Bogotá, 20 de mayo de 2002

INDICE

I            INTRODUCCIÓN

1            Mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trabaja sobre la base de un acuerdo celebrado entre el Gobierno y la ONU el 29 de noviembre de 1996.  Esta Oficina funciona en Colombia desde abril de 1997 y su Director actúa bajo la autoridad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De conformidad con el mandato surgido del mencionado Acuerdo, la Oficina “observará la situación de los derechos humanos con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país, así como para permitir al Alto Comisionado que presente informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos. Para el logro de su mandato, las actividades de la Oficina se centrarán en la cooperación con el Gobierno de Colombia para contribuir al mejoramiento de la situación de los derechos humanos y, en concertación con el CICR, para promocionar, dentro de los límites de sus respectivos  mandatos, el respeto y la observancia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país. Igualmente, la Oficina asesorará en materias de su competencia a los representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a individuos.

Las actividades de la Oficina están regidas por los criterios siguientes:

a) Todas las actividades de la Oficina estarán encaminadas al logro del mandato y objetivos de la misma.

b) Teniendo en cuenta la complejidad de la situación colombiana, la Oficina operará sometida en un todo a lo descrito en el presente Acuerdo, como un centro de gestión e interlocución, fomentando un clima de confianza con todos los sectores que estén involucrados e interesados en la problemática de los derechos humanos y manteniendo el contacto y coordinación con el Gobierno nacional.

c) La Oficina actuará con discreción y se regirá, en sus relaciones con todos los sectores involucrados en las materias de su competencia, por los principios propios de las Naciones Unidas, tales como los de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.

La  observación es entendida como el conjunto de actividades y gestiones que realiza la Oficina para conocer la evolución de la situación de derechos humanos y DIH en Colombia, analizar la misma, evaluar las acciones de las autoridades e instituciones, así como de los grupos armados, según la materia, y  obtener conclusiones que permitan formular las recomendaciones pertinentes y orientar  el asesoramiento y la cooperación técnica.

La Oficina no es un órgano jurisdiccional que realiza una investigación judicial, recabando pruebas y estableciendo responsabilidades individuales concretas. En la medida en que sus funciones no son  de “verificación”, como en otras misiones de Naciones Unidas, y que varios documentos procesales y judiciales que son confidenciales no están a disposición de la Oficina, sus conclusiones surgen del análisis y evaluación de los elementos que le permiten valorar los hechos y las responsabilidades. Esas conclusiones, así como sus recomendaciones, son el resultado de la observación señalada y  apuntan  a instar a que las autoridades nacionales y los grupos armados actúen conforme a los instrumentos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho humanitario.

2            Antecedentes de la Misión: Solicitud del Gobierno

El Presidente de la República expresó públicamente su interés en que una misión humanitaria de las Naciones Unidas pudiera desplazarse al municipio de Bojayá, en el departamento del Chocó, “con el objeto de constatar los hechos que cobraron la vida de más de 110 personas e informar al Alto Gobierno y a la opinión pública nacional e internacional el resultado de sus averiguaciones”[1].

En seguimiento de esas declaraciones el Gobierno, a través del Ministro de Relaciones Exteriores, solicitó formalmente por escrito, en fecha 7 de mayo de 2002, la “decidida colaboración [de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] para el desarrollo de esta gestión”, para la cual ofreció toda su cooperación.

En una reunión posterior del Director de la Oficina con la Cancillería, el Gobierno presentó unos “elementos a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de la Misión Humanitaria de las Naciones Unidas”. Entre estos se señala la evaluación de la gestión de las autoridades con anterioridad y con ocasión de los hechos de fines de abril y principios de mayo de 2002, información sobre la presencia de los grupos armados al margen de la ley y una evaluación de los hechos ocurridos a fines de abril y principios de mayo de 2002, así como un informe al respecto.

La Oficina aceptó la solicitud del Gobierno, especificando que la misión estaría estrictamente enmarcada en su mandato específico en el país.

3        Términos de referencia de la misión de observación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región del Atrato Medio.

En el marco de su mandato, la misión tuvo por objetivo observar y evaluar las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario en la región del Atrato Medio.  Esta tarea debía realizarse mediante la identificación de las responsabilidades, tanto en relación con los hechos que tuvieron como consecuencia la muerte y lesiones de civiles, como las relativas a la prevención, asistencia humanitaria y otros mecanismos de respuesta estatales.

La misión, en desarrollo de las funciones propias de su mandato, realizaría la observación y evaluación mediante visitas al terreno, en particular a los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte y Quibdó, recepción de testimonios de la población afectada, y entrevistas con las autoridades locales, civiles y militares, así como otras organizaciones con presencia en la zona. Esta misión al terreno se apoyó en el trabajo y seguimiento previo realizado por la Suboficina con sede en Medellín, cuyos oficiales hacían presencia en la zona.

La Oficina debía informar al Gobierno, a otras autoridades del Estado, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre los resultados de la observación y evaluación, así como formular las recomendaciones pertinentes, tomando en consideración los antecedentes, la presencia y las acciones de los grupos armados ilegales, las alertas tempranas y la actuación de las instituciones del Estado en la región.

II            DESARROLLO DE LA MISIÓN

1              Actividades.[2]

Desde el 1 de mayo la Oficina intensificó el seguimiento de la situación en la región del Atrato Medio, tanto desde Bogotá como desde su Suboficina en Medellín. A partir del 5 de mayo de 2002 la Oficina tuvo presencia en Quibdó  y, en el marco de su mandato, mantuvo contactos regulares con autoridades nacionales, departamentales y locales, así como con organizaciones de la sociedad civil y con la fuerza pública.

Estas actividades se apoyaron en el trabajo previo que venía realizándose desde la instalación de la Suboficina en Medellín, en enero de este año, la cual cubre los departamentos de Chocó y Antioquia.

Entre los días 9 y 12 de mayo de 2002, en respuesta a la solicitud del Presidente de la República, un equipo conformado por el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y cuatro oficiales, se desplazó a Quibdó, Bellavista y Napipí, cabecera y corregimiento del municipio de Bojayá, respectivamente, en el departamento del Chocó, y a Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia.  En cada localidad la misión se entrevistó con autoridades departamentales y municipales, con la fuerza pública, con organizaciones de la sociedad civil, y con testigos presenciales y sobrevivientes. 

El día 9 de mayo, el Director de la Oficina rehusó aceptar la oferta del General Mario Montoya, Comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, de realizar el traslado en un helicóptero militar. Esta determinación fue consecuencia de las reglas de Naciones Unidas, respecto de las cuales todo funcionario debe observancia. Estas señalan que los funcionarios tienen que abstenerse de utilizar medios de transporte militares, ya que en el marco de un conflicto armado éstos son considerados objetivos militares. 

Es de destacar que a pesar de haber recibido la oferta de total cooperación por parte del Gobierno para el desarrollo de esta misión, al día siguiente, en el momento de trasladarse de Quibdó hacia Bellavista, el Director de la Oficina tuvo que responsabilizarse por la seguridad e integridad de sus funcionarios mediante la firma de dos documentos que fueron exigidos por la Policía y el Ejército respectivamente.[3] En uno de esos documentos el Ejército manifestó “carecer de los medios tanto de personal como de equipo para asegurar el desplazamiento por el río”, y agregó que no estaban dadas las condiciones para realizar el traslado por vía fluvial.

