Acuerdos del Catatumbo, una oportunidad para Colombia

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Por: Todd Howland

Somos garantes en los acuerdos del Catatumbo firmados en 2013 entre el Gobierno y un grupo de campesinos de la región. Los acuerdos definen hacer inversión para mejorar el nivel de respeto de derechos humanos, incluyendo invertir en infraestructura y ofrecer apoyos individuales para sustitución de cultivos de coca.

La academia ha demostrado que la participación real de los afectados en estos procesos es el mejor camino para resolver un problema. Y las obligaciones de derechos humanos ordenan que las personas afectadas por una decisión participen de aquello que es de su interés. Por este motivo, los acuerdos del Catatumbo, históricos, deben ser tratados como un proyecto piloto importante para el país.

Los acuerdos del Catatumbo de 2013, si se implementan completamente, demostrarían que es posible transformar regiones cultivadoras de coca si el Gobierno y los cultivadores trabajan conjuntamente para mejorar los niveles de respeto por los derechos humanos, incluyendo: salud, educación y acceso a oportunidades.


Con respecto a los acuerdos del Catatumbo, se han alcanzado logros en la adjudicación de apoyos de sostenimiento individuales y en la sustitución de cultivos, y, en cambio, se ha progresado poco en lo relacionado con infraestructura. Esto último es fundamental para hacer que los incentivos a la producción agrícola invertidos sean sostenibles. Es importante destacar que los acuerdos relativos a infraestructura se relacionan con obligaciones preexistentes del Gobierno en materia de derechos humanos para eliminar la discriminación en el acceso a servicios públicos. Siendo esto fundamental para garantizar a aquellos que viven en el Catatumbo el mismo nivel de acceso a derechos básicos que otros colombianos.

La zona rural del Catatumbo sufre índices de pobreza del 80% y el acceso de sus habitantes a servicios públicos tales como la salud, educación y movilidad, es extremadamente precario.

En los predios de las personas que están dentro de los acuerdos del Catatumbo, la sustitución de coca es la realidad, no la excepción. Si los acuerdos relativos a vías, acceso a salud y reconocimiento de otros derechos humanos fueran completamente implementados, otros campesinos que cultivan hoja de coca podrían interesarse y probablemente comprometerse con programas similares.

Las estimaciones del costo de fumigaciones aéreas son variadas. Un estudio de 2015 del Brookings Instituto indica que los costos aproximados de la fumigación por hectárea son de 2.400 US, con una efectividad del 4.2%. El costo de la erradicación por hectárea alcanza la exorbitante cifra de 57.150 US. Mientras, el precio de la hoja de coca producida en una hectárea es de solo 450 US.

El Gobierno debe garantizar los derechos económicos de una manera progresiva y tiene la obligación de maximizar sus recursos humanos y financieros para cumplir sus obligaciones de derechos humanos. Cuando hay más dinero el Gobierno tiene que mostrar un nivel más alto de respeto por los derechos humanos.

Por este motivo, el Gobierno debería evaluar la inversión en fumigación y ver si va a usar dicha inversión de forma que maximice el respeto por los derechos humanos, por ejemplo: invertir el dinero en trabajar con los cultivadores de coca puede ser una fórmula más efectiva de sustitución que mejorará el nivel de respeto por los derechos de todos los colombianos.

Colombia necesita elevar el nivel de respeto por los derechos humanos en las áreas rurales aisladas, al mismo tiempo debe atender el problema de la producción de coca. La implementación plena de los acuerdos del Catatumbo le ofrece al país la oportunidad no solo de contar con un modelo histórico de acuerdos, sino con la garantía de superar estos dos retos.

*Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU.

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