Es curioso que la sociedad colombiana esté desconectada de las víctimas, aunque las víctimas son más del 10 % de la población.
Hoy, 9 de abril, Colombia conmemora oficialmente el “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas”. Al margen de las propias víctimas y de quienes trabajan con ellas, el día pasará con unos cuantos actos oficiales y cierta cobertura mediática, pero, en general, sin mucha atención por parte de la sociedad colombiana.
Es curioso que la sociedad colombiana esté desconectada de las víctimas, aunque las víctimas son más del 10 % de la población. La cruda realidad es que fue imposible haber generado tantas víctimas sin la contribución —grande o pequeña, directa o indirecta— de todos y todas las colombianas: desde los consumidores hasta los empresarios, pasando por los funcionarios del gobierno del ámbito local, estatal y nacional. Colombia contó además con ayuda, no solo de colombianos sino de la comunidad internacional de diferentes formas, pequeñas o grandes, directas o indirectas.
Por ejemplo: Chiquita, cuyos directivos se declararon culpables de acusaciones penales presentadas en los Estados Unidos por apoyar a los paramilitares colombianos y pagaron una multa de 25 millones de dólares.
Normalmente, los mecanismos de la justicia de transición están diseñados para transformar estas tristes realidades dando a quienes contribuyeron al problema un medio de resolverlo (también, en este caso, de formas pequeñas y grandes, directas e indirectas). Sin embargo, hoy por hoy, en Colombia la justicia de transición generalmente se ha malinterpretado como sinónimo de “ventajas para los perpetradores”.
Los herederos del paramilitarismo (conocidos popularmente como “bandas criminales”) siguen violando los derechos humanos, aterrorizando a parte de la población y ejerciendo influencia política, económica y social. Aunque haya habido cierta búsqueda de la verdad y algunas penas, la realidad es que la no repetición no se ha logrado y la sociedad colombiana, en gran parte, sigue sin asumir ni la plena responsabilidad ni un compromiso activo con la reducción del impacto de estos grupos.
Aunque la Ley de Víctimas está bien diseñada para que las víctimas ocupen el centro de atención, la sociedad colombiana está contenta de no ser parte del proceso de resolución de su historia de violencia contra ciertos miembros de su población. Un par de organismos oficiales (la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras) no pueden reemplazar lo que debería ser un proceso que abarque a toda la sociedad.
Aunque todas las organizaciones pueden mejorar su forma de trabajar para ser más eficaces, la actual polémica en torno a dichas instituciones no reconoce la necesidad de un compromiso de toda la sociedad con la justicia de transición para que esta última funcione.
Veamos un ejemplo de cómo la sociedad podría efectivamente ser parte de la solución. Urabá (Antioquia) fue una de las regiones más duramente golpeadas por los grupos paramilitares y sus masacres, que provocaron desplazamientos y despojos. En Urabá, el grupúsculo rebelde/político se había afianzado firmemente entre los pequeños propietarios y los campesinos sin tierra, de una de las más grandes regiones bananeras de Colombia.
En la actualidad, la región sigue estando en gran medida bajo la influencia de los grupos surgidos tras la desmovilización. En este contexto, la restitución de tierras es peligrosa para las víctimas y existe un gran riesgo de que quienes soliciten dicha restitución vuelvan a convertirse en víctimas (p. ej.: amenazas, asesinatos o imposibilidad de regresar a sus tierras). Esto puede cambiar, pero se requiere un esfuerzo social y no solo el trabajo de un organismo oficial.
Los consumidores colombianos y de muchos otros países probablemente lleven muchos años comprando banano cultivado en tierras conseguidas mediante desplazamientos forzados.
Mientras que los consumidores de algunos países pueden optar por comprar bananos de cultivo orgánico y comercio justo, estas etiquetas aún no tienen una presencia significativa en Colombia. Por ejemplo, Max Havelaar es una etiqueta europea basada en el respeto de los derechos humanos en toda su cadena de suministro (que incluye a 19 organizaciones nacionales que operan en 24 países). En Colombia es imposible comprar en el supermercado local y saber si se está contribuyendo inconscientemente a generar víctimas y sufrimiento o si se contribuye a la solución.
Es fundamental para la justicia de transición y para una transformación positiva en Colombia dar voz a los consumidores en favor de la restitución de tierras y en contra de los desplazamientos forzados. Como en Europa, los productores de bananos pueden cooperar con ciertas ONG y crear las etiquetas “sin despojo” y “en favor de la restitución” para su producto (p. ej., los bananos cultivados por personas a las que se les hayan restituido sus tierras).
Las principales cadenas que venden bananos a los consumidores y los principales productores y distribuidores comerciales podrían crear conjuntamente fondos para becas destinados a fomentar la educación secundaria, técnica y universitaria entre los hijos de las víctimas de esta región (tanto aquellos que poseían tierras como aquellos que no). En Angola, en la época de la independencia (1975) no había graduados de universidades angolanas, ya que la Universidad Nacional abrió solo dos años antes.