El equipo de la Oficina llegó a Bellavista al mediodía del 10 de mayo. Durante su recorrido de reconocimiento del lugar, los funcionarios de la Oficina se encontraron con el General Mario Montoya, Comandante de la IV Brigada, y con el Sr. Francisco Javier Galvis Maya, Fiscal Regional de Antioquia, manteniendo breves conversaciones con ellos. Asimismo, se sostuvieron reuniones con funcionarios de la Alcaldía, así como con pobladores y representantes de la Iglesia. 

Ese mismo día la Oficina se desplazó a Vigía del Fuerte,  lugar en el que permaneció hasta el día 11 de mayo, donde sostuvo otras reuniones con funcionarios de esa Alcaldía, así como con pobladores, población desplazada, representantes de la Iglesia, de ONG y con funcionarios de otras agencias de las Naciones Unidas. Cabe anotar que, en la tarde del 10 de mayo, el equipo se desplazó hasta Napipí, donde, después de recorrer el casco urbano, también se reunió con un numeroso grupo de habitantes.

2            Desempeño de la Oficina en la región

Desde su instalación en Colombia, la Oficina, en el desarrollo de su mandato,  dio seguimiento a las violaciones de los derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario, en el departamento del Chocó[4].  Cabe señalar que en los últimos 16 meses la Oficina dirigió al Gobierno 10 comunicaciones oficiales sobre hechos ocurridos en el departamento del Chocó, manifestando su preocupación y formulando recomendaciones al Estado. Entre éstas últimas, cabe destacar la comunicación enviada el día 23 de abril,[5] relacionada con la situación objeto de este informe. Además, la Oficina realizó periódicamente misiones de observación en el terreno.  Luego de la  apertura de la Suboficina de Medellín, esas actividades, al igual que el acompañamiento a las instituciones estatales y de la sociedad civil, se han incrementado significativamente.

3                    Antecedentes: Situación del Atrato Medio

El municipio de Bojayá, departamento del Chocó, y el municipio de Vigía del Fuerte, departamento de Antioquia,  integran la región conocida como Atrato Medio.  El río Atrato es corredor de entrada y salida entre el Chocó y Antioquia.  Por esta razón, el control del transporte fluvial y el tránsito de personas es motivo de disputa de los grupos armados al margen de la ley.

La escasa atención que las autoridades nacionales tradicionalmente han proporcionado a este departamento, se ve reflejada también en la débil presencia institucional en el ámbito local[6].   Otro factor que dificulta el control del territorio por parte del Estado  es la diferente dependencia orgánica y funcional de cada una de las 3 Brigadas que cubren el departamento del Chocó[7], aparte de la Infantería de Marina que tiene jurisdicción sobre la costa pacífica y los ríos. Adicionalmente, debe destacarse la ausencia de una base de la Infantería de Marina en Quibdó.

Es importante señalar que el departamento del Chocó tiene “un PIB per cápita más de cuatro veces menor que el PIB de Bogotá, lo que demuestra que la desigualdad departamental... continúa siendo muy fuerte en el país y que los esfuerzos para mejorar la situación han sido insuficientes”[8]. Estudios de Misión Social – PNUD indicaron que, en los años de 1999 y 2000, “el progreso educativo se ha resentido y el índice disminuido” y que la disparidad regional entre departamentos afecta de manera notable al  departamento del Chocó, “que además cuenta con un gran número de población indígena y afro-colombiana”[9]. 

Los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá, “han estado en los últimos años sitiados por los grupos armados ilegales que transitan por el río Atrato y que se disputan el control de la región para el transporte de armas y drogas. La confrontación armada entre la guerrilla y las autodefensas ilegales es muy violenta en la región porque hay intereses económicos y estratégicos en juego: entre otros el tráfico de drogas, la conexión interoceánica, el desarrollo de megaproyectos como el de la carretera Panamericana, y la cercanía de los puertos y de las centrales hidroeléctricas. La región representa además ventajas para estos grupos por constituir una vía para el ingreso de armas y pertrechos desde Centroamérica y por ofrecer rutas favorables para el narcotráfico”.[10]

A finales de diciembre de 1996, después incursionar en Riosucio, los paramilitares comenzaron a desarrollar acciones en el bajo y medio Atrato con el objetivo de alcanzar el control del área.   Es así como en mayo de 1997 tomaron Vigía del Fuerte y Bellavista.

Durante los años de control paramilitar se registraron masacres, homicidios selectivos, desplazamientos masivos, así como el control y la restricción de la circulación de alimentos y combustibles. 

A inicios del año 2000, el Teniente William Antonio Peña Julio, entonces comandante de la Policía Nacional en Vigía del Fuerte,  denunció ante la Fiscalía Especializada de Medellín la connivencia entre las autoridades locales y los grupos paramilitares que permanecían en el casco urbano[11]. 

El 25 de marzo de 2000, las FARC-EP llevaron a cabo una acción militar en Vigía del Fuerte y Bellavista con el objetivo de  tomar el control del área.  En el  ataque contra la estación de la Policía Nacional de Vigía del Fuerte, que resultó destruida, murieron 21 miembros de la Policía, y algunos de sus cuerpos se encontraron mutilados[12].  Se registraron también tres víctimas civiles que murieron a causa del fuego cruzado, así como importantes daños a los bienes materiales civiles.  Luego de esos enfrentamientos, las FARC-EP dieron muerte a seis personas a quienes acusaban de ser colaboradores de los paramilitares, entre ellos el señor Pastor Damián Perea, alcalde local.

Desde ese entonces las FARC-EP lograron el control de Medio y Alto Atrato, desde Las Mercedes, en el municipio de Quibdó, hasta Boca de Curvaradó, en el municipio de Carmen del Darién. 

Con el objetivo de contrarrestar las acciones de la guerrilla, las autoridades establecieron restricciones a la circulación de alimentos y combustibles en la región del Atrato Medio[13].

III            RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

En el desarrollo de sus funciones, la Oficina se entrevistó con  autoridades locales y departamentales, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, recibió  declaraciones de testigos oculares y vivenciales, cuyos nombres serán mantenidos en reserva en atención a los términos del mandato. A través de esa información y de la observación llevada a cabo en el terreno,  pudo reconstruir los hechos de la siguiente manera. 

1                    Del 21 al 30 de abril

De acuerdo a la información obtenida, el 21 de abril de 2002, un número no inferior a 7 embarcaciones que transportaban un total aproximado de 250 paramilitares arribó a Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, y Vigía del Fuerte, provenientes de Turbo.   Para realizar ese recorrido, las embarcaciones deben pasar los puestos de control de la Fuerza Pública ubicados en Punta de Turbo (retén permanente de la Marina que exige la presentación de documentación y una requisa), en la entrada de Riosucio, (retén permanente de la Policía Nacional) y en la salida de Riosucio hacia Bellavista, (retén permanente del Ejército. No se registraron incidentes ni detenciones en ese recorrido.

Los paramilitares se establecieron en los cascos urbanos,[14] en donde requisaron y amenazaron a la población, mientras las FARC-EP permanecieron en el área rural[15].  La población de Bellavista solicitó a los paramilitares que se retiraran del casco urbano, como en su momento lo hicieran con la guerrilla, con el objetivo de mantener a la población civil alejada del conflicto.[16]  

Por otro lado, la Oficina también recibió información señalando que, el 25 de abril, las FARC-EP interceptaron en Boca de Arquía la embarcación de la ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato) que llevaba los insumos para abastecer las tiendas comunitarias de toda la región del Atrato Medio, robando toda la carga.  Este hecho agravó la ya difícil situación alimenticia de los pobladores de esa región.  

