Reunión en Londres sobre apoyo internacional a Colombia

10 DE JULIO, 2003

DECLARACIÓN DE LONDRES

El día 10 de julio, se reunieron en Londres altos representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, la Unión Europea, Japón, México, Noruega, Suiza, y los Estados Unidos de América y de la Comisión Europea, de la ONU y de sus instituciones, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para discutir la situación en Colombia. Todos los representantes gubernamentales presentes reafirmaron su fuerte apoyo político al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por tratar las amenazas a la democracia, el terrorismo, las drogas ilegales, las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional y la seria crisis humanitaria del país.

La reunión fue inaugurada por Bill Rammell, parlamentario británico y ministro encargado de las relaciones con América Latina en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido.

Participaron en la reunión el Vicepresidente y la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, quienes presentaron la estrategia y la visión de su Gobierno de cara al futuro.

Los participantes acogieron favorablemente y tomaron nota de los puntos de vista de la sociedad civil, presentados por ABColombia y un representante de la sociedad civil Colombiana.

Todos los representantes gubernamentales presentes expresaron su pleno apoyo al democráticamente elegido Gobierno de Colombia y a todos los esfuerzos para desarrollar el total funcionamiento de las instituciones de un Estado democrático en todo su territorio, sobre la base del respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y del bienestar y seguridad de todos los ciudadanos, y a reformar las instituciones del país. Ellos expresaron su apoyo al Gobierno de Colombia en su lucha contra la violencia relacionada con el conflicto y contra la producción y tráfico de drogas ilegales, subrayando la necesidad de hacerlo respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y, cuando tenga aplicación, el derecho internacional humanitario.

Acogieron favorablemente el compromiso del Presidente Uribe para buscar una solución negociada al conflicto interno en Colombia, inclusive a través de contactos directos con los grupos armados ilegales que estén dispuestos a negociar un acuerdo de paz. Subrayaron la importancia de la contribución de las Naciones Unidas. Ofrecieron su pleno y continuo apoyo a los buenos oficios del Secretario General de la ONU y agradecieron al Asesor especial del Secretario General de la ONU para Colombia, por su contribución.

Expresaron su disposición a prestar asistencia práctica al Gobierno de Colombia y a las Naciones Unidas, en los esfuerzos de la paz. Instaron a todos los grupos armados ilegales a acordar un cese del fuego y a entrar en un serio proceso de negociación, para buscar una solución pacífica al conflicto. Condenaron todo acto de violencia, contra la población civil y contra sus representantes elegidos y pidieron la liberación de las víctimas del secuestro y el fin del narcotráfico.

Expresaron profunda preocupación por la crisis humanitaria en Colombia, particularmente, por las condiciones extremas en que viven las personas internamente desplazadas, así como por la grave situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Expresaron su firme apoyo a la labor llevada a cabo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Tomaron nota con satisfacción del compromiso del Gobierno de Colombia de implementar las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y urgieron al Gobierno de Colombia a implementar estas recomendaciones prontamente y a adoptar acciones efectivas en contra de la impunidad y en contra de la connivencia, especialmente, con los grupos paramilitares.

Acogieron favorablemente los esfuerzos del Presidente Uribe de reformar instituciones colombianas para desarrollar el funcionamiento pleno del Estado democrático en todo el territorio, con base en el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, la seguridad y bienestar de sus ciudadanos, la reforma económica y social, y un desarrollo económico sostenible. Enfatizaron sobre la importancia de dichas medidas, particularmente, en las zonas rurales que han tenido que sufrir de manera más cruel el conflicto, ayudando a alcanzar una solución pacífica. Tomaron nota del significativo rol que podría jugar el sector privado para alcanzar algunos de estos retos.

Acogieron favorablemente la declaración del Gobierno de Colombia en la que reconoce y apoya al papel importante de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales como participantes interesados en la realización de las reformas, en la implementación de los programas de desarrollo y en la defensa de los derechos humanos y en los esfuerzos por conseguir un acuerdo negociado del conflicto interno armado. También acogieron y subrayaron la importancia del compromiso del Gobierno de proteger a los líderes de la sociedad civil, incluso a los líderes sindicales, que han sufrido amenazas contra sus personas y contra sus familias.

Finalmente, acordaron revisar y reorientar sus programas de cooperación, con el énfasis particular de contribuir al fortalecimiento de las instituciones estatales, al alivio de la crisis humanitaria, a la protección de los derechos humanos y de las actividades ambientales y el desarrollo de alternativas a la producción de drogas. Tras haber tomado nota cuidadosamente de las prioridades del Gobierno de Colombia en estas áreas, acordaron estudiar cómo hacer más efectivos sus programas de cooperación, a la luz de la situación actual en Colombia, con miras a una conferencia de coordinación de donantes que será organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en una fecha que resulte oportuna para el Gobierno de Colombia y para la comunidad de los donantes.

Traducción no oficial.