En un texto exclusivo para Semana.com Todd Howland, Representante en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, analiza las posibilidades de paz en el país a partir de las conversaciones iniciadas entre los indígenas y el Gobierno
Aunque parezca poco probable, los campesinos amenazados en Chivolo y los indígenas del Cauca podrían formar una alianza ganadora con el presidente Santos, que finalmente lleve a la paz de Colombia.
Aunque actualmente no tienen relación, ambos grupos conspiran, sin proponérselo, para convencer a los colombianos escépticos de que la paz es posible y de que vale la pena buscarla contra todos los pronósticos. Esta alianza, que está lejos de concretarse, tiene la retórica de la paz como objetivo común.
Para el filósofo del derecho de Cambridge Philip Allott la retórica arrastra a la realidad. A menudo nuestro modo de pensar, la ideología y los aliados tradicionales nos impiden reinventar el mundo para mejorarlo.
La experiencia del Caguán ha hecho que los colombianos no solo sean escépticos sobre el logro de la paz en el país, sino sobre su necesidad.
El presidente Santos ha dicho que tiene la llave para la paz, porque se ha embarcado en un camino no tradicional que comienza con un proceso de cambios estructurales antes del diálogo. El actual proceso en Colombia es una innovación, es un posible nuevo modelo para hacer la paz que debería atraer el interés internacional.
George Santayana tiene una frase famosa: “El progreso lejos de consistir en el cambio, depende de la memoria. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Entonces, tiene sentido este modelo de reformas antes del diálogo.
Campesinos
Un aspecto clave de ese enfoque es el proceso de restitución de tierras. Hace cerca de dos semanas el presidente visitó Chivolo para anunciar que las primeras solicitudes de restitución de tierras habían sido puestas en conocimiento de los jueces agrarios. Chivolo, un pueblo lleno de simbolismos, fue el escenario escogido para la discusión, ya que allí ‘Jorge 40’ instauró el reino del terror para obtener los títulos de las tierras.
La pesadilla provocada por ‘Jorge 40’ está lejos de haber pasado. Sólo unos pocos días después de la visita del presidente, uno de los reclamantes de tierras fue amenazado por ‘Los Urabeños’, herederos de ‘Jorge 40’ en el área. Todavía no hay electricidad, ni profesores en esta zona. Los campesinos están pidiendo que el Estado no sólo les devuelva sus tierras sino que esté totalmente presente. Que la paz sea posible dependerá de la inusual, pero necesaria, alianza entre los campesinos y el Estado para que éste pueda restablecerse y logre desmantelar el poder político y económico de “Los Urabeños” en la zona.
Indígenas
El Gobierno está comenzando a tratar la movilización de los indígenas en el Cauca no como un problema sino como una oportunidad.
¿Y por qué digo esto? El presidente ha expresado su deseo de hacer la paz en Colombia y la propuesta de las autoridades indígenas también busca la paz.
Puedo observar que hay logros del Gobierno y del Estado colombiano, al reconocer el derecho a la educación primaria gratuita y al asegurar los recursos para que este cambio sea una realidad para todos los colombianos.
Sin embargo, una parte de los indígenas no puede disfrutar de estos avances en sus derechos porque el conflicto armado los tiene atrapados. Por eso digo que en lo fundamental tanto el presidente Santos como las autoridades indígenas quieren lo mismo: que Colombia viva en paz y todos los colombianos puedan disfrutarla.
Entonces si ambas partes están de acuerdo en lo fundamental ¿Qué pasa?
Aunque no se ha dicho de esta manera, las autoridades indígenas quieren ser socios en el proceso de paz. Se requiere algo de creatividad, similar a la ley de víctimas y restitución de tierras, en la cual las víctimas son parte prioritaria de una solución estructural que cambia de raíz algunas de las causas del conflicto.
Soluciones políticas y económicas
Los grupos armados en realidad no están conformados por muchas personas, y los integran colombianos de todas partes. Hay coerción política y económica para entrar en estos grupos.
También existen varios estudios en Colombia que indican que más y más personas que se incorporan en las filas de las FARC o en los grupos post-paramilitares están motivadas por factores económicos. Nuestro trabajo de campo tiende a reforzar las evidencias sobre este punto.
