Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 






Distr.
GENERAL

E/CN.4/1998/16
9 de marzo de 1998


Original: ESPAÑOL




COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
54º período de sesiones
Tema 3 del programa provisional

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERÍODO DE SESIONES


_Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas _
_para los Derechos Humanos_
ÍNDICE

_INTRODUCCIÓN _


_I. CONTEXTO NACIONAL_

_A. Sistema constitucional y tratados internacionales ratificados por
Colombia _

_B. El contexto de la violencia y el conflicto armado interno_


_C. La situación en 1997: proceso electoral y proceso de paz_


_II. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO _

_A. Principales violaciones de los derechos humanos e infracciones del
derecho internacional humanitario_

_B. Aspectos particulares del derecho internacional humanitario_

_C. Derechos económicos, sociales y culturales_

_D.
Aspectos particularmente graves de la situación de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario_



_III. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES POR PARTE DEL
ESTADO COLOMBIANO_


_IV. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS __EN COLOMBIA_


_V. CONCLUSIONES_


_VI. RECOMENDACIONES_



INTRODUCCIÓN

1. La Oficina en Colombia se estableció mediante el Acuerdo suscrito en
Ginebra, el 29 de noviembre de 1996, por la Ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia, Sra. María Emma Mejía Vélez, y el entonces Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. José
Ayala Lasso. Dicho Acuerdo define el mandato y funciones de la
Oficina _(1)_ <#N_1_>. Las actividades de la Oficina se iniciaron con
la llegada de su Directora a Colombia el 6 de abril de 1997.

2. En el 53º periodo de sesiones, la Comisión saludó la apertura de la
Oficina y reconoció los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno
colombiano en materia de derechos humanos, así como su voluntad de
cooperar con los relatores especiales y grupos de trabajo. Sin embargo,
volvió a manifestar su preocupación ante la persistencia de miles de
violaciones al derecho a la vida, la práctica de la desaparición forzada
y de la tortura, la creciente participación en el conflicto de los
grupos paramilitares, y la persistencia de alarmantes niveles de
impunidad. Asimismo, urgió al Gobierno a que continuara fortaleciendo su
apoyo a todos aquellos que promueven la defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, la Comisión urgió a los insurgentes a respetar las normas
del derecho internacional humanitario y a abandonar el uso del
secuestro, la toma de rehenes, las minas antipersonales, los asesinatos
indiscriminados y todo ataque a la población civil.

3. El trabajo de la Directora está apoyado por seis expertos en misión,
un asesor legal, un oficial de seguridad y diez personas a cargo de las
funciones administrativas y de servicios. La sede de la Oficina esta en
Santafé de Bogotá. Su financiamiento ha sido posible gracias a
contribuciones de la Comisión Europea, Alemania, Chipre, España,
Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza. El Gobierno de
Colombia, por su parte, ha contribuido poniendo a disposición de la
Oficina el inmueble que ocupa.

4. La acogida de la Oficina ha sido favorable por parte del Gobierno así
como por parte de la sociedad colombiana en general. Como muestra de
ello, el Presidente de la República recibió a la Directora días después
de su llegada a Bogotá y reiteró el apoyo de su Gobierno a la Oficina.
Asimismo, el 25 de abril de 1997, emitió la Directiva Presidencial Nº 05
por la cual se informó a todos los organismos del poder ejecutivo,
incluidas las fuerzas armadas y la policía nacional, sobre el
establecimiento y funciones de la Oficina, recomendando se le preste
colaboración. La Oficina ha contado con la colaboración de las
instituciones estatales y gubernamentales y ha podido desarrollar sus
actividades en Colombia sin obstáculo alguno.[_regresar a la pagína_
]

I. CONTEXTO NACIONAL

A. _Sistema constitucional y tratados internacionales ratificados por
Colombia_

5. De conformidad con la Constitución vigente el poder público se ejerce
en Colombia por tres ramas. La primera es la ejecutiva cuya cabeza, el
Presidente de la República, ejerce de modo simultáneo las atribuciones
de Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad
administrativa, y asume el rango de Comandante supremo de las fuerzas
armadas. La segunda es la legislativa, integrada por el Congreso, órgano
bicameral que cumple las funciones de hacer las leyes, ejercer control
político sobre el Gobierno y la administración y reformar la
Constitución. La tercera es la judicial, de la que hacen parte la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y
los demás tribunales y jueces encargados de administrar justicia.

6. La investigación de los delitos corresponde a la Fiscalía General de
la Nación. Del juzgamiento se ocupa la jurisdicción penal ordinaria o la
jurisdicción regional.

7. La jurisdicción penal militar no pertenece a la rama judicial del
poder público, sino a su rama ejecutiva. Se ejerce para la investigación
y el juzgamiento de delitos cometidos por miembros de la fuerza pública
en servicio activo y en relación con el mismo servicio. De ella hacen
parte cortes marciales y tribunales militares regulados por el Código
Penal Militar.

8. También prevén las normas constitucionales la existencia de dos
órganos de control. El primero es la Contraloría General de la República
y el segundo es el Ministerio Público, integrado por la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, encabezada por un
_ombudsman_, y los personeros de los distritos y municipios. Mientras
que al primero corresponde vigilar la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o
bienes de la nación, al segundo le corresponde la guarda y promoción de
los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia
de la conducta oficial de los agentes del Estado.

9. La República de Colombia es miembro originario de la Organización de
las Naciones Unidas y Estado Parte en numerosos instrumentos de derecho
internacional de los derechos humanos y derecho internacional
humanitario. Entre los tratados sobre la materia ratificados por el
Estado colombiano se hallan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el Protocolo I Adicional, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, los cuatro Convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949, y los Protocolos I y II de 1977, Adicionales a los
mismos.

10. Por mandato constitucional las normas de esos tratados, una vez en
vigor, entran a formar parte del "bloque de constitucionalidad" y
adquieren la misma jerarquía de las normas incorporadas originalmente en
el texto de la Constitución. Para la protección de los derechos humanos
la propia Constitución establece varios mecanismos de carácter judicial
a fin de garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales. Los
principales son la acción de tutela y la acción de hábeas corpus. La
primera, con cuya institución se ha cumplido lo dispuesto por el
artículo 2, párrafo 3 a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, puede ser invocada por quien, a consecuencia de la acción u
omisión de las autoridades públicas ha visto vulnerado o amenazado
alguno de sus derechos fundamentales. La segunda, con cuyo
establecimiento se cumple lo estipulado en el artículo 9, párrafo 4 del
mismo Pacto, es invocable por todo el que hallándose privado de la
libertad cree estarlo ilegalmente.[_regresar a la pagína_
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B. _El contexto de la violencia y el conflicto armado interno_

11. Las violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho
internacional humanitario en Colombia, se ubican dentro de un amplio y
complejo contexto de violencia sociopolítica, cuyo análisis iría más
allá del espíritu del presente informe. Es necesario, sin embargo,
mencionar algunos aspectos de dicho contexto.

12. Colombia ha estado marcada históricamente por la violencia política
y social. En este siglo, fenómenos de exclusión política, económica,
social y cultural provocaron las luchas campesinas de los años 30 y 40
y, posteriormente, un largo período de violencia entre los dos partidos
tradicionales, el Liberal y el Conservador. En 1957, a través de una
reforma constitucional, se estableció un sistema de alternación y
paridad entre esos partidos. Con ello quedaron marginados de la
participación en el poder otros sectores políticos. Desde la década de
los 60 se ha hecho notorio un movimiento insurgente, cuyos orígenes
pueden en parte explicarse en el contexto de polarización y guerra fría
de esa época. Para enfrentar dicho movimiento rebelde, el Estado
incorporó a sus actividades de contrainsurgencia grupos de civiles
armados que con el paso de los años se convirtieron en un nuevo foco de
perturbación del orden público. En el decenio de los 70 irrumpió el
fenómeno del narcotráfico que, al proyectarse en amplios sectores de la
sociedad colombiana, dio lugar a nuevas formas de criminalidad y
corrupción.

13. Colombia continúa sufriendo de una de las tasas de homicidios más
altas del mundo. Dentro del contexto de violencia debe hacerse
referencia a la criminalidad generada por las organizaciones de
narcotraficantes, que incluso han llegado a ofensivas terroristas,
mediante la colocación de explosivos en sitios públicos. Existen
indicios sobre el apoyo que estas organizaciones prestan a los grupos
paramilitares, que en ocasiones actúan como ejércitos privados de los
grandes jefes de los carteles de la droga. En zonas controladas por los
grupos insurgentes, estos permiten y controlan los cultivos y el
comercio ilícito de la coca, obteniendo provecho económico de las
contribuciones que impone a quienes en él participan.

14. La agravación de la violencia y el acrecentamiento del conflicto
armado han golpeado gravemente la economía del país, generando
desinversión, desempleo, disminución en la actividad productora de
alimentos básicos, marginación y pobreza. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) calcula que el costo del crimen supone que Colombia
estaría perdiendo más de dos puntos del crecimiento anual del Producto
Interior Bruto. Según estadísticas de febrero de 1996 del BID, el efecto
acumulado entre 1970 y 1993 de este crecimiento es tal que una Colombia
menos violenta tendría un ingreso per cápita superior en un 32% al
actual.[_regresar a la pagína_
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C. _La situación en 1997: proceso electoral y proceso de paz_

15. Cabe destacar dos eventos políticos de suma importancia: el primero
es el proceso electoral que culminará en junio de 1998 con la elección
de un nuevo Presidente, y el segundo, el amplio debate en el seno de la
sociedad colombiana sobre una eventual salida pacífica al actual
conflicto armado. Uno y otro aspecto parecen ligados al incremento de
las acciones violentas por parte de los grupos armados, que de esa
manera intentarían incidir en los resultados electorales ante un
eventual inicio de negociaciones de paz.

16. Los comicios para elegir nuevas autoridades departamentales y
municipales que tuvieron lugar el 26 de octubre de 1997 estuvieron
marcados por amenazas y ataques contra los candidatos. A pesar de ello,
la iniciativa ciudadana conocida como "Mandato por la Paz", que reunió
más de 400 organizaciones de la sociedad civil, obtuvo casi 10 millones
de votos en favor de una resolución pacífica del conflicto y de la
observancia de las normas contempladas por el derecho internacional
humanitario. Esta iniciativa contó con el apoyo de UNICEF y se sumó a
los esfuerzos de la Comisión de Conciliación Nacional, instancia no
gubernamental que, con el apoyo de la Iglesia católica, realiza
esfuerzos en favor de la reconciliación.

17. El Gobierno del Presidente Samper adoptó una serie de medidas
tendientes a impulsar las condiciones para el inicio de un diálogo. La
gran mayoría de los candidatos presidenciales anunciaron su compromiso
con una política de paz.

18. Por su parte, grupos económicos, importantes agrupaciones gremiales
y otros sectores sociales expusieron su intención de contribuir al
proceso con el estudio de propuestas relativas a los graves problemas
socioeconómicos del país.

19. Los grupos guerrilleros, si bien respondieron con reticencia y
condiciones a las ofertas del diálogo del Gobierno, habrían manifestado
a través de varios contactos, entre los cuales se encuentran autoridades
locales, "que mantienen su convicción sobre la necesidad de desarrollar
un proceso que culmine en la reconciliación de la familia colombiana"
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC). En enero de 1998,
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) respondió a una carta de la
coordinadora de la iniciativa ciudadana "Mandato por la Paz"
manifestando su compromiso de adelantar conversaciones sobre el
contenido de dicho movimiento. Por su parte, los paramilitares dejaron
saber, públicamente, su intención de participar en el proceso, exigiendo
reconocimiento político y anunciando su propuesta de cambios para el
país: "Reconocemos la identidad y convergencia en muchos aspectos que
guerrilla y autodefensas reclamamos del Estado, como condición para
allanar los caminos de la Paz" (pronunciamiento del grupo paramilitar
Autodefensas Unidas de Colombia, 26 de junio de 1997).

20. No obstante, en 1997 se ha observado una intensificación del
conflicto y aunque por una y otra parte contendiente se han repetido las
promesas de observar y cumplir las normas del derecho internacional
humanitario, es preocupante el número de víctimas no combatientes que ha
arrojado hasta hoy.[_regresar a la pagína_
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II. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO

A. _Principales violaciones de los derechos humanos e infracciones del
derecho internacional humanitario_

21. Las conductas contra derechos reconocidos por los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos constituyen
violaciones de éstos cuando han sido realizadas por agentes del Estado o
por particulares que actúan bajo su instigación, con su aquiescencia o
con su complicidad. Estas conductas se clasifican en el presente informe
con arreglo a las pautas del derecho internacional de los derechos humanos.

22. En el caso de Colombia, se concentran las infracciones del derecho
internacional humanitario (DIH) en acciones u omisiones contrarias a lo
establecido en el artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra y
en el Protocolo II Adicional a estos Convenios e imputables a cualquier
persona o grupo que toma parte directa en las hostilidades.

23. Frente al ordenamiento internacional, los grupos insurgentes
colombianos sólo pueden ser responsables de infracciones del derecho
internacional humanitario. Cuando las violaciones de los derechos
humanos se producen dentro del marco del conflicto armado, la Oficina
del Alto Comisionado en Colombia toma en cuenta que ellas constituyen,
además, infracciones del derecho internacional humanitario.

24. La Oficina ha recibido quejas provenientes de instituciones
estatales, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de particulares.
En muchos casos ha podido hablar con víctimas y testigos directos de los
hechos, obteniendo así información de primera mano, y verificando la
autenticidad de las informaciones. También le han llegado numerosas
quejas presentadas por las fuerzas militares y la policía nacional sobre
conductas que atribuyen a los grupos de alzados en armas. Los grupos
insurgentes no han enviado queja alguna a la Oficina, lo cual dificulta
la tarea de completar y contrastar la información disponible sobre
infracciones del derecho internacional humanitario. Las estadísticas que
se ofrecen en este informe provienen, además de las originadas en las
quejas recibidas directamente por la Oficina, de fuentes de carácter
estatal, de organizaciones no gubernamentales y de información pública
disponible en el país.

25. Según fuentes no gubernamentales, entre octubre de 1996 y septiembre
de 1997, fueron víctimas de violencia sociopolítica un total
de 3.439 personas. De estos hechos violentos se estima que el 76% de
ellos son atribuibles a los grupos paramilitares, el 18,6% a las
guerrillas y el 4,4% a la fuerza pública. Según estas estadísticas los
actos violatorios cometidos por paramilitares habrían aumentado con
respecto a los años anteriores, mientras que aquéllos cometidos por los
grupos insurgentes y por las fuerzas militares habrían disminuido.

