Bogotá D.C. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la DefensorÃa del Pueblo expresan su preocupación y condena por las amenazas en contra de la señora Alexa Leonor Mina López. La señora Mina es una de las lideresas de las mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca que marchó hasta Bogotá desde el 17 de noviembre para dialogar con autoridades del Estado colombiano, y demandar acciones que garanticen la protección integral de los derechos de las comunidades frente a la minerÃa ilegal, en particular en el consejo comunitario de la Toma, municipio de Suárez, Cauca.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la DefensorÃa del Pueblo conocen el impacto negativo que la minerÃa ilegal tiene en los derechos individuales y colectivos de las comunidades afrodescendientes y han acompañado este proceso en la región del Cauca. Precisamente en el momento de las amenazas, una misión conjunta entre la Oficina y la DefensorÃa visitaba el consejo comunitario de La Toma.
Desde el 1 de diciembre, la Oficina y la DefensorÃa también acompañaron el diálogo de autoridades del Gobierno con las mujeres afrodescendientes, que culminó con la firma de un acuerdo el viernes 12 de diciembre. Actualmente la Oficina y la DefensorÃa son dos de los garantes del proceso que acompaña la mesa de diálogo dando seguimiento a las discusiones y acuerdos.
La Oficina y la DefensorÃa instan al conjunto de instituciones del orden nacional y regional con competencias en los temas de protección, y en particular a la Unidad Nacional de Protección y a la fuerza pública, para que, en ejercicio de sus atribuciones y funciones legales, asà como en cumplimiento de los mencionados acuerdos, adopten con la urgencia del caso medidas eficaces y sostenibles para la protección de la vida de estas mujeres y la prevención de posibles nuevas intimidaciones. Reiteran también la importancia de que la FiscalÃa investigue e identifique la procedencia de las amenazas proferidas el dÃa de hoy a la señora Mina López, para que el sistema judicial cumpla con sancionar a los responsables.
La Oficina y la DefensorÃa como garantes de este proceso reiteran su compromiso de acompañamiento, dando seguimiento a las discusiones y al cumplimiento de los acuerdos a los cuales llegaron el Gobierno y las mujeres Negras del Cauca, que están expuestas a las intimidaciones y agresiones por tener la valentÃa de exigir sus derechos legÃtimos a vivir en paz y en condiciones de dignidad.
Anexo:
Comunicado del 3 de octubre de 2014
Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y DefensorÃa del Pueblo condenan amenazas de muerte en contra de lideresas y lÃderes en el Cauca
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la DefensorÃa del Pueblo condenan las amenazas de muerte en contra de las lideresas, los lÃderes y la comunidad del Consejo Comunitario La Toma, luego de que la comunidad y sus Representantes denunciaran la entrada de maquinaria pesada para la minerÃa en la vereda Yolombó, en el corregimiento La Toma, municipio de Suárez, Cauca. Según la información recibida, las amenazas provendrÃan de personas relacionadas con la maquinaria pesada.
Las lideresas, los lÃderes y sus comunidades han dialogado con las autoridades sobre este tipo de minerÃa, y han adelantado acciones para proteger los territorios y sus derechos. A pesar de ejercer exigencias legÃtimas, todas estas personas están en peligro, porque se han multiplicado las amenazas de muerte, tanto a nivel colectivo como individual. Uno de los casos más recientes es el presentado en La Toma.
Durante el 2014, la DefensorÃa y la Oficina han seguido con preocupación una serie de situaciones relacionadas con actividad minera realizada con maquinaria pesada, sin tÃtulos y sin haber realizado procesos de consulta previa, libre e informada, con consejos comunitarios y cabildos indÃgenas, en particular, en la zona norte del departamento del Cauca. Estas situaciones están generando graves afectaciones como: la vulneración de los planes de vida de las comunidades; la contaminación ambiental; la ruptura del tejido social; y riesgos para quienes ejercen barequeo en este contexto, entre otras. Casos de violencia sexual y explotación infantil también han sido denunciados.
Durante el 2009, en la Toma, el consejo comunitario, que desde época ancestral practica minerÃa de tipo artesanal, fue amenazado de desalojo debido al otorgamiento a privados de concesiones, sin consulta previa. La Corte Constitucional, por medio de su sentencia 1045-A del 2010, y basándose en el derecho a la consulta previa, libre e informada, ordenó a las autoridades competentes, abstenerse de otorgar o suspender (según el caso) las licencias de explotación minera hasta tanto se realizara, de manera adecuada, la consulta previa.
Es particularmente grave que a pesar de esta decisión de la Corte Constitucional, y a la solicitud de protección al territorio por la Ruta Étnica presentado en el 2010 por este consejo comunitario de acuerdo con el Auto 005 de 2009 de la Alta Corte, en esta área se esté realizando minerÃa con maquinaria pesada, creando tensiones muy altas que ya produjeron amenazas y desplazamientos forzados de miembros de la comunidad.
La DefensorÃa y la Oficina reconocen varias medidas adoptadas por autoridades del orden departamental, entre las cuales están la declaratoria del estado de emergencia ambiental en las zonas hidrográficas Cauca y PatÃa. Recordamos que en esta resolución se ordena, inter alia, la suspensión de la expedición de permisos, concesiones, licencias, autorizaciones o conceptos ambientales, para el desarrollo de proyectos, obras o actividades de minerÃa en el departamento del Cauca, a fin de constatar que ellas no estén produciendo afectaciones ambientales.
La DefensorÃa y la Oficina subrayamos la necesidad de que todas las autoridades competentes (civiles y militares) adopten e implementen medidas integrales, sin más tardar y de forma coordinada, para la protección de los derechos de las comunidades afectadas y del medio ambiente.
Urgimos a la Unidad Nacional de Protección a adoptar medidas individuales y colectivas, con enfoque diferencial y de género, para las comunidades y sus representantes.
Asà mismo instamos a la FiscalÃa General de la Nación a que investigue las intimidaciones y amenazas en contra de lÃderes y lideresas; y a la ProcuradurÃa General de la Nación a que investigue posibles acciones y omisiones de las autoridades competentes en la región.
