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Avances y desafíos para Colombia en materia de derechos humanos y género

2004-07-08


Intervención de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Durante el Día Mundial de la Población


Antes de abordar el tema “Avances, dificultades y desafíos en materia de derechos humanos y género en Colombia” deseo agradecer al Fondo de Población de las Naciones Unidas por la invitación que nos ha extendido para intervenir en este foro conmemorativo del Día Mundial de la Población.

También tengo el agrado de informarles que desde el primero de julio, tenemos como nueva Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, a la Doctora Louise Arbour. Con su presencia en el Sistema de las Naciones Unidas seguiremos trabajando el tema de género a fin de lograr mayor visibilidad.

Quisiera comenzar mi presentación con una reflexión sobre la importancia de la perspectiva de género en el campo de los derechos humanos.

Cuando hablamos de género no nos estamos refiriendo únicamente a las mujeres sino a una categoría que considera tanto a hombres como a mujeres. El concepto de género debemos entenderlo como una construcción social y cultural basada en las diferencias biológicas entre los dos sexos, que conlleva valoraciones desiguales entre hombres y mujeres.

La adopción de una perspectiva de género contribuye a un mejor análisis sobre la situación de los derechos humanos en un determinado Estado pues ayuda primero, a identificar las diferentes formas de realización o no de los derechos tanto de los hombres como de las mujeres, y segundo, a entender porque una determinada situación tiene implicaciones diferentes para las mujeres y para los hombres.

En casos de violaciones a los derechos humanos, el análisis de género permite profundizar el examen sobre la condición de la víctima y definir acciones adecuadas de justicia y reparación por parte del Estado.

Cabe recordar que dentro de los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos se encuentran la igualdad de género y la no discriminación por razones de sexo. Los Estados deben respetar los derechos de hombres y de mujeres de la misma manera, y deben garantizarles la protección por igual ante la ley.

En particular, quisiera destacar el valor de los compromisos contenidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena en 1993, esta última reafirmada por la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995.

Estas dos Declaraciones señalan que: “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.”

Sin embargo, a pesar de la existencia de diferentes instrumentos internacionales que garantizan el principio de igualdad y la no discriminación entre los géneros, persisten, en la práctica, desigualdades en el goce y el ejercicio de los derechos entre mujeres y hombres. Además, éstas siguen siendo discriminadas en las distintas esferas políticas, civiles, económicas, sociales y culturales, por el solo hecho de ser mujeres.

El análisis de género contribuye a una mejor comprensión del impacto diferenciado, en hombres y mujeres, de las violaciones de los derechos humanos. Este análisis permite que la comunidad internacional, los Estados y la sociedad civil ofrezcan respuestas eficaces a la problemática concreta enfrentada por las mujeres y las niñas.

Es así como la comunidad internacional ha adoptado instrumentos y ha creado órganos y mecanismos especiales destinados a reconocer las necesidades particulares de las mujeres y de las niñas, y a contrarrestar las situaciones de desigualdad, discriminación y de violencia ejercidas contra éstas en los ámbitos públicos y privados .

Los Estados, por su parte, al ratificar estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo aquellos sobre los derechos de la mujer, asumen voluntariamente el deber de adecuar su legislación interna y de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres.

Es de suma importancia que el Estado asegure tanto un marco legal como políticas que respondan de manera integral a las condiciones específicas que enfrentan las mujeres y las niñas en cada sociedad. El Estado debe aplicar también medidas efectivas para erradicar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. Sumado a estas medidas, el Estado debe fortalecer las instituciones para que éstas incluyan una perspectiva de género en todas sus acciones.

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas les propongo que en el día de hoy veamos, en una primera parte, los avances y las dificultades en materia de derechos humanos y de género en el caso colombiano, y en una segunda parte los desafíos que Colombia debe enfrentar en esta materia.

Debido a la amplitud y a la complejidad de este tema, mi presentación pretende aportar algunos elementos para enriquecer la discusión, haciendo un énfasis particular en los derechos de las mujeres y las niñas.

Avances en materia de derechos humanos y género en Colombia:

Dentro de los principales avances efectuados por el Estado colombiano en este campo podemos destacar los realizados en la normatividad interna y en las políticas institucionales. Citaré algunos ejemplos.