La vida de estas personas dentro de estos grupos es difícil, entonces es interesante económicamente solamente para una pequeña parte de la población más marginada. Las comunidades a las que estas personas pertenecen conocen mejor qué cambios son necesarios para no motivar a esta minoría de personas a entrar en estos grupos.
A nivel político, algunos colombianos ya están tomado acción. Los campesinos están unidos por una vida digna. El destierro al cual las comunidades indígenas obligan a sus miembros cuando pertenecen a algún grupo ilegal no debería ser tomado a la ligera. Esto crea una anti-coerción política.
Pero lo que se necesita es una anti-coerción económica que puede ser creada mediante la asociación con el Estado. La restitución de tierras es un parte de la ecuación.
Otro aspecto clave de este enfoque de cambios estructurales antes del diálogo es la discusión sobre soluciones económicas y legislativas al problema de la droga, y la necesidad de crear empleos dignos para los más marginados.
La economía de la droga afecta a toda Colombia, no solo a aquellos lugares donde se cultiva o se procesa. Lejos de ser imposible, es mucho mejor para Colombia respetar el derecho al trabajo digno en los áreas rurales que continuar conviviendo con este conflicto.
En relación con la agricultura existen tres desafíos importantes:
1. En el contexto de los Tratados de Libre Comercio, los pequeños productores necesitan acceso a mercados estables para poder sobrevivir.
2. La sustitución de cultivos ilícitos es prioritaria.
3. Las autoridades indígenas abogan por una economía agrícola no extractiva que respete a la madre Tierra (por ejemplo, agricultura orgánica tradicional).
Una idea que ha sido lanzada en círculos gubernamentales sugiere la utilización de la gran capacidad de compra estatal para apoyar a los pequeños agricultores.
La primera dama visitó recientemente Brasil para observar cómo los alimentos, producidos localmente por pequeños productores, son utilizados para suplir los programas de restaurantes escolares.
Este programa ha sido resaltado por el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, ya que mejora los niveles de respeto por el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud (mejorando los niveles de nutrición de los estudiantes más pobres), y el derecho a la educación (ya que ayuda a mejorar el desempeño escolar).
Otros países utilizan la demanda alimenticia de las fuerzas armadas, la policía y las prisiones –tanto a través del sector privado como a través de compra directa- para apoyar a los pequeños productores. Estos cambios estructurales en las compras estatales pueden contribuir enormemente a desarrollar un camino hacia la paz, empoderando a los pequeños productores rurales (campesinos, indígenas y afrocolombianos).
Un sueño común
La experiencia comparada indica que la creación de un sueño común es muy importante para llegar a un acuerdo. La sociedad necesita renovarse con este sueño compartido y luego trabajar para concretarlo. Esa nueva sociedad que se cree a partir de este sueño ayudaría a transformar la realidad de Colombia.
El programa actual de desmovilización y reintegración ayuda a quienes pertenecen al programa, pero hay varios razones para que éste tenga mayor envergadura, con un enfoque de creación de empleos dignos incluyendo a los desmovilizados. Los programas de desmovilización son críticos en cualquier proceso de paz sostenible. Las comunidades receptoras deben beneficiarse y la desmovilización no puede ser vista como una priorización para los victimarios, que se privilegien, sobre las víctimas. La restitución de tierras ya acoge esta perspectiva.
Después de las guerras civiles en Algeria y China hubo grandes proyectos de empleo con beneficios sociales e individuales. El diseño de estos programas puede ser discutido ahora como una contribución hacia la paz.
Después de 50 años para solucionar los enraizados intereses económicos que hay en Colombia, se requiere de una dosis importante de creatividad y de la construcción de alianzas poco convencionales entre diferentes sectores de la sociedad.
Puede que asociarse para la paz parezca extraño, pero esto es exactamente lo que se necesita para superar el escepticismo, las fijaciones mentales, la ideología y las alianzas tradicionales que le impiden a Colombia el logro de la paz, que los derechos humanos exigen y que todos los ciudadanos merecen.
