Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura

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26 de junio, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura

Bogotá, 24 de junio de 2004

“La tortura sigue siendo una preocupación y un desafío de actualidad para los Estados: las víctimas esperan medidas eficaces de protección, prevención y sanción”

Desde 1948 la comunidad internacional manifestó su compromiso en contra de la condenable práctica de la tortura, así como en favor del respeto y la protección de la dignidad e integridad personales, incorporando una disposición específica en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1984, esa manifestación se materializó en la adopción de un instrumento universal vinculante, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, ratificada hoy por 132 Estados.

En el ámbito regional también se adoptaron disposiciones vinculantes mediante la aprobación en 1985 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, dotando a los Estados de la región de un marco complementario de compromisos en esta materia.

No obstante la existencia de esos y otros instrumentos relevantes, lamentablemente debe admitirse que la tortura y los tratos o penas prohibidos siguen existiendo y afectando a numerosas víctimas en el mundo entero. A pesar de los esfuerzos que algunos Estados han implementado en la adopción de medidas destinadas a evitar la tortura, proteger y reparar a las víctimas, sancionar a los responsables y proveer información y capacitación a las autoridades competentes, aún queda un largo camino por recorrer para erradicar una práctica inadmisible.

Esta realidad explica también que recientemente la comunidad internacional haya adoptado otro instrumento valioso, esta vez para promover la prevención de la tortura y poner en funcionamiento un mecanismo internacional preventivo de cooperación y asesoría para los Estados, como es el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura ya mencionada. Este protocolo prevé un sistema preventivo de visitas a los lugares en donde se encuentran personas privadas de libertad en los Estados Partes.

Hay que hacer énfasis en la contribución que representan los mecanismos incluidos en la Convención contra la Tortura. Dicha Convención creó el Comité contra la Tortura como órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese instrumento por los Estados Partes, es decir por aquellos que lo han ratificado.

En este marco, la Convención prevé que esos Estados deben presentar periódicamente al Comité unos informes donde explican cómo aplican sus disposiciones en el ámbito interno, tanto en materia normativa como operativa. Esto significa que el Comité se interesa por conocer las normas que incorporan en el ámbito doméstico las obligaciones internacionales, así como la aplicación práctica de esas normas y recursos, incluyendo la actuación de las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento o de intervenir para proteger o garantizar el derecho a la integridad y dignidad de las personas.

Adicionalmente, la Convención ha previsto un mecanismo para que el Comité examine peticiones o denuncias de personas que alegan ser víctimas de tortura o de malos tratos a fin de que dicho órgano pueda pronunciarse sobre el caso y realizar las recomendaciones que estime pertinentes. Para que el Comité pueda ejercer esa competencia cuasi-judicial, prevista en el artículo 22 de la Convención, los Estados partes deben declarar expresamente su aceptación.

Otra disposición de la Convención prevé que el Comité puede encarar una investigación especial en relación con un país respecto del cual recibe varias denuncias que indican que se estaría practicando de manera sistemática la tortura. En ese marco, el Comité puede incluso prever una misión in loco, es decir, una visita al país en cuestión para evaluar más adecuadamente esa situación y poder contribuir con sus recomendaciones destinadas a mejorarla.

Todos estos mecanismos previstos en la Convención contra Tortura buscan aportar herramientas útiles para enfrentar esta problemática y promover acciones en los distintos Estados Partes, encaminadas a prevenir la tortura y a proteger y garantizar, a nivel mundial, el derecho a la integridad inherente al ser humano.


Colombia y la lucha contra la tortura:

Cabe destacar la importancia de que Colombia haya ratificado los instrumentos convencionales básicos contra la Tortura , tanto en el ámbito regional interamericano como en el universal, así como que haya incluido en su legislación interna la tipificación del delito de tortura, la invalidez de las pruebas obtenidas bajo tortura, y la exclusión de la jurisdicción penal militar para la investigación y sanción de estos delitos. No obstante estos avances normativos, la preocupación por la práctica de la tortura subsiste y requiere de acciones y medidas concretas para dar mayor efectividad a las normas internas e internacionales.