El 26 de abril los paramilitares entraron en Puerto Conto, donde establecieron una base.  La guerrilla se encontraba en la otra orilla del río Atrato, en el pueblo de San Martín.

2             Alertas enviadas a las autoridades

El 23 de abril, la Oficina envió una comunicación oficial al Gobierno expresando su preocupación frente a la incursión de grupos paramilitares en las localidades de Bocas de Curvaradó, Vigía del Fuerte y Bellavista y sus posibles consecuencias para las poblaciones allí asentadas. Asimismo, la Oficina instó a las autoridades a adoptar las medidas oportunas y adecuadas para proteger a la población civil, así como para prevenir eventuales desplazamientos de las comunidades de esas áreas.  La única respuesta escrita recibida por la Oficina fue la enviada por la Procuraduría, el 24 de abril, en la que transmite su solicitud urgente a los Ministros del Interior y de Defensa para que otorguen una “directa atención a los sucesos que en forma reiterada alteran la tranquilidad en las poblaciones chocoanas, donde la mayoría de sus habitantes son indígenas, campesinos y comunidades negras que viven el enfrentamiento entre todos los grupos armados al margen de la ley”.[17]

Adicionalmente, el 26 de abril, la Defensoría del Pueblo, después de haber visitado el área, a su vez emitió una alerta temprana, advirtiendo sobre los riesgos de un posible enfrentamiento entre los grupos ilegales.

Hasta el 2 de mayo, la Oficina no conoció de otras iniciativas adelantadas por parte del Estado para responder a las alertas formuladas.

3           Del 1 al 3 de mayo

Las declaraciones e informaciones recogidas por la Oficina, particularmente en su visita a la región, han sido coincidentes y permitieron reconstruir los hechos acaecidos.

El 1 de mayo, aproximadamente a las seis de la mañana, se iniciaron los combates en Vigía del Fuerte entre los paramilitares[18] y la guerrilla[19], concentrándose posteriormente en Bellavista.  Por ese motivo, los habitantes comenzaron a refugiarse en la Iglesia, en la casa cural y en la casa de las Misioneras Agustinas.  Durante los enfrentamientos, que continuaron todo el día y parte de la noche, la población albergada en los refugios ascendió a un número aproximado de 500 personas.[20]

Según la información recibida, los enfrentamientos se reiniciaron el 2 de mayo a tempranas horas de la mañana. Las FARC-EP mantenían su posición en el Barrio Pueblo Nuevo, en la periferia norte del casco urbano.  Los paramilitares continuaban ubicados alrededor del área central de Bellavista, protegiéndose entre los edificios y, particularmente, en el anillo de cemento situado frente a la Iglesia, a la casa cural y a la casa de las Misioneras.  Otro grupo paramilitar se encontraba en el patio que  separa el colegio, la escuela y la Iglesia. [21]

A las 10:00 de la mañana, dos guerrilleros instalaron un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa de Pueblo Nuevo, situada a una distancia aproximada de 400 metros de la Iglesia con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur.  A las 10:30 horas, aproximadamente, la primer pipeta cayó en una casa civil ubicada aproximadamente a cincuenta metros de la Iglesia, ocasionando sólo daños materiales.  Seguidamente, una segunda pipeta cayó en el patio trasero del puesto de salud sin estallar.

Aproximadamente a las 10:45 horas, la tercer pipeta estalló al impactar en el altar de la Iglesia. La explosión causó unos 119 muertos[22] y 98 heridos, un porcentaje significativo de ellos menores de edad.[23]  Se espera que las autoridades puedan establecer el número definitivo mediante la investigación y las diligencias pertinentes.

En medio de la confusión general, mientras un grupo de sobrevivientes se internaba en área rural, otro gran número de ellos,  liderado por los sacerdotes, atravesó el fuego cruzado con banderas blancas y reivindicando su condición de población civil.[24]  De esa manera lograron acercarse a las embarcaciones, cruzar el río y  arribar a Vigía del Fuerte.

En el momento de dejar Bellavista, los pobladores oyeron el lanzamiento de una cuarta pipeta que cayó sin explotar detrás de la casa de las Misioneras Agustinas.[25]

En la mañana del día 3 de mayo, las FARC-EP anunciaron haber retomado el control de Bellavista y permitieron que una comisión regresara a la localidad para evacuar a los  heridos, reconocer y enterrar a los muertos en un lugar en las afueras de Bellavista, tarea que no pudo continuarse debido al reinicio de los combates. Entre los días 4 y 5 de mayo se finalizó el entierro de los cadáveres, sin que se pudiera proceder a su levantamiento oficial debido a la ausencia de autoridades competentes.

Entre los días 2 y 3 de mayo, la casi totalidad de los aproximadamente 1000 habitantes de Bellavista se refugió en Vigía del Fuerte.

4          Del 4 al 12 de mayo

Las fuerzas militares indicaron que el operativo militar sería desarrollado en dos fases, la primera de ayuda humanitaria y la segunda de operaciones militares.[26] Esto habría sido en respuesta a la solicitud de varias organizaciones e instituciones. A partir del 3 de mayo, varias comisiones humanitarias de la Diócesis de Quibdó arribaron por río a los municipios afectados.  Paralelamente, las fuerzas militares iniciaron operativos en la zona con la presencia de tropa y aeronaves militares.[27] Según información recibida por la Oficina, los pobladores escucharon varias explosiones y ametrallamientos, lo que incrementó el miedo y la zozobra en la población.[28]

Igualmente, se solicitó el desarrollo de acciones humanitarias urgentes, tales como el envío de helicópteros del Programa aéreo de salud de la Gobernación de Antioquia, para el traslado de los heridos graves y la entrega de medicamentos para el centro de salud de Vigía del Fuerte. Una vez logradas unas condiciones mínimas de seguridad, esta ayuda llegó el 4 de mayo.

Las FARC-EP se replegaron a la zona rural de Vigía del Fuerte y Bellavista antes del ingreso de las fuerzas militares.

De acuerdo a información obtenida por la Oficina, durante el día 6 de mayo, cuando la armada nacional intentó llegar a Bellavista, escoltada por la fuerza aérea, ocurrieron enfrentamientos con las FARC-EP frente a la población de Napipí, municipio de Bojayá.  En estas operaciones resultó muerta María Ubertina Mena, quien recibió un impacto de bala proveniente del río. Según información suministrada a la Oficina se señalaba como responsable de esos disparos a la Infantería de Marina. Otras dos personas resultaron heridas.  Además,  la Oficina pudo observar que la mayoría de las viviendas ubicadas en la orilla del río, incluida la Iglesia, recibieron impactos de armas de fuego en sus frentes y techos. [29] Las declaraciones recibidas por la Oficina indicaron que el 7 de mayo, en su paso por Napipí, el Ejército volvió a disparar hacia el poblado sin registrarse acción bélica por parte de las FARC-EP, ni tampoco víctimas.[30]

Ese mismo día las fuerzas militares tomaron el control de los cascos urbanos de Vigía del Fuerte y Bellavista.

A partir del 7 de mayo, también se reportó una nueva salida desde Turbo de un número no especificado de embarcaciones paramilitares hacia el Medio Atrato. La Oficina fue informada de la llegada de dichas embarcaciones al Municipio de Carmen del Darién, donde los paramilitares habrían ocupado las oficinas de la Alcaldía en la cabecera municipal.

