“El efecto del homicidio de un defensor de DD.HH estremece tanto como un terremoto”

Escrito por Revista Semana el .


SEMANA habló con Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, sobre la oleada de asesinatos que sacude el país. Dice que “un solo homicidio basta para encender las alarmas” y que la sociedad debe actuar con más empatía”.
SEMANA: ¿Le preocupa la situación actual de los líderes sociales y defensores de derechos humanos del país?

Alberto Brunori.: Por supuesto que nos preocupa mucho. Como lo dijo la Alta Comisionada Michelle Bachelet, el 1 de septiembre pasado en su posesión: “los defensores de derechos humanos en el continente americano afrontan riesgos cada vez más graves como resultado de sus legítimas actividades”. En esa fecha, como ahora a comienzos de 2019, instamos a los Estados a que fortalezcan las medidas de protección y prevención encaminadas a abordar rápidamente esta situación de deterioro de sus derechos.

SEMANA: ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está pasando en Colombia?

A. B.: Cómo lo hemos dicho antes persisten factores estructurales que llevan a los homicidios, amenazas, hostigamientos, estigmatización y censura. La falta de presencia integral del Estado en todas las regiones, la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación, sumado a la pobreza y a la alta tasa de desempleo, aumentan el riesgo para los y las defensoras. El vacío de poder dejado durante la desmovilización de las Farc y la llegada de nuevos grupos armados ilegales y delictivos ha dado lugar al aumento de la violencia. Sabemos también que varios defensores de DDHH en áreas rurales han sido asesinados por apoyar políticas derivadas del acuerdo de paz con las Farc como la sustitución de cultivos, otros por buscar la restitución de sus tierras y los presidentes presidentes de juntas de acción comunal están siendo amenazados, extorsionados por grupos armados.

Por otro lado, al no avanzar el proceso de paz con el ELN, muchas comunidades y defensores de DDHH en Choco, Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Arauca se ven atrapados y afectados por el fuego cruzado. Catatumbo, por ejemplo, registra los mayores niveles de desplazamiento, según la Defensoría del Pueblo 35.000 personas fueron desplazadas en 2018 de esta zona. Los combates entre esa guerrilla y EPL tienen un alto costo para las comunidades y los y las defensoras. La problemática de homicidios, amenazas y censura afecta también a periodistas y poblacion LGBTI.

SEMANA: ¿Qué cifras se manejan desde la ONU?

A. B.: Estamos pensando en articular esfuerzos aportando la metodología de la ONU y confrontarla con otros métodos como por ejemplo el de la Defensoría del Pueblo para apoyar al Estado en consolidar sus propias estadísticas. En 2018 recibimos información sobre alrededor de 139 homicidios de defensores, defensoras y líderes; y 7 más en 2019. Pero como lo hemos dicho antes un solo homicidio basta para encender las alarmas y uno solo es inadmisible e inaceptable en cualquier sociedad del mundo.

SEMANA: ¿Quiénes son las principales víctimas?

A. B.: Defensores de DDHH: indígenas, campesinos, afro colombianos, y mujeres que promueven el acuerdo de paz; en particular lideres y líderesas quienes están en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Putumayo. Además, presidentes de juntas de Acción Comunal, personas que exigen DDHH -civiles y políticos y económicos- en lugares marginados, defensoras y defensores que buscan la restitución de sus tierras o la sustitución de cultivos ilícitos. Quienes defienden el territorio, los derechos ambientales y colectivos y que se oponen en varios casos a megaproyectos.
También están afectados periodistas y la población LGBTI.

SEMANA: ¿Qué fenómeno están observando ustedes en los territorios en relación a este tema?

A. B.: En Colombia el conflicto social suele intensificarse en zonas donde se llevan a cabo megaproyectos y donde resultan afectados, Indígenas, campesinos y afrocolombianos como lo señaló el Relator de la ONU sobre defensoras y defensores.

SEMANA: ¿Qué sigue ahora que la Fiscalía reconoció que hay dos tipos de sistematicidad en los homicidios?