1. _Derechos civiles y políticos_

a) _Derecho a la vida_

26. Los informes recibidos por la Oficina del Alto Comisionado en
Colombia ponen de manifiesto que violaciones al derecho a la vida
cometidas por elementos de la fuerza pública y grupos paramilitares, así
como atentados contra la vida a manos de grupos subversivos, se han
venido produciendo a escala alarmante en Colombia. Según datos del
Centro de Investigación y Educación Popular CINEP-Justicia y Paz, un
total de 3.341 personas fueron víctimas de muerte violenta entre enero y
septiembre de 1997. La Defensoría del Pueblo señala haber recibido,
durante el año 1996, 398 quejas sobre privación del derecho a la
vida _(2)_ <#N_2_>.

i) _Violaciones y amenazas contra el derecho a la vida cometidas por la
fuerza pública y grupos paramilitares_

27. La Oficina ha recibido quejas sobre violaciones del derecho a la
vida atribuidas a las fuerzas militares, grupos paramilitares y a la
policía. En ciertos casos, los testigos se refieren a que las acciones
que llevaron a estas violaciones se realizaron conjuntamente por
militares y paramilitares. En otros, se afirma que los paramilitares
cuentan con el apoyo logístico de los militares, o su complicidad,
traducida en la omisión de perseguir a los presuntos responsables de las
mismas. Diferentes fuentes consultadas por la Oficina, coinciden en
afirmar que los grupos paramilitares aparecen como responsables del
mayor número de violaciones del derecho a la vida. Según denuncias
recibidas por la Oficina, solamente en el municipio de Dabeiba,
departamento de Antioquia, los paramilitares que controlan la zona
dieron muerte a más de 100 personas entre enero y noviembre de 1997.

28. Las masacres, llevadas a cabo por grupos paramilitares, han
continuado en el transcurso de 1997. Según fuentes no gubernamentales,
entre octubre de 1995 y septiembre de 1996, se perpetraron 78 masacres
con un saldo de 437 víctimas _(3)_ <#N_3_>. Igualmente, según otras
fuentes _(4)_ <#N_4_> entre enero y noviembre de 1997 se atribuyeron a
los grupos paramilitares 31 masacres que dieron un saldo de 265
víctimas. En muchos casos este tipo de violaciones del derecho a la vida
es precedido de torturas y sevicias públicas con el objetivo de
aterrorizar a la población.

29. A mediados del año 1997, después de la masacre de Mapiripán,
departamento del Meta, Carlos Castaño, máximo jefe del grupo paramilitar
Autodefensas Unidas de Colombia declaró a la prensa que habría "muchos
más Mapiripanes". Desde esa fecha, y hasta finales de noviembre de 1997,
se han cometido 15 masacres, con un saldo de 165 víctimas. Al igual que
en el caso de ejecuciones selectivas, a menudo testigos afirman que se
trató de acciones perpetradas por militares haciéndose pasar por
paramilitares, de acciones conjuntas de miembros de la fuerza pública y
paramilitares o de acciones de paramilitares que contaron con la
complicidad, el apoyo o la aquiescencia de ésta. Los detalles de los
casos denunciados ante la Oficina en Colombia sugieren que los hechos no
hubieran podido realizarse sin esa aquiescencia, apoyo o complicidad.

30. Debe también mencionarse que las violaciones del derecho a la vida
de personas marginadas continúan siendo una práctica generalizada.
Informaciones proporcionadas a la Oficina se refieren a violaciones del
derecho a la vida imputadas a miembros de las asociaciones denominadas
"Convivir" cometidas contra delincuentes comunes, habitantes de la
calle, drogadictos y prostitutas.

31. Durante 1997, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias transmitió denuncias de violaciones del derecho a
la vida de 181 individuos, cometidas mayoritariamente por miembros de
grupos paramilitares y el ejército. Igualmente el Relator transmitió al
Gobierno una carta de fecha 13 de agosto de 1997 en la que expresaba
preocupación por el número de masacres registradas, y se refería
particularmente a las ocurridas en Vegachí, Antioquia, en febrero de
1997 y en Mapiripán, departamento del Meta, en julio de 1997.

32. Igualmente, durante 1997, el Relator Especial transmitió 24
llamamientos urgentes al Gobierno de Colombia solicitando se tomaran las
medidas necesarias para proteger la integridad física y el derecho a la
vida de individuos que habían sido amenazados de muerte por miembros de
la fuerza pública, grupos paramilitares y particulares cooperando con
éstos. Las acciones urgentes incluyeron solicitudes de protección para
activistas de derechos humanos, sacerdotes, sindicalistas, personeros
municipales y representantes campesinos.

33. La población civil ha sido a menudo objeto de amenazas por parte de
los combatientes en el conflicto, ya con el fin de que coopere con una
de las partes, ya para disuadirla de ello. Las amenazas de muerte son
generalmente el anuncio de que ataques contra la vida van a producirse y
que conducen al desplazamiento y al exilio. Esta práctica masiva se
ejerce en las zonas rurales, especialmente contra los miembros de la
población, a fin de provocar la intimidación y el éxodo.

34. La Oficina en Colombia ha recibido denuncias indicando que en muchos
casos de incursiones paramilitares contra población campesina, éstas
fueron precedidas por el pasaje de miembros del ejército que
recomendaban a los habitantes salir de la región "porque detrás nuestro
vienen los que cortan en pedacitos".

35. En este sentido, algunas de las acciones urgentes transmitidas por
el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, fueron enviadas en favor de la población civil de varias
municipalidades (población civil de las comunidades al noroeste de
Chocó, habitantes de las municipalidades de Remedios, Yondó y
Cantagallo, pobladores de la municipalidad de El Carmen de Atrato,
población civil de la municipalidad de Segovia, población civil de El
Carmen de Bolívar y San Jacinto, entre otras), ya que el aumento de las
actividades paramilitares en las mismas hacía temer por su integridad
física.

ii) _Atentados contra la vida cometidos por la guerrilla_

36. Las fuerzas militares denunciaron ante la Oficina del Alto
Comisionado en Colombia, atentados contra la vida de 47 miembros del
ejército nacional después de haber sido
aprehendidos por las guerrillas. Tres de los cautivos habrían sido
rematados encontrándose heridos y en estado de indefensión. Según las
mismas fuentes, otros 14 soldados fueron muertos por la guerrilla
mientras se encontraban de permiso.

37. De acuerdo con las denuncias de las fuerzas militares, 166 civiles
murieron a manos de los grupos guerrilleros. Por su parte, la Comisión
Colombiana de Juristas reporta que grupos alzados en armas fueron
autores de la muerte de 217 personas en el período comprendido entre
octubre de 1995 y septiembre de 1996. La Oficina recibió denuncias de
particulares sobre la muerte de 88 civiles a manos de distintas
organizaciones insurgentes. En muchos casos la guerrilla denomina
"objetivos militares" a personas protegidas por el derecho internacional
humanitario, dando así a entender que los considera blancos legítimos.
También se afirma que los grupos guerrilleros justifican y legitiman
atentar contra la vida de personas acusadas de ser informantes de la
fuerza pública o colaboradores del paramilitarismo. En las zonas
controladas por los insurgentes se imputan a éstos las muertes de
delincuentes comunes y drogadictos.

38. Las guerrillas han sido también responsables de masacres. Así,
según fuentes no gubernamentales, desde enero a noviembre de 1997, éstas
cometieron 14 masacres de civiles, con un total de 95 víctimas.

39. La práctica descrita anteriormente relativa a las amenazas contra la
población civil se aplica igualmente a los grupos guerrilleros como
parte en el conflicto. Igualmente, en zonas controladas por los grupos
insurgentes es común la amenaza de tipo extorsivo, mediante la cual los
grupos guerrilleros piden colaboración en dinero o en especie.
Frecuentemente las amenazas tienen como fin o como consecuencia el
desplazamiento de individuos o familias. Además, cuando las personas
amenazadas no cumplen la exigencia, los guerrilleros asesinan o expulsan
de la zona a la víctima.

40. Las fuerzas militares denunciaron ante la Oficina seis casos de
amenazas contra civiles y familiares de miembros de las fuerzas armadas
cometidas por grupos subversivos. Por otro lado, se han recibido
denuncias de particulares relativas a diez casos de amenazas efectuados
por grupos guerrilleros contra civiles. La Defensoría del Pueblo señala
haber recibido 634 denuncias por amenazas de muerte en el año
1996 _(5)_ <#N_5_>.

b) _Derecho a la seguridad de la persona_

i) _Desapariciones forzadas_

41. La Defensoría del Pueblo indica que, entre 1994 y 1996, fueron
denunciadas ante esta entidad 1.012 casos de desaparición forzada.
El Centro CINEP-Justicia y Paz señaló que entre enero y noviembre de
1997, se produjeron 87 casos, de los cuales 81 se atribuyeron a grupos
paramilitares y 6 al ejército. La Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (ASFADDES) registró 37 casos ocurridos en 1997.

42. Durante los ocho primeros meses de su trabajo en Colombia, la
Oficina del Alto Comisionado recibió quejas relativas a 72 casos. En 27
de ellas, la autoría fue atribuida a agentes del Estado. En las demás,
la mayoría de los casos fueron atribuidos a grupos paramilitares y
algunos a desconocidos. También se reportaron casos en los cuales se
atribuyó la autoría a los paramilitares actuando conjuntamente con la
fuerza pública.

43. Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
o Involuntarias transmitió al Gobierno, durante 1997, 36 nuevos casos de
los cuales 16 habrían ocurrido en ese año. Ello elevó a 782 el número
total de casos de Colombia pendientes ante el Grupo.

ii) _Toma de rehenes y secuestro_

44. La prohibición de la toma de rehenes, contemplada en el artículo 4
párrafo 2 c) del Protocolo II Adicional a los cuatro Convenios de
Ginebra, se aplica a los secuestros extorsivos realizados por los
combatientes dentro del marco del conflicto armado interno colombiano.
La práctica del secuestro con fines extorsivos está siendo realizada de
forma sistemática por los grupos de guerrilla para financiar sus
actividades.

45. La policía nacional afirma que, de enero a octubre de 1997, la
guerrilla secuestró a 585 personas. El Programa presidencial para las
víctimas del secuestro da cuenta de 382 secuestros realizados por la
guerrilla en el mismo periodo. Las fuerzas militares presentaron quejas
a la Oficina sobre el secuestro de 53 personas por parte de la guerrilla
entre 1992 y 1997, entre ellos 17 extranjeros.

46. Los grupos paramilitares también recurren a esta práctica,
secuestrando especialmente a familiares de guerrilleros como represalia
contra estos últimos. Algunos miembros de la fuerza pública se han visto
comprometidos con esta práctica.

c) _Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes_

47. La Defensoría del Pueblo da cuenta de 65 casos de tortura
denunciados ante esa institución en 1996. Por otro lado, en el banco de
datos del Centro CINEP-Justicia y Paz se registran 155 casos entre
octubre de 1996 y septiembre de 1997. Hasta noviembre de 1997, la
Oficina recibió información sobre 28 casos.

48. El Defensor del Pueblo señala que las estadísticas sobre la tortura
en Colombia no reflejan el volumen de comisión de este crimen, porque
muchas de las personas torturadas sólo figuran dentro de las listas de
víctimas de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial. También
ha señalado el Defensor que en muchos casos, cuando la tortura se da en
el marco de privaciones de la libertad a manos de agentes del Estado,
quienes la han padecido son obligados a declarar por escrito que
recibieron buen trato. Muchas personas no denuncian haber sido víctimas
de torturas por temor a ser ejecutadas posteriormente.

49. La Comisión Colombiana de Juristas señaló que los grupos
paramilitares son responsables del 77% de los casos de tortura, y han
convertido en _modus operandi_ la práctica de torturar en público a
quienes luego serán fusilados o degollados. Muchos casos de tortura se
imputan a miembros de la fuerza pública y no sólo en aquellas zonas del
territorio donde se desarrollan las hostilidades del conflicto armado.
Por su parte, las fuerzas militares denunciaron ante la Oficina ocho
casos de tortura contra soldados capturados, cuya responsabilidad
atribuyen a grupos guerrilleros.

50. La práctica de la tortura está prohibida por el artículo 3 común a
los cuatro Convenios de Ginebra y por el párrafo 2 a) del artículo 4 del
Protocolo II Adicional.

d) _Libertades_

51. Numerosos instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos ratificados por Colombia garantizan la libertad de pensamiento y
de expresión, de asociación y de reunión, y están debidamente protegidos
por la Constitución. Sin embargo, la Oficina pudo constatar que los
mismos se hallan fuertemente comprometidos en la práctica y que no
existen garantías reales para su libre ejercicio.

i) _Libertad sindical_

52. Para la Organización Internacional del Trabajo, la libertad sindical
debe garantizarse tanto en derecho como en la práctica, comprometiéndose
la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de la
misma. El Comité de Libertad Sindical de esta organización internacional
considera el caso colombiano como de una extrema gravedad y ha expresado
su preocupación por el ambiente de terror que resulta de las amenazas de
muerte hechas contra los sindicalistas, el cual incide desfavorablemente
en el ejercicio de las actividades sindicales.

53. Según informaciones provenientes del banco de datos de la Escuela
Nacional Sindical, entre el 1º de enero y el 15 de octubre de 1997
fueron asesinados 123 trabajadores sindicalizados, de los cuales el 25%
eran dirigentes sindicales. Los sectores más afectados fueron el de los
trabajadores afiliados a sindicatos agrícolas y el de los maestros
(el 43,27% de los homicidios cometidos contra sindicalistas corresponde
a maestros, según la misma fuente). En el mismo periodo siete
sindicalistas fueron víctimas de desaparición forzada. Se constataron,
igualmente, amenazas contra dirigentes sindicales y trabajadores
sindicalizados, atentados con explosivos contra sedes sindicales,
persecución a trabajadores por su actividad sindical y secuestros de
trabajadores extranjeros.

54. Los grupos paramilitares estarían incrementando los ataques contra
sindicalistas, mientras se observa una disminución de violaciones
atribuibles a los grupos insurgentes en relación a los dos años anteriores.

ii) _Libertad de pensamiento y de expresión_

55. Aunque se observa una gran libertad de expresión en los medios de
comunicación, incluyendo duras críticas al Gobierno, debe mencionarse la
situación de los periodistas colombianos, los cuales se ven expuestos a
todo tipo de agresiones en el cumplimiento de sus funciones. Se ha
denunciado a la Oficina del Alto Comisionado en Colombia que en el año
1997 cuatro periodistas han sido asesinados por su calidad de tal.
Muchos han sido secuestrados o amenazados, viéndose algunos obligados a
salir del país. Estos asesinatos y amenazas crean entre los periodistas
una sensación justificada de inseguridad que tiene como resultado una
"autocensura" en su propio trabajo que pone en serio peligro tanto el
derecho a informar como a ser informado.

iii) _Ejercicio de los derechos políticos_

56. Según el informe sobre orden público elaborado por el Ministerio
del Interior para el período enero-agosto de 1997, hubo 196 hechos
delictivos contra candidatos, alcaldes y concejales en ejercicio, de los
cuales 78 secuestros, 72 asesinatos, 33 actos de terrorismo, 21
atentados y 4 desapariciones.

57. Un informe de inteligencia militar publicado en la prensa en el mes
de mayo de 1997, afirmaba que 650 alcaldes (más de la mitad de los
municipios de Colombia) tenían relaciones directas o colaboraban con la
guerrilla. Los alcaldes señalados interpretaron el hecho como una amenaza.

