ONU Derechos Humanos en los Medios - Año 2017

Colombia debe hacer las transformaciones necesarias para evitar riesgos en el proceso de paz

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A pesar de todos los elogios internacionales, incluyendo los de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, Colombia no debe confundir los importantes acontecimientos positivos y actuar como si el proceso de paz fuera ya un éxito.
El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Farc además de ser innovador tiene un gran potencial. Los elogios son bien merecidos. Pero los elogios sobre la calidad del acuerdo no deben ser confundidos con un proceso de paz exitoso. Como lo dijo Madame Blavatsky: la alabanza lleva al autoengaño. 

A pesar de todos los elogios internacionales, incluyendo los de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, Colombia no debe confundir los importantes acontecimientos positivos y actuar como si el proceso de paz fuera ya un éxito. 

En el mundo hay más fracasos que éxitos en la implementación de los acuerdos de paz. Colombia no está lista para el próximo paso en el proceso: la reincorporación de exmiembros de las Farc. El pronóstico actual sobre la seguridad de los exmiembros de las Farc es de alto riesgo.

Mientras que el acuerdo está bien conceptualizado, el calendario real de implementación está lejos de ser coherente. Aspectos del proceso de paz, como la salida de las Farc de sus zonas de influencia empezaron antes de que haya tenido algún impacto en terreno la inclusión política y económica de quienes viven en áreas afectadas por el conflicto y la transformación de las economías ilícitas que sostuvieron a las Farc.

El problema, aunque este haya sido previsto en el Acuerdo de Paz, es que otros grupos ilegales están intentando consolidarse en estas áreas que ya no están bajo la influencia de las Farc y donde el Estado aún es débil. Estos grupos ilegales ofrecen trabajo, mientras que el programa de reincorporación sigue sin definición ya que las partes no han logrado ir mucho más allá de un acuerdo marco. La mayoría de los exmiembros de las Farc no tienen ni idea de lo que van a hacer en los próximos meses.

Homicidios de defensores

El incremento de los homicidios de los defensores de derechos humanos en 2017 es una buena forma de medir las amenazas que enfrentarán los exintegrantes de las Farc. Cerca del 70 por ciento de estos homicidios están concentrados en zonas que antes estaban bajo influencia de las Farc y donde hay economías ilegales (ej. coca y minería de oro); además en estas zonas los índices de pobreza son muy altos. Un líder en estos lugares, por muchas razones, está en peligro.

Si los exmiembros de las Farc regresan a estas áreas antes de la transformación económica, incluso si están ocupados cultivando yuca, están en riesgo. Pueden ser asesinados por razones políticas, por apoyar el proceso de paz, por ser una amenaza para el dominio de los nuevos grupos ilegales en la zona, por venganza, por saber quiénes son los disidentes, por saber quiénes son los narcotraficantes y los empresarios vinculados a la economía ilegal y por saber quiénes de las fuerzas armadas y el sector político colaboraron con las Farc para facilitar sus negocios ilegales.

Ya estamos viendo esto. 20 personas entre desmovilizados de las Farc (9) y sus familiares (11) han sido asesinados en los últimos meses. Este número no incluye la milicia o redes de apoyo que también han sido asesinados, pero que no entraron en el proceso formal de desmovilización.

Reincorporación

Si bien Colombia tiene uno de los programas de reincorporación más exitosos en el mundo, este principalmente se concentra en lo urbano e individual. Lo anterior tiene sentido ya que la economía es robusta y se crean puestos de trabajo en las ciudades colombianas. Pero los miembros de las Farc, en su mayoría, provienen de la Colombia rural y realmente tienen interés en vivir allí y desmovilizarse de manera colectiva.

Uno de los principales retos que enfrenta Colombia en este momento es que a gran parte de la población no le preocupa lo que les suceda a los exmiembros de las Farc. Para ellos, el proceso de desmovilización no tiene ningún impacto en sus vidas y en su realidad. Esto no es necesariamente cierto.

Una reincorporación fallida podría generar violencia y socavar el crecimiento económico y una reincorporación exitosa podría minimizar la violencia y estimular el crecimiento; todo esto es demasiado lejano para que le importe a la mayoría de la población. Muchos creen que cualquier inversión en este proceso recompensa la conducta criminal y penaliza a los ciudadanos respetuosos de la ley, sin considerar que problemas en la reincorporación, inevitablemente condenarán a los que viven en las zonas de conflicto a la continua marginación y violencia. Otros incluso piensan que si hay homicidios de exintegrantes de las Farc, ellos posiblemente se lo merecían, ignorando la obligación legal que tiene el Estado de proteger a estos nuevos civiles.

Paz sostenible

He vivido y trabajado en Colombia por más de cinco años. Colombia es un lugar muy interesante para trabajar, especialmente para alguien que es responsable de impulsar cambios positivos en los derechos humanos. Siempre he pensado que la gran capacidad humana y financiera de Colombia y la voluntad de innovar, superarán la fuerte resistencia que hay al cambio y el predominio del poder político sobre los derechos humanos. Pero inclinar este equilibrio en favor de los derechos es a menudo muy difícil.

