Recomendaciones al Estado Colombiano

Las 27 recomendaciones para Colombia, 2003, del Informe Anual 2002

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Introducción
 
Este documento contiene las recomendaciones sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2002). Las recomendaciones están dirigidas al Estado, a la sociedad civil y a los grupos armados ilegales, y deben ser aplicadas durante el año 2003.
 
Las recomendaciones se encuentran agrupadas en seis temas:

-Prevención y protección
-Conflicto armado interno
-Estado de derecho y la impunidad
-Políticas económicas y sociales
-Promoción de una cultura de derechos humanos
-Asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina
El Alto Comisionado tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora si las recomendaciones son puestas en práctica por las autoridades nacionales de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Control, encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos; así como por todas las partes del conflicto armado interno.
 
También se espera que las recomendaciones sean asimiladas por la Iglesia, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y, por supuesto, la mayor cantidad posible de colombianos.
 
Además de las recomendaciones este documento recoge el resumen ejecutivo del Informe del Alto Comisionado sobre Colombia.
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se compromete a trabajar conjuntamente con las autoridades y la sociedad civil para apoyar la aplicación de estas recomendaciones.
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra en el país desde 1997, y se estableció con base en un acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y el Alto Comisionado.
 
En agosto de 2002, el Presidente Álvaro Uribe Vélez solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos extender el periodo de la Oficina durante cuatro años más, hasta octubre de 2006, petición que fue aceptada.
 
Según el acuerdo, la Oficina en Colombia tiene como Mandato cuatro tareas principales. La primera de ellas es observar, sistemática y analíticamente, la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en todo el país. La segunda es ofrecer asesoría en estos temas tanto al Gobierno como a las autoridades del Estado y a la sociedad civil. La tercera es ofrecer cooperación técnica al Gobierno, a las autoridades del Estado, a las instituciones que manejan el tema y a la sociedad civil interesada. La cuarta es informar, difundir y promocionar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario entre los colombianos.
 
Recomendaciones para el año 2003
 
Con base en su análisis pormenorizado, el Alto Comisionado formula una serie de recomendaciones concretas y prioritarias para el año 2003. Estas recomendaciones, que no son exhaustivas, se agrupan bajo seis rubros: La prevención y protección; el conflicto armado interno; el Estado de derecho y la impunidad; las políticas económicas y sociales; la promoción de una cultura de derechos humanos; el asesoramiento y la cooperación técnica de la Oficina.
Las recomendaciones se dirigen a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a todas las partes en el conflicto armado interno, a las organizaciones armadas al margen de la ley y a los sectores representativos de la sociedad civil.
 
Sin perjuicio de las otras preocupaciones abordadas en el presente informe, y al seguimiento que debe darse a las recomendaciones pendientes formuladas por el Alto Comisionado y por otros órganos internacionales, el Alto Comisionado tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora si las siguientes recomendaciones fueran tomadas en consideración y aplicadas durante el año 2003 por aquellos a quienes van dirigidas.
 
a) La prevención y protección
 
El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a hacer efectivo el Sistema de Alerta Temprana (SAT), establecido en el seno de la Defensoría del Pueblo, con la activa participación, cooperación y respuesta de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
 
El Alto Comisionado urge al Gobierno a asegurar que el programa de protección de defensores de derechos humanos, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, funcione con efectividad, dotándolo de los fondos suficientes y de parámetros claros y uniformes de medición del riesgo. También deberá el Gobierno poner en práctica mecanismos que actúen preventivamente sobre los factores de riesgo.
 
El Alto Comisionado urge al Fiscal General de la Nación a introducir en el programa de protección de testigos y víctimas a cargo de la Fiscalía los cambios que permitan una rápida identificación de los riesgos y una pronta adopción de las medidas para afrontarlos.
 
El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a identificar, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y el Sistema de las Naciones Unidas, comunidades en riesgo por el conflicto armado interno, y, en concertación con tales comunidades, desarrollar y poner en práctica, cuanto antes, acciones y programas de atención preventiva y de protección. En materia de poblaciones desplazadas se deberán aplicar estrictamente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.
 