58. La actividad política colombiana se caracteriza por el alto grado de
intolerancia frente a los partidos y movimientos de oposición. El
ejemplo más dramático es el caso de la Unión Patriótica, cuyos
militantes han sido víctimas de ejecuciones sistemáticas. Más de 1.500
miembros de este partido han sido asesinados desde la fundación del
mismo en 1985, incluyendo autoridades electas y la casi totalidad de sus
representantes al Congreso. Otros han tenido que exilarse y abandonar
sus cargos políticos.

59. Miembros del M19 y del Movimiento Paz, Esperanza y Libertad, cuyos
miembros son ex guerrilleros reinsertados a la vida civil, manifestaron
ser objeto de amenazas y atentados de parte de la guerrilla.

60. Pocos días antes de las elecciones del 26 de octubre de 1997, fueron
retenidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dos observadores
electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y un
funcionario de la gobernación de Antioquia, liberados algunos días más
tarde. La Oficina recibió quejas de la Unión Patriótica y del Partido
Comunista, denunciando que varios de sus miembros tuvieron que salir del
país por amenazas durante el proceso electoral. Asimismo, el Partido
Liberal denunció el asesinato de algunos de sus miembros como presión
frente al proceso electoral dentro de los que debe mencionarse el del
senador Jorge Cristo Sahium, reivindicado por el ELN.

e) _Derecho al debido proceso_

61. En el último informe del Defensor del Pueblo al Congreso, se indica
que la Defensoría recibió, durante el año 1996, 2.227 quejas sobre
vulneraciones del derecho al debido proceso.

62. La Oficina del Alto Comisionado en Colombia ha recibido quejas de
abogados defensores y de personas inculpadas que dan cuenta de graves
anomalías procesales. Éstas se dan, generalmente, en el marco de
actuaciones de la jurisdicción regional. En todas las quejas se ha
señalado que están limitadas en forma severa las posibilidades de
controvertir las pruebas de la acusación y de hacer valer las favorables
a la defensa. Esto es particularmente notorio en los casos en los cuales
hay testigos con reserva de identidad.

63. Por otra parte, el derecho a la presunción de inocencia se ha visto
vulnerado por la aplicación de las normas procesales que regulan las
actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. Este organismo tiene la
facultad legal de decretar la privación de la libertad cuando el proceso
se encuentra aún en la etapa de investigación y sin que se haya dictado
una resolución acusatoria. Con ello, en la práctica, se invierte la
presunción de inocencia, pues sobre el procesado recae una presunción de
culpabilidad. Preocupa el hecho de que, en algunos casos, la idoneidad
de los funcionarios de la Fiscalía se haya medido por el número de
resoluciones acusatorias dictadas, y que tal número se tome en cuenta
para determinar la permanencia en el servicio y su promoción dentro del
mismo. A juicio de la Oficina en Colombia, con ello se ha impuesto un
sesgo en favor de presunciones no admitidas por las normas
internacionales sobre derechos humanos.[_regresar a la pagína_
]


B. _Aspectos particulares del derecho internacional humanitario_

1. _Daños provocados a la población civil_

64. La Oficina del Alto Comisionado en Colombia observa que la población
civil es utilizada por los combatientes para protegerse del fuego del
adversario, es obligada a desplazarse y ve restringido su acceso a los
alimentos y a los medicamentos, en abierta violación de los artículos
13, 14 y 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra. Los
pobladores de zonas rurales están particularmente expuestos a ataques
indiscriminados por parte de todos los actores del conflicto.

65. Se han reportado ante la Oficina casos en los cuales los
combatientes hacen uso de casas y vehículos civiles o se mezclan a la
población civil durante operaciones militares, poniéndola en situación
de peligro extremo. En otros casos, llevan a cabo ataques
indiscriminados en zonas pobladas, hiriendo o provocando la muerte de
civiles y ocasionando daños a bienes civiles.

66. Han sido reportados ante la Oficina ataques contra la población
civil atribuidos tanto a los grupos insurgentes como a paramilitares y
fuerzas armadas. Los ataques realizados por parte de los paramilitares
han sido particularmente crueles y se han traducido, entre otros, por
masacres, reportadas en otro capítulo del presente informe, y por la
destrucción de bienes civiles.

67. Por otra parte, tanto las fuerzas armadas como los grupos
insurgentes utilizan minas, justificando su empleo desde un punto de
vista estrictamente defensivo. Sin embargo, varias regiones del país
están infestadas por las minas colocadas en 30 años de conflicto, siendo
la población civil la más afectada. No existe un informe completo sobre
la magnitud de este problema. Sin embargo, la Comisión Colombiana de
Juristas reporta que las minas antipersonal causaron 16 muertos y 30
heridos civiles entre octubre de 1995 y septiembre de 1996.

2. _Ataques a bienes civiles_

68. Si bien todos los ataques a bienes civiles no están contemplados en
las normas humanitarias del Protocolo II Adicional a los Convenios de
Ginebra, la Oficina en Colombia manifiesta su preocupación por la
práctica sistemática de este tipo de actos. Los atentados contra
oleoductos perpetrados por parte de grupos insurgentes están causando
derrames de petróleo que ocasionan graves daños en zonas agrícolas,
fuentes de agua potable y zonas habitadas. El informe del Defensor del
Pueblo sobre este problema señala 636 atentados contra oleoductos
realizados por grupos guerrilleros entre 1986 y 1996. Según el mismo
informe, en dos ocasiones los ataques causaron pérdida de vidas humanas
a raíz de los incendios provocados por las explosiones.

69. Otra práctica utilizada por la guerrilla es la de quemar medios de
transporte en retenes montados con este propósito, después de haber
hecho bajar a los pasajeros. Según la Asociación Nacional de
Transportadores, en los últimos tres años han sido incinerados 319
vehículos en todo el territorio colombiano. La gobernación de Antioquia
denunció ante la Oficina la quema de 105 buses en 30 atentados
realizados por las FARC y el ELN en el período preelectoral.

70. Las fuerzas militares denunciaron también ante la Oficina seis
ataques guerrilleros contra instalaciones públicas, entre otros, el
atentado contra los generadores de la central eléctrica de Guatapé,
departamento de Antioquia, que dejó fuera de servicio la misma.

3. _Protección de la misión médica, de los heridos y enfermos_

71. Los artículos 10 y 11 del Protocolo II Adicional a los Convenios de
Ginebra prevén la protección que se debe a la misión médica en acuerdo a
la deontología de esta profesión. Sin embargo, la Oficina en Colombia ha
podido comprobar, recogiendo testimonios en el terreno, que infracciones
a estos principios base del derecho internacional humanitario siguen
cométiendose en el país. Hospitales y vehículos sanitarios han sido
blanco de ataques armados, algunos médicos han sido obligados a efectuar
actos contrarios a la ética médica, y en las zonas de conflicto son
víctimas de presiones y de amenazas por parte de los diferentes grupos
de combatientes. Se ha reportado a la Oficina una queja sobre la
ejecución extrajudicial de civiles que habían prestado ayuda a
guerrilleros heridos, en violación del artículo 7 del Protocolo II
Adicional.

4. _Reclutamiento de menores_

72. Según diversas organizaciones no gubernamentales e instituciones,
durante mucho tiempo los menores de 15 años han sido reclutados por los
diversos actores del conflicto armado. La Defensoría del Pueblo, por
ejemplo, señala una proporción de 15% de menores de edad entre los
integrantes de grupos paramilitares, mientras que el porcentaje
disminuye a un 7 y 10% de menores comprendidos entre 13 y 17 años que
forman parte de las filas de la guerrilla. La Comisión Colombiana de
Juristas, por su parte, reporta tener conocimiento de la participación
de 17 menores de 18 años en las filas de la guerrilla entre octubre de
1995 y septiembre de 1996.

73. El párrafo 3 del artículo 4 del Protocolo II Adicional a los
Convenios de Ginebra prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años en
las fuerzas o grupos armados. Colombia, hasta diciembre de 1997,
mantenía dentro de su legislación disposiciones que permitían incorporar
immediatamente al servicio militar a los jóvenes que hubieran terminado
el bachillerato, cualquiera fuese su edad. Muy recientemente, el Estado
colombiano ha adoptado medidas legales tendientes a evitar el
reclutamiento de menores. Asimismo, cabe señalar que en 1996, el Estado
colombiano retiró la reserva que había hecho al ratificar la Convención
sobre los Derechos del Niño, reserva según la cual no reclutaría
personas menores de 18 años de edad.[_regresar a la pagína_
]


C. _Derechos económicos, sociales y culturales_

74. La Oficina no ha tenido capacidad para hacer un seguimiento
detallado de este importante bloque de derechos, ni ha recibido quejas
sobre violaciones de los mismos. Sin embargo, en base al documento de
evaluación conjunta de país elaborado por los organismos del sistema de
las Naciones Unidas presentes en Colombia, la Oficina puede hacer las
siguientes observaciones.

75. Quizás debido a la casi total ausencia de una tradición de
protección social efectiva y a una insuficiente integración del tejido
social, la sociedad colombiana, como tantas otras, no dispone de
consciencia sobre la universalidad de esos derechos, y sobre la
obligación social de evitar discriminación en la capacidad para
ejercerlos. De ahí que el aspecto crucial al analizar los derechos
económicos, sociales y culturales no es su reconocimiento legal sino la
posibilidad de hacerlos efectivos.

76. Constituye motivo de preocupación el nivel de pobreza que afecta a
una parte importante de la población colombiana. En Colombia se observa
una ausencia de protección social efectiva que garantice mínimamente la
subsistencia alimentaria, la vivienda, la educación y la atención a la
salud, así como a un ambiente sano. La distribución del ingreso en
Colombia es una de las más desiguales en América Latina: el 25% más rico
de la población tiene 30 veces más ingresos que el 25% más pobre. Es
también uno de los pocos de América Latina en el que la distribución del
ingreso ha empeorado en la presente década. La población que no dispone
de ingresos para una mínima canasta de consumo subió de 54% en 1994 a
57% en 1997 (datos del Departamento Nacional de Planeación).

1. _Educación_

77. La tasa nacional de analfabetismo es del 10%, y la distribución es
altamente desigual, ya que en algunas regiones alcanza el 25%. El gasto
publico en educación es levemente superior al 4% del PIB, y el privado
es, por lo menos, el 1,1% del PIB. Comparado con otros países de la
región, el gasto en primaria y secundaria es proporcionalmente mucho
menor que en educación superior.

2. _Salud_

78. Colombia es el país de América Latina con mayor gasto en salud.
En 1996, éste ascendió al 10% del PIB, incluyendo el gasto público
directo, las cotizaciones para el aseguramiento y el gasto privado.
Entre 1994 y 1995, el monto real de recursos públicos destinados al
sector salud creció en un 80%. Aunque los recursos destinados sean
excepcionalmente elevados, ello no ha dado como resultado un mayor
disfrute de este derecho a lo largo del territorio colombiano. En 1993
se creó el Sistema de Seguridad Social en Salud que unifica el sistema
de seguridad social para los trabajadores del sector formal, el servicio
público gratuito o semigratuito y los servicios privados. Sin embargo,
en la práctica los tres componentes subsisten y con ellos, una fuerte
discriminación en base al ingreso y condición laboral de los usuarios.

3. _Vivienda_

79. En Colombia existe un problema de acceso a la vivienda. Según el
censo de población y vivienda, en 1993 el 15% de colombianos vivía en
condiciones críticas de hacinamiento, y el 9,9% en viviendas
inadecuadas. El sistema de subsidios para la adquisición de viviendas
hasta la fecha se presenta inadecuado puesto que subsisten prácticas
poco transparentes así como corrupción cuyo efecto principal incide en
aquellos sectores más desfavorecidos.

80. Otra de las limitaciones para el acceso a la vivienda se encuentra
en las altas tasas de interés del crédito a la misma, así como a la alta
especulación en los precios del suelo urbano. En cuanto a los servicios
de agua potable y alcantarillado, éstos son escasos muy especialmente en
zonas rurales mientras que el servicio de energía eléctrica ha tenido
una expansión notable.

4. _Empleo y salario_

81. El desempleo ha aumentado de manera considerable, pasando de 7,8% en
1990 a más del 12% a fines de 1997. La vulnerabilidad del desempleo es
mayor en los jóvenes y en las mujeres. Subsiste una concepción obsoleta
de modelo de protección laboral que responde a una perspectiva de empleo
estable (y no de ingreso estable) con subsidios focalizados a los
trabajadores o empleados permanentes, lo que parece ser un obstáculo
para la lucha contra el desempleo. Son muchas las realidades de la
economía colombiana y mundial que exigirían repensar el sistema de
protección, de tal manera que se garantice simultáneamente el respeto
pleno y sin discriminaciones del derecho al trabajo y al ingreso y el
crecimiento económico nacional, inevitablemente ligado al nuevo contexto
de la economía mundial.

82. Otro aspecto preocupante de la gestión laboral en Colombia, se
refiere al trabajo de los niños y de los adolescentes. Se estima que en
Colombia trabajan cerca de 2,5 millones de menores de 18 años, de los
cuales 948.000 son menores de 14 años. En muchos casos las jornadas son
extremas, y las remuneraciones inferiores al salario mínimo legal (datos
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

5. _Ambiente sano_

83. Existe una creciente degradación y agotamiento de los recursos
naturales y del medio ambiente. Se estima que cada año son deforestadas
500.000 h de bosque, con el consiguiente impacto en los ecosistemas
locales, en la producción de oxígeno y agua, y en contaminación por
erosión. La información sobre contaminación por residuos sólidos es
preocupante. La contaminación de las aguas es enorme, así como la del aire.

84. En general, los problemas ambientales colombianos denotan la
carencia de una cultura generalizada de protección y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, aunque comienza a desarrollarse un
creciente interés de buena gestión ambiental promovido por algunas
entidades públicas, empresas, instituciones de enseñanza y
organizaciones no gubernamentales.

6. _Alimentación_

85. El conflicto armado interno incide negativamente en el goce de este
derecho, no sólo por el abandono de grandes extensiones cultivables a
causa de la violencia, sino también por cuanto los distintos actores del
conflicto restringen el ingreso de alimentos en numerosos municipios. La
desnutrición entre los niños menores de 15 años alcanza el
8%.[_regresar a la pagína_
]


D. _Aspectos particularmente graves de la situación de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario_

1. _El fenómeno paramilitar y las asociaciones "Convivir"_

86. En el marco de la lucha contra la insurgencia, el Gobierno
colombiano dictó el Decreto Nº 3398 de 1965, convertido en legislación
permanente a través de la Ley Nº 48 de 1968, por medio del cual se dio
fundamento legal para la organización y promoción de grupos de civiles
armados, denominados "autodefensas campesinas". Dentro de este marco,
miembros de las fuerzas armadas dotaron de armamento, entrenaron y
prestaron apoyo logístico a estos grupos para apoyar a la fuerza pública
en zonas de conflicto. Algunas personas que veían amenazados sus
intereses vieron con buenos ojos la creación de las "autodefensas", y
apoyaron sus actividades. Informaciones fidedignas proporcionadas a la
Oficina del Alto Comisionado afirman que, aún hoy, existe un vínculo
preocupante entre algunos sectores de las elites económicas y políticas
locales con grupos de paramilitares. El fenómeno del "paramilitarismo"
se desarrolló con mayor fuerza a partir de 1980, período en el que estos
grupos incrementaron el exterminio físico y selectivo de líderes
políticos de oposición y de dirigentes sindicales y sociales, así como
de funcionarios del Estado, acusados de colaborar con la guerrilla.

