Según las informaciones recibidas por la Oficina, las minas que ocasionaron la tragedia fueron sembradas por miembros de las FARC–EP que operan en la zona.
La Oficina reitera su enérgico rechazo a la utilización de minas antipersonas, y hace un nuevo llamado a los grupos armados al margen de la ley para que se abstengan de esa criminal práctica.
La Oficina recuerda que en su último informe sobre Colombia la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, instó a los miembros de los grupos armados ilegales a respetar las normas del derecho internacional humanitario que prohíben el empleo de minas.
La Oficina confía en que las autoridades del Estado sigan adoptando todas las medidas necesarias para impedir la victimización de la población civil por obra de las minas antipersonas, y para atender a las víctimas de estos artefactos explosivos.
La Oficina hace llegar sus condolencias a los familiares de las víctimas, a los miembros de la comunidad Awa y a los demás pueblos indígenas en Colombia.
