DECLARACIÓN DE CARTAGENA


1. Los días 3 y 4 de febrero de 2005, se llevó a cabo en Cartagena de Indias la segunda reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia, con el fin de continuar el diálogo político y de cooperación iniciado en Londres el 10 de julio de 2003.

2. La reunión fue instalada por el Presidente de la República de Colombia, señor Álvaro Uribe Vélez, y contó con la presencia de altos representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, Suiza, la Unión Europea y sus países miembros, la Comisión Europea, el Sistema de Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y del Gobierno Colombiano.

3. Por Colombia participaron en la reunión el Presidente y el Vicepresidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz, el Director del Departamento Nacional de Planeación y el Consejero Presidencial para la Acción Social, quienes presentaron los avances de las políticas del Gobierno, así como en los procesos de paz, en derechos humanos y en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.

4. Los representantes gubernamentales presentes, miembros del G-24, reafirmando la Declaración de Londres subrayaron la importancia de los procesos que allí se iniciaron. Adicionalmente, reconocieron los esfuerzos realizados, los mecanismos establecidos, como la Comisión de Seguimiento, y los logros obtenidos por el Gobierno de Colombia en relación con dicha Declaración. Los participantes acogieron favorablemente los puntos de vista de la sociedad civil como contribución importante a la construcción de un diálogo conducente a la paz.

5. Los representantes gubernamentales presentes reafirmaron su respaldo al Gobierno Colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, así como en la lucha contra el terrorismo y las drogas ilícitas. Reconocieron los progresos que se vienen dando en un contexto democrático, mejorando la gobernabilidad, promoviendo la presencia institucional y de los organismos de control para asegurar el respeto a la ley y a los derechos humanos en todo el territorio nacional y, cuando tenga aplicación, al Derecho Internacional Humanitario.

6. Apoyaron los esfuerzos y reconocieron los avances en la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la situación de violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales, destacando la labor adelantada por el Secretario General de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Iglesia Católica, el Gobierno de México y otros países.

7. Exigieron a los grupos armados ilegales que se comprometan con un cese de hostilidades y un proceso de paz serio, respeten el Derecho Internacional Humanitario y todos los derechos de los colombianos, cesen los ataques a la población civil, el reclutamiento de menores y la extorsión, pongan fin a la producción y al tráfico de drogas ilícitas y liberen de manera inmediata a todos los secuestrados. En este contexto, subrayaron los beneficios que podría traer un acuerdo humanitario que se desarrolle teniendo en cuenta el Estado de Derecho y el Derecho Internacional Humanitario.

8. Resaltaron la importancia y relevancia de los procesos de desarme, desmovilización y reinserción que se han venido dando. Subrayaron la necesidad de complementar el marco jurídico vigente con legislación que permita la realización de los principios de verdad, justicia y reparación; esto permitiría además un mayor apoyo a estos procesos.

9. Resaltaron los avances y la disposición del Gobierno y de las Instituciones del Estado para trabajar en la aplicación de las Recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y les alentaron a continuar los esfuerzos a fin de obtener resultados a la mayor brevedad posible.

En este sentido subrayaron la importancia de la iniciativa del Gobierno de desarrollar un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y su intención de concertarlo con amplios sectores de la sociedad colombiana, para que contribuya a la construcción de un entorno que favorezca la convivencia armónica, la justicia y la reconstrucción del tejido social. Tomaron nota de los recientes cambios en el sistema judicial, orientados al fortalecimiento de la justicia y de la lucha contra la impunidad.

10. Reconociendo los logros alcanzados, incentivaron al Gobierno a continuar con el fortalecimiento de su presencia en el territorio nacional, destacando la necesidad de reforzar las medidas existentes de protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, los periodistas, los defensores de los derechos humanos y los líderes de la sociedad civil en su legítima e importante labor, instándole a mantener este compromiso en forma decidida. Hicieron un enérgico llamamiento a los grupos armados ilegales a respetar esos derechos.

11. Reiteraron su exigencia a los grupos armados ilegales para que cumplan las Recomendaciones correspondientes de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

12. Felicitaron al Gobierno colombiano por la reciente destrucción de las minas almacenadas por las Fuerzas Militares, en cumplimiento de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. Reconocieron tal medida como una expresión más del compromiso de Colombia con la consolidación del Derecho Internacional Humanitario. Exigieron a los grupos armados ilegales que cesen inmediatamente la fabricación y el uso de minas antipersonal.

13. Reconocieron los esfuerzos del Gobierno y lo alentaron a continuarlos, para mejorar las graves condiciones de la población vulnerable, en particular los desplazados, las comunidades indígenas y los afrodescendientes. Manifestaron la necesidad de fortalecer la atención a esta todavía preocupante situación humanitaria. En este sentido respaldaron los esfuerzos que buscan soluciones duraderas, como el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y el Plan de Acción Humanitaria cuya concertación está por concluir.

14. Destacaron la importancia del proceso de discusión para la construcción de la Estrategia de Cooperación Internacional, en la que participaron activamente las entidades públicas nacionales, la comunidad internacional y la sociedad civil. Al mismo tiempo, valoraron la disposición del Gobierno de Colombia de brindar espacios de participación democrática y lo animaron a que continúe trabajando en esta vía.

15. Se comprometieron a continuar apoyando, de manera decidida y concreta, la Estrategia de Cooperación Internacional, de acuerdo con las prioridades establecidas en los seis Bloques Temáticos: "Bosques; Reincorporación a la Civilidad; Desarrollo Productivo y Alternativo; Fortalecimiento del Estado Social de Derecho y Derechos Humanos; Programas Regionales de Desarrollo y Paz; Desplazamiento Forzoso y Asistencia Humanitaria". En este contexto reconocieron el compromiso de los gobiernos con las Metas del Milenio.

16. Destacaron el apoyo brindado por la comunidad internacional y la importancia del diálogo y cooperación entre el Gobierno de Colombia y la sociedad civil en toda su diversidad, incluyendo el sector privado. Reafirmaron su compromiso con el Gobierno para seguir trabajando de forma coordinada, con la participación de la sociedad civil y los organismos internacionales pertinentes, dentro del marco del Proceso de Londres”.