87. La Ley Nº 48 de 1968 estuvo vigente hasta 1989, fecha en la cual las
"autodefensas campesinas" fueron declaradas ilegales debido al
desbordamiento de sus acciones y a claros nexos con el narcotráfico. Sin
embargo, no se previó su desmantelamiento efectivo ni se hizo un
deslinde claro con el Estado.

88. En la actualidad los grupos paramilitares son responsables, según
los órganos de control y organizaciones no gubernamentales, del mayor
número de ejecuciones extralegales, de torturas y de desapariciones
forzadas. La Oficina ha podido igualmente constatar esa relación a
partir de las quejas recibidas. Durante el año 1997, la acción de los
grupos paramilitares ha continuado extendiéndose en todo el territorio
del país, y últimamente en zonas de control de la guerrilla.

89. En sus desplazamientos al terreno, la Oficina constató el terror
generalizado entre la población civil ante las masacres y ejecuciones
selectivas, previa tortura de las víctimas, desapariciones, controles
ilegales de identidad, de circulación y restricción del acceso a los
alimentos y a los medicamentos cometidos por los grupos paramilitares,
hechos que están provocando desplazamientos masivos de población. La
utilización de estos métodos parece ser la modalidad elegida por estos
grupos para sembrar el terror en regiones en las cuales se acusa a la
población de ser "auxiliadores de la guerrilla". La presencia de
paramilitares en las zonas rurales pudo ser igualmente constatada por
los miembros de la Oficina.

90. Con base en las quejas recibidas y en la observación del fenómeno en
el terreno, la Oficina tiene la percepción de que no pocos de los hechos
de violencia perpetrados por los paramilitares se cometen con la
tolerancia y aun la complicidad de servidores públicos, especialmente de
miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional, como se
demostró en el pasado con los casos de Trujillo y Riofrío y como hasta
ahora parece demostrarlo el caso de la masacre cometida entre el 15 y el
20 de julio en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta. Allí un
nutrido grupo de paramilitares, compuesto por miembros de las
Autodefensas Unidas de Colombia asesinó a un número todavía no
determinado de personas (por lo menos 28), sin que autoridad alguna
interviniera para impedir aquella operación de exterminio. Los
testimonios coinciden en afirmar que los paramilitares llegaron en avión
hasta San José del Guaviare, distante a pocos quilómetros de Mapiripán y
sede de la VII brigada del ejército. Los mismos testimonios aseguran que
de allí fueron transportados en vehículos de carga pesada y en lanchas
hasta Mapiripán. En la región está acantonada igualmente la Brigada
Móvil Nº 2.

91. Según las informaciones recibidas por la Oficina, existe una
percepción generalizada de que la lucha contra el paramilitarismo no ha
constituido una prioridad para las fuerzas armadas. Sin embargo, altos
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación manifestaron a la
Oficina no tener pruebas sobre la existencia de una política
institucional de apoyo al paramilitarismo por parte del Gobierno o del
Comando General de las Fuerzas Armadas. Por su parte, en su último
Informe al Congreso, el Defensor del Pueblo, órgano de control que hace
parte del Ministerio Público (véase párr. 8), manifiesta que los grupos
paramilitares "se han convertido en el brazo ilegal de la fuerza
pública, para la cual ejecutan el trabajo sucio que ella no puede hacer
por su carácter de autoridad sometida al imperio de la ley". Para el
Defensor, la actuación del paramilitarismo representa "una nueva forma
de ejercer la represión ilegal sin cortapisas" _(6)_ <#N_6_> (véase
cap. III, "Seguimiento de las recomendaciones internacionales por parte
del Estado colombiano").

92. El problema del paramilitarismo se ha tornado aún más complejo con
la existencia de grupos de civiles armados que, con autorización legal,
realizan actividades análogas a las de la fuerza pública. Mediante el
Decreto extraordinario Nº 356 de 1994 se establecieron los "servicios
especiales de vigilancia y seguridad privada" cuyos miembros quedaron
facultados para promover su propia seguridad en áreas de alto riesgo y
para emplear armas de guerra. Así nacieron las asociaciones "Convivir",
hoy privadas de tal nombre, que en nada han contribuido a clarificar las
relaciones entre el Estado y el fenómeno paramilitar. En la práctica,
para quienes observan la situación de los derechos humanos en el país,
resulta muy difícil distinguir las acciones de los grupos paramilitares
de aquellas de algunas asociaciones, "Convivir" pues entre ellas se dan,
en numerosos casos, relaciones de coincidencia, convergencia,
complementariedad y suplantación. Las víctimas de tales acciones son
incapaces de distinguir a qué grupos pertenecen sus autores, y hablan
indistintamente de los "paracos" (paramilitares en lenguaje popular) o
de "los de la Convivir". Informaciones fidedignas recibidas por la
Oficina dan cuenta de la participación en asociaciones "Convivir" de
reconocidos paramilitares, algunos con órdenes de captura pendientes.

93. Las asociaciones "Convivir" han funcionado sin control efectivo ni
supervisión adecuada. En noviembre de 1997, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, encargada de vigilarlas, reconoció que
no tenía capacidad para cumplir eficazmente esa tarea, y en muchos
lugares han operado con el exclusivo e irregular aval de los
gobernadores de departamentos o de los comandantes militares.

94. Según la Fiscalía General de la Nación, a fines de 1997 se
adelantaban, por lo menos, 35 investigaciones penales contra miembros de
esas asociaciones acusados de homicidio, tortura y otros delitos graves.
Quejas recibidas por la Oficina del Alto Comisionado en Colombia dan
cuenta igualmente de casos de ejecuciones, torturas, desapariciones y
otros crímenes cometidos por miembros de dichas "asociaciones".

95. En el año 1997 se produjo un fuerte debate público sobre la
legitimidad de las mismas. Quienes las apoyan argumentaban el derecho a
la legítima defensa y la cooperación que los ciudadanos deben a la
fuerza pública. Sus contradictores el peligro de alentar el
paramilitarismo y la espiral de violencia (ver cap. III, "Seguimiento de
las recomendaciones internacionales por parte del Estado colombiano").

2. _Desplazamiento forzado_

96. El desplazamiento forzado de personas sigue siendo una de las más
graves consecuencias del conflicto armado. Según cifras de la
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), cada
año se desplazan unas 180.000 personas, y el número total de desplazados
desde 1985 sería de alrededor de 1 millón, cifras que coinciden con el
análisis de la Defensoría del Pueblo. El Gobierno colombiano, por su
parte, estima que el número de personas desplazadas, desde 1995 a la
fecha, ascendería a 300.000.

97. Las causas del desplazamiento forzado de población son variadas,
siendo la principal las violaciones de los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco
del conflicto armado interno. Por parte de la fuerza pública y de los
grupos paramilitares, el desplazamiento forzoso de población civil está
siendo utilizado como estrategia de guerra. En muchos casos se obliga a
dejar sus hogares y sitios de trabajo a la población sospechosa de
constituir una base de apoyo a los insurgentes. Una vez expulsados sus
habitantes, los territorios económica o militarmente estratégicos
vuelven a poblarse con personas favorables a las fuerzas militares o
paramilitares, creando zonas de seguridad necesarias para el control de
los mismos. Por su parte, la guerrilla provoca el desplazamiento de
pobladores a quienes considera hostiles a su actuación o que han
infringido las normas de conducta impuestas por el grupo insurgente en
las zonas que controla.

98. Sin embargo, el desplazamiento forzado de la población no obedece
solamente a objetivos militares o políticos. Puede observarse una clara
convergencia entre la estrategia contrainsurgente y los intereses de
algunos sectores económicos que apoyan a grupos paramilitares con el
objetivo de acrecentar su posesión sobre los recursos naturales y las
tierras productivas. La Oficina del Alto Comisionado ha recibido
testimonios de campesinos que se han visto despojados de sus tierras por
paramilitares al servicio de narcotraficantes o de terratenientes
locales, o que han tenido que venderlas a bajo precio antes de abandonar
la región bajo amenazas de muerte.

99. Asimismo, los desplazamientos individuales siguen constituyendo una
parte sustancial dentro del número global de desplazados y corresponden
prioritariamente a campesinos, líderes sociales, sindicales y
comunitarios, quienes se ven obligados a desplazarse con su familia tras
haber recibido amenazas o haber sido víctimas de atentados o de
hostigamientos. Es difícil obtener una cifra aproximada del número de
desplazados "individuales" ya que las víctimas optan, en la mayoría de
los casos por no denunciar los hechos, prefiriendo el anonimato en la
zona de reasentamiento.

100. Con frecuencia el desplazamiento no pone fin a la persecución.
La Oficina tuvo conocimiento de casos de violencia política contra
personas desplazadas en sus nuevos lugares de residencia, así como
contra las organizaciones de desplazados. Los desplazados asentados en
los campamentos de Bahía Cupica, departamento de El Chocó, y de
Pavarandó, departamento de Antioquia, han sido objeto de amenazas de
muerte y hostigamiento por parte de grupos paramilitares. El presidente
de la asociación de desplazados de Rioblanco, departamento de Tolima,
fue asesinado en septiembre de 1997 y el vicepresidente de la misma
asociación ha recibido amenazas de muerte. Por otro lado varios miembros
de organizaciones no gubernamentales que trabajan con desplazados han
sido víctimas de violaciones graves. Según informaciones proporcionadas
por la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), tres de sus
miembros y dirigentes han sido asesinados en 1996 y 1997, uno permanece
desaparecido desde el 15 de abril de 1997 y seis fueron detenidos y
acusados de rebelión.

101. La situación de la población desplazada, tanto de las personas que
se encuentran en asentamientos colectivos como aquellas que se ubican en
la periferia de los centros urbanos, es sumamente crítica,
manifestándose por la falta de acceso a servicios básicos de salud,
alimentación, vivienda y educación, siendo una de sus características el
alto índice de
hacinamiento.

102. No existen estadísticas oficiales sobre los principales
responsables de los desplazamientos, pero CODHES, conjuntamente con la
Iglesia católica y otras instituciones, señala que durante el año 1996
los grupos paramilitares han sido responsables del 33% de los mismos, la
guerrilla habría causado otro 29%, y la fuerza pública habría sido
responsable del 16% de ellos. La Oficina tiene motivos para pensar que
durante el año 1997 el porcentaje de desplazamientos atribuidos a los
paramilitares es sensiblemente mayor.

103. El fenómeno del desplazamiento se ha incrementado en el transcurso
del año 1997. Desde diciembre de 1996 se sucedieron varios
desplazamientos masivos en el departamento de El Chocó debido a la
presencia paramilitar en la zona del Bajo y Medio Atrato, a los combates
entre guerrilla y paramilitares en enero de 1997 y a los bombardeos
indiscriminados efectuados por el ejército en el marco de la "Operación
Génesis" iniciada el 23 de febrero de 1997 a lo que se sumó el control
del abastecimiento de alimentos y medicamentos por parte del ejército y
los paramilitares como forma de combatir a la guerrilla. Como
consecuencia de los hechos reseñados, entre 15.000 y 17.000 personas se
vieron forzadas a salir de la zona, la mayor parte de las cuales en los
primeros cuatro meses del año.

104. En sus esfuerzos para encontrar soluciones a la precariedad en la
que se encuentran los desplazados, el Gobierno ha promovido el retorno
de estas comunidades a sus lugares de origen. Sin embargo, a través de
informaciones proporcionadas por diferentes organizaciones, así como por
verificaciones hechas por la Oficina, se ha podido constatar que esta
solución se ha impulsado sin que se pudieran garantizar condiciones de
seguridad mínimas y sin que hubieran desaparecido las causas que
generaron el desplazamiento. En Rioblanco, Tolima, aproximadamente 2.000
personas se desplazaron de la vereda Maracaibo en septiembre del 1996, a
raíz de amenazas y asesinatos de pobladores por miembros de una
asociación "Convivir". Una semana más tarde cerca del 70% de los
desplazados volvieron a su vereda en el marco de un plan de retorno que
contaba con la protección de los efectivos de la 6ª brigada del
ejército. Sin embargo, al producirse nuevos asesinatos, por lo
menos 300 campesinos se vieron obligados a desplazarse nuevamente (véase
cap. III, "Seguimiento de las recomendaciones internacionales por parte
del Estado colombiano").

105. El Representante del Secretario General para los desplazados
internos sigue de cerca la situación de los desplazados en Colombia. En
su informe ante el quincuagésimo segundo período de sesiones de la
Asamblea General (A/52/506, de 7 de noviembre de 1997), resaltó el
importante rol que pueden cumplir las oficinas en el terreno, incluida
aquella de Colombia, con respecto a la situación de los desplazados. En
aquella oportunidad, indicó que una mayor participación de la comunidad
internacional en Colombia, tal como la había solicitado luego de una
visita a ese país en junio de 1994, se hacía más necesaria que nunca
(párr. 32). En enero de 1998, el Representante abordó el tema de los
desplazados en Colombia más en detalle en carta dirigida a la Alta
Comisionada.

106. En vista de la magnitud del problema, el Gobierno colombiano cursó
una invitación al ACNUR a fin de que estudie la posibilidad de la
apertura de una oficina permanente en Colombia. La Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda una eventual
presencia del ACNUR en dicho país, con el cual cuenta cooperar y
coordinar actividades al igual que con aquellos otros actores presentes
en el terreno. Es evidente que la participación por parte de la Oficina
del Alto Comisionado en Colombia en el tema de los desplazados,
implicaría mayores esfuerzos y recursos financieros a fin de poder
desarrollar tan importante labor. La Oficina, sin embargo, ha
participado con carácter de observador en un programa de retorno de una
comunidad de desplazados, a pedido de las propias víctimas.

3. _Víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario_

107. La población civil es la principal víctima de la violencia de los
diferentes actores del conflicto. Las poblaciones y autoridades locales
que viven en las zonas de conflicto están expuestas a las acciones de
todos los actores armados. Como ya se ha visto antes en distintos
párrafos, entre los campesinos se encuentra la mayoría de las víctimas
de violaciones de los derechos humanos y de infracciones del derecho
internacional humanitario.

108. Las minorías étnicas, que viven principalmente en zonas rurales,
vienen siendo blanco de numerosos ataques por parte de todos los actores
del conflicto armado. En los últimos años un gran número de comunidades
indígenas se han declarado neutrales ante las partes en conflicto,
pidiendo que ningún actor armado, las fuerzas armadas del Estado
incluidas, las involucre en sus acciones. El banco de datos del Centro
CINEP registra 47 casos de indígenas víctimas de diferentes abusos,
entre los cuales 25 asesinatos, entre octubre del 1996 y septiembre del
1997.

