Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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Distr.
GENERAL
E/CN.4/2003/13
24 de febrero de 2003
Original: ESPAÑOL*
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
59º período de sesiones
Tema 3 del programa provisional
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia**
ÍNDICE (Párrafos)
Resumen
I. INTRODUCCIÓN 1-4
II. CONTEXTO NACIONAL 5-24
III. CONFLICTO ARMADO INTERNO 25-40
a) Grupos guerrilleros 30-31
b) Grupos paramilitares 32-34
c) Fuerza pública 35-38
d) Importancia de un proceso de negociación de paz 39-40
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 41-54
V. SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 55-58
VI. ÁREAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN O IMPORTANCIA
59-115
1. Estado de derecho y política de seguridad 59-78
a) Estado de conmoción interior 63-66
b) Zonas de rehabilitación y consolidación 67-69
c) Situación en la antigua zona de distensión 70-73
d) Paramilitarismo 74-77
2. Administración de justicia e impunidad 78-87
Situación carcelaria 84-87
3. Desplazamiento forzado 88-94
4. Grupos étnicos 95-101
5. Defensores de derechos humanos 102-108
6. Libertades fundamentales 109-115
a) Libertad sindical 109-110
b) Libertad de opinión y de expresión 111-112
c) Libertad de conciencia y religión 113
d) Derechos políticos 114-115
VII. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 116-130
VIII. ACTIVIDADES DE LA OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 131-151
1. Asesoramiento y cooperación técnica 135-151
a) Cooperación
en materia de capacitación en derechos humanos y derecho
internacional humanitario 137-144
b) Cooperación
en materia de fortalecimiento institucional 145-151
IX. RECOMENDACIONES 152-181
a) La prevención y la protección 155-162
b) El conflicto armado interno 163-168
c) El Estado de derecho y la impunidad 169-175
d) Las políticas económicas y sociales 176
e) La promoción de una cultura de derechos humanos 177-179
f) El asesoramiento y la cooperación técnica de la
Oficina 180-181
X. MAPA DE COLOMBIA. División política territorial.
Zonas
de rehabilitación y consolidación. Antigua zona de
distensión.
Anexo: Situación de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario.
Principales violaciones e infracciones
Resumen
Este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre Colombia cubre el período comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002, y responde
a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos
durante su 58º período de sesiones.
Contexto nacional
El informe analiza el contexto nacional y pasa revista a los factores
de orden político, militar, económico, social e institucional
que a lo largo del año 2002 plantearon a Colombia múltiples
problemas, dificultades y retos en relación con el mantenimiento
de los principios del Estado de derecho, el respeto de los derechos
humanos y la observancia de la normativa internacional humanitaria.
Entre esos factores figuran: la interrupción de los procesos
de paz entre, por un lado, el Gobierno del Presidente Andrés
Pastrana y, por otro lado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN), respectivamente; la incidencia
que en la degradación del conflicto armado han tenido las
acciones violentas, muchas de ellas de un corte terrorista, tanto
por parte de los grupos guerrilleros como por parte de los grupos
paramilitares; la persistencia de denuncias e informaciones sobre
nexos entre servidores públicos y organizaciones paramilitares;
y los obstáculos que para el cabal ejercicio de los derechos
políticos han constituido las presiones ejercidas sobre candidatos
y sufragantes por los grupos ilegales. Las elecciones de marzo para
el Congreso y las elecciones presidenciales en mayo fueron dos importantes
puntos de referencia en el panorama político de 2002, que
permitieron observar la situación de derechos humanos en
los últimos meses del Gobierno del Presidente Andrés
Pastrana y los primeros cien días del Gobierno del Presidente
Álvaro Uribe.
Otros factores analizados son: la adopción y el desarrollo
de la política de seguridad por parte del nuevo Gobierno,
que comenzó su ejercicio el 7 de agosto; las medidas adoptadas
a raíz de la declaratoria del estado de conmoción
interior; la preparación de la convocatoria del referendo
constitucional para el año 2003; las gestiones en pro de
la iniciación de un diálogo con grupos paramilitares;
y las dificultades que el país afronta en materia de endeudamiento,
déficit fiscal y realización progresiva de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Al terminar el año se percibió una serie de desafíos
en el contexto nacional. Para sólo mencionar algunos, cabe
referirse a la degradación incesante del conflicto armado,
y a las dificultades para emprender un proceso gradual de solución
política del mismo a través de negociaciones de paz
adecuadamente estructuradas. A este respecto parece evidente que
los buenos oficios del Secretario General, a través de su
Asesor Especial, deben ser considerados tanto para retomar el proceso
de acercamiento entre el Gobierno y las FARC-EP como para el diálogo
entre el Gobierno y el ELN.
Otro desafío es el relativo a los contactos, el diálogo
y una posible negociación entre el Gobierno y los grupos
paramilitares. Parece necesario hacer claridad sobre cuáles
de las condiciones planteadas por los dirigentes de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) pueden aceptarse sin menoscabo del Estado
de derecho y sin menosprecio por los derechos fundamentales a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
Otro reto para el Gobierno y los sectores económicos del
país sigue siendo el que plantea la necesidad de que unos
como otros contribuyan, dando pleno cumplimiento a las exigencias
planteadas por los derechos económicos, sociales y culturales,
a un mejor funcionamiento de la economía que permita disminuir
la inequidad existente.
Igualmente importante para el Gobierno, para el Congreso y para
los sectores democráticos del país es el reto de buscar
y encontrar mayores grados de concertación y apoyo mutuo
en la tarea de promover y proteger los derechos humanos. En particular,
el Ejecutivo y el Legislativo se hallan ante el desafío de
asegurar que toda propuesta normativa en materia de protección
del orden público, administración de justicia y funcionamiento
de los órganos de control sea respetuosa de los instrumentos
adoptados por la comunidad internacional para garantizar un ejercicio
democrático del poder y una efectiva puesta en práctica
de los derechos y libertades fundamentales de la persona.
Conflicto armado interno
El informe destaca la alta y grave incidencia del conflicto armado
sobre la situación de los derechos humanos en el país
y los desafíos que este conflicto impone al Estado para responder
eficazmente a la crisis humanitaria. Señala asimismo la notable
degradación del conflicto armado y la crueldad creciente
de los métodos de combate utilizados por los grupos armados
ilegales, lo cual ha agravado la vulnerabilidad de la población
civil. A este respecto analiza la actuación de los grupos
guerrilleros, de los grupos paramilitares y de la fuerza pública.
Se destaca la importancia de un proceso de negociación de
paz, estructurada con parámetros y criterios adecuados, que
plantee perspectivas ciertas de progreso y que incorpore tempranamente
compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario.
Situación de los derechos humanos
El informe reconoce que factores como la degradación del
conflicto armado, el narcotráfico y la crisis económica
han incidido en el agravamiento de la situación de los derechos
humanos y en la capacidad del Estado para protegerlos y garantizarlos.
Las conductas criminales de los grupos armados ilegales hicieron
patente su falta de respeto por los derechos fundamentales a la
vida, la integridad personal y la libertad individual. Sus reiterados
ataques a la infraestructura pública multiplicaron los desafíos
del Estado para dar una respuesta efectiva a la crítica situación.
También señala que el nuevo Gobierno ha manifestado
su propósito de cumplir sus obligaciones internacionales
y constitucionales en materia de derechos humanos. Entre los logros
estatales en ese campo, el informe destaca: la ratificación
de varios instrumentos internacionales; los avances relativos a
la coordinación institucional y al sistema único de
registro de la población desplazada; la jurisprudencia garantista
de la Corte Constitucional; y el interés de varias instituciones
públicas por fortalecer la cooperación con la Oficina
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, como por ejemplo la Vicepresidencia de la República,
la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General
de la Nación y el Senado de la República.
El informe califica de crítica la situación de los
derechos civiles y políticos y señala que a lo largo
del año 2002 se ha caracterizado por violaciones graves,
masivas y sistemáticas de esos derechos, constituyendo muchas
de ellas crímenes contra la humanidad. Se registraron ejecuciones
extrajudiciales (masacres y homicidios de carácter individual
o selectivo), actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes,
acciones que implicaron empleo desproporcionado de la fuerza, desapariciones
forzadas, detenciones ilegales o arbitrarias, impedimentos ilegítimos
al libre tránsito interno, desplazamientos forzados, injerencias
arbitrarias o ilegales en la vida privada y el domicilio, y atentados
contra el debido proceso y las garantías judiciales. El informe
señala que los autores de esas violaciones fueron servidores
públicos comprometidos en graves abusos de poder, en omisión
o en abierta connivencia con el paramilitarismo.
El informe da cuenta de un aumento significativo de denuncias de
violaciones atribuidas directamente a miembros de la fuerza pública,
en comparación con el año 2001. Muchas de estas conductas
se realizaron en desarrollo de la política de seguridad del
nuevo Gobierno, y en particular en aplicación de las normas
adoptadas en el marco del estado de conmoción interior declarado
en agosto. Varias de estas conductas se realizaron con el acompañamiento
o la autorización de agentes de la Fiscalía General
de la Nación.
En el análisis de la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales en Colombia, el informe da cuenta de problemas
como la profunda exclusión económica y social, el
alto grado de pobreza y la amplia brecha de inequidad, que se manifiestan
en altos niveles de desempleo, cobertura insuficiente en el campo
educativo, graves carencias en la prestación de los servicios
de salud y seguridad social, y fuerte reducción del número
de viviendas subsidiadas por el Estado.
También identifica el informe las dificultades específicas
que afectan al reconocimiento y la garantía de los derechos
de la mujer y de los derechos del niño y de la niña.
A pesar de algunos avances legislativos, destaca en particular la
ausencia de una política integral en materia de género,
el mantenimiento de formas sexistas de discriminación y marginación
y la persistencia de la violencia sexual e intrafamiliar.