De acuerdo con la información recibida, entre los días 8 y 9 los sobrevivientes de Bellavista comenzaron a evaluar la posibilidad de retornar, ante la seguridad que les garantizaba la presencia de las Fuerzas Militares.  Sin embargo, cuando llegaron al lugar constataron que paramilitares entraron en algunas viviendas de Bellavista, apropiándose de ropa civil, de comida y de algunas embarcaciones. La Oficina recibió declaraciones de pobladores que vieron a personas desconocidas vistiendo sus ropas en los cascos urbanos de Vigía del Fuerte y Bellavista. Adicionalmente, señalaron a la Oficina las personas que ellos identificaron como paramilitares en ambas localidades.  Durante la visita al Hospital de Vigía del Fuerte, la Oficina se percató de la presencia de 4 jóvenes que presentaban heridas de bala, los cuales fueron señalados como paramilitares. No obstante, estos presuntos paramilitares estaban sin custodia.

El día 9 de mayo, el Presidente de la República, acompañado por varios Ministros y funcionarios del Gobierno, visitó la zona. El mismo día, un equipo de la Fiscalía, encabezado por el Fiscal Regional de Antioquia e integrado por investigadores, técnicos y médicos forenses, llegó al área en un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Según manifestó el Fiscal Regional en Bellavista, el 10 de mayo, el objetivo de su presencia consistía en hacer las relevaciones balísticas y topográficas, recoger testimonios y proceder a la exhumación de los cadáveres de las víctimas de la explosión en la Iglesia de Bellavista. Sin embargo, la tarea señalada se interrumpió el domingo 12 de mayo, por razones contradictorias vertidas por funcionarios de la Fiscalía.[31]

Otras declaraciones indicaron que durante los días 9 y 10 de mayo varias avionetas aterrizaron en Vigía del Fuerte. Entre los pasajeros se encontraban algunos comandantes e integrantes de las AUC, entre ellos el comandante alias “Díaz”, conocido en el lugar por haber sido agente de la policía en años anteriores. Además, se señaló que este paramilitar se reunió con integrantes de las fuerzas militares presentes en el lugar.

Durante una reunión en Vigía del Fuerte, ese mismo día, la población denunció al General Mario Montoya y al equipo especial de la Fiscalía presente en Bellavista  la presencia de paramilitares en los cascos urbanos. El día 11 de mayo, el Coronel Pulido, Comandante del Batallón Manosalva de la IV Brigada, confirmó a la Oficina que había recibido información sobre la posible presencia de paramilitares en el pueblo y sobre un posible ataque de las FARC-EP. Sin embargo calificó dicha información como un rumor y declaró que no había nadie armado en el pueblo. Asimismo, declaró que el desplazamiento que se había incrementado en los últimos dos días era temporal y que a su criterio se debía más a la perspectiva de recibir ayuda humanitaria en Quibdó que al miedo de ataques o a presencia de combatientes en los pueblos.

5            Desplazamiento forzado

En cuanto al fenómeno de desplazamiento masivo de los habitantes de la región del Medio Atrato, es posible identificar distintos momentos, así como distintas causas.

Entre los días 2 y 3 de mayo, la casi totalidad de los aproximadamente 1000 habitantes de Bellavista se refugió en Vigía del Fuerte a raíz del lanzamiento de la pipeta en la Iglesia y de la continuación de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.

Igualmente, el 3 de mayo llegaron a la ciudad de Quibdó 132 personas procedentes de  las veredas de San Martín y Puerto Conto, ubicadas a orillas del río y a pocos kilómetros al sur de Bellavista, toda vez que los enfrentamientos afectaron también a dichas poblaciones.

La fuerza pública arribó a los cascos urbanos de Bellavista y Vigía del Fuerte el 7 de mayo. El Ejército Nacional manifestó que, una vez reestablecido el orden en esas localidades, estarían dadas todas las garantías para que la población retornara a sus viviendas y retomara sus actividades cotidianas.[32]

Sin embargo, varias declaraciones de pobladores de Bellavista y Vigía del Fuerte coincidieron en señalar que, desde la llegada del Ejército Nacional, la presencia de paramilitares se hizo evidente en los cascos urbanos. Cabe mencionar que muchos de ellos fueron vistos utilizando ropa y enseres sustraídos de las viviendas abandonadas de Bellavista. Debido a esta presencia, las FARC-EP amenazaron con atacar Vigía del Fuerte. 

Esta situación, lejos de favorecer el proceso de retorno de la población hacia Bellavista, provocó su desplazamiento masivo hacia Quibdó. En este sentido, el registro de población desplazada en Quibdó, recopilado por la Red de Solidaridad Social, revela que entre los días 3 y 8 de mayo se registraron 504 personas.  El día 13 de mayo en el mismo registro figuraban 2513 personas. Es importante anotar que estos datos se refieren únicamente a las personas que solicitaron ser incluidas en el registro de población desplazada. Por lo tanto, no incorpora a aquellas personas que por temor u otro motivo prefirieron no registrarse.

En atención a los datos oficiales proporcionados por la Red de Solidaridad Social,  el desplazamiento se incrementó sensiblemente durante los días 10, 11 y 12 de mayo,  alcanzando su mayor incremento porcentual el día 11 de mayo (+ 77%).[33]

En cuanto a los lugares expulsores es de destacar que, después del desplazamiento inicial registrado desde Puerto Conto y San Martín, la población más afectada fue la de Vigía del Fuerte, incluyendo a los residentes de Bellavista, quienes inicialmente se habían desplazado a esa cabecera municipal. [34]

La atención a la población desplazada y afectada por la violencia se emprendió de forma inmediata por parte de la Diócesis y de la Alcaldía de Quibdó.  Además, entre el 8 y 12 de mayo, la Red de Solidaridad Social distribuyó aproximadamente cien toneladas de ayuda humanitaria de emergencia, la que benefició a la población desplazada en Quibdó así como a habitantes de otros municipios y veredas tales como Buchadó, San Martín, El Tigre y La Loma, en el departamento del Chocó, y Vigía del Fuerte y Murindó, en el departamento de Antioquia.[35]

En Quibdó, sobre la base de un acuerdo entre las instituciones y organizaciones, se decidió que la población desplazada sería recibida en el muelle por la Cruz Roja Colombiana y trasladada inmediatamente a la sede de  la ACIA[36] para su asistencia y registro por parte de la Red de Solidaridad Social. Hasta el 13 de mayo, menos del 10% de la población desplazada necesitó apoyo en materia de albergue, ubicándose en su mayoría con familiares y amigos.

La Policía Nacional participó de forma respetuosa y eficaz en la etapa de recepción de los desplazados, apoyando en materia logística y en los primeros auxilios.

IV            CONCLUSIONES

En relación con los hechos descritos, la Oficina pudo identificar que en los mismos existen responsabilidades de diferentes actores. Tal como está indicado en el mandato y según los términos de referencia elaborados específicamente para esta misión, la Oficina debe evaluar esas responsabilidades a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Estas violaciones deberán ser investigadas y constatadas por los órganos competentes.

1                    Infracciones al DIH atribuidas a las FARC-EP

Las FARC-EP tienen responsabilidad en la muerte violenta de más de 100 civiles, las lesiones de más de 80 personas y la destrucción de bienes civiles, causadas por el lanzamiento de pipetas, en el marco de un enfrentamiento armado con un grupo de paramilitares. La autoría de estos hechos por parte de miembros de las FARC-EP fue reconocida públicamente por la guerrilla, como un “error”.[37] Debe aclararse que ese “error” constituye una infracción a las normas humanitarias, pues viola abiertamente las prescripciones internacionales al respecto.