Uno de los desafíos que enfrenta Colombia es el relativismo internacional. Por supuesto que el proceso de paz en Colombia funcionará mucho mejor que en Sudán del Sur, Afganistán o en la República Democrática del Congo, esos son Estados fallidos. Algunas veces, es difícil imaginar cómo las cosas pueden empeorar aún más en estos lugares. Colombia está lejos de ser un Estado fallido. Colombia debe medirse frente a su potencial para crear las transformaciones necesarias para una paz sostenible, aumentar el nivel de respeto a los derechos a la educación, la salud y ofrecer mayores oportunidades en las zonas afectadas por el conflicto.

Como lo dijo Robert F. Kennedy: “Solo aquellos que se atreven a fallar en grande pueden lograr algo grandioso”. Entre los premios, los elogios y los documentales uno puede perder de vista que la razón de este reconocimiento está en el potencial de los acuerdos para cambiar realidades y concretizar cambios medibles en el goce efectivo de derechos; no por haber ya logrado una acertada negociación.

El Acuerdo de Paz tiene muchos aspectos interrelacionados, como por ejemplo el desarrollo rural, la trasformación de las economías ilegales, el reconocimiento de responsabilidades y el trabajo de valor social, reparación para las víctimas y el empoderamiento político de las víctimas en áreas de conflicto. Si la reincorporación de las Farc no refuerza estos aspectos del acuerdo, la probabilidad de que muchos exmiembros de las Farc sean asesinados es alta.

Monitorear este fenómeno no es la solución ya que contar los homicidios de defensores de derechos humanos es algo relativo. Muchos de los actores que están asesinando a estos defensores no están buscando legitimidad y son indiferentes al Estado de derecho. Mientras que las violaciones de los derechos humanos deben motivar al Estado a actuar para proteger a los defensores y líderes sociales, parte de la causa es estructural, lo que requiere inversión y un cambio cultural. Algo difícil para todas las sociedades.

JEP y cambios estructurales

Aunque el Gobierno colombiano no tiene todo los fondos disponibles para implementar plenamente los acuerdos para crear la paz territorial, el Estado, sí podría tener algunos recursos para “dar el salto” y arrancar el proceso: los exmiembros de las Farc y los miembros de las Fuerzas Armadas que podrían estar bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La idea de la justicia transicional que se encuentra en los acuerdos de paz permitiría a aquellos que puedan estar sujetos a la JEP, iniciar trabajos de valor social que eventualmente pueden contribuir a reducir cualquier sanción impuesta. Entre las Farc y las Fuerzas Armadas hay unas 20.000 personas que potencialmente pueden contribuir al desarrollo rural, la transformación económica y la reparación de millones de víctimas.

Idealmente, se podrían establecer 150 nodos de desarrollo rural empezando por las zonas veredales, donde los exmiembros de las Farc, miembros de las Fuerzas Armadas y otras personas bajo la jurisdicción de la JEP que estén interesados en reconocer los crímenes cometidos y comenzar a trabajar en favor de los derechos de sus víctimas, como también voluntarios, instituciones académicas e iglesias, podrían comenzar a trabajar en la implementación los planes existentes con los recursos existentes.

Un ejemplo, la comunidad de Bojayá necesita desesperadamente acceder al mercado para ser parte de la economía moderna colombiana. El Comité de Víctimas de Bojayá indica que ellos viven a menos de 160 kilómetros de Medellín. Ellos han solicitado al Gobierno y a las Farc como parte de su proceso de reconciliación, que haya un medio de transporte para que sus productos lleguen al mercado en Medellín y comenzar a trabajar con iglesias y empresas para crear mercados sostenibles.

Este modelo puede ser utilizado en varios nodos, ya que la falta de acceso a mercados sostenibles es lo que lleva a la gente a las economías ilegales. Las Farc y las Fuerzas Armadas tienen gran experiencia en logística y pueden contribuir a una mejor inclusión económica de las zonas afectadas por el conflicto.

Cada uno de estos nodos de desarrollo debe incluir una modalidad en la cual exmiembros de las Farc y otros que quieren acceder a la JEP, pueden contribuir a mejorar, siguiendo las propuestas y las prioridades elaboradas por aquellas personas que viven en las regiones, acceso a la salud, educación, conectividad, recuperación y protección al medio ambiente, transformación de economías ilegales, y proyectos específicos para escuchar a las víctimas, reconocer crímenes cometidos y trabajar hacia la reconciliación.

Como de costumbre, esto está dentro del alcance de Colombia, pero en la actualidad no parece que Colombia alcance su potencial. La consolidación de nuevos grupos armados ilegales en áreas que fueron influenciadas por las Farc, sigue superando la implementación de los acuerdos, condenando a estas regiones a vivir en medio de la violencia y las economías ilegales. 

Cuando un paciente está en alto riesgo, hay muy poco tiempo para cambiar el resultado. Ahora es el momento para la innovación y tomar acción a partir de la gran capacidad que tiene Colombia.

*Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

http://www.semana.com/opinion/articulo/colombia-debe-hacer-las-transformaciones-necesarias-para-evitar-riesgos-en-el-proceso-de-paz/534633