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Comunicados de prensa del 2017
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ONU Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, sobre capacidad legal de las personas con discapacidad

2017-07-30 “Invito a la sociedad a tomar mayor conciencia frente a las personas con discapacidad y a fomentar el respeto de sus derechos y dignidad, así como a reconocer sus capacidades y gran aporte en relación con el lugar de trabajo y en el mercado laboral”, expresó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
 
La actual legislación colombiana sobre la capacidad legal limita los derechos de las personas con discapacidad, particularmente aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial y está en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por Colombia en el 2011. 
 
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano que monitorea la implementación de la mencionada Convención, recomendó al Estado de Colombia en el 2016 derogar toda disposición del Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad, y adoptar medidas para proporcionar los apoyos que estas requieran para ejercer plenamente este derecho y tomar decisiones.

De acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, el Estado de Colombia, y en este caso particular el Congreso, tiene la obligación de modificar la legislación interna para que esté conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, “por medio del cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”, radicado recientemente ante el Congreso de la República. 
 
“Este Proyecto propone remplazar las figuras de la interdicción (mediante la interdicción un juez declara que la persona no tiene la capacidad mental para actuar legalmente y se designa a otra persona para que lo represente) y la inhabilitación, por sistemas de toma de decisiones con apoyo. Asimismo, se rectifica un problema real en la legislación colombiana y se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones con las demás, puntualizó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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