109. La Defensoría del Pueblo denunció el asesinato de nueve indígenas
koreguaje en el departamento del Caquetá a manos de miembros de las FARC
en septiembre de 1997. En agosto del mismo año, las FARC habrían
asesinado a 13 indígenas en los resguardos de San Luis y Aguas Negras,
municipio de Milán, Caquetá. El Defensor condenó, igualmente, el
bombardeo indiscriminado de una zona poblada por indígenas pijao, en los
departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, en el marco de la llamada
acción "Destructor II" llevada a cabo por el ejército contra las FARC a
partir de septiembre de 1997. Las bombas cayeron a pocos metros de las
casas, poniendo en peligro la vida de 220 personas. Incendiaron las
casas, mataron los animales y bombardearon los cultivos. La Defensoría
del Pueblo denunció, además, que la fuerza pública pretendió utilizar a
los niños indígenas como informantes sobre el movimiento de los grupos
subversivos en la zona.

110. Las cifras de personas desaparecidas y secuestradas son alarmantes
y se indican en otra sección de este informe (párrs. 41 a 46). Las
principales víctimas de estos delitos se dan en el marco del conflicto
armado o en estrecha relación con el mismo. Los efectos de estas
prácticas alcanzan no sólo a las víctimas propiamente dichas sino a sus
familiares creando fenómenos de ansiedad psicológica y polarización
social que afectan gravemente a toda la sociedad colombiana.

111. Sin embargo, como ya se ha señalado, no todas las violaciones de
los derechos humanos se cometen dentro del marco del conflicto armado.
La polarización de posiciones resultante del mismo da pie para que se
vean como parte del mismo a personas que ejercen actividades legítimas y
que, por su misma actividad mantienen posiciones críticas. Es así como
militantes políticos de oposición, dirigentes sociales y sindicales,
defensores de los derechos humanos, funcionarios estatales encargados de
velar por el respeto de los mismos, periodistas, son objeto de
violaciones de sus derechos fundamentales. Sobre el particular, el
Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados ha
expresado en su informe sobre Colombia (E/CN.4/1998/39/Add.2, cap. IV)
su preocupación sobre las condiciones de trabajo en medio de las cuales
los miembros de la profesión jurídica incluyendo jueces, fiscales,
abogados y defensores de derechos humanos tienen que desempeñar sus
funciones.

112. Miembros de la brigada XX de inteligencia del ejército expresaron a
la Oficina en Colombia que el 85% de las personas consideradas por ellos
subversivas llevan adelante lo que los militares llaman la "guerra
política". Dentro de esta denominación definen las actividades de
algunas organizaciones no gubernamentales, las de los sindicatos, las de
algunos partidos políticos, como el Partido Comunista, e incluso de
algunos miembros de partidos tradicionales. Según esta visión, sólo un
15% de los "subversivos" está alzado en armas. En un informe enviado al
director de Fiscalías de Medellín, en Antioquia, un comandante del
ejército manifestó: "... como es conocido, la subversión cuenta con una
parte armada y con una parte política, que reúne toda la izquierda y
está apoyada por diferentes organismos que ellos controlan,
especialmente en las áreas de influencia como son las oficinas de
derechos humanos, las cuales tienen, a su vez, respaldo de las
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales".

113. Acorde con esta visión, los ataques a defensores de derechos
humanos aumentaron considerablemente en 1997. En el último año más de 20
miembros y dirigentes de diferentes organizaciones de defensa de los
derechos humanos han sido ejecutados. Otros fueron víctimas de
desaparición forzada, de amenazas y hostigamientos que les obligaron al
desplazamiento o al exilio. Ejemplo de esto es el caso de los miembros
de la sección colombiana de Amnistía Internacional, obligados a dejar el
país después de verse obligados a cerrar su oficina en Colombia.
Asimismo, la comunidad internacional expresó su repudio ante el grave
atentado contra dos miembros del Centro CINEP, Mario Calderón y su
esposa Elsa Constanza Alvarado quienes fueron brutalmente asesinados en
su domicilio en mayo de 1997. En el atentado fue igualmente asesinado el
padre de la Sra. Alvarado y herida de gravedad la esposa del mismo. Las
autoridades colombianas informan que seis de los presuntos autores
materiales del crimen fueron capturados.

114. Resulta preocupante el hecho de que, con fundamento en denuncias
provenientes de organismos de inteligencia del Estado, se hayan abierto
procesos ante la jurisdicción regional contra defensores de derechos
humanos y abogados de personas detenidas por delitos políticos. En enero
de 1997 fueron detenidos, acusados del delito de rebelión, varios
miembros de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), entre los
cuales Ana Rengifo, vicepresidenta de la misma, Ramón Alberto Osorio,
dirigente sindical y miembro del Partido Comunista Colombiano y Eugenio
Córdoba, sindicalista. El proceso al cual se vinculaba a estas personas
fue declarado nulo por la Fiscalía y los acusados recobraron su
libertad. En el expediente aparece que el proceso judicial adelantado
por la Fiscalía regional estaba basado en declaraciones de informantes
del ejército, dos de los cuales revelaron su identidad y tres se
presentaron como testigos secretos, y en un informe de inteligencia
proveniente de los "Grupos de Acción Unificada para la Libertad de las
Personas" (GAULA) -grupos formados por miembros del ejército y de la
policía, especializados en los delitos de secuestro y extorsión. Después
de su liberación, Eugenio Córdoba fue asesinado en Quibdó el 23 de junio
de 1997 mientras que Ramón Alberto Osorio se encuentra desaparecido
desde el 15 de abril de 1997. En agosto del mismo año fue nuevamente
detenida Ana Rengifo, acusada de rebelión, y liberada a fines de
diciembre de 1997.

115. Las personas provenientes de sectores marginados, ya sea económicos
o sociales, son igualmente víctimas de violaciones de los derechos
fundamentales. Continúa en Colombia la práctica de ejecuciones
extrajudiciales contra mendigos, delincuentes comunes, homosexuales,
prostitutas y otros sectores marginados o pobres de la población, en
particular los niños de la calle. Las informaciones disponibles afirman
que este tipo de violaciones se cometen esencialmente en los centros
urbanos. Quejas recibidas por la Oficina del Alto Comisionado sindican
entre los posibles autores de las mismas a miembros de las asociaciones
"Convivir" y de la fuerza pública.

116. Debe mencionarse, igualmente, las agresiones contra las mujeres y
los niños aunque no se disponen de datos completos sobre la gravedad de
las mismas contra estas categorías de población. Muchos hechos de
violencia cometidos contra mujeres, como por ejemplo violaciones
sexuales, no son denunciados. Más del 58% de las personas desplazadas
son de sexo femenino, y entre ellas el 24% está constituido por viudas
con niños a cargo. Fuera del conflicto armado subsisten formas de
discriminación sexual concretadas por una disminución real del disfrute
de los derechos por parte de las mujeres, a pesar de que Colombia ha
ratificado, entre otras, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, y que las normas
constitucionales les reconocen la plena igualdad con los hombres (véase
cap. III, "Seguimiento de las recomendaciones internacionales por parte
del Estado colombiano").

4. _El funcionamiento de la justicia_

a) _El problema de la impunidad_

117. Tanto las autoridades colombianas como las organizaciones no
gubernamentales están de acuerdo en aceptar que la falta de
investigación y juzgamiento de los delitos constitutivos de violaciones
de los derechos humanos y de crímenes de guerra es uno de los factores
que más ha contribuido a sostener la abundancia y reiteración de
conductas con las cuales se afectan los derechos protegidos por los
instrumentos internacionales. El Defensor del Pueblo afirmó que el
difícil panorama de los derechos humanos en su país "tiene como uno de
sus ingredientes básicos la impunidad, que es un poderoso elemento de
retroalimentación de la violencia y lleva a algunos a tomar justicia por
propia mano, con lo que se configura un circulo vicioso casi irrompible".

118. Este fenómeno ya fue observado por el Relator Especial sobre la
tortura y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias que visitaron Colombia en octubre de 1994,
señalaron en su informe conjunto que "en el ámbito de la administración
de justicia la primera y más grave constatación tiene que ver con la
debilidad del sistema, que se plasma en altos índices de impunidad. La
impunidad es a la vez causa y consecuencia de la violencia y, en
particular, de las violaciones a los derechos humanos" (E/CN.4/1995/111,
párr. 77).

119. En su informe de octubre de 1996, la Comisión de Racionalización
del Gasto y de las Finanzas Públicas, órgano consultivo de carácter
oficial, declaró que "el nivel de impunidad existente hoy por hoy supera
el 99,5%". Afirmó la Comisión que en Colombia apenas se denuncia el 20%
de los delitos, y que de éstos sólo el 5% da lugar a resolución
acusatoria por la Fiscalía General de la Nación. También sostuvieron los
comisionados que apenas uno de cada cien delitos cometidos llegan a la
etapa del juicio. Para el Defensor del Pueblo, en los últimos años se
han mantenido más o menos constantes estas cifras. Asimismo, el Relator
Especial sobre la independencia de jueces y abogados, quien visitara el
país a fines de 1996, ha señalado en su informe que la falta de una
investigación apropiada y juzgamiento de las violaciones de derechos
humanos, constituyen las más serias preocupaciones sobre la
administración de justicia en Colombia tanto a nivel de las cortes
civiles, como en particular, a nivel de las cortes militares
(E/CN.4/1998/39/Add.2, primer párrafo del capítulo V).

120. En el campo de los derechos humanos la impunidad adquiere rasgos
sobresalientes. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de
la Nación, creada en diciembre de 1994, reporta que, entre octubre de
1995 y septiembre de 1997 esa unidad vio apenas 260 procesos. El 30 de
septiembre de 1997, 137 de esos procesos estaban en diligencias
preliminares y 82 en la etapa sumarial. Tales procesos se referían
a 27 masacres, 30 desapariciones forzadas, 88 homicidios, 17
desapariciones seguidas de homicidios de la víctima y a otros 17 hechos
punibles.

121. De otra parte, la impunidad se ha visto fortalecida por el hecho de
que una gran mayoría de los procesos por violaciones de los derechos
humanos y crímenes de guerra en los cuales aparecen como imputados
miembros de la fuerza pública en servicio activo han ido hasta ahora al
conocimiento de la justicia penal militar. Según la Constitución
colombiana, la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos
por militares y policías en servicio activo "y en relación con el mismo
servicio" deben ser asumidos por dicha jurisdicción. Una interpretación
excesivamente amplia del ámbito de aplicación del fuero militar hizo que
durante muchos años se asignaran al conocimiento de esta jurisdicción
hechos punibles que no tenían relación funcional de ninguna especie con
las tareas propias de los cuerpos armados. Como resultado de tal
interpretación, quedaron sustraídos de la justicia ordinaria los
procesos por crímenes de lesa humanidad.

122. Como lo afirmaron los dos Relatores Especiales sobre la tortura y
las ejecuciones extrajudiciales en su informe conjunto (E/CN.4/1995/111,
párr. 87), en Colombia la justicia penal militar es severa en todo lo
que se refiere a infracciones de los reglamentos castrenses y
policíacos, pero con respecto a los delitos en contra de la población
civil se ve afectada por el encubrimiento, la parcialidad y la presión
sobre los testigos. Esta desviación se ha traducido en una persistente
lenidad del Estado para reprimir a los miembros de las fuerzas armadas
que violan los derechos humanos y quebrantan la preceptiva humanitaria.
Por su parte, el Relator Especial sobre la independencia de jueces y
abogados ha señalado en su informe que el personal militar que juzga a
subordinados por ofensas cometidas en contra de la población civil
carecen de la independencia e imparcialidad necesaria para juzgar casos
en los cuales subordinados se encuentren involucrados
(E/CN.4/1998/39/Add.2, cap. V).

123. La Oficina del Alto Comisionado en Colombia ha podido observar que
aun después de quedar firme la sentencia C-358/97 del 5 de agosto de
1997 de la Corte Constitucional, que restringió los alcances del fuero
de la fuerza pública, este último ha seguido cobijando a los acusados de
hechos punibles sin nexo alguno con el servicio. Así pudo percibirlo la
Oficina en dos casos recientes. El primero es el de la matanza de 20
indígenas perpetrada en diciembre de 1991 en la hacienda El Nilo, del
municipio de Caloto, departamento del Cauca, proceso en el cual el
inspector general de la policía denegó la solicitud de envío a la
justicia ordinaria y decretó la libertad del oficial sindicado. El
segundo es el de la desaparición forzada de que fueron víctimas, en
octubre de 1987, 18 personas vistas por última vez en la zona del
Magdalena Medio. En el proceso por estos últimos hechos figuran como
sindicados altos oficiales del Ejército y otros militares, quienes
fueron exonerados en primera instancia mediante providencia de 18 de
junio de 1997.

124. De otra parte, en sentencias de la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura emitidas con posterioridad al fallo de la
Corte Constitucional, se han seguido adoptando, en materia de alcance
del fuero penal militar, decisiones que parecen no ajustarse a la
jurisprudencia adoptada en ese tema por la Corte. Por su parte, las
fuerzas militares indicaron a esta Oficina que el Tribunal Superior
Militar trasladó a la justicia ordinaria 33 casos de militares acusados
de diversos delitos.

b) _La justicia regional_

125. La llamada justicia regional fue establecida por los Decretos
Nos. 2266 y 2271 de 1991, con los cuales se convirtieron en normativa
permanente las disposiciones que desde 1988 se habían expedido para
organizar, en desarrollo de las atribuciones excepcionales del estado de
sitio, la denominada jurisdicción de orden público. En principio la
justicia regional se estableció por un término de diez años a partir del
10 de julio de 1992. La Ley Nº 270 de 1996 redujo ese término, pues
señaló que en todo caso dicha jurisdicción no se extendería más allá del
30 de junio de 1999.

126. La justicia regional conoce de una amplia gama de delitos entre los
cuales merecen mencionarse el de terrorismo, el de concierto para
delinquir, el de secuestro, el de extorsión, el de tortura, el de
amenazas, los de homicidio, amenazas y lesiones con fines terroristas,
el de rebelión y el de sedición.

127. La justicia regional permite la actuación de funcionarios
judiciales y testigos bajo reserva de identidad, colocándolos
prácticamente en situación de anonimato, suprime la audiencia pública,
amplía en forma exagerada los términos para la instrucción y restringe
al máximo las causales de libertad provisional, con grave detrimento del
derecho al debido proceso (véanse los párrafos 61 a 63), de la
presunción de inocencia y del derecho de defensa. A juicio del propio
Defensor del Pueblo de Colombia, la jurisdicción regional impone severas
restricciones a los derechos fundamentales y no ha sido eficaz en la
lucha contra la delincuencia y la impunidad.

