Bogotà, 8 de septiembre 2023
Buenos días,
Hoy termina mi primera visita a Colombia para cumplir con el mandato que me asignó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para identificar y verificar los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Deseo iniciar mi intervención con un agradecimiento especial al Gobierno de Colombia por la invitación; al Ministerio de Relaciones Exteriores por facilitarnos la coordinación de las reuniones con las diversas instituciones; y a cada una de las entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas con quienes me reuní. Agradezco su tiempo, su compromiso y su colaboración para el cumplimiento del mandato que se me ha asignado.
También les agradezco a ustedes las y los periodistas por su interés en la información y por acompañarme en esta rueda de prensa.
Antes de explicar los aspectos relacionados con mi primera visita a Colombia, de 10 días, me gustaría explicar en qué consiste mi mandato.
Como muchos de ustedes saben, el 26 de julio pasado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, me nombró como Experta Internacional en Derechos Humanos para encargarme de la labor encomendada por la Resolución A/HRC/RES/53/22 del Consejo de Derechos Humanos, aprobada el pasado 13 de julio.
Esta resolución, titulada “Fortalecimiento de la cooperación técnica y fomento de la capacidad en la esfera de los derechos humanos en Colombia para implementar las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición)”, solicitó, entre otras materias:
“Que el Alto Comisionado nombre cuanto antes a un experto o una experta internacional en derechos humanos que se encargue de detectar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los que anunció públicamente en marzo de 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz y que se mencionan en el informe trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentado al Consejo de Seguridad el 13 de abril de 2023, y de determinar las consecuencias de esos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos en virtud del derecho internacional, y del derecho interno a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia, así como de formular recomendaciones que ayuden a superarlos. “
Además, la resolución dispone que el “experto o la experta internacional en derechos humanos designado presente un informe al Consejo de Derechos Humanos, antes de finales de 2023, y que lo presente al Consejo en su 55º período de sesiones, al que seguirá un diálogo interactivo.”
Deseo destacar que el informe del Secretario General de la ONU (informe S/2023/222), al cual hace referencia la resolución del Consejo de derechos humanos, reconoce que:
“La determinación de la sociedad colombiana en la búsqueda de la paz ha sido puesta a prueba una y otra vez a lo largo de la historia del país, incluso en tiempos recientes. Sin embargo, los avances logrados en este período son prueba de que el proceso puesto en marcha por el Acuerdo Final sigue siendo un motor para todos los actores involucrados en la construcción de paz. Desde el compromiso del Gobierno y de las antiguas y los antiguos integrantes de las FARC-EP de cumplir con sus obligaciones hasta el trabajo incansable de miles de colombianos y colombianas anónimos, sigo encontrando razones para el optimismo, aun en un contexto de inmensos desafíos.”
Este informe señala, además, en su párrafo 15, que: “La Jurisdicción Especial para la Paz presentó una denuncia penal contra antiguos funcionarios de la Fiscalía General por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en 2018, durante el proceso relativo a la garantía de no extradición del ex líder de las FARC-EP Seuxis Paucias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, quien volvió a las armas”.
Lo que he leído hasta ahora es parte fundamental de mi mandato, y es importante para mí que se tenga plena claridad sobre las disposiciones del informe arriba mencionado del Secretario General de las Naciones Unidas y sobre la resolución del Consejo de Derechos Humanos.
En este contexto, me referiré a continuación a mi primera visita a Colombia.
En los últimos 10 días me reuní con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Unidad Nacional de Protección, y de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
También sostuve reuniones y escuché a altos representantes de instituciones del Estado como la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Conversé, además, con personas defensoras de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes, entre ellos el ex Presidente Juan Manuel Santos. Y me reuní con representantes de las Naciones Unidas en Colombia, en particular el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, así como con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y con integrantes del cuerpo diplomático, en particular, los países garantes del Acuerdo de Paz.
En todas estas reuniones tuve un intercambio muy constructivo, con el objetivo principal de escuchar a los diferentes actores acerca de los diversos aspectos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y, en especial, con relación a los objetivos de mi mandato.
Como ustedes comprenderán, los contenidos de mis reuniones en esta primera visita no son públicos, sino que formarán la base para la elaboración de mi informe al Consejo de derechos humanos.
Tengo la convicción de que todas las reuniones sostenidas y la información aportada por cada una de las personas a las que escuché serán de gran utilidad para el cumplimiento de mi mandato y permitirán acatar la Resolución A/HRC/RES/53/22 con el fin de hacer entrega de mi informe en diciembre, dentro del plazo establecido por el Consejo de Derechos Humanos.
Continuaré trabajando durante estos meses para el cumplimiento de mi labor y de conformidad con el compromiso de las Naciones Unidas para seguir avanzando en la total implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia.
Para finalizar, quiero agradecer la confianza del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y todo el apoyo técnico que he recibido de su Oficina, tanto en Ginebra como en Colombia.
Realizaré una nueva visita al país, en noviembre, en una fecha aún por confirmar.
Gracias.
FIN
Antonia Urrejola, de nacionalidad chilena, es abogada especializada en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Fue ministra de Relaciones Exteriores de Chile de marzo de 2022 a marzo de 2023 y comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2018 a 2021, incluyendo como presidenta de esta institución en 2021. Es profesora de derechos humanos en la Universidad Alberto Hurtado de Chile y profesora de políticas públicas en la Universidad de Chile.
