Ref: DRP / 439 /03 Bogotá, 28 de octubre de 2003

Honorable Representante a la Cámara:

Tengo el honor de dirigirme a usted en mi condición de Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en el marco del Acuerdo suscrito en Ginebra (Suiza), el 29 de noviembre de 1996, por el Gobierno colombiano y la Organización de las Naciones Unidas.

En ejercicio de las funciones propias de su mandato, la Oficina ha seguido con mucho interés el estudio que las cámaras legislativas hacen del Proyecto de Acto Legislativo por el cual se modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia.

Es de recordar que para la ONU los actos de terrorismo son injustificables en toda circunstancia y constituyen una amenaza para la paz y la seguridad del mundo entero. A la vez, la lucha contra el terrorismo debe siempre desarrollarse en el marco del Estado de derecho y con plena sujeción a los compromisos internacionales contraídos por el país.

La Oficina ha tomado nota de que en el trámite de dicho proyecto han sido tenidas en cuenta algunas de las observaciones por ella formuladas durante la primera vuelta. Sin embargo, siguen figurando elementos normativos incompatibles con las normas de carácter internacional en las cuales se enuncian el derecho a ser procesado por autoridades independientes e imparciales, el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a la libertad individual y el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Con apoyo en lo estipulado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y basándose en la interpretación autorizada de estos dos instrumentos, la Oficina no considera aconsejable:

1º El otorgamiento de funciones de policía judicial a miembros de las fuerzas militares, pues ello es incompatible con los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia consagrados en los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2º El otorgamiento de facultades a las autoridades administrativas para que puedan, sin previa orden judicial, interceptar o registrar la correspondencia y demás comunicaciones privadas, ya que con arreglo a lo estipulado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la competencia en materia de interceptaciones y registros debe estar en cabeza de servidores públicos del ramo judicial.

3º La asignación de atribuciones permanentes a las autoridades del orden administrativo para que puedan privar de la libertad sin previa autorización judicial, pues de lo dispuesto en los artículos 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se deduce que las detenciones administrativas sólo son permisibles en casos excepcionales, como los de aquellas situaciones en las cuales surge un grave, claro e inminente peligro para la sociedad no evitable efectivamente de otro modo.

4º El establecimiento de términos excesivamente prolongados para someter al control judicial las detenciones administrativas de personas privadas de la libertad “en casos de terrorismo”, pues ello no resulta compatible con lo estipulado en los artículos 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de toda persona detenida a ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario legalmente autorizado para ejercer funciones judiciales. Hay que subrayar que, en todo momento, es de aplicación el derecho de interponer ante la autoridad judicial competente el hábeas corpus sin restricciones temporales.

5º) La atribución de facultades permanentes a servidores públicos de la rama ejecutiva para que puedan, sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, allanar el domicilio, pues de lo establecido en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se deduce que la irrupción de las autoridades en recintos protegidos por la inviolabilidad domiciliaria sólo puede darse sin orden judicial previa en casos de flagrancia o de inminente consumación de un delito.

Con el fin de que las medidas adoptadas por el Estado colombiano para combatir actos de terrorismo resulten plenamente compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos a cuyo cumplimiento se ha obligado la República de Colombia, la Oficina considera aconsejable:

1º Dotar a la Policía Nacional de los recursos técnicos y financieros necesarios para que los servicios de policía judicial actualmente prestados por la institución puedan cumplirse, de manera rápida y eficaz, en aquellos lugares del territorio nacional donde se den las situaciones previstas en el artículo 4º del Proyecto de Acto Legislativo.

2º Capacitar a los alcaldes e inspectores de policía para que puedan cumplir en dichos lugares las funciones permanentes de policía judicial hoy asignadas a ellos por el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal.

3º Introducir en el Código de Procedimiento Penal normas que agilicen la obtención de mandamientos judiciales para interceptar la correspondencia y para allanar los domicilios.

4º Regular por ley estatutaria, con sujeción a los criterios expuestos en la Sentencia C-24 de 1994 de la Corte Constitucional, los casos de excepción en que las autoridades administrativas podrán, en determinadas circunstancias y ajustándose a ciertas formalidades, aprehender materialmente a una persona sin contar con previa orden judicial.


Las observaciones de la Oficina sobre el Proyecto de Acto Legislativo No. 223-Cámara y 015-Senado han sido recogidas en mi intervención del 23 de septiembre del año en curso ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, copia de la cual se anexa a la presente.

Reitero a usted la permanente disponibilidad de esta Oficina para asesorar a los miembros del Congreso en la tarea de ajustar a las exigencias internacionales la normativa interna adoptada por Colombia dentro del loable propósito de prevenir y perseguir los actos de terrorismo.

Me valgo de la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi consideración más distinguida.


Atentamente,


Michael Frühling
Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/cartas/imprimir.php3?cod=3&cat=52&file=doc0303.txt