128. La reserva de identidad, que se aplica en el procedimiento propio
de la justicia regional, se ha justificado como un medio para proveer
condiciones de seguridad a la vida e integridad de los funcionarios
judiciales y de los testigos que intervienen en el proceso. Pero esto se
logra a costa de impedir a la defensa la posibilidad de examinar la
imparcialidad del fiscal, juez o magistrado a cargo del proceso y, por
ende, disponer de fundamentos para recusarlo.

129. En la actuación de la justicia regional ha detectado la
Procuraduría General de la Nación irregularidades que estima pueden
constituir una práctica repetida, como es la de incluir en un proceso,
bajo diferentes códigos o claves, a un mismo declarante con reserva de
identidad, haciendo aparecer que sus declaraciones proceden de varios
testigos. Otro procedimiento irregular es el de recibir un nuevo
testimonio a quien ya declaró con reserva de identidad, haciéndola
pública en esta ocasión, para tomar la segunda declaración como
procedente de una persona distinta que ratifica lo dicho por el primer
testigo.

130. En la práctica el funcionamiento de la justicia regional ha
facilitado el camino para que miembros de la fuerza pública,
interviniendo como "testigos secretos" en los procesos, inculpen sin
mayor fundamento a personas que han llegado a considerar subversivas,
aunque ejercen actividades legítimas, por su trabajo en favor de los
derechos humanos o en el campo social o sindical.

131. Sumado a lo anteriormente descrito, se han hecho públicas las
preocupaciones de muchos abogados defensores por el hecho de que, en
ciertos procesos y al amparo de la reserva de identidad, personas
pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado, o con una
reconocida condición de informantes de los cuerpos oficiales de
seguridad, se han convertido en testigos principales, si no únicos. Este
tipo de situación fue reconocido por la misma Fiscalía General de la
Nación en agosto de 1997, al descubrir que en el proceso seguido a
integrantes de la Unión Sindical Obrera (USO) uno de los testigos con
reserva de identidad era un informante del ejército y de la policía
nacional que había hecho de la delación su medio de sustento económico
regular.

132. Como resultado de la actuación de los fiscales y jueces regionales
muchos colombianos han sufrido vulneraciones graves de sus derechos
fundamentales al ser vinculados a procesos en etapa avanzada de
instrucción, privándolos así de la oportunidad para ejercer su defensa,
al ser objeto de medidas de aseguramiento basadas en confesiones
obtenidas mediante presión o en delaciones oportunistas, y al verse, sin
juicio ni condena, privados de libertad por períodos excesivamente largos.

c) _Recorte de la eficacia de la acción de hábeas corpus_

133. La eficacia de la acción de hábeas corpus se ve hoy recortada por
disposiciones que, habiéndose primero adoptado por normativas de
excepción para el Estado de conmoción interior, fueron luego acogidas
como parte de la legislación permanente por voluntad del Congreso. Según
las normas vigentes el hábeas corpus sólo puede resolverse por los
jueces penales, y las peticiones sobre libertad de quien se encuentra
legalmente privado de ella deben formularse exclusivamente dentro del
respectivo proceso. Una y otra restricción contrarían el párrafo 4 del
artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

d) _Situación carcelaria_

134. De la crisis del aparato judicial también hablan claro las cifras
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. La población
carcelaria de Colombia ascendía a 40.617 reclusos en mayo de 1997,
distribuidos en 176 establecimientos construidos para albergar a 28.332
personas, rebasando así en un 42% la capacidad carcelaria del Estado.
Según la Defensoría del Pueblo, 45% de la población carcelaria está
conformado por personas sindicadas y permanecen, por lo tanto,
pendientes del avance del proceso en su contra.

135. En el curso de 1997 tuvieron lugar más de 50 motines protagonizados
por los reclusos en reclamo de respuestas serias al hacinamiento al que
se ven sometidos, sanciones efectivas a la corrupción administrativa en
el interior de los centros penitenciarios, mejoras en la atención
médica, acceso real a programas de rehabilitación social y asignación de
recursos suficientes para un ágil funcionamiento del sistema judicial.

136. Las mujeres detenidas en los centros carcelarios han formulado,
además, repetidas quejas sobre la situación de los niños, hijos de las
reclusas, sobre los reiterados abusos que miembros de la guardia
penitenciaria cometen contra las internas al someterlas a registros, y
sobre el incumplimiento de las disposiciones legales en materia de
visita conyugal (véase cap. III, "Seguimiento de las recomendaciones
internacionales por parte del Estado colombiano").[_regresar a la
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III. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES POR PARTE DEL
ESTADO COLOMBIANO

137. La Oficina del Alto Comisionado ha podido constatar esfuerzos
importantes, aunque insuficientes, por parte del Gobierno y del Estado
colombiano para superar la grave situación de los derechos humanos y del
derecho humanitario en el país.

138. El Gobierno colombiano ha expresado a la Oficina que las
principales líneas de acción por él adoptadas, para superar la crisis de
los derechos humanos en el país, tienen por objetivo la aplicación de
las recomendaciones emanadas de los diversos órganos de las Naciones
Unidas y otros organismos internacionales. Ha expresado, igualmente, que
los escasos resultados obtenidos, a través de las medidas adoptadas, se
deben al carácter persistente de la violencia, a la agudización del
conflicto armado y al poco tiempo transcurrido desde el comienzo de la
aplicación de las mismas.

139. Dentro de las iniciativas gubernamentales se deben destacar
aquéllas encaminadas a la exploración de posibilidades de un proceso de
negociación política del conflicto armado. Con tal fin el Gobierno
designó a dos funcionarios para que le rindieran un informe sobre la
materia. Además, por iniciativa gubernamental el Congreso aprobó, a
fines de 1997, una ley que crea el Consejo Nacional de Paz, organismo
que se encargará de dar permanencia a las políticas del Estado para
superar el conflicto y buscar la reconciliación nacional.

140. Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por distintos
mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
así como por el Comité de Derechos Humanos, el Gobierno no recurrió a la
figura del estado de excepción durante el año 1997. El último estado de
conmoción interior fue declarado en noviembre de 1995 y se extendió
hasta julio de 1996, aunque la vigencia de sus normas sólo vino a
expirar el 25 de octubre del mismo año.

141. La Oficina fue invitada, desde su instalación en Colombia, a
participar en los trabajos de la Comisión para el Análisis y
Asesoramiento en la Aplicación de las Recomendaciones de los Órganos
Internacionales de Derechos Humanos, creada por el Decreto presidencial
Nº 1290 del 31 de julio de 1995. En el seno de dicha Comisión, la
Oficina expuso el punto de vista de los órganos y mecanismos especiales
de las Naciones Unidas sobre el fuero militar, la justicia regional, la
desaparición forzada, el desplazamiento forzado, los servicios de
vigilancia y seguridad privada, el fenómeno del paramilitarismo y la
situación de los defensores de los derechos humanos, entre otros temas.

142. Debe señalarse, asimismo, la creación por el Gobierno de comisiones
de trabajo de carácter mixto en el campo de los derechos humanos. Entre
ellas cabe destacar la Comisión Interinstitucional para la Revisión de
Normas Penales que Puedan Relacionarse con la Protesta Social, la
Comisión de Derechos Humanos de los Trabajadores, la Comisión Permanente
de Territorios Indígenas y la Mesa de Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas. Cabe asimismo destacar la reciente creación
del Comité de los Derechos Humanos para el Sector Rural Colombiano del
Ministerio de Agricultura y la Oficina de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos de los Trabajadores del Ministerio de Trabajo y de
Seguridad Social. La Oficina del Alto Comisionado sigue con interés los
trabajos de estas iniciativas gubernamentales.

143. En 1997, el Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley sobre
reforma del Código Penal Militar que la comisión redactora había
entregado desde 1996. La Oficina prestó su asesoría a la Comisión
Interinstitucional que tuvo a su cargo la última versión del proyecto.
Sin embargo, no todas sus recomendaciones fueron acogidas. El proyecto
no establece expresamente la inaplicabilidad de la causal justificatoria
de obediencia debida para los casos en que se haya dado observancia a
órdenes cuya ejecución entrañe violaciones de los derechos humanos.
También limita la intervención de la parte civil en el proceso militar.
Debe observarse también que el juzgamiento de los altos mandos militares
en única instancia por la Corte Suprema de Justicia, es violatorio del
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El
proyecto tampoco desarrolla plenamente el principio de la independencia
y autonomía del juzgador, puesto que los jueces militares son
calificados por los comandantes operativos. A finales de 1997, el
Congreso postergó el estudio del proyecto hasta marzo de 1998.

144. Se debe destacar, igualmente, la sentencia del 5 de agosto de 1997
emitida por la Corte Constitucional, a través de la cual ésta se
pronunció contra la extensión del fuero penal de la fuerza pública a
conductas que están más allá de los delitos relacionados con el
servicio. Para la Corte, tal extensión traspasa los límites que la
Constitución ha impuesto a la esfera de competencia de la jurisdicción
militar. Ésta, con arreglo a la citada sentencia, no debe ni puede
conocer de hechos delictivos que, como los crímenes de lesa humanidad,
están en total contradicción con los cometidos constitucionales de las
fuerzas militares y del cuerpo nacional de policía, y que constituyen
delitos de inusitada gravedad. En consecuencia, los procesos por
ejecuciones extrajudiciales, tortura, demás violaciones de los derechos
humanos y otras conductas de extrema gravedad en que aparezcan como
sindicados militares o policías, han de ser conocidos por la
jurisdicción ordinaria. La Oficina del Alto Comisionado ha sido
informada de que un comité de varias instituciones, entre ellas la
Fiscalía General de la Nación, está evaluando los casos que, en
cumplimiento de la sentencia C-358/97, deben pasar de la jurisdicción
militar a la justicia ordinaria. La Procuraduría delegada para el
Ministerio Público en asuntos penales informó que, con posterioridad a
la sentencia de la Corte, dicha dependencia de la Procuraduría había
solicitado a los tribunales militares el envío por competencia a la
justicia ordinaria de 232 procesos que se encontraban en la jurisdicción
militar. Hasta el 29 de enero de 1998, los tribunales militares habían
remitido 141 de los procesos solicitados, había negado 26 y 65 se
encontraban en trámite.

145. La Oficina del Alto Comisionado hizo saber a las autoridades la
conveniencia de tener en cuenta las recomendaciones de los diferentes
órganos y mecanismos especiales de las Naciones Unidas sobre la
eliminación del sistema de justicia regional antes del plazo previsto
por la ley, y sobre la necesidad de asegurar para todos los juicios un
trámite ceñido a las garantías procesales previstas por los instrumentos
internacionales. Sin embargo, en comunicación del 19 de septiembre de
1997 enviada a la Directora de la Oficina, la Ministra de Relaciones
Exteriores manifestó que el Estado colombiano ha dado a la justicia
regional "un plazo de vigencia perentorio", el cual expirará en 1999.
Según la Ministra, dicho plazo "ha sido considerado necesario para poner
en práctica el desmonte gradual de esta jurisdicción". La Oficina sigue
con atención los debates sobre un proyecto de ley, actualmente en curso
en el Congreso, que pondría fin a la justicia regional antes del plazo
al cual se refirió el Gobierno.

146. La Alta Comisionada reconoce los pasos dados por el Gobierno
colombiano para superar la dramática situación en que se encuentran los
defensores de los derechos humanos. Entre ellos debe destacarse la
emisión de la Directiva presidencial Nº 011, por la cual se reconoce la
legitimidad del trabajo de las organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y los aportes que las mismas hacen con su trabajo al
Estado de derecho. Sin embargo, la Oficina en Colombia no puede dejar de
señalar que las condiciones en que trabajan estos defensores, reseñadas
en el presente informe, demuestran que los esfuerzos gubernamentales
para protegerlos han resultado insuficientes. En efecto, se echan de
menos medidas concretas para controlar a los servidores públicos que
lleguen a transgredir las pautas contenidas en la directiva
presidencial, para proteger de manera eficaz a los defensores de
derechos humanos y para evitar que se sigan cometiendo atropellos contra
los mismos.

147. El Ministerio del Interior cuenta con un programa de protección
especial de testigos y personas amenazadas, el cual recibió sustanciales
recursos a principios de 1998. Dicho programa aún requiere de mayores
recursos humanos, logísticos y financieros para un funcionamiento más
eficaz.

148. Presentó también el Gobierno un proyecto de ley que tipifica el
delito de desaparición forzada de personas. La Alta Comisionada lamenta
que la mayor parte de las recomendaciones y observaciones hechas por su
Oficina en Colombia en el seno de la comisión redactora del proyecto, no
hayan sido tenidas en cuenta al elaborar la versión final del mismo. En
comunicación del 12 de diciembre de 1997, la Ministra de Relaciones
Exteriores expuso a la Directora de la Oficina las consideraciones del
Gobierno para no incluir en el proyecto varias de las sugerencias que se
le habían formulado. La Oficina observa que la definición de la conducta
contenida en este proyecto de ley, no se ajusta a la de los instrumentos
internacionales en la materia. Además, en las normas propuestas no se
excluye la eximente de obediencia debida, ni se establece la
incompetencia de la jurisdicción penal militar para procesar a los
responsables del delito de desaparición forzada, ni se instituye la
competencia exclusiva de los jueces ordinarios para conocer del delito,
ni se reconoce el derecho de las víctimas a obtener reparación. Este
proyecto no ha tenido todavía aprobación en el órgano legislativo.

149. En materia de desplazamiento fue aprobada la Ley Nº 387 del 18 de
julio de 1997, que busca dar respuesta al grave problema suscitado por
la migración forzosa de miles de colombianos. Esta ley creó un sistema
nacional de atención a la población desplazada y estableció competencias
institucionales y fuentes de financiación para atender el problema. A
principios de 1998, el Gobierno adoptó un plan de acción, dentro del
cual se destinan recursos, por valor de 40.000 millones de pesos, para
tratar de mejorar la grave situación de la población desplazada y
perfeccionar la coordinación institucional. Sin embargo, las políticas
adoptadas no incluyen medidas en las cuales se traduzca el cumplimiento
efectivo de los deberes estatales con respecto al desplazamiento y a los
desplazados. La atención a los desplazados es inadecuada, y la falta de
coordinación entre las diversas entidades que se ocupan del problema
hace ineficaz la mayor parte de sus actuaciones. Asimismo, se perciben
graves deficiencias en las medidas gubernamentales destinadas a atender
problemas como el del retorno y la reubicación. También se observan
fallas graves en lo que se refiere al otorgamiento de garantías y de
protección especial a las personas desplazadas por la violencia.
El Gobierno colombiano ha invitado al ACNUR a cooperar en la búsqueda de
soluciones.

150. Desde 1988, procedimientos especiales de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas han recomendado al Estado colombiano la
adopción de medidas para combatir eficazmente el fenómeno del
paramilitarismo. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas reiteró esta recomendación en su informe del 3 de mayo
de 1997 (CCPR/C/79/Add.76, párr. 31).