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Colombia: UN expert Antonia Urrejola concludes first official visit
BOGOTA, 8 September 2023
Good morning,
Today I conclude my first visit to Colombia in compliance with the mandate I was tasked with by the UN Human Rights Council, to identify and verify the obstacles to the implementation of the 2016 Peace Agreement.
I wish to start with a special thanks to the Government of Colombia for its invitation; to the Ministry of Foreign Affairs for facilitating coordinating my meetings with several institutions, and to all the public entities, civil society organisations, academics, and other people I have met. I thank them for their time, commitment and collaboration with my mandate.
I also thank you journalists for the interest in my mandate and for your presence in this news conference.
Prior to explaining the different aspects related to this first 10-day visit to Colombia, I would like to start by explaining my mandate.
As many of you are aware, I was appointed on 26 July by the United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, as international expert on human rights, as per Resolution A/HRC/RES/53/22 adopted by the UN Human Rights Council on 13 July 2023.
This resolution, entitled “Enhancement of technical cooperation and capacity-building in the field of human rights in Colombia to implement the recommendations of the Commission for the Clarification of Truth, Coexistence and Non-Repetition” requested, among others, “the High Commissioner to appoint without delay an international human rights expert tasked with identifying and verifying the obstacles to the implementation of the 2016 peace agreement, in particular those announced publicly by the Special Jurisdiction for Peace in March 2023 and mentioned in the quarterly report of the Secretary-General on the United Nations Verification Mission in Colombia presented to the Security Council on 13 April 2023, and identifying the consequences of these obstacles for the full enjoyment of human rights under international law, as well as the domestic right to peace as enshrined in the Political Constitution of Colombia, and making recommendations that would help to overcome them.”
In addition, the resolution requests “the international human rights expert designated by the High Commissioner to submit a report to the Human Rights Council, before the end of 2023, and to present it to the Council at its fifty-fifth session, to be followed by an interactive dialogue.”
I would like to emphasize that the report of the UN Secretary General (report S/2023/222), referred to in the resolution, recognizes that “The determination of Colombian society in the search for peace has been tested time and again throughout the country’s history, including in recent times. And yet, the progress made during this period is proof that the process set in motion by the Final Agreement remains a driving force for all actors involved in peacebuilding. From the commitment of the Government and former FARC-EP members to uphold their obligations, to the tireless work of thousands of anonymous Colombian men and women, I continue to find reasons for optimism, even amid immense challenges.”
In addition, paragraph 15 of this report mentions that: “The Special Jurisdiction for Peace filed a criminal complaint against former members of the Office of the Attorney General for alleged obstruction of justice, fraud against a court order and concealment of evidence in 2018, during the process of no-extradition guarantee of former FARC-EP leader Seuxis Paucias Hernández Solarte, also known as Jesús Santrich, who returned to arms.”
What I have read so far relates to fundamental aspects of my mandate and it is important to me that there be full clarity about the provisions of the above-mentioned report of the Secretary General and about the resolution of the UN Human Rights Council.
I will now refer to my visit.
In the last 10 days, I met with representatives of the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice, the Ministry of the Interior, the Ministry of Defence, the Office of the High Commissioner for Peace, the National Protection Unit, and the Unit for the Implementation of the Peace Agreement of the Agency for Reincorporation and Normalisation.
I also held meetings and heard from senior representatives of Colombian State institutions, including: the Constitutional Court, the Special Jurisdiction for Peace, the Attorney General’s Office and the General Procurator’s Office. I also met with human rights defenders, representatives of civil society and other relevant actors, among others, former President Juan Manuel Santos. Finally, I met with representatives of the United Nations in Colombia, in particular with the Special Representative of the Secretary General and Head of the UN Verification Mission in Colombia and the UN Resident Coordinator, with the OAS Mission to Support the Peace Process in Colombia (MAPP/OAS), as well as with members of the diplomatic community, especially the guarantor countries of the Peace Agreement.
I had very constructive exchanges in all meetings I held in order to listen to the different actors on the various aspects related to the implementation of the Peace Agreement and, especially, in relation to the objectives of my mandate.
As you will understand, the contents of the meetings I held during this first visit are not public but will form the basis of my future report to the Human Rights Council.
I am convinced that all meetings and information received from all those with whom I had exchanges will be very useful to the fulfilment of my mandate under Resolution A/HRC/RES/53/22, and for the elaboration of my future report to be submitted in December, in accordance with the timeline established by the Human Rights Council.
I will continue this work in the months to come, in line with the commitment from the United Nations to the full implementation of the 2016 Peace Agreement in Colombia.
To conclude, I would like to thank the High Commissioner for Human Rights for his trust and for the technical support received from his Office, both in Geneva and in Colombia.
I will conduct a new visit to Colombia in November, at a date to be confirmed at a later stage.
Thank you.
ENDS
Urrejola, a Chilean national, is a lawyer specialising in human rights and indigenous peoples’ rights. She served as Foreign Minister of Chile from March 2022 to March 2023 and was Commissioner of the Inter American Commission on Human Rights from 2018-2021 and its President in 2021. She is a human rights professor in the Alberto Hurtado University of Chile and a professor on public policy at the University of Chile.
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