Un Pacto por los Derechos Humanos: reflejo de retos inaplazables del Estado

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Por Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En cumplimiento del Mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el interés más sincero de poder contribuir a cambiar positivamente la situación de derechos humanos en Colombia hemos invitado a los Candidatos a la Presidencia de la República a firmar y comprometerse con el Pacto Social Por los Derechos Humanos.
El Pacto dice así:
LECTURA DEL PACTO
Pacto Social por los Derechos Humanos

Yo________________________________________________ como candidato a la Presidencia de la República de Colombia me comprometo públicamente a que en mi programa de Gobierno habrá un énfasis especial para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Al mismo tiempo mis acciones de Gobierno impulsarán, en todo el país, y, en particular, en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, la inclusión política, económica y social de las personas que habitan en estas zonas, haciendo efectivos de una forma real el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales.
La propuesta de Pacto Social por los Derechos Humanos surge como iniciativa de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Oficina en su análisis de la situación ha concluido que es importante para evitar el asesinato de líderes, de lideresas rurales y de defensores de derechos humanos, una verdadera inclusión política, económica y social en el país.
Como Candidato a la Presidencia adhiero a este compromiso que debe ser tanto del Estado como de la sociedad.
Marzo 13 de 2018

Me complace poder decir que todos los candidatos han firmado este Pacto ratificando así su compromiso con los derechos humanos. Es evidente que el próximo Gobierno, cualquiera que sea, enfrentará múltiples retos al llevar ese compromiso a la práctica; pero esto no debe desalentarlos, más bien lo contrario.

El cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos juega un rol central en la recuperación de la confianza social, en el ejercicio del poder público y en la consolidación del Estado de Derecho. Este Pacto por los Derechos Humanos se traduce en una ratificación de valores sociales fundamentales para la coexistencia pacífica y brinda un marco común que arropa a todo el espectro político que rechaza y condena todos los actos contrarios a los derechos humanos.

Este compromiso político debe materializarse en acciones concretas en campos que son prioritarios para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia.
En el marco de su mandato y tomando en consideración las recomendaciones de los Órganos de Tratados y del Ejercicio Periódico Universal, EPU, que se realizó el pasado 10 de mayo, la Oficina de ONU Derechos Humanos propone los siguientes cuatro ejes, como puntos de partida ineludibles para el mejoramiento de la situación de derechos humanos en el país.

Reto no. 1: Combatir la impunidad. La impunidad frente a violaciones de derechos humanos del pasado y del presente es contraria a las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos, y genera un ambiente de tolerancia o connivencia con actos atroces que acarrean graves repercusiones. Primero, los responsables de las violaciones ven favorecida su conducta al no recibir sanciones. Segundo, la impunidad profundiza la desconfianza entre las víctimas y las instituciones estatales, al no cumplirse con las expectativas de justicia. Y tercero, envía un mensaje a la sociedad de debilidad del Estado o de complicidad con el crimen, en la medida en que las autoridades no sancionan hechos atroces.

La impunidad de las violaciones, incluyendo los casos de feminicidio o violencia contra las mujeres, ya sea por incapacidad o por falta de voluntad de las autoridades, refuerza los intereses de quienes usan la violencia como método de control social, y amplifica e irradia el mensaje amedrentador y paralizante de cualquier ataque. La falta de sanción se erige como una falla de legitimidad y autoridad del Estado que debe y puede ser superada. La acción de las autoridades debe cobijar todo el espectro de las violaciones, sin fragmentar el universo de casos que demandan verdad y justicia.

Reto no. 2: Brindar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos en Colombia es un ejercicio condicionado por múltiples factores: la falta de garantías para el ejercicio de derechos y libertades; los ataques recurrentes en contra de personas que se dedican a la defensa de los derechos; la operación de regímenes de violencia coercitiva que se instalan para controlar territorios y actividades sociales, económicas y políticas; y el miedo paralizante que ha sido interiorizado por un gran segmento de la ciudadanía colombiana como resultado de la violencia impune. Los ataques letales en contra de personas que defienden los derechos son los síntomas más visibles de un problema más profundo, que debe ser encarado para propiciar un ambiente seguro y tolerante que garantice la libertad de pensamiento y de expresión.