Situación del derecho internacional humanitario
El informe da cuenta del sensible aumento de los crímenes
de guerra y del alto índice de victimización de los
miembros de la población civil en comparación con
el año 2001. Varios de esos actos podrían constituir
crímenes contra la humanidad. Entre las principales infracciones
del derecho internacional humanitario, muchas de ellas recurrentes
y masivas, menciona los homicidios, las amenazas de muerte, los
ataques a la población civil, los ataques indiscriminados,
los actos de terrorismo, los atentados contra la dignidad personal,
la toma de rehenes, el desplazamiento forzado, los atentados contra
la misión médica, los ataques a bienes civiles y el
empleo de minas antipersonales. En esta sección se estudia
también la situación de los niños y mujeres
víctimas de la contienda armada. El informe señala
como responsable de la mayor parte de las conductas infractoras
a los miembros de los grupos guerrilleros y paramilitares. Sin embargo,
hace notar que durante el período por él cubierto
aumentaron las denuncias de infracciones de la preceptiva humanitaria
por integrantes de la fuerza pública.
El informe señala la degradación del conflicto armado,
a la que ha contribuido poderosamente la utilización de algunos
métodos y medios de guerra prohibidos por el derecho internacional
humanitario, así como el cambio de estrategia de los grupos
armados ilegales. Entre ellos, destaca los ataques a la población
civil y el empleo creciente del terror por parte de los grupos armados
ilegales y, particularmente, de las FARC-EP.
Áreas de especial preocupación o importancia
El informe analiza varias áreas de especial preocupación
o importancia para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Entre ellas figuran el mantenimiento
del Estado de derecho y la adopción y ejecución de
la política de seguridad, las medidas de conmoción
interior, la actuación de la fuerza pública en las
zonas de rehabilitación y consolidación, la situación
de la antigua "zona de despeje", el auge y el fortalecimiento
de los grupos paramilitares, las falencias de la administración
de justicia y sus contradicciones en la lucha contra la impunidad,
las insatisfactorias condiciones de la población carcelaria,
el desplazamiento forzado, la victimización de los grupos
étnicos, la crítica situación de los defensores
de los derechos humanos y de otros miembros de grupos vulnerables,
y los problemas existentes para el pleno ejercicio de las libertades
fundamentales (libertad sindical, libertad de opinión y de
expresión, libertad de conciencia y de religión, y
derechos políticos).
El informe señala que el Estado aún no cuenta con
una política efectiva y coherente en materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario. Esta carencia se manifiesta
en la debilidad de sus políticas preventivas, lo cual contribuye
a agravar la crisis en uno y otro campo. Esto ha incidido en el
aumento significativo de personas desplazadas, así como en
la mayor vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos afectados
por intimidaciones, amenazas, ataques y estigmatizaciones aun por
parte de servidores públicos.
Entre las materias de especial preocupación, el informe
destaca factores y condiciones que tienden a debilitar el Estado
de derecho, manifestado en recurrentes problemas o crisis de gobernabilidad
y en repetidas fallas en la aplicación del principio del
imperio de la ley. La tendencia se ve reflejada en la injerencia
en las funciones públicas por parte de integrantes de grupos
paramilitares y en la continuidad de nexos entre servidores públicos
y miembros de esos grupos. También constituye una influencia
perjudicial la adopción prioritaria de ciertas políticas
represivas y militares en detrimento de la institucionalidad civil.
El informe se refiere a la adopción e implementación
de disposiciones incompatibles con las normas internacionales y
la Constitución nacional, como varias de las contenidas en
el Decreto Nº 2002 sancionado en el marco del estado de excepción.
La atribución de funciones de policía judicial a los
militares y la restricción arbitraria de derechos y libertades
fundamentales estuvieron entre los principales motivos de preocupación
en ese campo.
Otra materia de preocupación ha sido la actuación
de instituciones que comprometen la independencia y la imparcialidad
judicial. Como ejemplo de esto pueden señalarse decisiones
adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en
lo referente al despido y traslado de fiscales, así como
la posición del Fiscal General de la Nación ante el
ejercicio de funciones de policía judicial por miembros de
las fuerzas militares, y el apoyo del Fiscal General a medidas de
control del orden público que luego la Corte Constitucional
declaró contrarias a la Constitución.
Seguimiento de las recomendaciones internacionales
El informe da seguimiento a las recomendaciones internacionales
en materia de protección de los derechos humanos, conflicto
armado, Estado de derecho e impunidad, ratificación de instrumentos
internacionales, adecuación de la normativa interna a los
principios y reglas de carácter internacional, adopción
de medidas en pro de los derechos económicos, sociales y
culturales, promoción de una cultura de derechos humanos,
y asesoría y cooperación técnica. El informe
constata que no se han registrado progresos significativos en la
aplicación de muchas de esas recomendaciones. No obstante,
destaca como positivos la ratificación del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional (a pesar de la salvedad sobre los
crímenes de guerra), la adopción de la ley que crea
el tipo penal de trata de personas, la evaluación de los
programas de protección del Ministerio del Interior, la adopción
de la ley para dar cumplimiento a la Convención sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción
y la creación del Observatorio de Minas Antipersonal, así
como la adopción de medidas para ampliar la cobertura territorial
del sistema de alerta temprana y fortalecer la participación
gubernamental en el mismo.
Actividades de la Oficina en Colombia
El informe dedica una sección para resumir las actividades
cumplidas durante 2002, en ejercicio de las funciones de observación,
asesoría legal, promoción y difusión, y cooperación
técnica señaladas en su mandato, por la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. De este mandato se han beneficiado varias instituciones
del Estado, como la Procuraduría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura,
entre otras, que han recibido con interés la asesoría
y cooperación de la Oficina en el propósito de fortalecer
su actuación institucional en derechos humanos. También
fueron destinatarias de las actividades de la Oficina las organizaciones
de la sociedad civil. La Oficina ha podido iniciar con el nuevo
Gobierno, en particular con la Vicepresidencia de la República
y la Cancillería, una interlocución frecuente y fluida.
En octubre asumió sus funciones el nuevo director de la Oficina.
Recomendaciones
El informe finaliza con una serie de recomendaciones concretas
y prioritarias de la Oficina del Alto Comisionado en materia de
derechos humanos y derecho internacional humanitario para el año
2003, con la convicción de que su aplicación podría
contribuir sensiblemente a mejorar la situación en Colombia.
Las recomendaciones cubren materias importantes como la prevención
y la protección, el conflicto armado interno, el Estado de
derecho y la impunidad, las políticas económicas y
sociales, la promoción de una cultura de derechos humanos
y el asesoramiento y la cooperación técnica de la
Oficina del Alto Comisionado. Los destinatarios de esas recomendaciones
son las autoridades nacionales, todas las partes en el conflicto
armado interno y los sectores representativos de la sociedad civil.
I. INTRODUCCIÓN
1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación,
desde hace varios años, la situación de los derechos
humanos en Colombia. Esto se ha visto reflejado en sucesivas declaraciones
por parte de su Presidente. La Comisión solicitó en
1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos que estableciera una oficina en Colombia, teniendo
en cuenta la invitación del Gobierno de este país.
2. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida en Colombia la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el marco de este acuerdo, la Oficina debe observar la situación
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario
con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación
y aplicación de políticas, programas y medidas para
la promoción y protección de los derechos humanos,
en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive
el país. Ello debe permitir al Alto Comisionado presentar
informes analíticos a la Comisión. El acuerdo fue
prorrogado por iniciativa del Presidente Álvaro Uribe por
un período más largo, hasta septiembre de 2006.
3. En el 58º período de sesiones de la Comisión
el Presidente reafirmó en su declaración que la Oficina
en Colombia "desempeña una función vital en la
lucha contra las continuas violaciones de derechos humanos y de
derecho internacional humanitario", y solicitó a la
Alta Comisionada la presentación de "un informe detallado
que contenga un análisis efectuado por su Oficina sobre la
situación de derechos humanos en Colombia".
4. El presente informe corresponde al período comprendido
entre enero y diciembre de 2002 y se basa en la información
recogida por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado directamente
y a través de sus interlocutores, y analizada por ella. Otorga
especial importancia a las recomendaciones que finalizan el informe.
II. CONTEXTO NACIONAL
5. Durante el año 2002 varios factores de orden político,
militar, económico y social crearon un contexto nacional
complejo y difícil. Al final del año el país
se enfrentaba a múltiples problemas, dificultades y retos
de gran magnitud en lo referente al mantenimiento de los principios
del Estado de derecho, al respeto de los derechos humanos y a la
observancia del derecho internacional humanitario. Otro elemento
importante para señalar fue el cambio de Gobierno producido
el 7 de agosto con la asunción del nuevo presidente Álvaro
Uribe.
6. Los procesos de paz que el Gobierno del Presidente Andrés
Pastrana había iniciado en 1998, al comienzo de su período,
con los dos principales grupos guerrilleros ?las FARC-EP y el ELN?
llegaron a conclusiones abruptas durante los primeros meses del
año 2002, sin que se hubieran obtenido los resultados positivos
que de ellos esperaban muchos segmentos del país.
7. En particular, la forma en que se desarrollaron y terminaron
las negociaciones con las FARC-EP implicó una mayor polarización
de las ideas y los sentimientos de amplios sectores de la sociedad
civil sobre el presente y el futuro del país. Al comienzo
del año, cuando las dos partes, gracias a una mayor facilitación
de la comunidad internacional y de la Iglesia, acababan de superar
una de las peores crisis presentadas a lo largo del proceso y habían
fijado un calendario más preciso para negociar sobre temas
que concernían directamente a la población civil,
el marcado incremento de las acciones violentas de la guerrilla
llevó al Gobierno a terminar definitivamente el proceso y
a recuperar el control militar de la llamada "zona de distensión".
De otro lado, en la parte gubernamental no se dieron, a lo largo
de los meses anteriores, acciones claras para enderezar el rumbo
de un proceso que ya había perdido apoyo social y credibilidad
por su total carencia de resultados tangibles.
