Recomendaciones al Estado Colombiano

Las 27 recomendaciones para Colombia, 2004, del informe anual 2003

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RECOMENDACIONES PARA COLOMBIA 2004

Contenidas en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia año 2003

Bogotá, marzo 2004

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2003

V. RECOMENDACIONES

103. Con base en su análisis pormenorizado, el Alto Comisionado formula una serie de recomendaciones concretas y prioritarias para el año 2004. Estas recomendaciones, que no son exhaustivas, se agrupan bajo seis rubros: la prevención y protección; el conflicto armado interno; el estado de derecho y la impunidad; las políticas económicas y sociales; la promoción de una cultura de derechos humanos; el asesoramiento y la cooperación técnica de su oficina en Colombia.

104. Las recomendaciones se dirigen a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a todas las partes en el conflicto armado interno, y a los sectores representativos de la sociedad civil. El Alto Comisionado tiene la firme convicción que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora si las siguientes recomendaciones se aplicaran durante el año 2004 por aquellos a quienes van dirigidas.

a) La prevención y protección

105. El Alto Comisionado alienta al Gobierno a fortalecer la coordinación entre el Sistema de Alerta Temprana (SAT), establecido en la Defensoría del Pueblo, y el Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT), dando seguimiento a las acciones tomadas por las autoridades en las áreas identificadas en los informes de riesgo. También deberán formar parte de dicho Comité la Defensoría del Pueblo, la Red de Solidaridad Social y el Programa de protección de defensores de derechos humanos del Ministerio del Interior.

106. El Alto Comisionado alienta al Gobierno a asegurar que los programas de protección de defensores de derechos humanos y de otros grupos, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, funcione con la cobertura y efectividad necesarias. El Ministerio deberá buscar, conjuntamente con otras instituciones del Estado, nuevos mecanismos para disminuir los factores de riesgo y actuar preventivamente sobre ellos.

107. El Alto Comisionado alienta a la Red de Solidaridad Social, conjuntamente con otras instancias del Gobierno y del Estado, a poner en práctica, cuanto antes, acciones y programas de prevención y protección concertados con las comunidades en riesgo. En materia de desplazamiento se deberán aplicar estrictamente los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

108. El Alto Comisionado urge al Gobierno y al Congreso a asegurar en el presupuesto nacional los recursos necesarios para que la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo puedan, cuanto antes, establecerse en aquellos municipios donde aún no tienen presencia, especialmente en las regiones con alto índice de población indígena, afrocolombiana y desplazada. Recomienda, además, que la Procuraduría y la Defensoría incorporen integralmente a los personeros a sus actividades y programas en materia de protección y promoción de derechos humanos.

109. El Alto Comisionado alienta al Procurador General a llevar a cabo, durante el primer semestre de 2004, la revisión pendiente de los archivos de inteligencia militar sobre defensores y organizaciones de derechos humanos. Esta revisión deberá realizarse al menos una vez al año.

110. El Alto Comisionado recomienda al ministerio público y a los superiores jerárquicos que cumplan la obligación de sancionar disciplinariamente a todos aquellos servidores públicos que con sus declaraciones, acciones u omisiones descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.

111. El Alto Comisionado alienta al Ministro de Defensa a desarrollar, con base en un estudio independiente, en una forma integral, sistemática y operacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la formación de todos los miembros de la Fuerza Pública.

b) El conflicto armado interno

112. El Alto Comisionado insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC y a los demás grupos guerrilleros y paramilitares a respetar el derecho a la vida de todos los civiles. Los insta, en especial, a abstenerse en todo momento de ataques contra la población civil y ataques indiscriminados, de la práctica inaceptable del secuestro, del reclutamiento de menores y de los actos de terrorismo.

113. El Alto Comisionado insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC y a los demás grupos armados ilegales a liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes, y a todas las personas que han depuesto las armas o quedado fuera de combate.

114. El Alto Comisionado insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC, y a los demás grupos guerrilleros y paramilitares, a abstenerse de emprender acciones que afecten el goce de los derechos humanos de la población civil y disminuyan la capacidad del Estado colombiano para cumplir su obligación de protegerlos y garantizarlos.

115. El Alto Comisionado insta a los grupos armados ilegales, en particular a las FARC EP y al ELN, a cumplir las obligaciones internacionales que prohíben el empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal.

116. El Alto Comisionado insta a todos los que participan directamente en las hostilidades dentro del conflicto armado interno a observar irrestrictamente los principios humanitarios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil, y a garantizar el acceso humanitario a las poblaciones expuestas.

117. El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a la sociedad civil no escatimar esfuerzos para establecer acercamientos dirigidos al diálogo y a la negociación que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera. Los diálogos y la negociación deberán tomar en cuenta, desde un principio, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Exhorta al Gobierno y al Congreso a que, en los procesos de diálogo y negociación con grupos armados al margen de la ley, honren plenamente los principios fundamentales de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

c) El estado de derecho y la impunidad

118. El Alto Comisionado exhorta al Gobierno y al Congreso a prestar la debida atención a las obligaciones asumidas por Colombia como Estado Parte en los instrumentos internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional del trabajo. Recomienda al Gobierno impulsar la ratificación de los tratados internacionales en esas materias, y proceder al depósito de los instrumentos de ratificación de aquellos que han sido aprobados internamente. Los insta a no introducir o mantener en la legislación colombiana norma alguna que sea incompatible con dichos instrumentos. Recomienda, además, que se haga mayor uso de la asesoría de su oficina en Colombia.