Desafortunadamente entonces, Colombia no escapa a la problemática vinculada a la tortura y es por eso importante seguir trabajando para mejorar el respeto de los derechos humanos y prevenir la utilización de la tortura y de otros tratos incompatibles con la dignidad de las personas.

Colombia ha tenido recientemente oportunidad de recibir las conclusiones y observaciones del Comité contra Tortura en respuesta al informe periódico presentado por el Gobierno colombiano, en desarrollo de una de sus obligaciones en el marco de la respectiva Convención.

Partiendo de la base de algunas preocupaciones específicas que se incluyen en ese documento del Comité contra la Tortura , así como en el informe del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Colombia , este documento hará referencia a algunos factores relacionados con la problemática de la tortura, incluyendo las recomendaciones que se han formulado para enfrentarlos.


Dificultades y obstáculos:

El Alto Comisionado, considerando la crítica situación existente en materia de derechos humanos, manifestó su preocupación por el aumento de denuncias de tortura y de malos tratos y de violaciones al derecho a la integridad personal, incluyendo violaciones al derecho a la vida en las que las víctimas habrían sido previamente torturadas .

El Comité contra Tortura, además de señalar los avances legislativos, manifestó su preocupación por algunos factores que dificultan la aplicación de la Convención, incluyendo “el gran número de actos de tortura y malos tratos supuestamente cometidos de manera generalizada y habitual por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado […], tanto en operaciones armadas como fuera de ellas” .

En ambos informes se señalan denuncias sobre violaciones a la integridad personal y actos de violencia sexual, incluidas las violaciones sexuales como forma de tortura, así como el subregistro de la tortura en general, y de los casos de violencia sexual en particular . Adicionalmente, se hace referencia a investigaciones de estos últimos supuestos en sede penal militar .

Tanto el Comité como el Alto Comisionado resaltan la incidencia nefasta del conflicto armado interno sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, así como de las acciones incompatibles con el derecho internacional humanitario que llevan a cabo los grupos armados al margen de la ley, cometiendo graves infracciones que incluyen actos de tortura, atentados contra la dignidad e integridad personales, y violaciones sexuales contra mujeres y niñas.

Más allá de la utilización práctica de la tortura y de métodos incompatibles con la Convención, los órganos internacionales hacen referencia a factores que inciden negativamente o que podrían favorecer dicha práctica. Entre ellos, se encuentran las disposiciones normativas internas que sean incompatibles con las normas y obligaciones internacionales. Así por ejemplo, el Comité contra la Tortura manifestó su inquietud por el hecho de que “diferentes medidas adoptadas o en vía de adopción… en materia antiterrorista… podrían favorecer la práctica de la tortura” . En particular, se refirió a la reforma constitucional que implementa el llamado Estatuto Antiterrorista, mediante el cual “se otorgan funciones de policía judicial a las fuerzas militares y se permiten detenciones e interrogatorios sin control judicial” , así como al proyecto de ley conocido como de alternatividad penal. En este último punto el Comité coincidió con las observaciones presentadas al respecto por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado.

Otro factor que incide negativamente es el relacionado con la impunidad, problemática que impide la sanción efectiva de los responsables de actos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes y puede alentar la persistencia de esas violaciones. Adicionalmente, cabe citar las preocupaciones vinculadas a la independencia e imparcialidad judicial.

Otras circunstancias objetivas representan desafíos importantes para la protección de los derechos fundamentales como las que rodean la situación de las personas privadas de libertad. El hacinamiento y las malas condiciones materiales en establecimientos penitenciarios, según el Comité, podrían equivaler a tratos inhumanos o degradantes . La ausencia o insuficiencia de garantías adecuadas y del control judicial correspondiente en materia de detención es un elemento adicional que debilita los esfuerzos por respetar a los detenidos y conceder un trato digno y humano.