Estas conductas constituyen un ataque a la población civil y con ellas se ha infringido el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el artículo 13 del Protocolo II Adicional a esos Convenios. Violan especialmente los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad, así como de inmunidad de la población civil.  El DIH exige a las partes en conflicto asegurar la protección de la población civil contra los peligros procedentes de operaciones militares (artículo 13. 1 del Protocolo II). Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, este último principio impone a los combatientes dos obligaciones: 1°) La obligación de abstenerse absolutamente de ataques dirigidos contra la población civil como tal o contra personas civiles; 2°) La obligación de limitar los efectos de las operaciones militares que puedan afectar a las personas protegidas.[38]

La segunda de estas obligaciones se incumple cuando los combatientes de una de las partes en conflicto no toman, en las diversas etapas de un ataque, precauciones inspiradas en los principios humanitarios ya citados. Por consiguiente, un ataque debe ser suspendido si es de prever que él causará incidentalmente entre la población civil muertos o heridos cuyo número sería excesivo en relación con la ventaja militar directa y concreta prevista por la parte atacante.[39]

Es indudable que el principio de protección general de la población civil no se atenúa por el hecho de que en el seno de ésta haya personas que toman parte directa en las hostilidades. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, “si la sola presencia [dentro de la población civil] de algunas personas no protegidas (...) permitiera un ataque contra un grupo entero de civiles, la protección de que goza la población civil resultaría completamente ilusoria”. [40]

Por otra parte, las conductas analizadas constituyen un ataque indiscriminado contra la población civil.  Aunque la figura no está expresamente recogida en el artículo 3 común de los 4 Convenios de Ginebra ni en el Protocolo II, dentro de un conflicto armado sin carácter internacional puede considerarse así el que se realiza con infracción de los párrafos 1 y 2 del artículo 13 de dicho protocolo. Asimismo, y considerando que los principios humanitarios ya citados se aplican igualmente a los conflictos armados internos, los ataques con utilización de métodos que no pueden discriminar adecuadamente el objetivo están igualmente prohibidos en ese tipo de conflictos. Es importante señalar que ciertos medios de ataque, como los cilindros de gas, son armas difíciles de dirigir y de pobre precisión, como lo ha señalado reiteradamente la Alta Comisionada.[41]

Debe considerarse ataque indiscriminado a aquel que “afecta indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o bienes de carácter civil. Se trata de ataques a) que no están dirigidos contra un objetivo militar determinado; b) en los cuales se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; c) en los cuales se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar.”[42]

Como los ataques señalados han provocado la muerte de personas civiles, ellos constituyen homicidios contra personas protegidas por el DIH. En este sentido, violan específicamente el artículo 3 común de los 4 Convenios de Ginebra, en su inciso1 literal a) y el artículo 4.2) del Protocolo II. Estas disposiciones prohíben a los combatientes atentar contra la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas que no participan directamente en las hostilidades o que han dejado de participar en ellas. Una y otra norma ampara, en primer término, a las personas civiles.

Cabe destacar, como lo señala el CICR, que “el homicidio comprende no sólo los casos de asesinato sino también los de omisión intencional que puedan ocasionar la muerte”.[43] Además, la prohibición de no atacar directamente a la población civil, establecida en el artículo 4.2 del Protocolo II, incluye tanto ataques contra los civiles que estén agrupados como ataques contra civiles aislados.[44]

Las FARC-EP son también responsables de violar la obligación de protección de los bienes culturales y de lugares de culto establecida en el artículo 16 del Protocolo II. Cabe destacar que esta disposición implica la prohibición de “cometer actos de hostilidad dirigidos contra (...) los lugares de culto” o de “utilizar los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar”. Por acto de hostilidad debe entenderse “todo acto relacionado con el conflicto que cause o pueda causar daños materiales a los bienes protegidos”.[45]

Es preciso añadir que las FARC-EP tienen igualmente responsabilidad en los hechos ocurridos en Napipí, el 6 de mayo, al exponer nuevamente a la población civil en su enfrentamiento con la Infantería de Marina cuando ésta pretendía llegar a Bellavista. Cabe recordar que el CICR señala que la definición de ataque se refiere a “actos de violencia contra el adversario, sean éstos defensivos u ofensivos”.[46]

Las FARC-EP tienen también responsabilidad directa en los múltiples y masivos desplazamientos que generaron sus acciones. Con estas conductas se ha infringido el artículo 17 del Protocolo II, que prohíbe tanto ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto -salvo que lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas - como forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con aquél. Esta norma impone además la obligación de tomar todas las medidas posibles para la atención de la población desplazada.

Es claro que  los desplazamientos ocurridos durante las situaciones a las que se refiere este informe no correspondían al género de los permitidos dentro del marco del Protocolo II. Esos desplazamientos no obedecieron a las circunstancias que exige el DIH para justificarlos. Por lo demás, en ninguno de ellos se adoptaron las medidas para que la población civil fuese acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. Los desplazamientos se produjeron a consecuencia de los combates y no previamente con el objeto de proteger a la población civil. De hecho, esta población fue víctima directa de las hostilidades.

Debe advertirse que algunas infracciones al DIH, por su particular gravedad, constituyen crímenes de guerra. Entre ellas se incluyen el homicidio contra personas protegidas, el ataque contra la población civil, el ataque contra los lugares de culto y el desplazamiento forzado.

Es importante anotar que el Estatuto de la Corte Penal Internacional define los crímenes de guerra en relación con los conflictos armados internos. Así, su artículo 8.2 entiende por crímenes de guerra “en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra”, así como “otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional”.

2                    Infracciones al DIH atribuidas a las AUC 

El grupo paramilitar denominado Autodefensas Unidas de Colombia tiene también responsabilidad en los hechos ocurridos en Bojayá los días 1 y 2 de mayo, en los cuales, durante un enfrentamiento con las FARC-EP, murieron 119 civiles, fueron heridos alrededor de 80 y resultaron destruidos varios bienes civiles.

Aún cuando la muerte de esos civiles fue consecuencia directa de las pipetas lanzadas por las FARC, los paramilitares comprometen su responsabilidad en materia humanitaria al haber expuesto a la población civil a los peligros de las acciones militares.

En este sentido, la conducta de los paramilitares, violatoria de los principios de distinción y de inmunidad de la población civil, constituye un ataque a la población civil y, por ende,  una infracción al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y al artículo 13 del Protocolo II..

Como arriba se dijo, el Derecho Internacional Humanitario exige garantizar la protección de la población civil en toda circunstancia. En este sentido, el artículo 13 del Protocolo II determina que la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Esto debe entenderse en cualquier contexto, sea ofensivo o defensivo. Según la interpretación del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la norma citada, el deber de protección implica para los combatientes no sólo abstenerse de atacar, sino también evitar y, en todo caso, reducir a un mínimo las pérdidas incidentales y en tomar medidas de salvaguarda.[47]

Es claro que al participar en acciones bélicas en el seno de un poblado en el cual se encontraban presentes numerosos civiles, los paramilitares no respetaron la obligación de proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades. Asimismo, esos combatientes, al ubicarse en las cercanías de los lugares y edificaciones en las que se habían refugiado los civiles, no sólo no redujeron al mínimo las pérdidas incidentales ni tomaron medidas de salvaguarda, sino que, por el contrario, incrementaron el riesgo y la exposición de esos civiles.