8. Tras la ruptura definitiva del proceso de negociaciones entre
el Gobierno del Presidente Pastrana y las FARC-EP, el 20 de febrero,
poco después del secuestro por esa agrupación de un
avión a bordo del cual iba el senador Jorge Gechem Turbay,
crecieron aún más la intensidad y la frecuencia de
las infracciones del derecho internacional humanitario. Se destaca
el caso del secuestro del Gobernador de Antioquia y su asesor de
paz y ex Ministro de Defensa, en abril. Tampoco logró el
Gobierno del Presidente Pastrana resultados significativos en el
proceso de diálogo con el ELN. A lo largo del año
este grupo guerrillero también siguió involucrándose
en una serie de infracciones graves al derecho internacional humanitario.
9. Al mismo tiempo, el Estado continuó demostrando falta
de efectividad para contrarrestar las acciones violentas de los
llamados grupos paramilitares, en particular de las AUC, y para
atenuar la influencia que ellos ejercen sobre ciertos sectores del
aparato estatal y de las élites locales. Durante el año
2002 siguieron presentándose denuncias sobre nexos entre
miembros de grupos paramilitares y agentes del Estado.
10. El narcotráfico, en sus varias y complejas dimensiones,
continuó siendo uno de los factores negativos vinculados
integralmente al conflicto armado. La producción y la comercialización
de estupefacientes es germen importante de financiación de
los diversos grupos armados ilegales, motor de violencia en las
zonas de cultivos, generador de enfrentamiento social entre muchas
comunidades, causa mediata e inmediata de un alto número
de desplazamientos forzados y elemento importante de corrupción
en la vida administrativa.
11. Pese a múltiples amenazas y a no pocas acciones violentas,
imputables tanto a los grupos guerrilleros como a los grupos paramilitares,
el país pudo llevar a cabo los dos procesos electorales previstos
para el año 2002, aunque uno y otro se cumplieron en un clima
de tensión y polarización. El 10 de marzo y el 26
de mayo se celebraron sendas elecciones para designar a los nuevos
miembros del Congreso y al nuevo Presidente de la República,
respectivamente. En ambos procesos se hizo ostensible la debilidad
de los partidos políticos, situación que incide negativamente
en el funcionamiento cabal del sistema democrático.
12. Durante los dos períodos electorales se hicieron manifiestas
las presiones antidemocráticas ejercidas sobre muchos sectores
de la ciudadanía por los grupos armados ilegales. Tanto los
grupos guerrilleros como los grupos paramilitares lograron, mediante
la violencia y el terror, afectar en el ejercicio de los derechos
políticos a un número sustancial de colombianos. En
alrededor de 110 municipios del país (de un total de 1.100)
ni los electores tuvieron plena libertad para ejercer el sufragio
ni los candidatos pudieron desarrollar sus campañas en condiciones
de total igualdad y seguridad. Ejemplo de esto fue el secuestro
de la candidata presidencial Ingrid Betancourt. La participación
ciudadana en las dos elecciones fue del 43 y del 46%, respectivamente.
13. En las elecciones legislativas de marzo la mayoría de
los escaños del Congreso correspondieron a los seguidores
de Álvaro Uribe. En las elecciones presidenciales de mayo
se impuso como triunfador el candidato disidente liberal Álvaro
Uribe, que obtuvo el 53% de los votos depositados, lo cual hizo
innecesaria una segunda vuelta. Durante su campaña electoral,
el Sr. Uribe había enfatizado, como un punto central de su
programa, lo que él denominó "una política
de seguridad democrática" basada, principalmente, en
el enfrentamiento de la insurgencia con el aparato militar del Estado.
Sin embargo, en su discurso de toma de posesión el nuevo
Jefe de Estado se mostró dispuesto, dentro de ciertas condiciones,
a buscar el diálogo y la negociación con los grupos
rebeldes. En la misma alocución el Sr. Uribe anunció
que su Gobierno impulsaría una importante reforma constitucional
a través del mecanismo de referendo.
14. Como aspectos fundamentales de "la política de
seguridad democrática" se anunciaron el fortalecimiento
de las fuerzas armadas, el aumento del pie de fuerza militar y policial,
la creación de una red de informantes y cooperantes entre
la población civil y un nuevo sistema de reclutamiento de
soldados campesinos.
15. Durante las ceremonias de toma de posesión, el 7 de
agosto, en acto atribuido a las FARC?EP, se dispararon, sobre el
centro de Bogotá, armas explosivas que ocasionaron la muerte
a 21 civiles, hirieron a otros 100 y causaron terror en el sector
de la ciudad afectado por el ataque. Cuatro días después,
invocando el artículo 213 de la Constitución, el nuevo
Gobierno expidió el Decreto Nº 1837 de 2002, por el
cual se declaró el estado de conmoción interior en
todo el territorio nacional. En su Sentencia C-802, aprobada el
2 de octubre, la Corte Constitucional decidió que tal declaratoria
se ajustaba a la Ley fundamental.
16. A través del Decreto Nº 2002, expedido el 11 de
septiembre, el Gobierno tomó enérgicas medidas para
el control del orden público. Dicho decreto definió
las nuevas figuras de "zonas de rehabilitación y consolidación",
estableció la manera de delimitarlas, fijó los términos
de su control operacional y estableció que en sus territorios
podrían restringirse los derechos de circulación y
residencia, limitarse el tránsito y la permanencia de extranjeros,
utilizarse bienes de origen particular e imponer a los ciudadanos
la prestación de servicios técnicos y profesionales.
17. En sentencia emitida por la Corte Constitucional el 25 de noviembre
fueron declaradas contrarias a la Constitución varias de
las disposiciones del Decreto Nº 2002, entre ellas, las que
autorizaban a la fuerza pública, incluidos los militares,
a practicar capturas, allanamientos e interceptaciones con o sin
orden judicial.
18. También dieron lugar a controversias ciertas propuestas
legislativas presentadas por el Gobierno al Congreso, como las de
las reformas de los regímenes tributario, laboral y de pensiones,
que al final del año se convirtieron en leyes (véase
capítulo VIII infra).
19. La propuesta de referendo presentada por el Gobierno, en cuyo
debate el Congreso trabajó durante más de cuatro meses,
quedó plasmada en un conjunto de preguntas que versan sobre
temas de muy diversa índole, sobre las cuales los ciudadanos
están llamados a votar en 2003.
20. El nuevo Gobierno detectó gradualmente graves dificultades
en materia del alto endeudamiento y déficit fiscal. Esta
situación trajo consigo no sólo la adopción
de enérgicas medidas de austeridad en el gasto público,
sino también la reducción de los márgenes de
posibilidad de que el Estado cumpla, en forma satisfactoria, sus
finalidades sociales en materia de bienestar general y mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
21. La nueva administración inició algunas gestiones
para que, con los buenos oficios del Secretario General, se retomara
el contacto con las FARC-EP para tratar temas como el "intercambio
humanitario". También mantuvo con el ELN contactos directos
cuya realización suscitó, en muchos sectores, la esperanza
de que pronto se tradujeran en una cesación del fuego por
parte de ese grupo insurgente. Sin embargo, al concluir la redacción
de este informe las conversaciones adelantadas en el exterior del
país se habían estancado.
22. A fines de año el Congreso adoptó la Ley Nº
782 de 2002, por la cual se faculta al Gobierno para adelantar diálogos
y negociaciones y firmar acuerdos con voceros o representantes de
grupos armados organizados al margen de la ley, sin que deba previamente
hacerlos objeto de reconocimiento político, como se exigía
en la legislación anterior.
23. El Presidente de la República solicitó a los
obispos católicos que prestaran sus buenos oficios para la
búsqueda de un canal de comunicación con las AUC.
Como resultado de esta gestión eclesiástica a comienzos
de diciembre los principales líderes del paramilitarismo
anunciaron la iniciación de un cese de hostilidades y manifestaron
su voluntad de adelantar con el Gobierno, bajo el cumplimiento de
ciertas condiciones, diálogos y negociaciones que permitirían
la suscripción de un acuerdo de paz. A fines de diciembre
el Gobierno conformó una comisión exploratoria que
tendrá a su cargo estudiar la viabilidad de un proceso de
paz con estos grupos. Esa nueva actitud de los paramilitares, recibida
con satisfacción por voceros del Estado y por representantes
de la sociedad civil, plantea varios interrogantes, entre ellos
los relativos al tratamiento jurídico que se daría
a los crímenes de guerra perpetrados por miembros de esas
organizaciones ilegales, y a la suerte de las propiedades rurales
que durante los últimos años se han expropiado por
la fuerza en las zonas bajo su control.
24. A finales de año, las encuestas señalaban un
amplio apoyo de la ciudadanía para el nuevo Gobierno, pero
los analistas hacían notar que algunos hechos, situaciones
y tendencias podrían, en un futuro, hacer disminuir esa actitud
favorable. Ello podría darse si no hay un cambio de rumbo
en la economía, si persisten los indicadores negativos de
crecimiento de la pobreza y desempleo, o si no se producen suficientes
resultados concretos que impliquen mayor seguridad y protección
para la población, incluyendo la prevención de secuestros
y actos de sabotaje.
III. CONFLICTO ARMADO INTERNO
25. Es innegable el fuerte impacto del conflicto armado interno,
tanto por su envergadura como por la degradación de los métodos
de combate, sobre el goce y ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales de la población y sobre la situación
general de derechos humanos. Los desafíos del Estado para
dar respuesta efectiva a la crisis humanitaria y de derechos humanos
se multiplican sensiblemente por efecto de esa situación.
Los costos de la guerra para la sociedad colombiana reflejan el
crudo efecto de la misma, y desvían la atención necesaria
de otras temáticas fundamentales de los derechos humanos.
La utilización alternativa del presupuesto utilizado para
el conflicto podría incidir en cambios sustantivos para el
país en varios aspectos claves de los derechos civiles, económicos,
culturales, sociales y políticos.
26. Se registró una notable degradación del conflicto
armado como consecuencia del aumento de la confrontación
bélica y de la extensión de la zona de disputa territorial,
incluyendo áreas urbanas , que afectó de manera creciente
a la población civil. Esta tendencia se agudizó a
principios de 2002 durante la crisis de las negociaciones de paz
entre el Gobierno y las FARC?EP, y con mayor intensidad después
de la terminación de los diálogos de paz y de la zona
de distensión cedida para los mismos.