Recomendaciones y desafíos:

En un intento por agrupar las recomendaciones en temas o áreas de trabajo, se desarrollan a continuación algunas de las que surgen de los mencionados informes y que se orientan a enfrentar los obstáculos y dificultades señalados, así como a aportar vías de acción para mejorar la protección de las personas en el campo que nos ocupa.

a) Normas, mecanismos y disposiciones internacionales:

Algunas de las recomendaciones se refieren al fortalecimiento en materia normativa de la protección y garantías del derecho a la integridad y dignidad personal, así como de otros derechos humanos vinculados. Es así como el Alto Comisionado recomendó al Gobierno “impulsar la ratificación de los tratados internacionales” . Entre ellos se destaca el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. También se ha recomendado reiteradamente el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Tortura para recibir denuncias individuales. La recomendación incluye la solicitud de “no introducir o mantener en la legislación colombiana norma alguna que sea incompatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos” . En este sentido, tanto el Comité como el Alto Comisionado se han referido a la necesidad de adecuar la legislación vinculada con el Estatuto Antiterrorista, así como con el proyecto de ley llamado de alternatividad penal, de manera de excluir las posibilidades de aplicación de la tortura, garantizar mejor el derecho a la integridad personal y luchar eficazmente contra la impunidad.

Asimismo, se ha destacado la importancia de que en las normas y prácticas en materia de orden público, y particularmente las relacionadas con la política de seguridad, sean respetuosas de los estándares internacionales a fin de garantizar una adecuada protección. En este ámbito, las disposiciones relativas a las detenciones y a las garantías judiciales cobran un interés fundamental.

b) Impunidad

La problemática de la impunidad no podía estar ausente de las recomendaciones internacionales como una herramienta esencial para prevenir actos de tortura, garantizar recursos eficaces a las víctimas y sancionar adecuadamente a los autores de esos crímenes.

El Comité recomendó al Estado de Colombia que “tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura y malos tratos; [y que] realice investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas…” . Adicionalmente solicitó que se reconsidere la adopción del proyecto de ley de “Alternatividad Penal” a la luz de las obligaciones según la Convención, así como la adopción de medidas que otorguen facultades de policía judicial a las fuerzas militares. Recomendó también que se “respete y haga respetar efectivamente las disposiciones del Código Penal Militar que excluyen los delitos de tortura de la jurisdicción penal militar” .

Las recomendaciones del Comité incluyeron la necesidad de que se “garantice que los miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación puedan llevar a cabo su labor de manera independiente e imparcial…” . En el mismo sentido, el Alto Comisionado exhortó al Fiscal General a “asegurar y a respetar la independencia de los fiscales en todas sus actuaciones…” .

El Alto Comisionado recomendó también al Ministro de Defensa “velar por la eficacia de las investigaciones disciplinarias sobre graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, y a emplear la suspensión en el servicio como medida preventiva” .

c) Detención y garantías judiciales

La adopción de medidas que regulan la privación de libertad de las personas, su derecho a la defensa y sus garantías judiciales, constituyen útiles claves para garantizar el respeto de los derechos humanos y una adecuada administración de justicia.

El Alto Comisionado exhortó al Fiscal General a “garantizar que los procedimientos de detención y allanamiento se apoyen en indicios suficientes y se realicen respetando el debido proceso” . Adicionalmente, alentó al Procurador General y al Defensor del Pueblo a “velar por el respeto de las garantías procesales de aquellas personas privadas de la libertad cuya situación jurídica no se haya definido” . El Comité contra la Tortura, por su parte, recomendó que se reconsidere la adopción de medidas que “permitan interrogatorios y detenciones de sospechosos durante períodos prolongados sin control judicial” .

d) Prevención y protección

Para mejorar el respeto de la Convención contra Tortura es necesario profundizar los esfuerzos encaminados a la prevención de su práctica, así como a la protección de sus potenciales víctimas.

El Comité contra la Tortura recomendó, por ejemplo, que se “adopten medidas eficaces para proteger a los defensores de los derechos humanos del hostigamiento, las amenazas y otros ataques […] así como para proteger la integridad física e independencia de los miembros del poder judicial” . El Comité hizo énfasis en la “labor esencial de los defensores de derechos humanos en la denuncia de torturas y malos tratos” , así como las preocupaciones relacionadas con los “ataques repetidos contra miembros del poder judicial que ponen en peligro su independencia e integridad física” .