A. B.: El tema está en la urgencia de abordar la impunidad. Debe darse prioridad a la investigación, juzgamiento y sanción no solo de los autores materiales de los homicidios sino de los intelectuales. El Relator recomendó que la Ffiscalía coopere con la oficina del defensor del pueblo para complementar su registro de casos, la Procuraduría también debe dar prioridad a la vigilancia y sanción. Por otro lado, debe darse una lucha contra la corrupción en todos los niveles del país.

El gobierno debe concentrar sus esfuerzos en proteger a quienes están vivos.

SEMANA: ¿Para los líderes sociales en Colombia hay un antes y un después tras la salida de las Farc de los territorios?

A. B.: Lamentablemente sí, la no llegada de políticas integrales del Estado -en materia de salud, educación, empleo,etc- y la implementación lenta del acuerdo de paz sirvió -de cierta forma a la llegada de nuevos grupos armados y de grupos de delincuencia que se disputan el territorio y las economías ilícitas. Todo esto ha agravado la situación de defensa de DD.HH.

SEMANA: ¿Cómo cambia un territorio cuando se asesina un defensor y cuál es esa cadena de efectos que se desprenden?

A. B.: Uno puede decir que se desestructura y debilita el Estado democrático y el Estado de derecho. Un defensor o una defensora trabaja por los derechos de todas las personas. Al asesinarlos, amenazarlos, hostigarlos o estigmatizarlos se busca acallar una voz, censurarlos, sembrar violencia y aterrorizar a las comunidades para limitar su libertad de expresión, de participación política, de exigencia pacífica de DDHH. Esto provoca adormecimiento, silencio y un estancamiento de la sociedad en todos los sentidos. Al mismo tiempo, una ola fuerte de violencia y las más de las veces impunidad. El efecto de los homicidios es destructor. Uno podría dar el ejemplo metafórico de un terremoto. Ese estremecimiento y daño causa el asesinato de defensores de derechos humanos para las comunidades.

SEMANA: ¿Qué caracteriza a un defensor de DDHH y a un líder social?

A. B.: Un defensor o defensora -de acuerdo con la declaración de defensores de la ONU- es quien defiende algún DDHH -no importa el periodo de defensa de ese derecho o si lo hace de forma individual o colectiva- por lo general en Colombia muchos líderes y lideresas asesinados son defensores de DDHH.

SEMANA: ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados a la hora de garantizar la vida de los defensores?

A. B.: El Estado tiene la obligación de prevenir, proteger y respetar la vida de los y las defensoras. El Estado no puede escatimar esfuerzos para protegerlos a través de políticas, medidas y acciones que les garanticen respeto a su vida digna y a su labor. Nosotros confiamos en que haya una clara voluntad política de hacer frente a la violencia extrema contra defensoras y defensores en Colombia y hemos escuchado un interés marcado del Presidente y otras autoridades en esta materia.

SEMANA: Y... ¿qué podría hacer la comunidad internacional?

A. B.: Nosotros como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos acompañamos de cerca a defensoras y defensores en varias zonas del país, también asesoramos y llevamos los casos a las autoridades del Estado para que las decisiones que tomen estén de acuerdo con el marco internacional de protección; abrimos los ojos y ponemos nuestro trabajo y cooperación para ayudar a Colombia. El Relator de la ONU volverá este año al país y se de varias Embajadas que están comprometidas en su apoyo al Gobierno y a los defensores. Estamos aquí acompañando, apoyando y trabajando, pero le corresponde al Estado la mayor parte de la responsabilidad y la sociedad también debe actuar con empatía y en sintonía con el respeto a la defensa de los DDHH y el respaldo Público a los y las defensoras.

SEMANA: ¿Cree que el derecho a la paz no pasa más allá de las buenas intenciones?

A. B.: El derecho a la paz se construye con la garantía de todos los derechos humanos, para todas las personas, en todos los territorios, sin discriminación y exige que todas y todos trabajemos juntos para disfrutar tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales.

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