1. El Estado colombiano ha ratificado gran parte de los instrumentos internacionales que protegen y promocionan los derechos de los hombres y de las mujeres en las esferas civiles, políticas, sociales, económicas y culturales. Ha incorporado como principios constitucionales, entre otros, la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la prohibición de la discriminación contra la mujer, la protección especial para la mujer embarazada y cabeza de familia, y la adecuada y efectiva participación de ésta en los niveles decisorios de la Administración Pública.

2. El Estado ha adoptado normas que favorecen los derechos de las mujeres y que buscan alcanzar una equidad de género. En este aspecto, deseo reiterar la satisfacción de la señora Arbour, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, por la presentación y aprobación en primer debate, en la Comisión Segunda del Senado, del Proyecto de Ley No. 202 de 2004, por medio del cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

3. En cuanto al fortalecimiento de las políticas institucionales se destaca que las tres ramas del poder público suscribieron el Acuerdo Nacional por la Equidad de Género, en octubre de 2003. El Gobierno colombiano, a través de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ha puesto en marcha un Observatorio de asuntos de género que deberá hacer efectivo el cumplimiento de los instrumentos internacionales por parte de las instituciones que firmaron el anterior acuerdo.

4. La Oficina desea resaltar también la importancia de realizar estadísticas y establecer indicadores con perspectiva de género. Quisiera destacar el esfuerzo iniciado por el Departamento Administrativo de Estadística Nacional- DANE, con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD. El DANE ha incorporado la perspectiva de género en el análisis de las estadísticas en distintos campos de estudio, entre ellos la jefatura de hogar en Colombia y las diferencias salariales en 7 ciudades del país.

Dificultades:

A pesar de los avances legislativos y del fortalecimiento en las políticas del Estado a favor de la igualdad de género, persisten aún en Colombia desigualdades entre hombres y mujeres en áreas tales como la política, el trabajo, la salud y la educación.

Sobre la desigualdad el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señaló en su informe de 1999, que “… las mujeres de las zonas rurales, donde existe gran atraso en la infraestructura de servicios básicos –se ven afectadas por- una baja cobertura en salud y educación, así como una deficiente calidad de vida para la mayor parte de la población”.

Asimismo, en la sociedad colombiana persisten estereotipos y patrones socioculturales de conducta de hombres y de mujeres que generan diferentes formas de discriminación y de violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Esta situación se ve agravada por el conflicto armado interno que enfrenta el país.

Deseo detenerme en este último punto para señalar la preocupación de la Oficina por el impacto del conflicto armado interno sobre los derechos humanos tanto de los hombres como de las mujeres. En este contexto particular se incrementa la instrumentalización de la mujer y se acentúa su condición de injusta inferioridad y subordinación frente al hombre.

Cabe citar como ejemplo del efecto del conflicto armado interno sobre las mujeres, las diversas formas de violencia ejercidas por parte de los distintos grupos armados, incluida la violencia sexual: violación, esclavitud, abortos forzados y uso obligatorio de métodos anticonceptivos; también las amenazas a las mujeres y a sus organizaciones, realizadas por los grupos armados ilegales, particularmente, los grupos paramilitares, y la imposición de trabajos domésticos forzados. Estas acciones impiden el goce de los derechos de las mujeres, dificultan la participación de éstas en los espacios públicos y debilitan sus procesos organizativos.

El conflicto armado interno afecta especialmente a las mujeres indígenas, afrocolombianas y desplazadas quienes, en muchas ocasiones, sufren discriminación múltiple por motivos de sexo, origen étnico y por su condición de desplazadas. Estas situaciones también incrementan las condiciones de desigualdad, exclusión y pobreza.

La situación de las mujeres en el conflicto armado interno ha sido recogida en el reciente informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia, año 2003, y en el Informe de Misión a Colombia de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, señora Radhika Coomaraswamy , quien visitó el país en el año 2001.

Frente a estos hechos son pocas las respuestas por parte del Estado colombiano. La falta de investigación y juzgamiento de estos crímenes ha contribuido a que sus autores gocen de impunidad y a que las víctimas no sean reparadas por los daños y perjuicios sufridos.