El Alto Comisionado urge al Gobierno y al Congreso a dotar a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo de los recursos necesarios para establecerse en aquellos municipios donde aún no tienen presencia, especialmente en las zonas de rehabilitación y consolidación, y en aquellas regiones con alto índice de población indígena, afro-colombiana y desplazada.
 
El Alto Comisionado solicita al Ministerio Público y a los superiores jerárquicos de los servidores públicos sancionar disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u omisiones pongan en riesgos la labor de los defensores de derechos humanos.
 
El Alto Comisionado exhorta al Procurador General a verificar trimestralmente la exactitud y objetividad de la información contenida en los archivos de inteligencia militar sobre defensores de derechos humanos, y a hacer público el resultado de esta labor.
 
El Alto Comisionado alienta a la Ministra de Defensa a incorporar, en los próximos cursos de formación de los miembros de la fuerza pública, el estudio sistemático del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Para ello, recomienda que celebre un acuerdo de capacitación continua con la Defensoría del Pueblo.
 
b) El conflicto armado interno
 
El Alto Comisionado insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC y a los demás grupos guerrilleros y paramilitares a respetar el derecho a la vida de todos los civiles. Los insta, en especial, a abstenerse en todo momento de ataques contra la población civil, ataques indiscriminados, reclutamiento de menores y actos de terrorismo.
 
El Alto Comisionado insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC y a los demás grupos armados ilegales a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes, y a abstenerse de la práctica inaceptable del secuestro.
 
El Alto Comisionado insta a los grupos armados ilegales, y en particular a las FARC-EP, el ELN y las AUC, a abstenerse de emprender acciones que afecten el goce de los derechos humanos de la población civil y disminuyan la capacidad del Estado colombiano para cumplir su obligación de protegerlos y garantizarlos.
 
El Alto Comisionado insta a la Fuerza Pública a observar irrestrictamente los deberes impuestos por el derecho internacional humanitario, en especial los relacionados con el cumplimiento de los principios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección general de la población civil.
 
El Alto Comisionado insta a todas las partes en el conflicto armado a cumplir las obligaciones a ellas impuestas por las normas internacionales que prohíben el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales.
 
El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a los sectores representativos de la sociedad civil no escatimar esfuerzos para establecer, cuanto antes, acercamientos dirigidos al diálogo y a la negociación que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y la negociación deberán tomar en cuenta, desde un principio, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como incorporar en su agenda el tema de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
 
c) El Estado de derecho y la impunidad
 
El Alto Comisionado solicita al Gobierno y al Congreso de la República que, al adoptar políticas y al elaborar normas, presten la debida atención a las obligaciones asumidas por Colombia como Estado parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Los urge a tener en cuenta los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y no-discriminación cuando adopten y apliquen políticas y medidas relacionadas con la seguridad y el orden público. En especial, los insta a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia.
 
El Alto Comisionado urge al Fiscal General a presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley sobre la carrera para los funcionarios y empleados de la Fiscalía, con el fin de fortalecer la independencia e imparcialidad de la institución.
 
El Alto Comisionado solicita al Fiscal General a asegurar y fortalecer la independencia de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, garantizar la protección de sus integrantes y a dotarla de los recursos necesarios para desarrollar las investigaciones a su cargo.
El Alto Comisionado exhorta al Fiscal General a establecer dentro de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía un grupo especializado en la investigación de los posibles vínculos de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares. Exhorta, asimismo, a los organismos de cooperación internacional a respaldar esta iniciativa.
 
El Alto Comisionado insta a la Ministra de Defensa a suspender de inmediato del servicio a los miembros de la fuerza pública involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, poniendo en conocimiento de las autoridades judiciales y de control la información pertinente.
 
El Alto Comisionado exhorta al Comité especial de impulso de investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, presidido por el Vicepresidente de la República, a que trabaje pro-activamente sobre una selección de casos representativos de dichas violaciones, y a que trimestralmente elabore un informe al Presidente de la República, al Fiscal General, al Procurador General, y al Defensor del Pueblo sobre el avance en las investigaciones de los mismos.
 
