Pocos Estados han logrado pasar la página de sus conflictos con olvido y negación. Las transiciones más exitosas han sido aquellas que enfrentaron con valentía el horror del pasado, y lo usaron para transformarse en mejores sociedades. La falta de confrontación del pasado permite que la responsabilidad por las violaciones siga rondando como un fantasma, y que el conflicto social y político, el resentimiento y el dolor perduren, inalterados.

Los mecanismos de justicia transicional no son un fin en sí mismos, sino que son instrumentos para facilitar cambios de mentalidad y estructuras de comportamiento que facilitan la transformación de una sociedad. Es vital que las partes en la negociación entiendan que tienen una opción de aportar a la transformación del país, con justicia y con transparencia.

En Colombia las dos partes del conflicto dicen estar peleando por un mejor país. Esto debería conducir a que privilegien el reconocimiento de las violaciones del pasado, utilizando  herramientas de justicia transicional que ayuden a la transformación positiva de la sociedad. Los mecanismos de justicia transicional son usados en procesos de paz con frecuencia buscando más fórmulas de conveniencia para los combatientes que una búsqueda creativa de justicia.

En algunos procesos de paz ha existido la comprensión de que la sanción penal es un impedimento para la paz y esto se expresa frecuentemente como una tensión entre la justicia y la paz. Esta contraposición, que no tiene mucho sentido, se repite y se repite como si fuera verdad. En vez de caer en la trampa sin salida de esta falsa dicotomía, las partes pueden aprovechar la inusual oportunidad que ofrece el proceso paz para poner en marcha herramientas creativas que se aparten de la ruta ortodoxa del sistema de justicia y promover transformaciones personales y estructurales en la sociedad.

Los problemas usualmente surgen de la instrumentalización de la justicia transicional. Al buscar una especie de visto bueno o un salvoconducto ante la justicia, no se ahonda en la  reparación de las víctimas con verdadero sentido restaurativo, en la transformación de la sociedad y los individuos, o en la prevención de las violaciones de derechos humanos. Hacer  esto no es fácil, pero los beneficios potenciales son amplios.

La justicia transicional permite encarar las limitaciones del derecho penal, complementando el establecimiento de la verdad por medios más eficaces y trascendiendo la responsabilidad individual subjetiva y el enfoque punitivo y retributivo. La Constitución colombiana  contempla los mecanismos restaurativos como un complemento de la justicia para velar por los derechos de las víctimas. Los mecanismos de la justicia transicional deben trascender el campo penal y promover una noción robusta de justicia que busque la restauración, permita  recuperar la confianza en las instituciones y facilite la recuperación del sentido público de lo justo.

En una negociación de paz ambas partes deben volver a examinar sus acciones y posiciones, y adoptar una noción de justicia que permita encarar sus responsabilidades y las consecuencias de sus actos. Lo que se necesita es honestidad y coraje para admitir que tanto los integrantes de las Farc como del  Estado han participado en crueles y perversos crímenes de derechos humanos.

En lugar de que las dos partes evadan responsabilidades deberían usar su  conocimiento y su poder para el bien:  es decir la restauración de las víctimas,  con el fin de transformar la sociedad y de prevenir futuras violaciones.

El reto que enfrenta hoy Colombia no debería ser la búsqueda de fórmulas para evadir la sanción penal de los perpetradores de crímenes graves, sino cómo usar el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos de forma catalizadora para buscar cambios sociales. Aunque esto es difícil, es también posible. Debe haber un momento en el tiempo de la negociación que facilite lidiar con el pasado y no intentar esconderlo.

Para que las partes en conflicto puedan llegar a este objetivo, también se requiere que cada persona en la sociedad reflexione sobre sus valores y acciones, y que revalúe sus posiciones, examinando si están basadas en la emoción, la ideología y el dogmatismo, o en una motivación para restaurar a las víctimas, transformar a la sociedad y evitar futuras violaciones.

Es necesario que haya cambios de mentalidad. La lucha ideológica no proporciona un cheque en blanco. Esto se aplica tanto para las Farc como para el Estado.

Llegar realmente a la mente de un comandante o de un oficial que estaba en posición de controlar las violaciones será más efectivo si hay una interacción con las víctimas, y si los victimarios pueden comprender cómo sus acciones guiadas por la ideología tuvieron consecuencias humanas reales.

Aquellos sectores de la sociedad que han sido más impactados por el conflicto necesitan que el Estado les brinde oportunidades para que puedan vivir en un país económica y políticamente más desarrollado, no se requiere sólo firmar la paz. Quizás lo más importante es que, en el futuro, las violaciones sean prevenidas, tanto en lo estructural como en lo individual.

Probablemente, muchos de los integrantes de las Farc depongan sus armas como resultado de la negociación, pero evitar que algunos de ellos se unan a las bandas criminales (bacrim) es un asunto que requerirá mucho esfuerzo. Está relacionado con empleos dignos y  con una sociedad dispuesta a aceptarlos.

Por otro lado, entidades del Estado como el DAS con un historial problemático en cuanto a los derechos humanos deben ser realmente cerradas. Las personas involucradas en violaciones deben ser, por lo menos, removidas de los cargos de poder desde donde pueden volver  a violar los derechos humanos.

Es importante que ambas partes entiendan el impacto humano de lo que han hecho y que se den cuenta de que la justicia del ojo por ojo, no es la que liberará a Colombia de sus pasadas violaciones de derechos humanos, mientras que la restauración, la transformación y la prevención sí lo harán.