Desafíos para el Estado Colombiano:

Quisiera llamar la atención sobre los desafíos para el Estado colombiano con respecto a los derechos de la mujer:

Uno de los desafíos más importantes se relaciona con la promoción de una verdadera cultura de los derechos humanos en Colombia. La igualdad entre hombres y mujeres, y la realización de mayores esfuerzos en la ejecución y efectividad de la política para las mujeres permitirá lograr una verdadera equidad de género, y contribuir a la creación de la cultura de los derechos humanos.

Asimismo, las medidas que el Estado adopte para modificar los estereotipos y patrones socioculturales que discriminan a las mujeres contribuirán también a obtener este propósito.

El papel activo de la sociedad civil para complementar los esfuerzos estatales es crucial, y en su reciente Informe el Alto Comisionado recomienda al Gobierno y a las organizaciones de defensores de los derechos humanos desarrollar e institucionalizar espacios estables de interlocución, tanto en el nivel nacional como en el regional, para lograr mayores grados de entendimiento, y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en todo el país.

Cabe recordar la recomendación del Alto Comisionado al Gobierno colombiano de incorporar en la elaboración del Plan de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario un enfoque integral de género que deberá ser concertado con amplios sectores de la sociedad, incluyendo, por supuesto, a las mujeres.

Otro desafío importante para el Estado colombiano es la adopción de medidas adecuadas y efectivas que permitan contrarrestar los graves efectos del conflicto armado sobre los derechos de las mujeres.

Se requiere por parte del Estado un mayor compromiso en la prevención y en la protección de los derechos de las mujeres; en la investigación de la violación de sus derechos, en la sanción a los responsables de estos delitos y en la reparación a las víctimas.

Para poder identificar adecuadamente las respuestas del Estado a las necesidades de las mujeres es necesario que se dé plena inclusión de éstas y sus organizaciones en los procesos de participación destinados a identificar y a construir las respuestas integrales del Estado que garanticen plenamente los derechos de las mujeres.

Para asegurar la participación plena, activa y libre de las mujeres es necesario implementar la recomendación de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer en su informe sobre Colombia que dice: “El Estado debería prestar un mayor apoyo y protección a las organizaciones de derechos humanos que se ocupan de cuestiones de derechos de la mujer o de asuntos de la mujer”.

Por último, quiero referirme a los desafíos del Estado en relación con la superación del conflicto armado interno en Colombia.

En este tema es importante recordar la recomendación del Alto Comisionado al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a la sociedad civil “de no escatimar esfuerzos para establecer acercamientos dirigidos al diálogo y a la negociación que permitan la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera(...)”.

El Alto Comisionado añade en su recomendación que “Los diálogos y la negociación deberán tomar en cuenta, desde un principio, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

El Alto Comisionado recomienda también al Gobierno y al Congreso que, en los procesos de diálogo y negociación con grupos armados al margen de la ley, honren plenamente los principios fundamentales de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Como sabemos todos, el papel que pueden desempeñar las mujeres en estos procesos de diálogo y de negociación de la paz es fundamental.

Recordemos que la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas insta a los Estados Miembros, entre ellos Colombia, a velar por que aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos.

Por lo tanto, el Estado colombiano debe garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de este derecho en igualdad de condiciones que a los hombres. Igualmente, debe establecer mecanismos eficaces que permitan incorporar las propuestas de paz de las mujeres.

El Gobierno colombiano debe tener presente dentro de las políticas de paz, la problemática específica de las mujeres y las niñas, y debe dar respuestas integrales y efectivas a sus necesidades al examinar las distintas alternativas de reconciliación, justicia y reparación.

Por último, para que el Estado pueda cumplir cabalmente con sus obligaciones en materia de derechos humanos y de género es fundamental que éste tenga en cuenta las recomendaciones de órganos internacionales en esta materia, y que las incorpore en su legislación y en el diseño e implementación de las políticas públicas .

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó, hace pocos meses, que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora en el país si sus recomendaciones se aplican durante el año 2004 por aquellos a quienes van dirigidas

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con las agencias de la ONU, estará apoyando los planes y los programas nacionales que integren la dimensión de los derechos humanos y de género.


Muchas gracias.
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