27. Se ha registrado un incremento de enfrentamientos entre grupos
armados en relación con el año anterior, con un aumento
de muertes de combatientes difícil de determinar, dado que
varias de ellas no se consignan en el registro de homicidios y los
grupos armados ilegales tratan de llevarse a sus muertos. Según
la Vicepresidencia , los municipios con mayores confrontaciones
armadas fueron los de la zona del Pacífico, el Urabá
antioqueño y chocoano, los de Arauca y Casanare, los del
oriente antioqueño y los del sur de Bolívar. Coinciden
las altas tasas de homicidios con el desarrollo de combates en varios
municipios de esos departamentos, así como en las ciudades
de Medellín (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander).
28. Hechos como el ataque de las FARC-EP a la población
civil del municipio de Bojayá (Chocó) en mayo, así
como los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza
pública en las comunas de Medellín, con su alto costo
en vidas humanas, pusieron de manifiesto la dificultad del Estado
para proteger a la población civil y garantizarle el cumplimiento
de los principios de distinción y proporcionalidad. El nuevo
Gobierno cambió la estrategia de respuesta al conflicto armado
mediante una política de seguridad que buscó fortalecer
la capacidad militar del Estado y recuperar el control de varias
regiones del país, en particular la de la red vial. Parte
importante de la estrategia señalada se desarrolló
en las zonas de rehabilitación y consolidación . Según
el Ministerio de Defensa, la acción militar desplegada después
del fin de los diálogos de paz, fortalecida durante el nuevo
Gobierno, tuvo como resultado un notable incremento de las capturas
(en particular de miembros de las guerrillas) y de las bajas de
los miembros de grupos armados al margen de la ley (un 44 y 52%
respectivamente).
29. Las FARC-EP, el ELN y los grupos paramilitares se mantuvieron
con un elevado grado de concentración de su poderío
militar en las áreas periféricas, incluyendo la búsqueda
del control de zonas estratégicas por ser corredores directos
al mar o para permitir el paso y comercialización de drogas
y armas. Por otra parte, la actuación de las FARC-EP en algunos
departamentos del país, como por ejemplo en Cauca, fue apoyada
por los combatientes del ELN en una alianza estratégica orientada
a la confrontación con los grupos paramilitares. Paralelamente,
se registró una creciente urbanización del conflicto,
tanto por la estrategia de los grupos guerrilleros de llevar la
guerra a las ciudades para ejercer una mayor presión sobre
el Gobierno y aumentar su propia capacidad de negociación
como por la política de los grupos paramilitares, consistente
en concentrar sus acciones en los cascos urbanos para controlar
las operaciones a las zonas rurales. De otro lado, el aumento del
conflicto en las zonas urbanas responde a la estrategia de neutralizar,
manipular o patrocinar las bandas de delincuencia común para
beneficio de sus propios fines. Cabe señalar que sólo
en la Comuna 13 de Medellín la Secretaría de Gobierno
de Antioquia registró 442 muertes violentas entre combatientes
y civiles entre el 1º de enero y el 9 de octubre de 2002. Esto
representa un aumento superior al 100% en relación con 2001.
a) Grupos guerrilleros
30. Como se acaba de señalar, los grupos guerrilleros aumentaron
sus incursiones bélicas. En su afán por atacar las
estructuras del Estado en todos los niveles, en particular las FARC-EP,
adoptaron nuevas estrategias de guerra, replegándose en el
campo y evitando exponerse demasiado a la fuerza pública.
Entre esas estrategias se destacan las amenazas y los ataques a
funcionarios públicos, como alcaldes y personeros, con grave
impacto sobre las democracias locales. Sus métodos de combate
contra la población civil, incluido el incremento de la toma
de rehenes y de actos de terrorismo, así como la intensificación
de ataques contra la infraestructura estatal, amenazan la integridad
política y económica del país y limitan seriamente
la vida de la población. El uso indiscriminado de armamento
inadecuado ha resultado en la victimización de la población
civil. La nueva estrategia de guerra abierta a toda expresión
de presencia estatal ha tenido un fuerte impacto sobre la gobernabilidad
y golpeado duramente a la institucionalidad regional. Parecería,
a su vez, que los secuestros de las FARC-EP apuntaran no sólo
a llenar su botín de guerra sino a mostrar la presencia de
ese grupo como reto a la política del Gobierno, ya desafiada
por actos de terrorismo.
31. En cuanto al ELN, las dificultades que la organización
ha encontrado, principalmente por intensos ataques del Ejército
y de los grupos paramilitares, han influido sobre su capacidad ofensiva
probablemente más que la estrategia conciliadora de algunos
de sus líderes, partidarios de mantener un perfil bajo. Sin
embargo, este grupo ha mantenido su capacidad de desestabilización,
particularmente en lo que respecta a la destrucción de la
infraestructura económica y a la toma de rehenes.
b) Grupos paramilitares
32. Los grupos paramilitares han continuado su proceso de expansión
a nuevas regiones y de consolidación en muchas de las zonas
que dominaban, al mismo tiempo que afrontaron divisiones internas
y realizaron reiterados intentos por mejorar su imagen pública,
lograr mayor legitimidad política y ser considerados como
un actor independiente ante un eventual proceso de paz. Tomando
en cuenta que el nuevo Gobierno parecía dispuesto a negociar
con todos los grupos armados ilegales, los grupos paramilitares
desarrollaron estrategias que incluyeron propuestas de acuerdos
y de negociación. Algunos factores de presión externa
sobre sus líderes, como las solicitudes de extradición
cursadas por las autoridades estadounidenses, han incidido también
en esa dinámica.
33. En esa búsqueda de legitimidad y de reducción
del impacto de sus prácticas, como las masacres, los grupos
paramilitares prefirieron los homicidios selectivos y las amenazas
de muerte, y enviaron a sus filas instrucciones precisas al respecto.
Los grupos paramilitares extendieron su actuación a nuevas
regiones de Arauca, la antigua "zona de distensión",
Guaviare, Cundinamarca, Valle del Cauca, Sucre y Putumayo, entre
otros. Simultáneamente, se consolidaron tanto en el ámbito
rural como urbano de las zonas en las que ya tenían presencia.
Esta operación excede los aspectos puramente militares e
incluye la extorsión y un mayor control de la población
civil y el control de las rutas de acceso, las instituciones estatales,
los negocios ilícitos (cultivos de coca, contrabando de gasolina)
e incluso la actividad agrícola, ganadera y comercial. De
esta manera el paramilitarismo ha penetrado en todo el tejido social
a través del dominio de sus facetas públicas y privadas.
34. La actuación paramilitar continuó aprovechando
la omisión, la tolerancia o la complicidad de servidores
públicos en varias regiones del país. En muchas de
esas zonas los grupos paramilitares han reemplazado al Estado en
importantes ámbitos, incluyendo el del uso de la fuerza armada.
c) Fuerza pública
35. La degradación del conflicto armado, junto al incremento
de los enfrentamientos y a la redistribución de las fuerzas
y de la presencia de los diferentes actores armados ilegales, ha
obligado a la fuerza pública a la redefinición de
sus estrategias y políticas de respuesta al conflicto. Tras
la ruptura de los diálogos de paz, y sobre todo durante el
segundo semestre del año, se notó un aumento de la
ofensiva de la fuerza pública contra la guerrilla, causándole
pérdidas importantes. Los batallones móviles del Ejército
pasaron del control y cuidado a la confrontación directa.
En numerosas ocasiones el Ejército entró en enfrentamientos
con las FARC-EP y el ELN, reportándose fuertes combates en
varios departamentos, en particular en el Oriente y Urabá
antioqueños, Arauca, Casanare y Nariño . Estas nuevas
ofensivas del Ejército han sido también acompañadas
por un aumento del pie de fuerza para proteger la infraestructura
pública. Sin embargo, en otros departamentos, como por ejemplo
en Chocó, en Cauca o en Caquetá, la actuación
del Ejército se caracterizó por su acción limitada
en la prevención y tardía en la reacción. También
se señaló que en algunas actuaciones los miembros
de la fuerza pública no estaban debidamente identificados.
36. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los resultados operacionales
de la fuerza pública entre enero y octubre se caracterizaron
por un incremento notable de las capturas y de las bajas de la subversión.
Sin embargo, los grupos paramilitares constituyeron el 26 y el 11%
del total de las capturas y bajas, respectivamente, obtenidas por
la fuerza pública. No obstante, es importante señalar
la dificultad para evaluar adecuadamente estas estadísticas,
ya que se desconoce el número que corresponde efectivamente
a miembros de grupos armados ilegales y a personas de la población
civil que tras su captura son liberadas.
37. En las regiones donde el Ejército mostró su nueva
ofensiva, arriba mencionada, se denunció que, en ocasiones,
la población civil fue víctima de una ausencia de
distinción entre combatientes y civiles. El ataque a las
supuestas "redes de apoyo" de civiles a la guerrilla,
que ha sido una de las finalidades anunciadas dentro de las medidas
adoptadas bajo el estado de conmoción interior y parte integrante
de la estrategia contrainsurgente, constituye un factor importante
en ese sentido. La estrategia del Ejército de tratar de cortar
el abastecimiento de la guerrilla, sin consecuentemente garantizar
el principio de distinción, ha afectado, en varios casos,
a la población civil mediante bloqueos al transporte de alimentos,
de gasolina y de otros artículos de primera necesidad. Tal
fue el caso en la Sierra Nevada de Santa Marta y en Chalán
(Sucre). Por otra parte, las debilidades de la inteligencia militar
pueden explicar las limitaciones en materia preventiva y de protección
de la población civil, la inobservancia del principio de
distinción, y la adopción de cuestionados mecanismos
de lucha contra la violencia, como la red de informantes y los allanamientos
masivos.