El Alto Comisionado exhorta al Presidente de la República a adoptar, en su condición de Jefe de Estado y de comandante supremo de la fuerza pública, todas las medidas necesarias para que, independientemente de posibles diálogos entre el gobierno y los grupos paramilitares, cese todo vínculo entre servidores públicos y miembros de dichos grupos. También lo exhorta a informar al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, por medio de reportes semestrales, sobre la ejecución de dichas medidas y los resultados de las mismas.
 
d) Las políticas económicas y sociales
 
El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a desarrollar una política consistente para disminuir la brecha de inequidad existente en el país y asegurar que se adopten todas las medidas necesarias para lograr una disminución de los índices de analfabetismo y desocupación, y un aumento en el acceso a la salud, la educación y a la vivienda.
 
e) La promoción de una cultura de derechos humanos
 
El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a través de la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, elaborar un plan de acción en derechos humanos que incorpore una política integral de género, y a presentar en el transcurso del primer semestre de 2003 un cronograma para su implementación.
 
El Alto Comisionado recomienda a la Ministra de Educación incorporar, a partir del inicio de los próximos calendarios escolares, la enseñanza de los derechos humanos en los programas de educación primaria y secundaria. Para ello recomienda que celebre un acuerdo de capacitación continua con la Defensoría del Pueblo.
 
El Alto Comisionado exhorta al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General y a la Procuraduría General a establecer con la Defensoría del Pueblo convenios análogos para la formación permanente de sus funcionarios y empleados en derechos humanos y DIH.
 
f) El asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina
 
El Alto Comisionado urge al Estado a dar seguimiento a las recomendaciones internacionales, incluidas las del presente informe, y exhorta al Vicepresidente de la República a que coordine, con la cooperación y el asesoramiento de la Oficina, la elaboración de un cronograma de aplicación de las distintas recomendaciones emitidas por los órganos internacionales competentes.
 
El Alto Comisionado invita al Gobierno, al Congreso, a la Fiscalía General, a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo a profundizar la interlocución con la Oficina, beneficiándose plenamente con su mandato de asesoría y cooperación técnica.

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 2002

Este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia cubre el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002, y responde a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos durante su 58º período de sesiones.

Contexto nacional:

El informe analiza el contexto nacional y pasa revista a los factores de orden político, militar, económico, social e institucional que a lo largo del año 2002 plantearon a Colombia múltiples problemas, dificultades y retos en relación con el mantenimiento de los principios del Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la observancia de la normativa internacional humanitaria. Entre esos factores figuran la interrupción de los procesos de paz entre el Gobierno del Presidente Pastrana y las FARC-EP y el ELN, respectivamente, la incidencia que en la degradación del conflicto armado han tenido las acciones violentas, muchas de ellas de un corte terrorista, tanto por parte de los grupos guerrilleros como por parte de los grupos paramilitares, la persistencia de denuncias e informaciones sobre nexos entre servidores públicos y organizaciones paramilitares, y los obstáculos que para el cabal ejercicio de los derechos políticos han constituido las presiones ejercidas sobre candidatos y sufragantes por los grupos ilegales al margen de la ley. Las elecciones de marzo para el Congreso y las elecciones presidenciales en mayo fueron dos importantes puntos de referencia en el panorama político de 2002, que permitieron observar la situación de derechos humanos en los últimos meses del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana y los primeros cien días del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe.

Otros factores analizados son la adopción y el desarrollo de la política de seguridad por parte del gobierno del nuevo gobierno, que comenzó el 7 de agosto, las medidas adoptadas a raíz de la declaratoria del estado de conmoción interior, la preparación de la convocatoria del referendo constitucional para el año 2003, las gestiones en pro de la iniciación de un diálogo con grupos paramilitares, y las dificultades que el país afronta en materia de endeudamiento, déficit fiscal y realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales.

