieron
restricciones al ingreso de alimentos y de combustible. El 9 octubre, en Orito (Putumayo),
tropas de la Brigada contra el Narcotráfico
impidieron la entrada de una brigada de salud a la vereda de Santa
Lucía.
C. Actos de terrorismo
34.
En
Carmen de Viboral (Antioquia), el 19 de mayo, miembros de las FARC-EP fueron
presuntos responsables del homicidio de dos campesinos y de haber dinamitado
sus casas para aterrorizar a la población. Varios atentados en Cali y
Buenaventura (Valle del Cauca), fueron atribuidos a las FARC-EP, incluyendo
cinco ataques realizados el 23 de junio que dejaron 23 personas heridas.
D. Toma de rehenes
35.
La
oficina en Colombia fue informada del secuestro por parte de las FARC-EP de
nueve geólogos el 13 de marzo, en Chocó; de cuatro contratistas de una empresa
petrolera en Saravena (Arauca), el 12 de marzo; y de un empresario de Caldas,
en zona rural de Manizales el 1.º de mayo, que luego murió en un operativo militar. El 22 de enero, cuatro
campesinos fueron secuestrados por miembros del ELN, en Hacarí (Norte de
Santander).
36.
El
14 de agosto, un candidato local a la
alcaldía de Betulia (Antioquia) fue secuestrado por miembros de las FARC-EP. En
Norte de Santander, el candidato a alcalde del municipio de La Playa fue
secuestrado el 5 de julio por presuntos miembros del ELN.
E. Desplazamientos forzados
37.
El
24 de febrero, 375 indígenas pastos y awás se refugiaron en el Ecuador debido
al homicidio del presidente del Resguardo Indígena de San Juan de Mayasquer y
por las amenazas de muerte contra varios maestros por parte de las FARC-EP.
38.
El
24 de marzo en el Charco, Nariño, un total de 4.876 personas se desplazaron
debido a los combates entre las FARC-EP y la Infantería de Marina.
39.
En
Arauca, el enfrentamiento entre las FARC-EP y el ELN provocó varios
desplazamientos forzados masivos como los registrados en enero y abril en
Fortul y Arauquita.
40.
El
16 de mayo se registró un desplazamiento forzado de 40 familias de la zona
rural de Istmina (Chocó), debido a enfrentamientos entre las FARC-EP y un grupo
armado ilegal autodenominado “Rondas Campesinas Populares”.
41.
El
25 mayo, 40 familias, 24 de ellas de la etnia awá,
se desplazaron a la cabecera del Valle
del Guamuez (Putumayo), a raíz del asesinato de un joven, presuntamente
cometido por miembros del Batallón Contraguerrilla 87.
F. Niños y niñas víctimas del conflicto armado
42.
La
oficina en Colombia tuvo información sobre varios casos de reclutamiento,
particularmente por las FARC-EP, en los departamentos de Putumayo, Cauca,
Caldas y Nariño y por el ELN en Bolívar
y Norte de Santander. En Cartagena (Bolívar), se informó sobre reclutamiento de
niños y niñas por grupos armados no identificados.
43.
Se
registraron varios casos de niños y niñas víctimas de minas antipersonales. El 22
de septiembre en el resguardo Nulpe Medio Alto (Nariño), tres niños indígenas awás
murieron cuando pisaron una mina antipersona de las FARC-EP.
44.
La
oficina en Colombia registró una queja sobre la utilización de un niño de 11 años
como guía por parte de miembros del Batallón Nueva Granada en un operativo
militar en el sur de Bolívar y otra, en la cual se denunció el uso de niños y
niñas como informantes de la Infantería de Marina y de la Policía Nacional.
G. Mujeres víctimas del conflicto armado
45.
El
26 de junio, una mujer fue víctima de violación sexual por parte de
guerrilleros de las FARC-EP como represalia por haberse negado a colaborar con
el grupo ilegal.
46.
También
se registró un caso de violencia sexual ocurrido el 27 de julio, en El Carmen
de Bolívar (Bolívar), en contra de una mujer con discapacidad mental, atribuido
a siete soldados del Ejército.
47.
La
oficina en Colombia registró también
atentados contra la vida de mujeres líderes, como los que sufrió la
alcaldesa del municipio de Neiva (Huila), el 28 de febrero y el 22 de
diciembre, atribuidos a las FARC-EP. También los homicidios de una concejal de
San Vicente del Caguán (Caquetá) el 6 de enero y de una concejal de Arauquita (Arauca),
el 8 de junio.
48.
Se
registraron amenazas de muerte contra mujeres en el Cauca, por parte de las
FARC-EP, motivadas por sus relaciones sentimentales con miembros de la Fuerza
Pública.
49.
La
oficina en Colombia fue informada de que miembros de la Brigada de Selva 27
habrían acosado sexualmente a niñas de la zona rural de San Miguel (Putumayo).