38. Cabe señalar que, en varias oportunidades, se registraron
incursiones y el posicionamiento de grupos paramilitares en regiones
del país donde previamente se habían desarrollado
acciones contrainsurgentes de la fuerza pública. Así
ocurrió, por ejemplo, en los municipios de Mesetas, Vistahermosa
y San Vicente del Caguán (antigua zona de distensión),
en la provincia de Ocaña (Norte de Santander), en Curillo
(Caquetá), en Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame (Arauca)
y en Medellín.
d) Importancia de un proceso de negociación de paz
39. Las dificultades para avanzar hacia la concreción de
la paz pueden explicarse, en parte, por la existencia de una visión
unidimensional en cuanto a las soluciones. La ausencia de una concepción
integral, sobre todo por considerar la vía militar como la
principal o única respuesta, constituye una limitación
fundamental. Es importante recordar que la terminación del
conflicto armado permitiría una notable disminución
de las violaciones de derechos humanos y la desaparición
de las infracciones al derecho internacional humanitario. Las negociaciones
de paz, al incorporar temas fundamentales de derechos humanos, podrían
ayudar a mejorar la situación en esa materia. Los buenos
oficios del Secretario General a través de su Asesor Especial,
podrían contribuir positivamente para establecer negociaciones
de paz entre el Gobierno, por un lado, y las FARC-EP y el ELN, por
el otro.
40. Debe destacarse la importancia de que un proceso de negociación
se enmarque en parámetros y criterios apropiados, que permitan
evitar los riesgos de una negociación infructuosa con la
cual se desgasten las expectativas de la población y se recrudezcan
las respuestas estatales represivas. Debe tenerse presente la conveniencia
de una negociación adecuadamente estructurada y de contenido,
que incluya tempranamente compromisos de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario. Asimismo, la consideración de
la eventual reinserción de los alzados en armas y del tema
de la reconciliación, de manera compatible con la lucha contra
la impunidad y el respeto de los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación, pueden constituirse en garantías
claves para una paz sostenible.
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
41. Antes de analizar la situación de derechos humanos es
conveniente señalar el marco conceptual que rige esta materia.
Las acciones y omisiones contra derechos consagrados en instrumentos
internacionales de derechos humanos y de derecho penal internacional
o en normas del derecho internacional general, constituyen violaciones
de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos
o se realizan con la aquiescencia de las autoridades. La responsabilidad
por esas violaciones será por omisión cuando se incumpla
el deber de garantía, en la medida en que este incumplimiento
no sea deliberado y que no haya participación de agentes
estatales en la preparación, cobertura o encubrimiento. La
responsabilidad será por acción cuando agentes estatales
se vean involucrados en la preparación de los hechos, la
participación en los mismos, o en el encubrimiento o protección
de sus autores.
42. La situación de los derechos humanos continuó
siendo crítica. Entre los derechos más afectados estuvieron
el derecho a la vida, la integridad, la libertad y el debido proceso.
Se registraron graves violaciones que implicaron ejecuciones extrajudiciales,
actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, empleo
innecesario o desproporcionado de la fuerza, desapariciones forzadas,
detenciones ilegales o arbitrarias, impedimentos ilegítimos
al libre tránsito interno, desplazamientos forzados, injerencias
arbitrarias o ilegales en la vida privada y el domicilio, y atentados
contra las garantías judiciales. Muchas de esas violaciones,
por su carácter grave, masivo o sistemático, constituyen
crímenes de lesa humanidad.
43. El conflicto armado siguió teniendo un fuerte impacto
sobre la situación de derechos humanos. Los ataques de los
grupos armados ilegales, en especial de las FARC-EP y del ELN, contra
infraestructuras estatales mermaron la capacidad de garantía
y protección del Estado. El nuevo Gobierno ha señalado
que "el conflicto armado interno, su intensificación
y degradación, la debilidad territorial y en justicia del
Estado y la ausencia de una cultura de los derechos humanos son
los factores fundamentales que han impedido la garantía de
esos derechos". Al mismo tiempo, ha reconocido debilidades
en la respuesta estatal a la crisis, indicando obstáculos
tales como "la escasa coordinación institucional, la
dispersión de acciones y la escasa descentralización
de la política de derechos humanos" . La crisis se enmarca
igualmente en la ausencia de políticas efectivas e integrales
en esta materia. El nuevo Gobierno ha manifestado su propósito
de cumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales en
materia de derechos humanos.
44. En el marco de la crisis referida, se registró un aumento
de las denuncias de violaciones de derechos civiles y políticos,
incluyendo del derecho a la vida, atribuidas directamente a la fuerza
pública, principalmente en la ejecución de políticas
de seguridad y medidas de excepción. Varias de esas denuncias
de violaciones fueron atribuidas directamente a servidores públicos.
En otros casos se comprometió la responsabilidad estatal
por omisión, tolerancia, apoyo o complicidad de servidores
públicos con grupos paramilitares. Los defensores de derechos
humanos, los líderes sindicales, los miembros de comunidades
indígenas y afrocolombianas, así como los campesinos
constituyeron las principales víctimas.
45. Entre las violaciones al derecho a la vida se registraron ejecuciones
extrajudiciales, tanto de carácter individual como colectivo,
y amenazas de muerte. El número de víctimas de esas
ejecuciones ha registrado una leve disminución en relación
con el año anterior. Sin embargo, se debe destacar que la
tasa nacional de homicidios ha continuado su curva ascendente. Según
la Vicepresidencia, es difícil determinar cuántos
de los 23.354 homicidios perpetrados entre enero y octubre representaban
violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra y cuántos
eran crímenes comunes, ya que las estadísticas oficiales
son deficientes y muchos de esos hechos quedan en la impunidad.
Es importante señalar que la práctica de masacres
continúa, aunque los autores de ejecuciones parecen preferir
ahora las de carácter individual o selectivo. Las denuncias
de esas violaciones incluyeron ejecuciones y masacres atribuidas
directamente a la fuerza pública. Se denunció la responsabilidad
por omisión o complicidad del Estado en relación con
ejecuciones y masacres atribuidas a grupos paramilitares.
46. En algunos casos, los operativos desarrollados en el marco
de las políticas de seguridad, como allanamientos y capturas,
tuvieron como consecuencia la muerte de civiles. En otros, afectaron
a la libertad individual y la seguridad personal, mediante privaciones
arbitrarias de la libertad y desapariciones forzadas, así
como los derechos a la vida privada y a la inviolabilidad del domicilio.
Entre esos casos puede mencionarse el operativo Orión efectuado
en octubre en Medellín y otros que afectaron a organizaciones
sociales, de derechos humanos o de paz.
47. Además de estos casos, otras acciones atribuidas a servidores
públicos pusieron en particular riesgo la vida de defensores
de derechos humanos y sindicalistas. En otras, se atribuyeron a
miembros de la fuerza pública amenazas directas a la población
civil, ya estigmatizando a personas como simpatizantes o colaboradoras
de la guerrilla, ya intimando a la población con el anuncio
de la llegada de grupos paramilitares.
48. El derecho a la integridad personal se vio afectado por actos
de empleo innecesario o desproporcionado de la fuerza y de tratos
crueles inhumanos o degradantes y de tortura, en particular en el
contexto de motines carcelarios, paros cívicos, redadas y
allanamientos.
49. Se registraron violaciones al debido proceso, en especial los
principios de legalidad, de presunción de inocencia, y otras
garantías judiciales, en el marco del Decreto Nº 2002
que facultó a los miembros de la fuerza pública, incluyendo
a militares, para allanar y capturar sin orden judicial o con autorización
judicial escrita o verbal. Se registraron violaciones a la defensa
técnica y al derecho a ser oído por un tribunal competente,
independiente e imparcial, y persistieron dificultades de acceso
a la justicia.
50. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales,
continuó la preocupación por la profunda exclusión
económica y social, el alto grado de pobreza, y la amplia
brecha de inequidad. El derecho al trabajo se vio afectado por los
altos niveles de desempleo, subempleo y trabajo informal, y por
la precaria cobertura del régimen pensional. Persistieron
los problemas de cobertura para garantizar la universalidad de la
educación y la reducción del analfabetismo, a pesar
de los esfuerzos adelantados en los últimos años en
materia educativa. Asimismo, el derecho a la salud registró
un incremento de la cobertura, pero continúan profundas diferencias
entre las zonas urbanas y rurales. Se registró un progreso
en cuanto al número de viviendas de interés social
construidas por el Estado, pero con una drástica reducción
de las viviendas subsidiadas. Los desplazados, los niños,
las mujeres y las minorías étnicas forman parte de
los grupos más vulnerables en estas materias.
51. La situación de los derechos de la mujer, a pesar de
algunos avances legislativos, siguió afectada por la discriminación,
la inequidad, la exclusión, la violencia intrafamiliar y
sexual, y la trata de personas. Las mujeres representan el 52% de
la población colombiana . El Estado colombiano cuenta con
varias herramientas legales para garantizar la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, erradicar la violencia contra la mujer,
eliminar las condiciones que generan discriminación y obtener
una adecuada y efectiva participación de las mujeres en los
niveles decisorios . En este sentido, el Alto Comisionado valora
el proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades en curso en el
Congreso. No obstante, la participación de la mujer en las
instancias públicas siguió siendo minoritaria. En
los altos tribunales y en el Congreso las mujeres tienen poca representación
. Sin embargo debe destacarse que 6 de los 13 Ministerios están
ocupados por mujeres, entre ellos los de Relaciones Exteriores y
de la Defensa Nacional, este último con representación
femenina por primera vez.
52. El conflicto armado siguió afectando a las mujeres y
poniendo en evidencia la especial vulnerabilidad de la mujer desplazada,
así como la necesidad de programas estatales específicos
para atender adecuadamente esta problemática.
53. Llama la atención la ausencia de políticas integrales
en materia de derechos de la mujer. Esta situación implica
una carencia de autonomía presupuestaria, administrativa
y técnica que dificulta la puesta en marcha de programas
y proyectos destinados a mejorar las condiciones de las mujeres
y a promover el efectivo goce de sus derechos. Por otra parte, la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos no observó una respuesta eficaz
del Estado para investigar y sancionar las violaciones de los derechos
de las mujeres .