Al terminar el año se percibió una serie de desafíos en el contexto nacional. Para sólo mencionar algunos, cabe referirse a la degradación incesante del conflicto armado, y a las dificultades para emprender un proceso gradual de solución política del mismo a través de negociaciones de paz adecuadamente estructuradas. A este respecto parece evidente que los buenos oficios del Secretario General de la ONU, a través de su asesor especial, deben ser considerados tanto para retomar el proceso de acercamiento entre el gobierno y las FARC-EP como para el diálogo entre el gobierno y el ELN.

Otro desafío es el relativo a los contactos, el diálogo y una posible negociación entre el gobierno y los grupos paramilitares. Parece necesario hacer claridad sobre cuáles de las condiciones planteadas por los dirigentes de las AUC pueden aceptarse sin desmedro del Estado de derecho y sin menosprecio por los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Otro reto para el gobierno y los sectores económicos del país sigue siendo el que plantea la necesidad de que los dos contribuyan, dando pleno cumplimiento a las exigencias planteadas por los derechos económicos, sociales y culturales, a un mejor funcionamiento de la economía que permita disminuir la inequidad existente.

Igualmente importante para el gobierno, para el Congreso y para los sectores democráticos del país es el reto de buscar y encontrar mayores grados de concertación y apoyo mutuo en la tarea de promover y proteger los derechos humanos. En particular, el Ejecutivo y el Legislativo se hallan ante el desafío de asegurar que toda propuesta normativa en materia de protección del orden público, administración de justicia y funcionamiento de los órganos de control sea respetuosa de los instrumentos adoptados por la comunidad internacional para garantizar un ejercicio democrático del poder y una efectiva puesta en práctica de los derechos y libertades fundamentales de la persona.

Conflicto armado interno:

El informe destaca la alta y grave incidencia del conflicto armado sobre la situación de los derechos humanos en el país y los desafíos que el mismo impone al Estado para responder eficazmente a la crisis humanitaria. Señala asimismo la notable degradación del conflicto armado y la crueldad creciente de los métodos de combate utilizados por los grupos armados ilegales, lo cual ha agravado la vulnerabilidad de la población civil. A este respecto analiza la actuación de los grupos guerrilleros, de los grupos paramilitares y de la fuerza pública. Se destaca la importancia de un proceso de negociación de paz, estructurada con parámetros y criterios adecuados, que plantee perspectivas ciertas de progreso y que incorpore tempranamente compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

Situación de los derechos humanos:

El informe reconoce que factores como la degradación del conflicto armado, el narcotráfico y la crisis económica, han incidido en el agravamiento de la situación de los derechos humanos y en la capacidad del Estado para proteger y garantizar los mismos. Las conductas criminales de los grupos armados ilegales hicieron patente su irrespeto por los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la libertad individual. Sus reiterados ataques a la infraestructura pública multiplicaron los desafíos del Estado para dar una respuesta efectiva a la crítica situación. También señala que el nuevo gobierno ha manifestado su propósito de cumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Entre los logros estatales en ese campo, el informe destaca asuntos como el de la ratificación de varios instrumentos internacionales, de los avances relativos a la coordinación institucional y al sistema único de registro de la población desplazada, el de la jurisprudencia garantista de la Corte Constitucional, y el interés de varias instituciones públicas por fortalecer la cooperación con la Oficina, como por ejemplo la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, y el Senado de la República.

El informe califica la situación de los derechos civiles y políticos de crítica, y señala que a lo largo del año 2002 ella se ha caracterizado por violaciones graves, masivas y sistemáticas de esos derechos, constituyendo muchas de ellas crímenes contra la humanidad. Se registraron ejecuciones extrajudiciales (masacres y homicidios de carácter individual o selectivo), actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, acciones que implicaron empleo desproporcionado de la fuerza, desapariciones forzadas, detenciones ilegales o arbitrarias, impedimentos ilegítimos al libre tránsito interno, desplazamientos forzados, injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y el domicilio, y atentados contra el debido proceso y las garantías judiciales. El informe señala que los autores de esas violaciones fueron servidores públicos comprometidos en graves abusos de poder, en omisión o en abierta connivencia con el paramilitarismo.

