En esa oportunidad, a solicitud del Gobierno colombiano, la Oficina realizó una misión al Medio Atrato y elaboró un informe en el cual incluyó una serie de recomendaciones para contribuir a una eficaz respuesta del Estado a la situación en la región. En cumplimiento de su mandato, la Oficina ha venido observando la evolución de dicha situación, a través de visitas a la región, y evaluando el estado de cumplimiento de esas recomendaciones, un año después.

Al respecto, la Oficina ha podido constatar la crítica situación por la que atraviesan las comunidades del Medio Atrato y la urgencia de acelerar la ejecución de los programas y planes previstos en favor de dichas comunidades.

El Estado brindó atención de emergencia durante los primeros meses a las comunidades afectadas, la Fuerza Pública se instaló en las cabeceras municipales y se realizaron algunos programas, principalmente con base en donaciones y otros recursos no estatales.

No obstante, esas comunidades continúan viviendo en condiciones muy precarias en materia de seguridad, de vivienda, de salud, de educación y de otros servicios básicos.

En este sentido, hace falta todavía dar una respuesta integral a las necesidades anteriormente citadas, en favor de las comunidades afrocolombianas e indígenas, tanto de las que se desplazaron como de las que han permanecido en sus territorios y de las que han retornado.

Esta respuesta debe comprometer a las autoridades de los distintos niveles del Estado, sea nacional como departamental y municipal, en coordinación con las comunidades afectadas.

Para hacer viable la ejecución de varios programas de atención y la reparación a las víctimas, es esencial agilizar las actuaciones que lleven a la identificación de los cuerpos de las personas fallecidas en los citados hechos de Bojayá.

Cabe destacar igualmente la importancia de incrementar la presencia y la actuación de las instituciones civiles estatales en la zona, así como de garantizar el acceso de la población, especialmente en el área rural, a los recursos básicos para su sustento, evitando restricciones por parte de la Fuerza Pública que afecten la disponibilidad de alimentos, medicamentos y otros insumos de primera necesidad.

La Oficina quiere, enfáticamente, reiterar la obligación de los grupos armados al margen de la ley, presentes en el departamento del Chocó, de respetar a la población civil y de abstenerse de actos que atenten contra ella o la pongan en peligro.

La Oficina presentará próximamente su informe de seguimiento de las recomendaciones del año anterior con el propósito de estimular la implementación de las mismas en favor de las comunidades del Medio Atrato, así como de la población más vulnerable del departamento del Chocó.

La Oficina reitera su sentimiento de solidaridad con las víctimas de los trágicos hechos ocurridos en Bojayá hace un año, lo mismo que con sus familiares y amigos. Asimismo, la Oficina reitera su compromiso de continuar el trabajo y el acompañamiento a las comunidades del Medio Atrato y a las autoridades locales, departamentales y nacionales encargadas de dar seguimiento a los hechos de Bojayá.