54. Los derechos de los niños siguieron afectados por la
violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el trabajo infantil, la
discriminación y el limitado acceso a los derechos económicos,
sociales y culturales.
V. SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
55. Previo al análisis de la situación es importante
establecer el marco conceptual en materia de derecho internacional
humanitario. En el conflicto armado colombiano, las infracciones
al derecho internacional humanitario son acciones u omisiones contrarias
al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949, a su Protocolo adicional II, al derecho penal
internacional, y al derecho consuetudinario, cuya autoría
corresponde esencialmente a quienes participan directamente en las
hostilidades. En Colombia el derecho internacional humanitario se
aplica por igual al Estado, a las guerrillas y a los paramilitares.
56. La degradación del conflicto armado trajo como consecuencia
un sensible aumento de las infracciones al derecho internacional
humanitario y una mayor victimización de los civiles. Entre
esas infracciones se registraron masacres, ataques a la población
civil y ataques indiscriminados, actos de terrorismo, tomas de rehenes
y desplazamientos forzados. Muchas de esas infracciones, cometidas
como parte de un plan o política, o como parte de la comisión
en gran escala, constituyen crímenes de guerra. Varias de
esas infracciones podrían constituir crímenes contra
la humanidad. Es importante destacar que persistieron los atentados
contra los niños y las mujeres por parte de los grupos armados
ilegales. En cuanto a los niños, cabe citar particularmente
su reclutamiento y participación en las hostilidades, y en
relación con las mujeres, principalmente el abuso y la esclavitud
sexual.
57. Si bien se estima que ha existido una disminución de
las masacres, el índice de muertes violentas siguió
su tendencia ascendente. En este marco, es de señalar el
aumento de incursiones por parte de las FARC-EP, incluyendo actos
de terrorismo, amenazas de muerte, homicidios selectivos y de "limpieza
social", así como ataques indiscriminados. Entre estos
últimos, el más grave provocó la muerte de
119 civiles, el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, cuando una de
las bombas de cilindros de gas, lanzada por las FARC-EP en el marco
de un enfrentamiento con paramilitares, hizo impacto en la iglesia
donde se había refugiado parte de la población . Varias
de las conductas antes mencionadas fueron atribuidas también
al ELN. Se registró igualmente un incremento de ataques a
las misiones médicas, tomas de rehenes y reclutamiento de
menores por parte de los grupos armados ilegales. Los grupos paramilitares
continuaron con sus prácticas de masacres, aunque su actuación
más común se relacionó con los homicidios selectivos
y de "limpieza social". Los grupos armados ilegales, en
particular las FARC-EP, han incorporado nuevas estrategias de presión,
que incluyen amenazas y ataques a funcionarios públicos,
tales como alcaldes y personeros, con grave impacto sobre las democracias
locales.
58. Por otra parte, aumentaron las denuncias de infracciones al
derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública,
en particular en relación con los principios de distinción,
de limitación y de proporcionalidad. El Estado ha incorporado
la práctica de bloqueos, usualmente utilizada por todos los
grupos armados, a sus políticas orientadas al objetivo de
atacar los apoyos o el supuesto abastecimiento de la población
civil a grupos armados ilegales. Ejemplos de ello fueron los bloqueos
en Urrau (sudeste de Antioquia) y Bahía Solano (Chocó),
en septiembre y octubre, y en el río Atrato. De hecho, este
enfoque de la problemática figura en la motivación
del Decreto Nº 2002, donde se indica que los grupos criminales
se mimetizan en la población civil. Por otra parte, se pusieron
en evidencia las debilidades del Estado para prevenir los ataques
de los grupos armados ilegales y responder a ellos adecuadamente.
Como lo reconoce el propio Gobierno, la operatividad de sus mecanismos
preventivos ha sido limitada .
VI. ÁREAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN O IMPORTANCIA
1. Estado de derecho y política de seguridad
59. La crítica situación de derechos humanos y humanitaria,
así como la degradación de la confrontación
armada, acentuaron aspectos problemáticos de gobernabilidad
y de imperio de la ley. Estos problemas se deben igualmente a la
acción indiscriminada de los grupos armados ilegales y a
la ausencia del Estado en varias regiones del país. En este
marco, el paramilitarismo siguió con su estrategia de usurpar
funciones propias del Estado, aprovechando la tolerancia o pasividad
de autoridades y de algunos sectores de la sociedad. La expansión
del paramilitarismo y su consolidación en varias zonas bajo
su control le han permitido ir penetrando las estructuras estatales
como parte de su estrategia y, en varias regiones, constituirse
en una especie de Estado paralelo, con el grave riesgo que ello
supone para la vigencia del Estado de derecho. La imposición
de códigos de conducta para el conjunto de la población
es quizás la evidencia pública más notoria
de la asunción de facto de funciones estatales, pero no la
única. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas recibió denuncias sobre decisiones municipales
o departamentales que debían ser avaladas por los jefes paramilitares,
y sobre presiones de éstos para exigir la elección
de algunos beneficiarios de fondos, indicar dónde y cómo
invertirlos, o imponer la canalización de recursos públicos
a través de la creación de organizaciones controladas
por sus grupos.
60. Las debilidades del Estado de derecho se reflejaron, igualmente,
en las dificultades relativas a la división de poderes y
a la independencia de los mismos en el desarrollo de sus funciones
propias, destacándose principalmente los poderes judicial
y legislativo como los más afectados en esta materia. A su
vez, algunas políticas gubernamentales, en particular aquellas
que se orientaron al fortalecimiento de las respuestas represivas
en detrimento del fortalecimiento de las instituciones civiles,
constituyen factores de riesgo. En este sentido, la Ley de seguridad
y de defensa nacional adoptada durante el anterior Gobierno, fue
declarada por la Corte Constitucional incompatible con la Constitución
y con el Estado de derecho.
61. El nuevo Gobierno encarnó el mandato de recuperación
de la autoridad estatal en varias zonas del país. En el marco
de su política de "seguridad democrática"
se declaró el estado de conmoción interior (estado
de excepción), bajo el cual se adoptaron disposiciones restrictivas
de derechos y libertades fundamentales. El Alto Comisionado reconoció
las legítimas facultades del Estado para adoptar medidas
y políticas en materia de seguridad y de orden público
de manera compatible con los compromisos internacionales. No obstante,
estos programas de acción en el campo militar y de seguridad,
si no son complementados con políticas integrales, conllevan
el riesgo de un debilitamiento de las instituciones civiles y de
la desaparición de instituciones importantes en materia de
protección y promoción de los derechos humanos, el
recorte de sus funciones o el debilitamiento de sus mandatos. A
esto se suma el riesgo de que esas políticas contribuyan
a la estigmatización de la población civil, particularmente
de grupos como los de defensores de derechos humanos, y atenten
contra el principio de no involucrar a los civiles en el conflicto
.
62. El impacto de la crisis humanitaria sobre la población
hizo que una parte de ésta fuera indulgente con la aplicación
de medidas restrictivas de sus derechos y libertades fundamentales,
así como con la actuación de los paramilitares y con
los nexos de funcionarios públicos con estos grupos. La debilidad
de las instituciones del Estado ha limitado su capacidad de ejercer
un control eficaz y de hacer un seguimiento exhaustivo a la implementación
de las políticas de seguridad. Las debilidades de la administración
de justicia y la problemática de la impunidad disminuyen,
a su vez, las perspectivas de una aplicación eficaz de las
garantías judiciales y de una actuación independiente
e imparcial de la justicia, como pilar democrático.
a) Estado de conmoción interior
63. La Oficina prestó su asesoramiento, en el marco de su
mandato, sobre la compatibilidad con los compromisos internacionales
de las normas y medidas previstas en el marco del estado de conmoción
interior. En este sentido, se pronunció sobre algunas disposiciones
del Decreto Nº 2002 de 2002, el cual creó las zonas
de rehabilitación y consolidación (o zonas especiales
de orden público). También estableció restricciones
a los derechos de circulación y residencia, al respeto a
la vida privada y al domicilio, a la libertad individual y al debido
proceso, de manera incompatible con los principios internacionales.
La Corte Constitucional declaró posteriormente, el 26 de
noviembre, la inconstitucionalidad de varias de sus disposiciones,
como se señala en los capítulos III y VIII de este
informe.
64. En el marco de esas disposiciones, las autoridades desarrollaron
en los últimos meses del año una política de
allanamientos a gran escala y capturas masivas. La Oficina recibió
varias denuncias de abusos de la fuerza pública y de procedimientos
incompatibles con los principios internacionales, en particular
el de la protección contra las privaciones arbitrarias de
la libertad y los de legalidad y de inocencia. Las denuncias también
cuestionaron la actuación de los órganos judiciales
y de control, y en particular de la Fiscalía, atribuyéndoles
falta de independencia, irrespeto de las exigencias procesales para
autorizar las privaciones de libertad, y la utilización de
encapuchados en las diligencias relacionadas con allanamientos y
capturas.
65. Considerando el corto período de implementación
del estado de excepción es prematuro presentar conclusiones
contundentes. No obstante, el Alto Comisionado debe destacar la
preocupación por el uso abusivo o indiscriminado de la fuerza
y por las violaciones al debido proceso y a otros derechos fundamentales
que conlleva la aplicación de medidas no fundamentadas en
el principio de legalidad y marginadas del control independiente,
previo y posterior, de los órganos judiciales y del Ministerio
Público. Las principales preocupaciones en la materia se
concentran en la necesidad de contar con garantías adecuadas
para asegurar un control estatal efectivo e independiente. Asimismo,
es necesario examinar con precaución y responsabilidad los
riesgos de que la población civil termine siendo desmesuradamente
afectada y se incremente su vulnerabilidad, en particular en el
caso de grupos como los defensores de derechos humanos, los líderes
sociales y los desplazados.