El informe da cuenta de un aumento significativo de denuncias de violaciones atribuidas directamente a miembros de la fuerza pública, en comparación con el año 2001. Muchas de estas conductas se realizaron en desarrollo de la política de seguridad del nuevo gobierno, y en particular en aplicación de las normas adoptadas en el marco del estado de conmoción interior declarado en agosto. Varias de estas conductas se realizaron con el acompañamiento o la autorización de agentes de la Fiscalía General de la Nación.

En el análisis de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia, el informe da cuenta de problemas como el de la profunda exclusión económica y social, el del alto grado de pobreza y el de la amplia brecha de inequidad, manifestados en altos niveles de desempleo, cobertura insuficiente en el campo educativo, graves fallas en la prestación de los servicios de salud y seguridad social, y fuerte reducción del número de viviendas subsidiadas por el Estado.

También identifica el informe las dificultades específicas que afectan el reconocimiento y la garantía de los derechos de la mujer y de los derechos del niño y de la niña. A pesar de algunos avances legislativos, destaca en particular la ausencia de una política integral en materia de género, el mantenimiento de formas sexistas de discriminación y marginación, y la persistencia de la violencia sexual e intrafamiliar.

Situación del derecho internacional humanitario (DIH):

El informe da cuenta del sensible aumento de los crímenes de guerra y del alto índice de victimización de los miembros de la población civil en comparación con el año 2001. Varios de esos actos podrían constituir crímenes contra la humanidad. Entre las principales infracciones del DIH, muchas de ellas recurrentes y masivas, menciona los homicidios, las amenazas de muerte, los ataques a la población civil, los ataques indiscriminados, los actos de terrorismo, los atentados contra la dignidad personal, la toma de rehenes, el desplazamiento forzado, los atentados contra la misión médica, los ataques a bienes civiles y el empleo de minas antipersonales. En esta sección se estudia también la situación de los niños y mujeres víctimas de la contienda armada. El informe señala como responsable de la mayor parte de las conductas infractoras a los miembros de los grupos guerrilleros y paramilitares. Sin embargo, hace notar que durante el período por él cubierto aumentaron las denuncias de infracciones de la preceptiva humanitaria por integrantes de la fuerza pública.

El informe señala la degradación del conflicto armado ha contribuido poderosamente la utilización de algunos métodos y medios de guerra prohibidos por el DIH, así como el cambio de estrategia de los grupos armados ilegales. Entre ellos, destaca los ataques a la población civil y el empleo creciente del terror por parte de los grupos armados ilegales y, particularmente, de las FARC-EP.

Áreas de especial preocupación o importancia:

El informe analiza varias áreas de especial preocupación o importancia para el Alto Comisionado. Entre ellas figuran el mantenimiento del Estado de derecho y la adopción y ejecución de la política de seguridad, las medidas de conmoción interior, la actuación de la fuerza pública en las zonas de rehabilitación y consolidación, la situación de la antigua zona de despeje, el auge y el fortalecimiento de los grupos paramilitares, las falencias de la administración de justicia y las contradicciones en la lucha contra la impunidad, las insatisfactorias condiciones de la población carcelaria, el desplazamiento forzado, la victimización de los grupos étnicos, la crítica situación de los defensores de los derechos humanos y de otros miembros de grupos vulnerables, y los problemas existentes para el pleno ejercicio de las libertades fundamentales (libertad sindical, libertad de opinión y de expresión, libertad de conciencia y de religión, y derechos políticos).

El informe señala que el Estado aún no cuenta con una política efectiva y coherente en materia de derechos humanos y DIH. Esta carencia se manifiesta en la debilidad de sus políticas preventivas, lo cual contribuye a agravar la crisis en uno y otro campo. Esto ha incidido en el aumento significativo de personas desplazadas, así como en la mayor vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos afectados por intimidaciones, amenazas, ataques y estigmatizaciones aún por parte de servidores públicos.