H. Utilización de minas antipersonales
50.
En
el Resguardo de Nulpe Alto (Nariño), 167 familias awás, quedaron aisladas en
sus comunidades debido a la cantidad de minas antipersonales sembradas por
miembros de las FARC-EP. La misma situación se observó en el Resguardo indígena
Nasa Kwe's Kiwe (Valle del Cauca).
51.
La
existencia de campos minados ha provocado también desplazamientos forzados. El
23 de abril en Tame (Arauca), la totalidad de los miembros del resguardo
indígena La Esperanza se desplazó luego de que la zona fuera minada.
52.
También
se identificaron escuelas minadas por los grupos armados ilegales. En abril,
miembros de las FARC-EP colocaron minas antipersonales alrededor de la escuela
de la vereda la Campiña de Manzanares (Caldas).
* Este informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El anexo al informe se distribuye en español e inglés solamente.
** El presente documento se remite con retraso con el fin de incluir la información más reciente.
[1] Ver capítulo III (Actividades de la oficina en
Colombia).
[2] Estas actividades incluyen cobros
a los cultivadores, almacenamiento y tráfico en las respectivas zonas de
control o influencia; la administración directa del suministro de precursores
químicos necesarios para el procesamiento ilegal de estupefacientes; el
reclutamiento y pago de cultivadores y cosechadores; la vigilancia y
mantenimiento de aeropuertos clandestinos y, en algunos casos, la exportación
directa de drogas y el lavado de activos.
[3] Las estadísticas oficiales revelan una disminución en
el número de masacres y homicidios, secuestros, ataques de la guerrilla contra
pequeñas poblaciones y bases militares, retenes ilegales y voladuras de torres
eléctricas y oleoductos, entre otros. Como resultado, la inversión extranjera
directa y el turismo aumentaron durante el año.
[4] Ley N.º 975 de 2005, regula el procesamiento judicial
de miembros desmovilizados de grupos armados ilegales para quienes se
establecen beneficios judiciales con base en su contribución a la justicia y a
la reparación. Ver “Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y
Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras
diligencias judiciales”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA,
Documento OEA/Ser.L/V/II Doc. 3, 2 de octubre de 2007.
[5] Ver subsección “Lucha contra la impunidad” (párrs. 12
a 14).
[6] Ver subsección “Proceso de desmovilización” (párrs. 40 a 44).
[7] Ver Organización de los Estados Americanos (OEA), “Décimo informe trimestral del Secretario
General al Consejo Permanente sobre
[8] Por ejemplo, la identificación de más de 180 presos
de las FARC-EP, incluido uno de sus líderes, para ser liberados unilateralmente.
[9] Ver OEA, “Conclusiones de
[10] Ver sección "Grupos guerrilleros" (párrs.
45 a 49).
[11]
[12] Los resultados en 18 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Boyacá,
Caquetá, Cesar, Huila, Magdalena, Nariño y Santander, fueron cuestionados por
supuestas irregularidades como compra de votos o suplantación de electores y
amenazas a testigos electorales. Disturbios en algunos municipios ocasionaron
daños a oficinas de
[13] Se registraron amenazas en Antioquia, Arauca, Bolívar,
Cauca, Putumayo, Santander, Tolima y Valle, e intimidaciones a la población
civil en Córdoba y Nariño, orientadas a
presionar a los votantes.
[14] Los departamentos más afectados
fueron Antioquia, Valle del Cauca y Tolima.
[15] Declaración de Bogotá de la III
Conferencia Internacional sobre Colombia, Bogotá, 30 de
noviembre de 2007, punto 7.
[16] Ver nota 4 supra.
[17] Partido político de izquierda creado en el contexto
de los diálogos de paz con las FARC-EP a finales de la década de 1980, muchos
de cuyos miembros y seguidores fueron asesinados.
[18] Varios de los paramilitares implicados en la referida
masacre actualmente son beneficiarios del proceso de desmovilización de
[19] En ese sentido, una corte de Estados Unidos condenó y
multó a Chiquita Brands International por haber financiado a grupos
paramilitares colombianos entre 1997 y 2004.
[20] De estos postulados, todavía hay 439 que no han sido
plenamente identificados.
[21] Ver sección "Víctimas del conflicto armado"
(párrs. 50 a 52).
[22] Por ejemplo, un ex líder del llamado “Bloque
Bananero” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) declaró haber ordenado
asesinar a cerca de 1.500 personas solamente en la zona de Urabá (departamento
de Antioquia).
[23]
[24] Ver en particular el Decreto N.º 128 del 22 de
enero de 2003 “Por el cual se
reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y
[25] Por ejemplo, existe un debate procesal sin resolver
sobre el momento adecuado para expedir resoluciones de acusación individuales.