66. Cabe destacar la Directiva Nº 011 del Procurador General
de la Nación, de 12 de septiembre, mediante la cual impartió
instrucciones, tanto a sus agentes como a las autoridades de la
fuerza pública, para que le informaran sobre el respeto de
las normas nacionales e internacionales de derechos humanos en relación
con la aplicación del Decreto Nº 2002, y los instruyó
para que reportaran inmediatamente las capturas, inspecciones y
registros sin orden judicial.
b) Zonas de rehabilitación y consolidación
67. La actuación de la fuerza pública en estas zonas,
creadas por el Decreto Nº 2002, no contó con el suficiente
y efectivo control de los órganos judiciales y del Ministerio
Público, concentrados principalmente en las cabeceras y en
algunos municipios. A pesar de la designación de fiscales
y procuradores delegados para acompañar los operativos castrenses
en aplicación del decreto, la intervención de estos
servidores públicos se produjo solamente en algunos casos.
68. En muchos de los operativos, la fuerza pública recurrió
a las facultades a ella atribuidas por el decreto (y posteriormente
declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional) de practicar
capturas, allanamientos y registros sin mandamiento judicial, con
un alto número de personas retenidas, de las cuales sólo
una minoría fue puesta a disposición judicial. En
varios casos, la utilización de informantes encapuchados
estigmatizó a las personas señaladas. Las retenciones
de unas 2.000 personas, practicadas en Saravena (Arauca), entre
el 12 y el 13 de noviembre, determinaron la judicialización
de 49 de ellas, de las cuales casi 20 son miembros de organizaciones
sociales o sindicales. Además de esto, en Saravena, por lo
menos cinco familiares de informantes han sido matados por grupos
guerrilleros. Por otra parte, se denunciaron abusos graves por parte
del Ejército, incluyendo ejecuciones, en particular en Arauquita,
donde esos problemas ya se habían registrado con anterioridad
a la creación de la zona.
69. Paralelamente al aumento de los operativos contrainsurgentes
llevados a cabo por la fuerza pública en las zonas de rehabilitación,
que abarcan áreas tradicionalmente controladas por las guerrillas,
se registró el ingreso de grupos paramilitares en algunos
lugares, como en la ciudad de Sincelejo y en otros municipios de
Sucre, principalmente en Chalán y en Ovejas. En otros lugares,
como en Arauca, los operativos no impidieron la permanencia de esos
grupos.
c) Situación en la antigua zona de distensión
70. La recuperación del control estatal luego de finalizada
la zona de distensión se ha caracterizado por una presencia
institucional limitada. Esta se ha concentrado principalmente en
la fuerza pública, que ha hecho presencia en las zonas urbanas
y, esporádicamente, en las áreas rurales, y en algunos
casos ha constituido la única autoridad estatal. La presencia
institucional municipal, preexistente, se debilitó por la
situación de inseguridad y, en algunos casos, alcaldes y
personeros han debido retirarse de sus municipios. No se restableció
una presencia permanente de las autoridades judiciales y de control,
y la Defensoría del Pueblo, que se mantuvo con apoyo internacional
hasta finales de noviembre, no pudo permanecer en la zona después
de esa fecha.
71. Las FARC-EP aumentaron la presión y las acciones violentas
contra la población civil de la zona, principalmente en el
área rural, registrándose homicidios selectivos, limitaciones
a la circulación y reclutamiento forzoso, así como
actos terroristas en zonas urbanas.
72. Desde finales de septiembre se registró la presencia
de grupos paramilitares, principalmente en los cascos urbanos de
Mesetas, San Vicente del Caguán y Vistahermosa, con serias
denuncias de connivencia con miembros de la fuerza pública.
73. Así pues, la población civil continuó
padeciendo de una profunda vulnerabilidad frente a la actuación
de los grupos armados ilegales, a la que se agrega la situación
de estigmatización por parte del Ejército, y la escasa
presencia y actuación institucional, en particular de las
autoridades civiles. Especialmente crítica fue la situación
para los antiguos policías cívicos.
d) Paramilitarismo
74. El paramilitarismo siguió siendo un factor desestabilizador
del Estado de derecho, en particular por los vínculos que
con él mantienen servidores públicos y por la inconsistente
respuesta estatal a este fenómeno. El contraste entre el
discurso de las autoridades gubernamentales de combate al paramilitarismo
con lo observado por la Oficina, en el marco de su mandato, evidencia
la ambigüedad del compromiso estatal. Operativos puntuales,
como el realizado en Segovia (Antioquia), el 9 de agosto (a raíz
del cual se investigan los nexos entre miembros de la Brigada XIV
y los paramilitares), o detenciones esporádicas de supuestos
paramilitares tienen un cuestionable alcance en el combate contra
el paramilitarismo. El control paramilitar es más fuerte
en los cascos urbanos, donde es mayor la presencia de la fuerza
pública y de las autoridades, lo que no deja de ser un elemento
significativo en las denuncias de connivencia de servidores públicos
con el paramilitarismo. Son motivos de preocupación las declaraciones
de autoridades civiles y militares negando la existencia en sus
regiones de grupos paramilitares, cuando ésta era de conocimiento
público. Ejemplos de estas situaciones se registraron en
Cravo Norte y Tame y en Vigía del Fuerte (Antioquia).
75. Numerosas conductas de omisión frente a las reiteradas
denuncias y al conocimiento público de bases, retenes y operativos
paramilitares permanentes, explican parte de esas preocupaciones.
La Oficina ha recibido testimonios sobre el anuncio realizado por
las propias fuerzas militares de la llegada próxima de grupos
paramilitares, e incluso casos donde los pobladores reconocieron
a miembros de las fuerzas militares formando parte de los contingentes
paramilitares. Esas coordinaciones también se evidenciaron
en incursiones paramilitares ocurridas inmediatamente antes o después
de fuertes operativos militares, como en Arauca, la antigua "zona
de distensión", Valle del Cauca, Guaviare y el Catatumbo.
El hecho de que en ocasiones los soldados no porten ningún
tipo de identificación que permita distinguirlos de otros
grupos armados es igualmente cuestionable. Ejemplo de denuncias
por omisión son las relacionadas con los hechos de Bojayá,
precedidos del paso de embarcaciones paramilitares provenientes
de Turbo por el río Atrato, en el cual debían pasar
varios puestos de control de la fuerza pública. En algunas
ocasiones se denunció no solo la tolerancia o la omisión
de la fuerza pública en relación con las actuaciones
paramilitares, sino también la complicidad o actuación
directa en algunas de éstas, como en la masacre en El Limón
(Guajira), del 31 de agosto, el robo de alimentos del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) en julio, en el Cesar (atribuido a paramilitares
y recuperado por el Ejército señalando que lo había
incautado a la guerrilla) y las reuniones entre algunos comandantes
e integrantes de las AUC y de las fuerzas militares, entre el 9
y 10 de mayo, en Vigía del Fuerte.
76. Pocas de las medidas excepcionales y de seguridad del Estado
se han orientado hacia un combate directo de los grupos paramilitares.
La presencia de una base paramilitar en el municipio de El Guamo,
en los Montes de María, por ejemplo, denunciada desde el
año 2000 por la Oficina, y que está dentro de la actual
zona de rehabilitación y consolidación, no ha sido
objeto de operativos e incluso los paramilitares han consolidado
su presencia en los municipios cercanos. Lo mismo ha sucedido en
otras regiones del país, como en el caso de Medellín
después de la operación Orión de octubre, donde
fuerzas paramilitares se han asentado en varias partes de la Comuna
13 cometiendo abusos contra la población civil y graves violaciones.
77. El hecho de que la amplia mayoría de esos casos permanezca
en la impunidad, sin el establecimiento de la responsabilidad penal
de servidores públicos por su vinculación con grupos
y acciones paramilitares, es una de las facetas más cuestionables
del compromiso de lucha contra dichos nexos. Adicionalmente, el
traslado de varios de esos casos a la justicia penal militar, como
se señala en el siguiente apartado, atenta contra la independencia
de dichas investigaciones y limita su eficacia. Estos factores debilitan
el proceso de mantenimiento y construcción de una institucionalidad
democrática y respetuosa del Estado de derecho, y fortalecen
la percepción de tolerancia, y hasta aceptación, que
el fenómeno paramilitar tiene entre sectores de la población.
2. Administración de justicia e impunidad
78. Durante 2002 han persistido las preocupaciones en materia de
independencia y de autonomía judicial, estrechamente vinculadas
al estado de derecho y a la democracia. La ausencia de una carrera
judicial en la Fiscalía General de la Nación compromete
particularmente las condiciones para hacer efectiva esa independencia
La Oficina recibió denuncias de casos de fiscales separados
de sus cargos por decisión no motivada del Fiscal General
de la Nación, entre ellos varios pertenecientes a la Unidad
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario . El hecho
de que varios fiscales de esa Unidad hayan sido removidos o trasladados
parece haber debilitado su experiencia acumulada y la efectividad
de las investigaciones, y cuestionado el compromiso institucional
en la lucha contra la impunidad de violaciones de derechos humanos.
Con ello se debilita, además, la eficacia de la cooperación
técnica realizada por la Oficina y por la comunidad internacional.
79. Por otra parte, la Fiscalía, como órgano clave
en materia de control judicial independiente, ha apoyado el traslado
de funciones de policía judicial a las fuerzas de seguridad
(incluyendo a los militares). El Fiscal General se manifestó
en ese sentido en conceptos emitidos sobre la Ley de seguridad nacional,
declarada inconstitucional, y sobre el mencionado Decreto Nº
2002. La misma posición se ha percibido en el desarrollo
de sus funciones de control de las garantías constitucionales
en el marco de las medidas de excepción. Cabe agregar, en
este punto, que en el proyecto de reforma constitucional de la Fiscalía
se agregó una disposición que otorgaba funciones de
policía judicial a las fuerzas militares. Finalmente esta
disposición no fue aprobada, pero el Gobierno reiteró
su propósito de replantearla en la próxima legislatura.