Entre las materias de especial preocupación el informe destaca factores y condiciones que tienden a debilitar el Estado de derecho, manifestado en recurrentes problemas o crisis de gobernabilidad y en repetidas fallas en la aplicación del principio del imperio de la ley. La tendencia se ve reflejada en la injerencia en las funciones públicas de integrantes de grupos paramilitares y en la continuidad de nexos entre servidores públicos y miembros de esos grupos. También tiende a contribuir negativamente la adopción prioritaria de ciertas políticas represivas y militares en detrimento de la institucionalidad civil. El informe se refiere a la adopción e implementación de disposiciones incompatibles con las normas internacionales y la Constitución Nacional, como varias de las contenidas en el Decreto 2002 sancionado en el marco del estado de excepción. La atribución de funciones de policía judicial a los militares y la restricción arbitraria de derechos y libertades fundamentales estuvieron entre los principales motivos de preocupación en ese campo.

Otra materia de preocupación ha sido la actuación de instituciones que comprometen la independencia y la imparcialidad judicial. Como ejemplo de esto puede señalarse decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en lo referente al despido y traslado de fiscales, en la posición del Fiscal General ante el ejercicio de funciones de policía judicial por miembros de las fuerzas militares, y en el apoyo del mismo alto funcionario a medidas de control del orden público que luego la Corte Constitucional declaró contrarias a la Constitución.

Seguimiento de las recomendaciones internacionales:

El informe da seguimiento a las recomendaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos, conflicto armado, Estado de derecho e impunidad, ratificación de instrumentos internacionales, adecuación de la normativa interna a los principios y reglas de carácter internacional, adopción de medidas en pro de los derechos económicos, sociales y culturales, promoción de una cultura de derechos humanos, y asesoría y cooperación técnica. El informe constata que no se han registrado progresos significativos en la aplicación de muchas de esas recomendaciones. No obstante, destaca como positivos la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (a pesar de la salvedad sobre los crímenes de guerra), la adopción de la ley que crea el tipo penal de trata de personas, la evaluación de los programas de protección del Ministerio del Interior, la adopción de la ley para dar cumplimiento a la Convención de Ottawa y la creación del Observatorio de Minas Antipersonal, así como la adopción de medidas para ampliar la cobertura territorial del sistema de alerta temprana y fortalecer la participación gubernamental en el mismo.

Actividades de la Oficina en Colombia:

El informe dedica una sección para resumir las actividades cumplidas durante 2002, en ejercicio de las funciones de observación, asesoría legal, promoción y difusión, y cooperación técnica señaladas en su mandato, por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De este mandato se han beneficiado varias instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, que han recibido con interés la asesoría y cooperación de la Oficina en el propósito de fortalecer su actuación institucional en derechos humanos. También fueron destinatarias de las actividades de la Oficina las organizaciones de la sociedad civil. La Oficina ha podido iniciar con el nuevo gobierno, en particular con la Vicepresidencia de la República y la Cancillería, una interlocución frecuente y fluida. En octubre asumió sus funciones el nuevo Director de la Oficina.


Recomendaciones:

El informe finaliza con una serie de recomendaciones concretas y prioritarias del Alto Comisionado en materia de derechos humanos y DIH para el año 2003, con la convicción de que la aplicación de ellas podría contribuir sensiblemente a mejorar la situación en Colombia. Las recomendaciones cubren materias importantes como la prevención y la protección, el conflicto armado interno, el Estado de derecho y la impunidad, las políticas económicas y sociales, la promoción de una cultura de derechos humanos y el asesoramiento y la cooperación técnica de la Oficina. Los destinatarios de esas recomendaciones son las autoridades nacionales, todas las partes en el conflicto armado interno y los sectores representativos de la sociedad civil. (1)

(1) Las recomendaciones se encuentran reproducidas textualmente en la primera parte de este documento.

-Si desea acceder al Informe completo consulte la página web de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos www.hchr.org.co. Puede también solicitarlo al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. o recogerlo en la siguiente dirección calle 114 No 9-45 . Torre B, oficina 1101. Bogotá)

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