119. El Alto Comisionado exhorta al Comité especial de impulso de investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario a presentar resultados concretos sobre los casos seleccionados, y a informar trimestralmente al Presidente de la República sobre los avances obtenidos en el esclarecimiento de esos casos.

120. El Alto Comisionado exhorta al Fiscal General a asegurar, conforme a la carta de entendimiento suscrita en noviembre de 2003 con su oficina en Colombia, el cumplimiento en el primer semestre de 2004 de las recomendaciones del año 2002. Éstas se refieren al programa de protección de testigos y víctimas, al proyecto de ley sobre carrera para los funcionarios y empleados de la Fiscalía, al fortalecimiento de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, y a la creación de un grupo especializado en la investigación de posibles vínculos entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.

121. El Alto Comisionado exhorta al Fiscal General a asegurar y a respetar la independencia de los fiscales en todas sus actuaciones, y a garantizar que los procedimientos de detención y de allanamiento se apoyen en indicios suficientes y se realicen respetando el debido proceso.

122. El Alto Comisionado alienta al Procurador General y al Defensor del Pueblo a velar por el respeto de las garantías procesales de aquellas personas privadas de la libertad cuya situación jurídica no se haya definido. Les solicita presentar informes públicos al respecto. Se exhorta al Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC) a garantizar y respetar los derechos de todos los reclusos.

123. El Alto Comisionado recomienda al Ministro de Defensa velar por la eficacia de las investigaciones disciplinarias sobre graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, y a emplear la suspensión en el servicio como medida preventiva. Exhorta, además, a que se limite la actuación de la jurisdicción penal militar a los delitos relacionados con el servicio.

124. El Alto Comisionado recomienda al Presidente de la República que, en su condición de Jefe del Estado y Comandante supremo de la Fuerza Pública, adopte todas las medidas necesarias para que, independientemente de los diálogos entre el Gobierno y los grupos paramilitares, cese todo vínculo entre servidores públicos y miembros de dichos grupos. También le recomienda presentar al ministerio público reportes semestrales sobre las medidas adoptadas con tal propósito y los resultados de su aplicación.

d) Las políticas económicas y sociales

125. El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a desarrollar una política consistente, con base a estadísticas actualizadas, para disminuir la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza existente en el país y asegurar la adopción de todas las medidas necesarias para lograr una disminución de los índices de analfabetismo y desocupación, y un aumento en el acceso a la salud, la educación y la vivienda. La educación primaria deberá ser gratuita, y los servicios de salud y los subsidios de vivienda han de garantizarse a los sectores menos protegidos.

e) La promoción de una cultura de derechos humanos

126. El Alto Comisionado recomienda al Gobierno y a las organizaciones de defensores de los derechos humanos desarrollar e institucionalizar espacios estables de interlocución, tanto en el nivel nacional como en el regional, para lograr mayores grados de entendimiento y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en todo el país.

127. El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a través de la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, elaborar un plan de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario concertado con amplios sectores de la sociedad, y que incorpore un enfoque integral de género. Dentro del primer semestre de 2004 deberá concertarse y formularse un cronograma de actividades que permitan tener concluido el plan de acción a finales del mismo año.

128. El Alto Comisionado recomienda a la Ministra de Educación adoptar durante el año 2004 un plan de trabajo que haga efectiva la enseñanza integral de los derechos humanos en los niveles de educación primaria y secundaria.

129. El Alto Comisionado alienta al Congreso, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General, a la Escuela Superior de Administración Pública y a las organizaciones de gobernadores y alcaldes a establecer con la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo convenios para la formación permanente en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. También recomienda a la Defensoría y a otras instituciones servirse de las redes de formadores en derechos humanos capacitados por su oficina en Colombia.

f) El asesoramiento y cooperación técnica de la oficina en Colombia del Alto Comisionado

130. El Alto Comisionado urge al Estado a implementar de manera coherente y eficaz las recomendaciones internacionales, incluidas las del presente informe, y exhorta al Vicepresidente de la República, a los ministros competentes, al Alto Comisionado para la Paz y a las demás entidades estatales a que se coordinen adecuadamente entre sí. Todos ellos deberán elaborar, dentro del primer semestre de 2004, un cronograma de implementación de dichas recomendaciones. Para ello los invita a utilizar la capacidad de asesoría de su oficina en Colombia del Alto Comisionado.

131. El Alto Comisionado invita al Gobierno, al Congreso, a la Fiscalía General, a la Procuraduría General, a la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones de la sociedad civil a profundizar la interlocución con la oficina en Colombia del Alto Comisionado, beneficiándose plenamente con su mandato de asesoría y cooperación técnica. También invita a la comunidad internacional a dar su apoyo financiero y técnico a las distintas instituciones del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil y a la Oficina del Alto Comisionado para contribuir a la efectiva implementación de las recomendaciones.