Años después, una pequeña petrolera explotada por la familia Kennedy promovió entre los productores de petróleo de Angola la donación de unos centavos por cada barril. Todas las compañías se unieron a la iniciativa. Hoy, el acceso a la educación superior de miles de angolanos está garantizado al amparo de este fondo. No hay motivo para que el comercio colombiano no pueda seguir este enfoque y contribuir de forma muy significativa a la justicia de transición en Colombia.
Estos mismos negocios deberían ver la restitución de tierras como la oportunidad de establecer una situación beneficiosa para todos y un comercio justo de bananos, y crear mercados estables para los productores que regresan a sus tierras pagándoles un precio justo por su producción y haciéndola así sostenible. Este es el tipo de transformación social necesario para disponer de un mecanismo de justicia de transición óptimo.
Las asociaciones de funcionarios públicos retirados (desde el sistema judicial a la fuerza pública, pasando por los políticos) deberían contar todas con proyectos en favor de la restitución de tierras. Deberían estar presentes en dichas comunidades y trabajar con ellas para restablecer sus vidas. Deberían alentar a las comunidades y trabajar con ellas de forma activa en la restitución de sus derechos. Su presencia brindará aliento y protección a quienes trabajan en esos puestos en la actualidad para maximizar su contribución al respeto de los derechos de estas personas.
La coordinación entre los organismos estatales y oficiales es esencial para proporcionar la seguridad y el conjunto de derechos que requieren las víctimas a su regreso, como el acceso a la sanidad y la educación. ¿Cómo se consigue que los municipios y departamentos inviertan dinero en satisfacer estos derechos básicos? ¿Cómo se consigue que la Fiscalía y la fuerza pública coordinen sus esfuerzos para debilitar el poder de los grupos que siguen socavando los derechos de las víctimas hasta hoy?
En parte, todo ello está relacionado con cambiar los medios de cuantificar los logros, con una mayor transparencia y con ser más realistas con respecto al nivel de inversión política necesario.
Actualmente, muchos críticos hablan del reducido número de personas a las que se les han restituido sus tierras. Sin embargo, el indicador debe ser tanto cuantitativo como cualitativo. Cualitativo en términos de entender que ciertas regiones son enormemente complicadas y que lograr la restitución de tierras en ellas (como en Urabá) requiere grandes transformaciones. Por lo tanto, poner de relieve el éxito de estas transformaciones debería ser al menos tan importante como destacar el simple número de restituciones.
Muy pocos municipios han asumido seriamente su responsabilidad en contribuir a la transformación de las vidas de las víctimas. En nuestro Informe anual de 2013 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, pusimos de relieve el trabajo de Medellín y Bogotá. Su inversión está ayudando a hacer de las víctimas miembros plenos y activos de la sociedad que contribuyan significativamente a esta. El gobierno y las ONG deben seguir trabajando en la calificación de los municipios y los departamentos en términos de sus esfuerzos por apoyar a las víctimas y destacar a quienes no hacen nada.
Todas las principales regiones de restitución de tierras en las que también hay un gran número de víctimas requieren liderazgo y coordinación. La Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, las ONG, la Iglesia, el sector privado, los gobiernos municipales y departamentales y otras partes relevantes del Estado (como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía o la fuerza pública) deben contar con un plan sólido y transparente para transformar las vidas de las víctimas. Todas estas organizaciones comparten la idea general de desear que la Ley de Víctimas funcione, aunque no están suficientemente coordinadas.
Por lo general, hay conflictos entre estos grupos, algo que va en detrimento de la consecución de los cambios requeridos. Este grupo heterogéneo necesita organizar reuniones periódicas de alto nivel o con capacidad de decisión, por ejemplo, cada dos meses. Cada actor debería asumir varias tareas e informar sobre los progresos realizados.
Determinar quién debería convocar y presidir cada una de estas reuniones podría ser difícil dentro del juego político. Por tanto, podría resultar útil que la Pastoral Social (con el apoyo de la ONU) convocase las primeras reuniones en estas diversas localidades y, posteriormente, que la presidencia rotara entre los miembros.
La justicia de transición implica el compromiso de la sociedad con su pasado, el reconocimiento de que se cometieron errores y la transformación de la realidad de modo que no vuelvan a producirse violaciones y que aquellos que las sufrieron vean restituidos sus derechos.
El Día de las Víctimas no debería hablar solo de las víctimas, sino de cómo cada uno de nosotros, como miembros de la sociedad, contribuimos con nuestras acciones (ya sean grandes o pequeñas, directas o indirectas) a la transformación de Colombia en una sociedad más tolerante que respete los derechos humanos.
*Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