Los esfuerzos en materia de formación, capacitación y promoción de las normas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son herramientas centrales en materia de prevención. En este sentido, el Comité recomendó que “el Estado Parte imparta las enseñanzas profesionales necesarias para que los médicos puedan detectar la existencia de torturas y malos tratos de cualquier clase” .

Consecuentemente, el Alto Comisionado, además de recomendar a las autoridades colombianas diversas medidas para fortalecer las acciones y programas de protección o de prevención, alentó al Ministro de Defensa a “desarrollar, con base en un estudio independiente, en una forma integral, sistemática y operacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la formación de todos los miembros de la Fuerza Pública” .

e) Violaciones del derecho a la vida con torturas y violencia sexual

Considerando que el Comité contra la Tortura destacó la “inadecuada protección contra la violación y otras formas de violencia sexual que pretendidamente se utilizarían con frecuencia como formas de tortura y malos tratos” , y que este órgano así como el Alto Comisionado señalaron su preocupación por la existencia de investigaciones de esos actos por los tribunales penales militares , es importante buscar herramientas que permitan una mejor protección de las mujeres y las niñas y evitar la impunidad.

El Comité recomendó que “en los casos de violaciones del derecho a la vida, se documenten las señales de marcas de tortura, y en particular de violencia sexual, que pueda presentar la víctima. Esos datos deberán incluirse en los informes forenses con el fin de que se investigue no sólo el homicidio, sino también la tortura” .

De igual manera, incluyó una recomendación orientada a la investigación, juicio y castigo de “los responsables de las violaciones y otras formas de violencia sexual, incluidas las ocurridas en el marco de operativos contra grupos armados ilegales” .

f) Condiciones de detención y tratamiento de las personas privadas de libertad

Las personas privadas de la libertad constituyen un grupo particularmente vulnerable a la tortura o a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, la adopción de medidas destinadas a proteger y garantizar sus derechos debe ser considerada una prioridad.

El Alto Comisionado exhortó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) a “garantizar y respetar los derechos de los reclusos”.

El Comité contra la Tortura recomendó la adopción de medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión y la reducción del hacinamiento existente . Igualmente recomendó que se garantice el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión, conforme a los estándares internacionales, a fin de evitar todo caso de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes .


Consideraciones finales:

Es importante recordar que las recomendaciones de los órganos internacionales son mecanismos de cooperación internacional para apoyar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas sometidas a sus jurisdicciones. El propósito constructivo de las recomendaciones hacen que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya manifestado su “firme convicción de que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora si las recomendaciones […] se aplicaran durante el año 2004 por aquellos a quienes van dirigidas” . Por esta razón, urgió al Estado “a implementar de manera coherente y eficaz las recomendaciones internacionales…”

La sociedad civil, y en particular las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de víctimas y las víctimas individualmente, contribuyen frecuentemente en la sensibilización del tema, y a hacer visible la existencia de una práctica que requiere de acciones urgentes y eficaces para eliminarla.

El Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, mecanismo temático de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha observado que, en el contexto de las medidas de lucha contra el terrorismo, los gobiernos son con frecuencia remisos a mantener las salvaguardias jurídicas, incluyendo las garantías contra los abusos de que son víctimas los seres humanos . Sin embargo, las garantías judiciales son esenciales para asegurar una protección efectiva y para evitar tratos y actos incompatibles con la dignidad humana.

Para comprender la dimensión de estos valores fundamentales, basta citar el preámbulo de la Convención, al referirse a la adhesión de los Estados a los principios proclamados por la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, como la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo .

Hoy es un día para solidarizarse con las víctimas, redoblar los esfuerzos por erradicar la tortura en Colombia y en el mundo, y para continuar trabajando e impulsando acciones que hagan realidad los postulados de la Convención contra la Tortura y la aplicación del derecho a una vida digna.


Bogotá, 24 de junio de 2004