Adicionalmente a lo señalado, los paramilitares han incumplido la obligación contenida en el artículo 16 del Protocolo II, relativa a la protección de los bienes culturales y de culto y  a la prohibición de utilizar los bienes protegidos en apoyo del esfuerzo militar. Es de señalar que esto implica el deber de “tomar todas las medidas posibles para intentar impedir su utilización en apoyo del esfuerzo militar (...) a fin de evitar su destrucción o deterioro”.[48] En la medida en que algunos miembros del grupo paramilitar intentaron ingresar a la iglesia de Bellavista y, ante la oposición de la comunidad, permanecieron en las cercanías del templo, expusieron no sólo a la población civil sino también el inmueble protegido.

Las AUC tienen, además, responsabilidad por su actuación y presencia en los cascos urbanos de Bellavista y Vigía del Fuerte, durante los días posteriores al 2 de mayo. Con ello volvieron a exponer a la población civil a posibles ataques.  Con estas conductas se han infringido también los principios humanitarios aludidos, así como la exigencia de protección de la población civil.

Por otra parte, las AUC son responsables de los desplazamientos sucesivos y masivos de la población civil de la región, generados por las acciones y amenazas de este grupo y por los combates en los que sus integrantes participaron. Estas conductas violan el artículo 17 del Protocolo II.

Considerando que fueron atribuidos a los paramilitares los robos de víveres, enseres y embarcaciones pertenecientes a la población civil de Bellavista, las AUC son responsables de pillaje. Con esta conducta se ha infringido el artículo 4.2.g) del Protocolo II Adicional a los 4 Convenios de Ginebra.

Son aplicables a los paramilitares las consideraciones ya hechas sobre crímenes de guerra en la sección destinada a examinar la responsabilidad de las FARC-EP.

3            Responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH

En el presente acápite se recogen los resultados de la observación de la Oficina con respecto a las responsabilidades que en los hechos materias de este informe corresponden al Estado a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de DIH.

Según estas normas, el Estado tiene obligaciones de prevención, protección y garantía. A su vez, la responsabilidad del Estado puede generarse tanto por acción como por omisión.

“Las acciones y omisiones contra derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos, o en normas del derecho internacional general, constituyen  violaciones de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos del Estado o a particulares que obran por instigación, con el consentimiento o con la aquiescencia de las autoridades.

“Como se acaba de indicar, además de las acciones u omisiones directamente atribuidas a los servidores públicos, los actos de los particulares o de grupos que no ejercen funciones públicas pueden igualmente comprometer la responsabilidad internacional estatal. Estas acciones y omisiones están vinculadas con las obligaciones de proteger, prevenir, adoptar la legislación interna pertinente – así como de abstenerse de adoptar legislación contraria a las normas internacionales- de sancionar a los responsables y de proveer adecuada reparación a las víctimas.

“En esta materia existen cuatro supuestos de conductas de individuos particulares, que obrando solos o como miembros de grupos no estatales, deben ser consideradas en relación con la responsabilidad del Estado: a) Las conductas que son producto de la instigación de servidores públicos; b) las que se realizan con el consentimiento expreso o tácito de dichos servidores; c) las que se producen gracias a la tolerancia manifiesta de agentes estatales; y d) las que resultan del incumplimiento del deber de garantía que tiene el Estado. En este último supuesto, “la responsabilidad del Estado puede resultar no sólo de la falta de vigilancia en la prevención de actos dañosos, sino también de la falta de diligencia en la persecución penal de los responsables y en la aplicación de las sanciones civiles requeridas”[49]. Si bien la obligación estatal de prevenir es de medio o de comportamiento –no de resultado- y ella no se incumple por la mera existencia de una violación, un elemento clave para determinar ese incumplimiento es el carácter sistemático del mismo.  

“A su vez, en cuanto al tipo de responsabilidad, debe recordarse que ésta será por omisión cuando se incumpla el deber de garantía, en la medida en que este incumplimiento no sea deliberado, y que no haya participación de agentes estatales, ni en la preparación, cobertura o encubrimiento. La responsabilidad será por acción cuando agentes estatales se han visto involucrados en la preparación de los hechos criminosos, la participación en los mismos o en el encubrimiento o protección de sus autores. Con base en la existencia de una responsabilidad por la existencia, el desarrollo y la expansión del fenómeno paramilitar, y las diversas conductas arriba referidas, la Alta Comisionada ha considerado reiteradamente en sus diversos informes sobre Colombia que las acciones de los grupos paramilitares comprometen la responsabilidad estatal por la violación de los derechos humanos. 

“En el marco del derecho internacional humanitario, también se pone en cabeza de los Estados la obligación de respetar y hacer respetar estas normas, exigiendo no sólo conductas negativas o de abstención, sino también la actuación positiva para prevenir infracciones, sancionarlas, y proteger a la población civil, incluyendo el deber de asistencia. De esta manera, los mismos criterios arriba expuestos son aplicables en esta materia”.[50]

a)            Obligación de prevención:

En cuanto a la prevención, preocupa a la Oficina la falta de respuesta oportuna y eficaz de las autoridades encargadas de adoptar las medidas para evitar la ocurrencia de los hechos objeto de este informe. Considerando las alertas formuladas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y esta misma Oficina, debe descartarse la posibilidad de que las instituciones estatales desconocieran la existencia de los riesgos que afectaban a la población civil del Atrato Medio.

La prioridad de protección del derecho a la vida que debe guiar la actuación del Estado no fue implementada de manera oportuna.  Más allá de la actuación puntual frente a los hechos descritos en el presente informe, la obligación de prevención implica la adopción de todas las medidas que incidan sobre los factores de riesgo para una población. La débil presencia del Estado en la región no favorece la implementación de mecanismos efectivos de prevención.

El incumplimiento de la obligación de prevenir viola particularmente el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A estas disposiciones cabe agregar los artículos 6 del Pacto y 4 de la Convención Americana, los cuales protegen el derecho a la vida.

El incumplimiento del deber de prevención acarrea la responsabilidad en las consecuencias que ese incumplimiento genera.

De establecerse formalmente dicho incumplimiento, esto es mediante las investigaciones a cargo de las autoridades competentes, el Estado será responsable por las muertes violentas y lesiones de personas civiles, así como por los daños a los bienes civiles ocurridos en los hechos descritos en este informe. Esta responsabilidad genera igualmente la obligación de reparación a las víctimas y familiares.

La obligación de prevenir está vinculada a la obligación de garantizar, es decir, de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos y la protección de los mismos. En este sentido, otro elemento de preocupación para la Oficina es el hecho de que no hubiera habido actuación de la fuerza pública ante el paso de los paramilitares por los retenes y puestos de control en el recorrido que hicieron desde Turbo hacia Vigía del Fuerte. En estos casos la omisión del Estado puede constituir una violación a los derechos humanos y comprometer la responsabilidad estatal por los acciones de esos grupos ilegales.

El Estado tiene además la obligación de prevenir los desplazamientos forzados de la población.  Esta obligación se incumple si las autoridades omiten su deber de atender con solicitud, rapidez y eficiencia las alarmas, avisos y advertencias que se les dirijan para ponerlas al tanto de la posibilidad de la ocurrencia de hechos que puedan obligar a las personas a abandonar sus hogares y sitios de trabajo.[51]

La Oficina ha tomado nota de la decisión del Procurador General de la Nación, Doctor Edgardo Maya, de realizar al respecto “las investigaciones disciplinarias pertinentes a efectos de determinar por qué razón los organismos del Estado encargados de brindar garantías de seguridad y protección a la población civil del Chocó no adoptaron las medidas más eficaces, oportunas y adecuadas para evitar que se produjese un hecho tan trágico y grave como el ocurrido”.[52]

b) Obligación de respeto y protección:

El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos reconocidos en las normas nacionales e internacionales, así como de proteger a todas las personas sometidas a su jurisdicción contra las violaciones a los mismos.

