Del resultado de la misión realizada, las agencias de las Naciones Unidas mencionadas expresan su profunda preocupación por:
1. El desplazamiento masivo de aproximadamente 1.200 indígenas, de las comunidades de Playita, Egoróquera y Unión Baquiaza del río Opogadó, y las de Unión Cuity y Hoja Blanca del río Bojayá. Por primera vez en su historia, estas comunidades se vieron forzadas a abandonar sus resguardos por causa de los enfrentamientos entre el Frente 57 de las FARC-EP y el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Los desplazamientos se produjeron entre los días 20 y 29 de marzo del presente año.
2. A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en la zona, los grupos ilegales continúan movilizándose en ella y ejerciendo presión sobre la población civil.
3. El riesgo de nuevos desplazamientos de comunidades tanto indígenas como afrocolombianas que aún se encuentran en la zona, así como de las comunidades receptoras del desplazamiento que también se encuentran en una situación incierta.
4. Las condiciones de hacinamiento, la precariedad alimenticia y la ausencia de agua potable, que están afectando la salud de la población indígena, la cual es aún más vulnerable al no estar en su medio habitual.
Las agencias de las Naciones Unidas mencionadas en este comunicado frente a las situaciones encontradas han realizado acciones de emergencia para mitigar el impacto del desplazamiento de las comunidades indígenas.
Las agencias de las Naciones Unidas mencionadas instan:
– A los grupos armados ilegales FARC-EP y Bloque Élmer Cárdenas, de las AUC, a que se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo o peligro a la población civil; a que se retiren de las zonas pobladas; a que respeten los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas las cuales viven en el municipio de Bojayá; y a que acaten los principios del Derecho Internacional Humanitario.
Las agencias de las Naciones Unidas mencionadas llaman:
– A las autoridades estatales, a que presten atención a esta alerta y adopten urgentemente las acciones necesarias para prevenir nuevos desplazamientos y proteger a la población civil.
– A las autoridades regionales, a que amplíen la cobertura y la duración de las medidas para atender a la población desplazada.