Se plantea si se debe utilizar la información disponible para iniciar el juicio
de manera inmediata, o si se debe esperar hasta tener todas las pruebas para
todos los casos posibles (incluyendo los casos que aún no han sido iniciados
por hechos desconocidos hasta el momento y que solo ahora están saliendo a la
luz).
[26] Por ejemplo: Disposición N.° 12 del 5 de marzo de
2007, “Reglas de enfrentamiento para las Fuerzas Militares”;
[27] En julio el Congreso aprobó una reforma al Código
Penal Militar que no excluyó todas las violaciones de derechos humanos y las
infracciones graves al derecho internacional humanitario de la jurisdicción
militar, tal como lo establece la normativa internacional. El Presidente Álvaro
Uribe objetó esta disposición. Está pendiente la decisión definitiva de la
Corte Constitucional. Congreso República de Colombia, Diario Oficial, Año CXLIII, N.° 46706,
31 de julio de 2007.
[28]Datos de
[29] Los miembros del Frente Cacique Pipintá,
que operaba en los departamentos de Caldas y Antioquia, se entregaron en
septiembre de 2007.
[30] Ver OEA, “Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre
[31] Específicamente la victimización de sectores
que fueron directamente afectados por los grupos paramilitares como los
defensores de derechos humanos, líderes sociales, población indígena,
universitarios, periodistas y operadores
de justicia.
[32] Ministerio de Defensa Nacional, “Logros y retos de
[33] Por ejemplo el asesinato en Cali (Valle del
Cauca) de Sergio Mauricio Cortes, activista del Polo Democrático Alternativo,
en mayo de 2007, hecho denunciado por su hermano a la Fiscalía, quien fue asesinado
a final de ese mismo mes.
[34] Por ejemplo el asesinato de cuatro mujeres en
[35] Por ejemplo los reclutamientos señalados en
Cartagena, Medellín y Valle del Cauca, citados en el informe del Secretario
General sobre niños y conflicto armado de 21 de diciembre de 2007 (véase A/62/609–S/2007/757,
párr. 116).
[36] Ver nota 9 supra.
[37] Sólo en Arauca, durante el primer semestre del 2007, se
registraron 128 homicidios atribuidos principalmente a las FARC-EP o al ELN.
[38] La oficina en Colombia ha dado seguimiento a situaciones que
afectaron también a sectores como las comunidades lesbiana, gay, bisexual y transgenerista, particularmente en casos de
homicidios, como los perpetrados contra personas travestis, especialmente en
Cali, donde en el primer semestre de 2007 se reportaron 12 homicidios.
[39] “Balance de la política pública para la atención
integral al desplazamiento forzado en Colombia. Enero 2004-Abril
[40] En Arauca se registró el desplazamiento de 253 familias
en enero y de 132 en abril, incluidas 16 familias de la etnia makaguan del
resguardo
[41] En marzo el desplazamiento
de El Charco afectó alrededor de 5.000 personas.
[42] En mayo unas 525 personas
desplazaron en el municipio de Cumbitara (Nariño).
[43] En Arauca, la población fue afectada por las restricciones a la libre circulación
impuestas por las FARC-EP en las vías que conectan los municipios de
Arauca, Sarvena, y Tame.
[44] Cifra oficial del Sistema Único de Registro (SUR), aunque
estadísticas no oficiales reportan más de tres millones de desplazados.
[45] Una decisión del Consejo de Estado de noviembre de
2007 consideró a la Nación responsable por los perjuicios sufridos por 538
personas que fueron desplazadas del corregimiento de Filogringo (municipio El
Tarra, departamento de Norte de Santander) por una incursión paramilitar en
marzo de 2000 imponiendo una reparación de casi 12.000 millones de pesos
(aproximadamente 6 millones de dólares de los Estados Unidos).
[46]Según la Confederación Sindical Internacional, en 2006
hubo 78 sindicalistas asesinados en Colombia. Ver Informe anual 2007.
[47] Fuente: Centro de Servicios Especializados y del
Circuito de Descongestión (OIT), Rama
Judicial del Poder Público.
[48] Álvaro Uribe, Informe al
Congreso 2007. 20 de julio de 2007, pág. 12.
[49] Investigación del CICR y el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) en las ocho ciudades (de nueve) con mayor número de personas
desplazadas, 2007.
[50] Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo
(PNUD) , Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008, 2007.
[51] Cifras oficiales del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) indican que el desempleo pasó de 11,9% entre
diciembre de 2005 y noviembre de 2006, a 11,3% en el mismo período del
siguiente año.
[52] Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones”.
[53] Artículo 14, literal g, Ley 1122 de 2007.
[54] Acto Legislativo 4 de 2007 “Por el cual se reforman
los artículos 356 y 357 de
[55] Ley 1152 de 2007 “Por la cual se dicta el Estatuto de
Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(INCODER), y se dictan otras disposiciones”.
[56] Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010.
[57] Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016.