Esa obligación se incumple cuando acciones u omisiones de las autoridades, o de particulares que proceden con su apoyo, tolerancia o aquiescencia, vulneran o amenazan los derechos fundamentales de las personas. Debe considerarse como conductas omisivas de las autoridades todas aquellas que implican un incumplimiento manifiesto de su deber de adoptar medidas oportunas y eficaces para impedir que los derechos de personas individuales o de grupos de personas sean afectados por actos de violencia.

En el caso que nos ocupa, es claro que la ausencia o la presencia insuficiente de los agentes del Estado en la región aumentaron la vulnerabilidad y el riesgo de la población civil del Atrato Medio, expuesta a la acción de los grupos armados ilegales.

El marco dentro del cual debe establecerse la responsabilidad concreta del Estado por la falta de protección de los ciudadanos del Atrato Medio debe evaluarse según los criterios expuestos en la jurisprudencia nacional, del todo compatibles con los principios internacionales. La Corte Constitucional ha señalado: “... Parte esencial del respeto por los derechos constitucionales se edifica sobre la obligación del Estado de proteger a los titulares de tales derechos... La defensa de los derechos no se limita a la abstención estatal en violarlos. Comporta (....) enfrentar a los agresores de tales derechos”.[53]

En este orden de ideas, la responsabilidad estatal por el incumplimiento de la obligación de proteger a la población del Atrato Medio deberá discernirse mediante el examen de las conductas asumidas por las autoridades civiles y militares que frente a esa población tenían deberes de garantes.

Preocupan a la Oficina las declaraciones de autoridades civiles y militares que en el caso del Medio Atrato negaron tanto la existencia de combates entre paramilitares y guerrilleros como la presencia de grupos paramilitares en la región.[54] Resulta evidente que las perspectivas de actuación estatal quedan reducidas al mínimo si las autoridades se niegan a aceptar la existencia de los problemas y la inminencia de los peligros. Por otra parte, si esa negativa resulta injustificable frente a la entidad de los hechos, el incumplimiento de la obligación de protección deja de ser solamente omisivo para pasar al plano de las conductas comisivas.

Cabe igualmente evaluar la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos en Napipí arriba relatados. La realización de acciones bélicas sin atender los principios humanitarios de limitación, distinción y proporcionalidad constituye una infracción del artículo 13 del Protocolo II.

La evaluación de la responsabilidad estatal debe hacerse extensiva a los hechos del 9 y 10 de mayo, referidos a la llegada a Vigía del Fuerte de avionetas con miembros de las AUC y a las denuncias de reuniones celebradas allí entre paramilitares y miembros de las fuerzas castrenses. De ser confirmadas, estas actuaciones pondrían de presente una participación directa de agentes del Estado en las actividades criminales de un grupo armado al margen de la ley.

Otro elemento de preocupación para la Oficina es el hecho de que el desplazamiento de la población de la región se incrementó de manera significativa luego de la llegada de las fuerzas armadas al lugar de los hechos.[55]  Si las autoridades no tomaron todas las medidas necesarias, oportunas y eficaces para evitar ese desplazamiento comprometieron la responsabilidad estatal tanto en materia humanitaria como de derechos humanos. Esa conducta es incompatible con el artículo 17 del Protocolo II y con los principios 5 a 9 de la sección II de los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Forzado.

De los deberes de protección hace parte la atención de la población desplazada. En esta materia, la Oficina reconoce los esfuerzos realizados por la Red de Solidaridad Social, la Alcaldía de Quibdó y otras autoridades nacionales, departamentales y municipales. Este reconocimiento es extensivo a la Diócesis de Quibdó y a las organizaciones no gubernamentales ACIA, OREWA[56] y Cruz Roja Colombiana. Sin embargo, la Oficina lamenta que algunas autoridades hayan atribuido el aumento de personas desplazadas al supuesto interés de las mismas en beneficiarse con la ayuda humanitaria.

c) Obligación de garantía:

El Estado está obligado también a garantizar los derechos cuya protección le compete con el fin de hacer efectivos su ejercicio, goce y disfrute.

Dentro de las actividades garantistas del Estado se halla la relacionada con la administración de justicia en materia de violaciones de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario.

Sin embargo, para que la actuación de las autoridades judiciales sea compatible con los principios internacionales es necesario que se desarrolle en condiciones de plena independencia e imparcialidad. Esto implica la ausencia de influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones, sean ellas directas o indirectas.[57] Preocupan a la Oficina las declaraciones del Fiscal General de la Nación, doctor Luis Camilo Osorio, en las cuales se hacen afirmaciones relacionadas con la valoración de los hechos objeto de este informe, estando pendientes las conclusiones de una investigación judicial sobre los mismos[58]. También inquietan a la Oficina declaraciones de otras autoridades civiles y militares que podrían llegar a afectar la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales relacionados con el caso del Medio Atrato.[59]

Los deberes de prevención, protección y garantía del Estado con respecto a los derechos humanos se incumplen cuando las autoridades toleran, apoyan o prestan su aquiescencia a la actividad de grupos armados al margen de la ley.  Entre los hechos a que se refiere este informe hay varios que deberán ser investigados para establecer el grado de responsabilidad estatal en la actuación del grupo paramilitar.

La Oficina lamenta profundamente los incidentes registrados en materia de las garantías de seguridad y de cooperación ofrecidas por el Gobierno para la realización de la misión al Medio Atrato.  Más preocupantes aún fueron las declaraciones ligeras, descalificatorias e irrespetuosas emitidas por altos funcionarios del Estado, entre ellos el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, el Director Nacional de Fiscalía, Justo Pastor Rodríguez, y los generales Fernando Tapias, Jorge Enrique Mora, y Mario Montoya. Esta situación ha puesto en peligro la seguridad e integridad del Director de la Oficina y la de su equipo, razón por la cual la Alta Comisionada tuvo que pronunciarse enérgicamente al respecto.[60]

Finalmente, la Oficina considera que los hechos descritos en este informe ponen en evidencia el alto costo en términos de vidas humanas que conlleva buscar la solución del conflicto armado colombiano por la vía de las armas.  El fin de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP ha contribuido a acentuar la degradación del conflicto y a incrementar el número de personas cuyos derechos fundamentales se ven afectados por el desarrollo de las hostilidades.

V            RECOMENDACIONES

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluye este informe con las siguientes recomendaciones:

En materia judicial y disciplinaria

1.- La Oficina insta a la Fiscalía General de la Nación a adelantar, dentro de plenas condiciones de independencia e imparcialidad la investigación penal que permita, sin dilaciones indebidas, identificar a los autores o partícipes de las conductas realizadas en el transcurso de los hechos de violencia relatados y analizados en este informe, y acusarlos ante los jueces competentes. La actuación judicial debe permitir igualmente la identificación de las víctimas, —si fuere necesario, con el concurso de expertos internacionales en antropología forense—,  con el fin de asegurar el acceso de las mismas y de sus familias a la atención del Estado y a las medidas de reparación. De acudirse a la intervención de expertos internacionales, la Oficina ofrece su disponibilidad y apoyo para su contratación.