80. La administración de justicia se ha visto confrontada
a grandes desafíos frente a las disposiciones de excepción,
en particular en cuanto a los principios de presunción de
inocencia y de legalidad, así como al derecho de defensa
y al debido proceso, en el marco de capturas, allanamientos y registros
con o sin orden judicial. Se recibieron denuncias de capturas basadas
en señalamientos anónimos o en meras sospechas, poniendo
en cuestionamiento la obligación de contar con indicios objetivos
de vinculación a un hecho delictivo para justificar esas
restricciones a la libertad. Las limitaciones presupuestarias que
aquejan a la defensa pública, entre otras, han afectado al
derecho a la defensa de las personas. Preocupa al Alto Comisionado
el impacto que la ausencia de este servicio pueda tener sobre las
garantías judiciales de las personas afectadas por las medidas
ordinarias o excepcionales, y que esta situación debilite
los controles judiciales de las mismas.
81. El Gobierno presentó en octubre al Congreso un proyecto
de reforma a la justicia. El proyecto prevé importantes recortes
constitucionales para la acción de tutela (amparo), excluyendo
del derecho a un recurso efectivo, rápido y sencillo la protección
de derechos fundamentales como el principio de igualdad y no discriminación,
la protección de los niños, los derechos de la mujer,
el derecho a la salud, y otros derechos económicos, sociales
y culturales. Los recortes propuestos a las funciones de la Corte
Constitucional, en particular en materia de revisión de la
declaratoria de estados de excepción, pueden provocar un
debilitamiento de los controles judiciales y un sometimiento de
los principios de legalidad y del estado de derecho a decisiones
o instrumentos de orden político .
82. En relación con la lucha contra la impunidad, las políticas
estatales parecen haber registrado un debilitamiento en el transcurso
del período cubierto por este informe, como se indica en
el capítulo VIII. Los altos índices de impunidad siguen
afectando la administración de justicia. En este aspecto,
la Oficina no pudo registrar avances significativos en procesos,
tanto penales como disciplinarios, que sancionen a funcionarios
públicos responsables de graves violaciones de derechos humanos
. Algunos altos oficiales militares, en ejercicio y en retiro, acusados
de vínculos con paramilitares y de graves violaciones de
derechos humanos, han eludido la acción de la justicia, ya
por intervención de la justicia penal militar, ya por decisiones
de la Fiscalía y de la Procuraduría . La justicia
penal militar continuó investigando casos de violaciones
de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
cometidas por miembros de la fuerza pública, a pesar de la
interpretación constitucional restrictiva del fuero y de
la modificación de los códigos penal militar y ordinario
.
83. El conflicto armado interno y la actuación delictiva
de los grupos al margen de la ley, que amenazan a los funcionarios
judiciales y a otros intervinientes en los procesos penales y atentan
contra la vida y seguridad de éstos, tienen un fuerte impacto
sobre el acceso de las víctimas a una justicia efectiva e
independiente.
Situación carcelaria
84. Para enfrentar la crisis carcelaria, la acción del Estado
se concentró principalmente en la construcción de
centros de reclusión para albergar a personas condenadas
y la remodelación de otros centros destinados a la detención
de personas sindicadas.
85. La ausencia de un sistema de información consolidado
hace que la supervisión y el control del uso de la privación
de la libertad sean particularmente difíciles. Aunque las
autoridades han realizado algunos traslados, con el fin de cumplir
con la separación de sindicados y condenados, como en la
cárcel de Valledupar, por ejemplo, según el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) varios centros de reclusión
presentan un alto grado de hacinamiento, en ocasiones mayor al 100%
de su capacidad. Esto indica que la crisis de hacinamiento no ha
podido superarse.
86. La Oficina recibió múltiples quejas relativas
al abuso del poder penitenciario, generalmente originadas en la
aplicación de sanciones disciplinarias o en el uso de la
fuerza por parte de la guardia penitenciaria, que podrían
constituir casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, y aun violaciones del derecho a la vida. La Oficina
recibió información sobre casos en los cuales el exceso
del uso de la fuerza pudo haber producido la muerte de las víctimas,
como por ejemplo la muerte de Luis Preciado Osorio en la Penitenciaría
Nacional de Valledupar, en el mes de marzo.
87. Por ausencia de una política integral, la autoridad
penitenciaria ha asociado la reacción estatal a los eventos
coyunturales de inseguridad e indisciplina, que involucran a un
número determinado y reducido de presos, en perjuicio de
la obligación general de proporcionar un trato humano y digno
a todas las personas privadas de libertad. El Ministerio de Justicia
y el INPEC anunciaron que adoptarían medidas para racionalizar
el funcionamiento del sistema. Las recomendaciones contenidas en
el informe sobre la situación carcelaria presentado el pasado
año por la Oficina y la Defensoría del Pueblo constituyen
una herramienta de trabajo a partir de la cual, junto con otras
propuestas, puede iniciarse el camino hacia cambios necesarios en
el sistema penitenciario y carcelario.
3. Desplazamiento forzado
88. El desplazamiento forzado de población registró
un significativo crecimiento, afectando gran parte del territorio
nacional , debido a su utilización, cada vez más frecuente,
como una estrategia de guerra. Una característica preocupante
del año fue el aumento de los desplazamientos intraurbanos.
Según la Red de Solidaridad Social , en los primeros nueve
meses de 2002 los paramilitares fueron responsables del 30% de los
casos de desplazamiento y los guerrilleros del 14%. En poco menos
de 1% de los casos se responsabilizó a las fuerzas armadas.
En el 52% de los casos, dos o más actores armados serían
los responsables.
89. A esta situación contribuyó la ausencia de una
política integral de prevención por parte del Estado.
Tampoco se ha avanzado en materia de lucha contra la impunidad de
los responsables de los desplazamientos. Según la Red de
Solidaridad Social, del 1º de enero al 30 de septiembre se
desplazaron unas 231.000 personas. Durante el mismo período,
la organización no gubernamental (ONG) Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) registró
algo más de 350.000 personas desplazadas. A pesar de los
avances obtenidos en la cobertura del Sistema Único de Registro
(SUR) y en la asistencia humanitaria de emergencia, persisten obstáculos
en el acceso a los programas estatales y a soluciones duraderas,
y dificultades para el goce de los derechos económicos, sociales
y culturales. De particular preocupación es la situación
de las mujeres, los niños, los indígenas y los afrocolombianos
desplazados.
90. La Red de solidaridad Social ha presentado avances en la coordinación
interinstitucional, así como en la consolidación del
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada (SNAIPD), aunque esta última se ha visto obstaculizada
por el diferente grado de compromiso de las distintas entidades
que lo integran. Igualmente, pese a los esfuerzos realizados por
la Red de Solidaridad Social , el nivel de participación
en los programas de atención de algunos departamentos y municipios
sigue siendo bajo. La Ley Nº 387 de 1997 condiciona la atención
de los desplazados a la disponibilidad presupuestal de las entidades
estatales. Existe un déficit entre los recursos asignados
y las necesidades de sus destinatarios.
91. La prevención de los desplazamientos sigue siendo el
componente más débil de la política de atención.
Persiste la debilidad del Estado para proporcionar la seguridad
a las comunidades en riesgo frente a la expansión geográfica
del fenómeno. En ocasiones, frente a una alerta de desplazamiento
han primado la seguridad militar o el cuidado de la infraestructura
sobre la protección de la población civil.
92. La Defensoría del Pueblo ha incrementado el acompañamiento
y la protección en algunas regiones del país, como
los prestados a las comunidades en riesgo del Pacífico, y
ha avanzado en la organización del Sistema de Alerta Temprana
(SAT). Sin embargo, las limitaciones presupuestarias de la Defensoría
le impiden una presencia efectiva en todas las zonas de riesgo,
al igual que un seguimiento eficaz a la respuesta estatal frente
a todos los informes de inminencia de riesgo transmitidos.
93. Se destacan algunos avances en el restablecimiento socioeconómico
de los desplazados. Sin embargo, su efectividad resultó disminuida
por la limitación de los recursos asignados, los retrasos
en el desembolso, los obstáculos para el acceso al crédito
y la limitación temporal de tres meses de la ayuda humanitaria.
94. En cuanto a los retornos, en varios casos carecieron de las
condiciones necesarias de seguridad y de dignidad . Se caracterizaron
por el insuficiente acompañamiento por parte de las autoridades
estatales y por la voluntariedad meramente formal de los mismos,
debida a la escasa información y a la falta de alternativas
de reubicación o de prórroga de la ayuda humanitaria.
4. Grupos étnicos
95. Los grupos étnicos siguen siendo víctimas de
violaciones a sus derechos civiles y políticos, en especial
el derecho a la vida, así como de discriminación racial,
intolerancia y exclusión social. Sus derechos económicos,
sociales y culturales se ven afectados por las condiciones de pobreza
y exclusión en las que se encuentran. El conflicto armado
agrava aún más esta situación y amenaza, en
consecuencia, la existencia misma de varios de estos grupos.
96. De particular preocupación es la situación de
la población afrocolombiana, considerada como una de las
más pobres del país. Según la Defensoría
del Pueblo, el 98% de las poblaciones afrocolombianas carecen de
los servicios públicos básicos y el 80% de sus viviendas
están caracterizadas por la marginación y el hacinamiento.
En el departamento del Chocó, que cuenta con una población
90% afrocolombiana, el 82% tiene sus necesidades básicas
insatisfechas.
97. Las violaciones a los derechos civiles y políticos de
indígenas y afrocolombianos se agravan, además, por
los problemas derivados del control que los grupos armados ilegales
pretenden ejercer sobre sus territorios. Con frecuencia, sufren
la imposición de bloqueos económicos, el control de
alimentos y medicinas, y las restricciones de la circulación
de personas, agravando así las precarias condiciones en las
que ellos viven . La presencia de esos grupos en los territorios
de estas comunidades vulnera, entre otros, el derecho a su autonomía,
amenazando la gobernabilidad de sus autoridades y erosionando su
identidad cultural.
98. En este contexto de violencia, indígenas y afrocolombianos
?en particular sus líderes? siguen siendo víctimas
de ejecuciones extrajudiciales, masacres, amenazas de muerte, desapariciones
forzadas, y desplazamiento y reclutamiento forzoso, lo que pone
en peligro su existencia como grupo étnico, así como
su supervivencia cultural. Entre las violaciones atribuidas a las
AUC está el homicidio de María Fabiola L |