151. Frente a la avanzada paramilitar a fines de 1997, el Gobierno
anunció una serie de medidas para combatirla, y el Presidente de la
República exigió a las fuerzas armadas dar prioridad a la lucha contra
los grupos paramilitares. Entre las medidas adoptadas está la creación
de un "bloque de búsqueda", compuesto por distintas agencias del Estado,
que tiene como objetivo perseguir a los integrantes de tales grupos.
También se ofreció, mediante una campaña de información en la prensa,
una suma de dinero por la captura de algunos dirigentes paramilitares.
En enero de 1998, el Comando General de las fuerzas militares dio a
conocer el documento "Estrategia general de las Fuerzas Militares", en
el que se recogen compromisos para enfrentar el paramilitarismo. Sin
embargo, la Oficina tiene conocimiento de que cerca de 400 órdenes de
captura contra miembros de grupos paramilitares han sido emitidas por la
Fiscalía General de la Nación sin que la fuerza pública haya hecho
efectiva la aprehensión de los requeridos. Las fuerzas militares
expresaron a la Oficina haber capturado a 35 paramilitares y haber dado
de baja a 45.

152. En noviembre de 1997, la Corte Constitucional declaró exequible el
Decreto Nº 356 de 1994, que dio origen a los "servicios especiales de
vigilancia y seguridad privada", en su momento denominados "Convivir".
La sentencia ordenó que las armas de uso restringido autorizadas a estos
grupos fueran devueltas al Comando General de las Fuerzas Militares.
Según informó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
hasta el 15 de diciembre de 1997 se habían devuelto 237 de las 310 armas
oficialmente registradas. Ante denuncias sobre abusos cometidos por
personas que prestan esos servicios, el Gobierno suspendió la creación
de nuevas asociaciones de seguridad a partir del 13 de agosto de 1997 y/
/hasta que se hiciera una investigación sobre las irregularidades
denunciadas. El 10 de febrero de 1998, el Gobierno comunicó a la prensa
que, con base en las conclusiones de la mencionada investigación, había
cancelado la licencia a 15 asociaciones "Convivir", y que no se la
renovará a otras 69, de las cuales, más de 15 son objeto de
investigación por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada. En el marco de sus funciones de asesoramiento, la Oficina
insistió en que se tenga en cuenta la posibilidad de derogar las
disposiciones del mencionado decreto, teniendo en cuenta las
recomendaciones hechas a Colombia por el Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y otros mecanismos de protección. Sin embargo, el
ejecutivo no consideró necesario derogar las disposiciones del Decreto
Nº 356, y el 16 de diciembre de 1997 adoptó una nueva reglamentación.
Según ésta, queda prohibido a los servicios de vigilancia y seguridad
privada realizar cualquier actividad que atente contra el derecho a la
intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la libre circulación de las
personas. También les queda prohibido emplear armas de uso restringido o
de uso privativo de las fuerzas militares e invadir la órbita de la
competencia
reservada a las autoridades legítimas. El mismo decreto establece que la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no podrá autorizar
estos servicios en zonas de conflicto.

153. El 28 de octubre de 1997 fue aprobada por el Congreso la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a través de la Ley
Nº 408. La misma queda pendiente de ratificación.

154. En noviembre de 1997, el Gobierno colombiano presentó un proyecto
de ley para reformar el Código del Menor. Varias instituciones
nacionales e internacionales de defensa de los derechos del niño, entre
ellas UNICEF, han sugerido un análisis más profundo del tema, así como
modificaciones sobre varios aspectos del mencionado proyecto de ley, a
fin de que el nuevo código se ciña a las normas contempladas en la
Convención internacional en la materia. Las sugerencias presentadas
portan sobre los temas de reclutamiento de menores, trabajo infantil,
administración de justicia juvenil y mecanismos de adopción. Dicho
proyecto de ley deberá ser debatido en la próxima legislatura del Congreso.

155. Fue aprobada la Ley Nº 418 del 26 de diciembre de 1997, la cual
prohíbe el reclutamiento de menores de 18 años. Sin embargo, la ley
contempla la posibilidad de que personas mayores de 16 años sean
reclutadas con el consentimiento de los padres, aunque estos menores no
podrán ser destinados a zonas donde se desarrollen operaciones de
guerra, ni empleados en acciones de confrontación armada.

156. En diciembre de 1997 el Congreso aprobó una ley estableciendo un
régimen de "alternatividad penal" para la población carcelaria,
otorgando beneficios como libertad condicional, permisos de salida y
conmutación de prisión por trabajo comunitario, cuya aplicación podría
aliviar la situación de sobrepoblación. La norma, aunque no constituye
una respuesta integral al vasto problema de la situación carcelaria ha
sido acogida con gran expectativa por parte del conjunto de detenidos y
abogados defensores. A principios de 1998, el Gobierno ha anunciado
planes para la construcción de nuevas cárceles, contemplando la
posibilidad de recurrir a la inversión privada.

157. Se han fomentado programas de estímulo hacia una cultura de
convivencia y de paz por algunas instituciones del Estado. Se ofreció
especial ayuda a la Oficina del Alto Comisionado con ocasión de la
celebración del Día Universal de los Derechos Humanos, el 10 de
diciembre, promoviendo espacios en los medios de comunicación. Se han
mantenido y reforzado las campañas de formación dirigidas a la policía y
a las fuerzas militares, solicitándose la cooperación del PNUD y de la
Oficina.

158. Ha sido importante la acción de la Defensoría del Pueblo. Esta
institución publicó el Cuarto Informe Anual al Congreso de Colombia,
1997. La Oficina contó con el apoyo de la Defensoría, y varias visitas
al terreno se hicieron conjuntamente o con su colaboración.

159. Tanto la Fiscalía General, como la Procuraduría de la Nación
trabajan reforzando sus unidades especiales de derechos humanos, así
como en políticas generales para mayor eficacia en la lucha contra la
impunidad. No obstante, ambas instituciones enfrentan graves problemas
de tipo organizativo y presupuestario. El apoyo a la Oficina ha sido
abierto y constante, dentro de la reserva propia de ambos
órganos.[_regresar a la pagína_
]]


IV. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS EN COLOMBIA

160. La Oficina desarrolla sus actividades en el marco del acuerdo
suscrito el 29 de noviembre de 1996 entre el Estado colombiano y las
Naciones Unidas (E/CN.4/1997/11, anexo). La oficina de enlace, creada
por la Presidencia para facilitar la labor de la Oficina, colaboró
eficazmente para estructurar sus relaciones con las diferentes
instituciones del Estado colombiano.

161. En cumplimiento de sus funciones de observación, entre abril y
noviembre de 1997 la Oficina recibió más de 1.350 quejas, provenientes
de particulares, de organizaciones no gubernamentales y de instituciones
gubernamentales y estatales. Estas quejas fueron recibidas en las
instalaciones de Santafé de Bogotá y durante los viajes realizados por
sus funcionarios a diferentes regiones del país (Antioquia, Arauca,
Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Norte de
Santander y Tolima). En algunos casos estos viajes fueron realizados
conjuntamente con autoridades nacionales, organizaciones no
gubernamentales y miembros de la Iglesia. Luego de una verificación
preliminar para comprobar la verosimilitud de las quejas, unos 140 casos
fueron remitidos por escrito a los órganos nacionales competentes y al
Gobierno colombiano. La Oficina intervino de manera inmediata cuando
tuvo noticia de casos graves que requerían una intervención urgente,
obteniendo, en algunos casos, que las autoridades competentes brindaran
la debida protección a las víctimas.

162. Dentro de su actividad de transmisión de quejas a las autoridades,
la Oficina coordinó esfuerzos con los mecanismos temáticos de la
Comisión de Derechos Humanos, para hacer el seguimiento de casos de
ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. El
Gobierno dio respuesta a buena parte de estas solicitudes indicando la
autoridad judicial o disciplinaria que tiene el conocimiento del caso y
el estado procesal en que éste se encuentra. En varias oportunidades, la
respuesta gubernamental se limitó a presentar la versión de las
autoridades militares encaminada a desvirtuar la veracidad del relato
inicial de los hechos.

163. Las actividades más relevantes de la Oficina en relación con sus
funciones de asesoramiento estuvieron relacionadas con el seguimiento de
diferentes proyectos de ley, entre los cuales se encuentran el proyecto
de ley sobre reforma del Código Penal Militar, el proyecto de ley sobre
desaparición forzada y el de desplazamiento interno, hoy aprobado.
La Oficina fue solicitada, igualmente, para presentar sus observaciones
sobre programas de capacitación en derechos humanos destinados a la
fuerza pública.

164. En el marco de sus funciones de seguimiento de la observancia de
las recomendaciones hechas a Colombia por diferentes órganos y
mecanismos de las Naciones Unidas, la Oficina insistió en que se
tuvieran en cuenta aquéllas relacionadas con el desmantelamiento de los
servicios de vigilancia y seguridad rural, la supresión de la justicia
regional, la exclusión de los delitos que constituyen graves violaciones
de los derechos humanos del conocimiento de la justicia penal militar,
la no aceptación del concepto de "obediencia debida" como eximente de
responsabilidad para los autores de tales delitos, y la adopción de
medidas frente al desplazamiento interno. Estas observaciones fueron
hechas en el seno de las sesiones de la Comisión para el Análisis y
Asesoramiento en la Aplicación de las Recomendaciones de los Órganos
Internacionales de Derechos Humanos (véase párr. 141). Asimismo, ha
participado en la evaluación del cumplimiento por parte del Estado
colombiano de algunos acuerdos sobre casos presentados ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

165. En el período reseñado, la Oficina recibió más de 200 invitaciones
para participar en diferentes foros, seminarios, conferencias y talleres
sobre temas relacionados con la protección de los derechos humanos, el
derecho internacional humanitario y la paz, dirigidos a amplios sectores
estatales y de la sociedad civil. La Oficina participó en más de 80 de
ellos dentro del marco de sus funciones de asesoramiento a la sociedad
civil.

166. Los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, se
interesaron activamente por la labor de la Oficina, solicitando a la
Directora declaraciones y entrevistas. Aparte de dar respuesta a muchos
de esos requerimientos, la Oficina emitió ocho declaraciones públicas.

167. La Oficina mantuvo trato constante con el Comité Internacional de
la Cruz Roja, tal como contemplado en el Acuerdo, a fin de hacer un
seguimiento de las infracciones al derecho internacional humanitario. Se
mantuvieron, en particular, contactos con los delegados del ACNUR a fin
de coordinar el seguimiento del grave problema del desplazamiento. La
Oficina ha sido ampliamente requerida, tanto por las autoridades como
por las organizaciones no gubernamentales y comunidades de desplazados,
para ofrecer su veeduría internacional y protección.

168. Especial interés se debe dar a las reuniones con el resto de las
agencias de las Naciones Unidas presentes en Colombia a fin de preparar
el informe conjunto sobre Colombia, tal como ha sido solicitado por el
Secretario General de las Naciones Unidas. El enfoque del informe se ha
ideado teniendo en cuenta la estrategia común de impulsar el avance del
respeto a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos de toda la sociedad colombiana.

169. Asimismo, mantuvo interlocución permanente con los organismos
colombianos competentes, con las autoridades civiles y militares, con
organizaciones de la sociedad civil y particulares, así como con
miembros del cuerpo diplomático y agencias internacionales, con el
objetivo de hacer un seguimiento independiente e imparcial de la
situación de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario.[_regresar a la pagína_
]


V. CONCLUSIONES

170. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos agradece al Gobierno de Colombia las facilidades brindadas para
el desarrollo de los cometidos de su Oficina en Colombia, y expresa su
reconocimiento a todas las autoridades del país por el apoyo que dieron
al cumplimiento de sus actividades. También manifiesta su gratitud a
todos los sectores de la sociedad colombiana por su acogida y cooperación.

171. La Alta Comisionada expresa su agradecimiento a los países y
organizaciones donantes y hace votos porque esta contribución continúe y
se expanda para beneficio de las labores de su Oficina en Colombia.

172. La Alta Comisionada está profundamente preocupada por la gravedad y
magnitud de las violaciones de los derechos humanos y las infracciones
del derecho internacional humanitario que, según ha podido constatar a
través de su Oficina en Colombia, se cometen en el país. Unas y otras
pueden señalarse como graves, masivas y sistemáticas. Deplora, en
particular, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, los
asesinatos, la práctica de la tortura, de la desaparición forzada y de
los secuestros, las amenazas y el desplazamiento forzado de la población.

173. La Alta Comisionada observa que la existencia del conflicto armado
interno es fuente importante de violaciones de los derechos humanos,
pero constata que buen número de éstas, como son parte de las
violaciones del derecho a la vida, las violaciones del debido proceso,
las violaciones contra las libertades de opinión, de asociación y de
reunión, se producen fuera de ese marco. Recuerda, asimismo, que el
deber estatal de garantía de los derechos humanos es exigible en toda
circunstancia.

174. La Alta Comisionada deplora que las partes en conflicto continúen
infringiendo las normas establecidas por el derecho internacional
humanitario, especialmente aquéllas destinadas a la protección de las
personas que no participan directamente en las hostilidades. Deplora
igualmente que entre las consecuencias más graves del conflicto armado
figure la victimización de miles de personas civiles.

175. La Alta Comisionada deplora el número elevado de muertes violentas
en Colombia que se producen tanto dentro del contexto del conflicto
armado como fuera del mismo. La Alta Comisionada observa que la mayoría
de violaciones al derecho a la vida han sido atribuidas a grupos
paramilitares que en ocasiones actúan conjuntamente con miembros de la
fuerza pública o cuentan con su aquiescencia. Condena asimismo las
operaciones de limpieza social entre cuyas principales víctimas se
encuentran, entre otros, indigentes y niños de la calle.

176. La Alta Comisionada toma también nota de la presentación al
Congreso del proyecto de ley que tipifica la desaparición forzada de
personas. Lamenta, sin embargo, que la mayor parte de las
recomendaciones y observaciones hechas por la Oficina en el seno de la
comisión gubernamental redactora, no hayan sido recogidas en el proyecto
final. Al igual que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias (véase E/CN.4/1998/43, párr. 142), la Alta Comisionada
señaló que el texto que se apruebe debería ajustarse a lo dispuesto en
la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la
Desaparición Forzada.

177. Preocupa a la Alta Comisionada el hecho de que el secuestro sea una
práctica corriente en Colombia y un medio de subsistencia para grupos
armados y condena en el tono más enérgico dicha práctica que ha
ocasionado y continúa ocasionando tantas víctimas en Colombia. Toma nota
del Programa Presidencial para Víctimas de Secuestro que busca afrontar
tan grave problemática.

178. Preocupa especialmente a la Alta Comisionada el alarmante
incremento de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La
Alta Comisionada toma nota de las declaraciones gubernamentales
manifestando que tales crímenes no responden a una política
institucional. También toma nota de las medidas adoptadas últimamente
por el Gobierno para enfrentar el fenómeno del paramilitarismo. Sin
embargo, preocupa profundamente a la Alta Comisionada el hecho de que,
según la información recogida por su Oficina en Colombia, ciertos
elementos de la fuerza pública mantengan vínculos con integrantes de los
grupos paramilitares. También preocupa a la Alta Comisionada percibir la
poca eficacia demostrada por los cuerpos militares del Estado para
combatir real y decididamente esos grupos. La existencia de asociaciones
de civiles armados que actúan con autorización legal, agrava el fenómeno
paramilitar y aumenta la violencia.