Los ataques físicos y la estigmatización de quienes defienden los derechos producen drásticas limitaciones del espacio de la sociedad civil para participar en los asuntos públicos y reclamar sus intereses a partir de un marco de derechos. El acumulado de violencia y estigmatización, y la falta de condena a los ataques, produce un efecto inhibitorio y de inmovilización en amplios sectores sociales, que experimentan temores a ser perseguidos o sufrir represalias si ejercen sus derechos. El miedo a la violencia conduce a la autocensura y produce parálisis de la acción colectiva necesaria en una sociedad democrática. Se impone entonces redoblar los esfuerzos para garantizar la protección oportuna y efectiva de líderes y lideresas defensores de derechos humanos y miembros de movimientos sociales y políticos, así como fortalecer la participación de las mujeres en todos los niveles de la vida nacional: político, económico, social y cultural.

Reto no. 3: No perder las oportunidades que ofrece la construcción de la paz en Colombia para consolidar un poder estatal respetuoso de los derechos humanos. La consolidación del Estado de derecho requiere la presencia y el fortalecimiento de las instituciones públicas en el nivel local. Además de garantizar la presencia en todo el territorio, el Estado colombiano debe hacer frente a aquellas zonas en las que el poder público está condicionado por la violencia y la corrupción; especial atención merecen las regiones en las cuales la corrupción ha llevado a la desviación del poder estatal para favorecer intereses particulares. La cooptación de la institucionalidad afecta gravemente el goce de los derechos humanos por parte de la ciudadanía y hace nugatorias las garantías para el ejercicio de derechos y libertades. La construcción de legitimidad por parte del Estado implica fortalecer las instituciones para servir a la ciudadanía y al interés general. La presencia estatal en los territorios no puede limitarse al ejercicio formal del poder, o a la presencia armada, sino que debe traducirse en la mejora de la situación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. A manera de concretar, corresponde entre otro garantizar la implementación de la Reforma Rural Integral, tal y como comprometido en los Acuerdos de Paz, formalizar el empleo y garantizar a los trabajadores del sector agrícola condiciones laborales justas y dignas, asignar recursos suficientes al sector salud, garantizar accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y calidad de la atención médica, considerando especialmente las necesidades de los pueblos indígenas y afrocolombianos.

Reto no. 4: Brindar seguridad y proteger derechos. La ciudadanía reclama vivir en condiciones seguras y de tranquilidad. Indudablemente, se trata de un anhelo compartido por pobladores en todo el territorio nacional, tanto en contextos urbanos como rurales. Debe haber una respuesta firme ante las distintas manifestaciones de criminalidad; firme y pero en el pleno respeto de los derechos humanos. Un gran reto de las autoridades es responder a este clamor social de seguridad sin instrumentalizar el miedo para buscar limitaciones inadecuadas a los derechos y a las libertades. La contraposición de seguridad y derechos humanos es un falso dilema: “más y mejor seguridad” no implica aplastar el régimen de derechos. La respuesta a los factores que perturban el orden social tendrá legitimidad y eficacia en la medida en que respete los derechos de todos, incluso los derechos de los infractores de la ley penal. Las sociedades latinoamericanas, y Colombia no es excepción, experimentan una tendencia a sobreexplotar el miedo ciudadano para implantar medidas drásticas fácilmente publicitadas sin atender las causas de la criminalidad. Las respuestas en materia de seguridad deben partir de una comprensión técnica de las manifestaciones de criminalidad, que permita diseñar e implementar medidas racionales para su combate, de la mano de los estándares de derechos humanos.

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Para concluir, quisiera reconocer el compromiso formal que todos los candidatos han manifestado en relación con las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Quien sea elegido tendrá la responsabilidad de materializar ese compromiso y de llevar el pacto a la práctica, mediante sus planes de gobierno. Los cuatro ejes expuestos acarrean retos impostergables, y demandan capacidad técnica, recursos adecuados y, sobretodo, voluntad política.

Esperamos que el pacto sirva como un punto de encuentro para guiar el ejercicio del poder público en Colombia, y que permita demostrar avances concretos en aspectos de la situación de derechos humanos que no dan espera. Reafirmo la voluntad y compromiso del Alto Comisionado de seguir trabajando en Colombia con el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional para contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos en el país.

Pacto firmado por Sergio Fajardo   -  Pacto firmado por Germán Vargas - Pacto firmado por Gustavo Petro  -  Pacto Firmado por Iván Duque  -  Pacto firmado por Humberto De La Calle