La investigación de la Fiscalía deberá establecer:

a) La responsabilidad de los integrantes de las FARC-EP en los hechos objeto de este informe, incluyendo el ataque al casco urbano de Bellavista.

b) La responsabilidad de los integrantes de las AUC en los hechos descritos en este informe, incluyendo sus operaciones militares en el casco urbano de Bellavista.

c) La responsabilidad de los servidores públicos que, teniendo posiciones de garante con respecto a la protección de la vida, la integridad personal y otros bienes jurídicos fundamentales de los pobladores de Bojayá, entre ellos el derecho a no ser desplazado, omitieron el deber estatal de proteger a los hombres, mujeres y niños que allí resultaron víctimas de la inactividad del Estado, de la violación de los derechos humanos y del desconocimiento del derecho internacional humanitario.

d) La responsabilidad de los servidores públicos por cuyas acciones u omisiones fue posible a los paramilitares transportarse fluvialmente desde Turbo hasta Bellavista.

e) La responsabilidad de los servidores públicos que, en el desarrollo de los operativos militares realizados en el Medio Atrato con posterioridad a los hechos de Bojayá, incurrieron en conductas constitutivas de infracciones al DIH.

2.- La Oficina insta igualmente a la Fiscalía General de la Nación a abrir y a adelantar una investigación penal exhaustiva sobre la responsabilidad que quepa a servidores públicos por la presencia persistente de los miembros de grupos paramilitares en Vigía del Fuerte y Bellavista, a pesar del control ejercido por la fuerza pública del Estado, a partir del 7 de mayo, en uno y otro municipio. Dicha investigación deberá cubrir el examen de los hechos relacionados con la llegada de avionetas con paramilitares a Vigía del Fuerte, los días 9 y 10 de mayo, y las denunciadas reuniones entre miembros de la AUC e integrantes de las fuerzas militares.

3.- La Oficina alienta los esfuerzos de la Procuraduría General de la Nación para establecer si incurrieron en falta disciplinaria, por incumplimiento de sus deberes, aquellos servidores públicos que tras recibir alertas y advertencias sobre la situación de riesgo afrontada por los habitantes del Medio Atrato se abstuvieron de adoptar medidas oportunas y adecuadas para conjurar ese peligro. La Oficina recomienda que la actuación se extienda a establecer la responsabilidad de los servidores públicos en relación con los hechos a los que se refieren en los puntos 1, c), d) y e) y 2.

4.- La Oficina insta al Estado a garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario cometidas en Bojayá, en los términos de los instrumentos internacionales sobre la materia, sus derechos de acceso a la justicia, reparación del daño sufrido y acceso a la información fáctica sobre dichas violaciones e infracciones. Dentro de esta garantía deberá asegurarse el acceso de las víctimas a los servicios jurídicos, médicos, psicológicos, sociales, administrativos y de otra índole que se hallen a disposición de las personas afectadas.

En materia de orden público

La Oficina urge al Gobierno a adoptar para la región del Atrato un plan de acción que permita afrontar con rapidez y solicitud, mediante mecanismos de prevención oportuna y reacción inmediata, la amenaza constante que para la población civil de la zona constituye la presencia de los grupos armados ilegales cuyas operaciones militares, incursiones, tomas, retenes y otros actos de fuerza han puesto en permanente peligro a los habitantes de los municipios sobre los cuales han llegado a ejercer, de manera estable o esporádica, su control territorial.

La Oficina exhorta al Estado a adoptar, en concertación con los representantes y voceros de las comunidades afectadas, todas las medidas necesarias y adecuadas para que la población del Chocó, y en particular del Medio Atrato, cuente con la presencia efectiva de las instituciones estatales que garanticen el goce y ejercicio de sus derechos humanos. En este sentido, la Oficina considera importante que el Gobierno brinde su apoyo político y financiero para la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en dicha región.

El Gobierno deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal, la libertad individual y la seguridad de las personas vinculadas a las organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas que en la zona del Medio Atrato se ocupan, en muy diversas formas, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las comunidades indígenas y afro colombianas.

En materia de desplazamiento

De acuerdo con las normas nacionales e internacionales que regulan la materia,[61] la Oficina insta a las autoridades competentes a adoptar todas las medidas necesarias, a fin de prevenir ulteriores desplazamientos de la población de la región del Medio Atrato.

En particular, recomienda a la Red de Solidaridad Social que incremente la atención humanitaria de emergencia para las comunidades asentadas a orillas de los afluentes del río Atrato, así como en sus dos brazos, los de Montaño y Murindó. En este sentido, es importante que de tal atención no se excluya a las personas que, aun sin haberse desplazado por los hechos objeto de este informe, padecen desde hace un mes el bloqueo de alimentos y combustible impuesto por los grupos armados al margen de la ley.

La Oficina alienta al Estado, y en particular a la Red de Solidaridad Social, a continuar los esfuerzos en materia de asistencia humanitaria de emergencia para la población afectada por la situación en el Medio Atrato, con la asesoría del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La Oficina recomienda que al implementar esta atención se aplique una interpretación equitativa, flexible y garantista de las normas que fijan plazos máximos para tener derecho a esa atención.[62]

La Oficina exhorta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a que intensifiquen la coordinación con las organizaciones locales de la sociedad civil en materia de ayuda humanitaria de emergencia. En particular, deben fortalecerse los mecanismos de participación, que involucren a los representantes de la población desplazada, de los pueblos indígenas y afro-colombianos, y de las mujeres,[63] a fin de asegurar el respeto de las diversidades étnicas, culturales y de género en la distribución de la ayuda humanitaria de emergencia.

La Oficina reitera que las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o, en su defecto, su reasentamiento voluntario en otra parte del país.[64]

En materia de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales

La Oficina urge al Estado a cumplir sus compromisos derivados del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, y a asegurar a todos los habitantes del departamento del Choco, incluyendo a los de la región del río Atrato el goce de esos derechos, con el fin de lograr una reducción significativa de la discriminación, la marginación y la brecha de inequidad que hoy los afectan.

En materia de cumplimiento del DIH

La Oficina reitera que la fuerza pública del Estado, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares deben aceptar, sin distingos, salvedades o reparos, su obligación de dar cumplimiento estricto a los principios y normas del derecho internacional humanitario. Como prueba fehaciente de tal aceptación, las partes deberán no sólo abstenerse de dirigir ataques contra la población civil como tal o contra personas civiles, sino también limitar, en todo caso, los efectos de las operaciones militares que puedan afectar a personas protegidas por el DIH.

En materia de cooperación con la Oficina

Para hacer frente a los lamentables incidentes en materia de cooperación y de seguridad ya expresados, la Oficina insta a las autoridades civiles y militares a dar cumplimiento a la obligación de cooperar para el pleno desarrollo de su mandato mediante la adecuada divulgación de sus funciones a todos los servidores públicos, así como la exigencia de respeto a las mismas. Adicionalmente, la Oficina urge al Gobierno a la adopción de medidas complementarias de seguridad para su personal y sus instalaciones.

En materia de paz

La Oficina hace un llamado al Gobierno colombiano y a la sociedad civil del país a reflexionar sobre el costo en vidas humanas que conlleva la pretensión de solucionar militarmente el conflicto armado, y sobre la necesidad de comprometerse en la búsqueda de una paz negociada. En este sentido, urge al Gobierno y a las FARC-EP a reiniciar los diálogos encaminados a poner fin al conflicto armado y a considerar como requerimiento prioritario, urgente e impostergable la adopción de un acuerdo global de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, cuyas cláusulas permitan detener la actual degradación de la contienda armada y mejorar el respeto por los derechos fundamentales.