179. La Alta Comisionada saluda que se hayan reducido el numero de
violaciones de derechos humanos atribuidos a la fuerza pública y toma
nota de las informaciones suministradas por las fuerzas militares a su
Oficina en Colombia sobre la intención de apartar del servicio a todos
los militares implicados en crímenes de lesa humanidad. Le preocupa sin
embargo que las medidas adoptadas por las autoridades no hayan logrado
garantizar que se investigue y sancione todo apoyo a las actividades de
los grupos paramilitares.

180. Preocupa a la Alta Comisionada el elevado índice de impunidad que
se da con respecto a las violaciones de los derechos humanos y a las
infracciones del derecho internacional humanitario. La Alta Comisionada
recuerda la obligación del Estado colombiano de investigar de manera
exhaustiva e imparcial esas conductas, con el fin de identificar a los
responsables, llevarlos ante la justicia, sancionarlos y dar reparación
a sus víctimas, con arreglo a las disposiciones contenidas, entre otros
instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

181. La Alta Comisionada toma nota de la presentación al Congreso del
proyecto de ley sobre reforma del Código Penal Militar. Sin embargo,
observa con preocupación que en el proyecto no se han incluido todas las
recomendaciones internacionales para adecuar el funcionamiento de la
jurisdicción penal militar a las exigencias de los pactos sobre derechos
humanos, así como que, hasta la fecha, no se haya dado pleno
cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional.

182. Otro motivo de gran preocupación para la Alta Comisionada es el
relativo a la justicia y al funcionamiento de la misma. Deplora que
estén violándose de manera masiva las garantías del debido proceso,
especialmente a través del sistema de justicia regional, que el Gobierno
colombiano persiste en conservar hasta 1999, en flagrante contradicción
con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y con las repetidas recomendaciones de diferentes órganos y
mecanismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos.

183. La Alta Comisionada observa que el Gobierno ha tomado una serie de
medidas a fin de afrontar ciertos problemas que impiden u obstruyen el
goce de los derechos humanos. Asimismo la Alta Comisionada constata la
existencia en Colombia de una multiplicidad de actores e instituciones
encargados de velar por el respeto de los derechos humanos. Sin embargo,
lamenta que no todas estas iniciativas observen las recomendaciones
internacionales o aquellas que su Oficina en Colombia brinda en base a
las mismas, y a estándares, normas y costumbres internacionales. Lamenta
asimismo que el Estado colombiano pareciera no estar en condiciones de
brindar apoyo efectivo a las instituciones y actores encargados de velar
por el respeto de los derechos humanos.

184. Causa preocupación a la Alta Comisionada la situación carcelaria
en Colombia, en particular, el hacinamiento en los centros de detención
así como la detención prolongada de los detenidos antes de ser juzgados.
Toma nota del recientemente adoptado régimen de "alternatividad penal"
que busca afrontar dicha problemática.

185. Preocupa a la Alta Comisionada la situación de los menores en
Colombia, en particular aquella de los niños de la calle así como de los
niños desplazados por la violencia. Unos y otros, no sólo se ven
limitados en el goce de sus derechos fundamentales, sino que también se
encuentran expuestos a situaciones de riesgo que ponen en peligro su
vida e integridad personal. Deplora las condiciones inaceptables en las
cuales muchos menores, inclusive menores de 14 años, trabajan para
atender sus necesidades y las de sus familias. Asimismo condena el
reclutamiento de menores que contraría disposiciones internacionales al
respecto. Toma nota de las recientes medidas que buscan solucionar este
problema.

186. La Alta Comisionada recibe con beneplácito la adopción de la
directiva presidencial orientada a hacer respetar el trabajo de los
defensores de los derechos humanos. Sin embargo, deplora la persecución
de que son víctimas estos últimos, especialmente por parte de los
paramilitares, pero también por parte de algunos funcionarios del Estado
que, ignorando las disposiciones del Gobierno y a través de
interpretaciones inadecuadas de la tarea de aquéllos asimilan el trabajo
en favor de los derechos humanos a actividades subversivas o criminales.
También deplora las agresiones contra militantes políticos, funcionarios
del Estado responsables de la protección de los derechos humanos,
servidores de la rama judicial, sindicalistas, miembros de
organizaciones sociales, periodistas y demás víctimas, sean quienes sean
sus autores.

187. La Alta Comisionada lamenta que el desplazamiento forzado de
personas haya aumentado continuamente en Colombia durante los últimos
años sin que las medidas adoptadas por el Gobierno hayan logrado
erradicar las causas del fenómeno. Le preocupa también el hecho de que
muchos desplazados sean víctimas de nuevas violaciones de los derechos
humanos en sus lugares de asentamiento. Igualmente lamenta la respuesta
insuficiente que hasta ahora han dado las autoridades estatales a los
problemas planteados por las necesidades básicas insatisfechas en
materia de alimentación, salud, vivienda, educación e higiene de los
desplazados, la mayoría de los cuales son mujeres y niños.

188. La Alta Comisionada observa que en Colombia, como en otros países,
el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales no es del
todo satisfactorio pese a su amplio reconocimiento legal. Ciertas
prácticas dañinas y la falta de mecanismos apropiados para combatirlas,
impide que una gran parte de colombianos tengan acceso al disfrute de
sus derechos económicos, sociales y culturales. Es evidente que la
expansión e intensidad del conflicto que provoca un desvío de recursos
públicos y genera desplazamientos forzados, contribuye a que sean cada
vez menos los colombianos que puedan ejercer esta categoría de derechos.

189. La Alta Comisionada observa igualmente que persisten prácticas
discriminatorias que afectan especialmente a la población indígena y
afrocolombiana, así como a las mujeres, dentro de la sociedad
colombiana. [_regresar a la pagína_
]

VI. RECOMENDACIONES

190. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, en cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo suscrito el 29
de noviembre de 1996 y en concordancia con las observaciones y
recomendaciones formuladas al Estado colombiano por el Comité de
Derechos Humanos, el Relator Especial para la cuestión de la tortura, el
Comité contra la Tortura, el Relator Especial sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator sobre la
Independencia de los Jueces y Abogados, el Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño, el
Representante del Secretario General para el Desplazamiento Forzado de
Personas y con otros pronunciamientos de órganos, mecanismos y agencias
de las Naciones Unidas, formula las siguientes 19 recomendaciones.

_Recomendación Nº 1_

191. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno a continuar sus esfuerzos
para garantizar, en todo tiempo y lugar, el reconocimiento efectivo de
los derechos fundamentales enunciados en los instrumentos
internacionales a cuyo cumplimiento se ha obligado por la ratificación
de los mismos. Para el logro de dichos objetivos, la Alta Comisionada
urge al Gobierno colombiano a que tome todas las medidas apropiadas y
eficaces que sean necesarias.

_Recomendación Nº 2_

192. La Alta Comisionada urge a todas las partes del conflicto a
respetar las normas establecidas por el derecho internacional
humanitario, en particular aquéllas destinadas a la protección de las
personas que no participan directamente en las hostilidades. Insiste
especialmente en que los combatientes abandonen la práctica de las
ejecuciones, los ataques a la población civil, la desaparición forzada,
los secuestros extorsivos, el desplazamiento forzado de personas y otras
prácticas igualmente reprochables.

_Recomendación Nº 3_

193. La Alta Comisionada insta al Gobierno y a las partes en el
conflicto a que se respete el derecho a la vida. Urge también al
Gobierno a adoptar o reforzar medidas tendientes a garantizar el respeto
al derecho a la vida. Asimismo urge al Gobierno a que se realicen
investigaciones independientes y completas sobre todas las violaciones
al derecho a la vida, que los autores de las mismas sean traducidos en
justicia y se repare debidamente a las víctimas a fin de acabar con la
espiral de violencia y la impunidad.

_Recomendación Nº 4_

194. La Alta Comisionada insta al Estado colombiano a velar por que el
proyecto de ley que tipifica el delito de desaparición forzada que ha de
aprobarse en próxima sesión del Congreso, esté en plena concordancia con
las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

_Recomendación Nº 5_

195. La Alta Comisionada insta al Estado colombiano a velar por que el
proyecto de ley de reforma del Código Penal Militar que ha de aprobarse
en próxima sesión del Congreso, esté en plena concordancia con las
normas internacionales en la materia.

_Recomendación Nº 6_

196. La Alta Comisionada insta al Gobierno a continuar buscando
soluciones tendientes a erradicar la práctica común del secuestro y
capturar a los autores a fin de llevarlos en justicia.

_Recomendación Nº 7_

197. La Alta Comisionada exhorta a las autoridades a llevar a cabo una
política eficaz dirigida al definitivo desmantelamiento de los grupos
paramilitares, mediante la captura, el juzgamiento y la sanción de
quienes los inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian.
Asimismo, estima indispensable que se ponga fin a las actividades de los
grupos de civiles armados, hasta hace poco conocidos como asociaciones
"Convivir", para erradicar su incidencia negativa en la crisis de los
derechos humanos, para facilitar la aplicación del principio humanitario
de distinción en el conflicto armado, y para que el Estado pueda tener,
en todo tiempo y circunstancia, control absoluto sobre la aplicación de
la fuerza y el uso de las armas.

_Recomendación Nº 8_

198. La Alta Comisionada recomienda al Gobierno que excluya de su fuerza
pública a todo miembro de ésta contra el cual existan fundados indicios
de que ha dado apoyo a los grupos paramilitares, con acciones u
omisiones, ha participado en la actividad de los mismos o la ha
permitido de cualquier forma.

_Recomendación Nº9_

199. La Alta Comisionada hace un llamamiento a las autoridades
colombianas para que tomen medidas más eficaces contra la impunidad,
mediante la investigación, el juzgamiento y la sanción de todos los
responsables de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de
guerra. Recomienda que se dé pleno cumplimiento al fallo de la Corte
Constitucional.

_Recomendación Nº 10_

200. La Alta Comisionada invita a las autoridades colombianas a la
adopción de medidas inmediatas para garantizar el pleno funcionamiento
de la justicia, en particular a través de la protección eficaz de los
funcionarios de la rama judicial y de los testigos en procesos
relacionados con violaciones de los derechos humanos.

_Recomendación Nº 11_

201. La Alta Comisionada recomienda al Estado colombiano la pronta
abolición del sistema de la justicia regional, para que toda persona
pueda ser procesada en condiciones de imparcialidad y publicidad, con el
respeto pleno por las garantías propias del debido proceso,
especialmente la del derecho de defensa y la de la presunción de inocencia.

_Recomendación Nº 12_

202. La Alta Comisionada insta al Gobierno a mejorar la situación
carcelaria a fin de que ésta se encuentre en conformidad con las normas
internacionales al respecto.

_Recomendación Nº 13_

203. La Alta Comisionada insta al Gobierno, a los grupos armados y a la
sociedad en general, a velar por que la niñez en Colombia goce de
aquellos derechos reconocidos en los distintos tratados internacionales,
en particular, en la Convención sobre los Derechos del Niño. Pide a
todas las partes en el conflicto de abstenerse en reclutar menores y a
acelerar los procesos de desmovilización. Recomienda asimismo que se
efectúe un estudio de la problemática de la niñez en Colombia a fin de
buscar soluciones adecuadas.

_Recomendación Nº 14_

204. La Alta Comisionada recomienda a las autoridades colombianas que
hagan efectivo el reconocimiento del derecho de los defensores de los
derechos humanos a desarrollar sus actividades sin injerencias ni
impedimentos ilegítimos, y en condiciones de plena seguridad para su
vida, su integridad y su libertad. Las insta, igualmente, a garantizar
eficazmente el goce de los derechos políticos, de la libertad de
pensamiento y de expresión y de la libertad sindical, previniendo y
reprimiendo la ejecución de actos ilegales o arbitrarios contra las
personas que los ejercen.

_Recomendación Nº 15_

205. La Alta Comisionada exhorta a las autoridades a que continúen en la
búsqueda de medidas eficaces para prevenir los desplazamientos forzados,
proteger la vida y la integridad física de las personas desplazadas y
garantizar la libertad y la seguridad de sus organizaciones de apoyo.
Las exhorta también a implementar políticas por medio de las cuales se
logre hacer efectivos los derechos de los desplazados a la alimentación,
a la atención médica, a la vivienda y a la educación, tanto en sus
asentamientos actuales como después de su eventual retorno a los lugares
de origen.

_Recomendación Nº 16_

206. La Alta Comisionada insta al Gobierno a aumentar esfuerzos
tendientes a garantizar al conjunto de la población y a lo largo del
territorio nacional, el pleno ejercicio de los derechos económicos,
sociales y culturales de conformidad con los tratados internacionales
ratificados por Colombia.

_Recomendación Nº 17_

207. La Alta Comisionada insta especialmente a las autoridades, a que
tengan en cuenta las recomendaciones formuladas por los órganos de los
tratados así como por los mecanismos especiales de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

_Recomendación Nº 18_

208. La Alta Comisionada insta al Gobierno a redoblar los esfuerzos
tendientes a apoyar públicamente con recursos adecuados y acciones
concretas, a aquellas instituciones que velan por el respeto de los
derechos humanos y por el mantenimiento del Estado de derecho, entre
ellas la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
De la misma manera insta a apoyar a los órganos de la administración de
justicia, incluida la Fiscalía General de la Nación, en su labor de
investigación de las violaciones de los derechos humanos, juzgamiento y
condena de los responsables de las mismas.

_Recomendación Nº 19_

209. La Alta Comisionada alienta al Gobierno, a los otros actores en el
conflicto y a la sociedad colombiana a seguir explorando los caminos que
permitan la reconciliación nacional y el establecimiento de una paz
justa y estable, fundada en el respeto por los derechos humanos y en la
observancia de los instrumentos internacionales que los reconocen y
garantizan, atendiendo, de esa manera, los requerimientos del conjunto
de la sociedad colombiana.[_regresar a la pagína_
]


_Notas_

1. Véase el Acuerdo relativo al establecimiento en Colombia de una
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (E/CN.4/1997/11, anexo).
[_de vuelta al texto_ <#nota1>]

2. Cuarto Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia,
Santafé de Bogotá, 1997, pág. 214.[_de vuelta al texto_ <#nota 2>]

3. "Colombia, derechos humanos y derecho internacional
humanitario: 1996", Comisión Colombiana de Juristas, Serie informes
anuales, pág. 45.[_de vuelta al texto_ <#nota 3>]

4. Informaciones periodísticas recogidas por la Comisión Colombiana de
Juristas.[_de vuelta al texto_ <#nota 4>]

5. Cuarto Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia,
Santafé de Bogotá, 1997, pág. 214.[_de vuelta al texto_ <#nota 5>_]_
<#nota 5>

6. Cuarto Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, 1997,
págs. 59 y 60.[_de vuelta al texto_ <#nota 6>]


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