Octubre 15 de 2024. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda las transformaciones que se están realizando dentro de la Policía de Colombia en materia de derechos humanos.
En particular, la Oficina saluda la adopción del Decreto Presidencial 1231 de 2024 que incorpora los estándares internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza, incluyendo de armas de fuego y armas menos letales. Este Decreto fue producto del diálogo entre el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y organizaciones de la sociedad civil, en torno a la Mesa por la Reforma de la Policía, que fue facilitada por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Esta nueva regulación establece el uso de la fuerza como el último recurso, integra el principio de diferenciación y fortalece las medidas de rendición de cuentas por parte de Fuerza Pública, entre otras decisiones positivas.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reconoce además que ha mejorado la gestión de las protestas en el país. Además, saluda la adopción de la Resolución 3295 por la cual se crea un sistema de información que permite hacer seguimiento, control y monitoreo del servicio que presta la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
“Rara vez somos testigos de tal transformación en una institución del Estado: desde el Paro Nacional en 2021, donde observamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía que resultó en la muerte de manifestantes y de otras personas, a hoy una situación de mejor manejo de las manifestaciones en las calles y cambios estructurales que permiten una mejor rendición de cuentas”, dijo Juliette De Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos llama a que sea aprobada, prontamente, una regulación más detallada sobre el uso de armas menos letales en el contexto de la protesta social, e insta a seguir fortaleciéndose la rendición de cuentas a través del incremento de la eficacia de los mecanismos de denuncia de violaciones de los derechos humanos.
La Policía Nacional, además, permitió la revisión de la doctrina, por parte de la Oficina de ONU Derechos Humanos, para formular recomendaciones que den cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
El 8 de octubre pasado, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó cinco cuadernos de recomendaciones para la transformación de la Policía en materia de derechos humanos.
Las recomendaciones emitidas por la Oficina -para incluir las normas, estándares y buenas prácticas internacionales en derechos humanos en el Tomo correspondiente de su Doctrina Operativa- fueron aprobadas por el Consejo Asesor de Derechos Humanos de la Policía Nacional, iniciándose el proceso de incorporación efectiva de tales recomendaciones en el texto del mencionado Tomo de Derechos Humanos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos espera que estos avances se vean también reflejados en una mejor protección de las personas que en los territorios están gravemente afectadas por la situación de violencia y conflicto armado.
“Realmente vemos cómo se lleva a cabo una transformación dentro de la Policía y saludamos el compromiso con los derechos humanos porque este es un ejemplo para otros países del mundo, como lo es también la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana – Garantías para la Vida 2023-2026-, adoptada por el Gobierno Nacional. Es importante llevar esta transformación a los territorios donde persisten graves desafíos en materia de seguridad”, concluyó Juliette De Rivero.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos destaca el compromiso decidido y el liderazgo de la Dirección Nacional de la Policía que ha permitido esta transformación inicial, y que cuenta con la apertura para incorporar los estándares internacionales de derechos humanos en las funciones de protección y prevención de la Institución.
Desde el año 2022, La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, lleva a cabo un trabajo de cooperación técnica, junto con otras organizaciones, que ha contribuido en la formación de jueces disciplinarios y ha facilitado diálogos iniciales entre la Policía y la sociedad civil para contribuir al respeto efectivo de los derechos de todas las personas. También acompaña la Mesa Interinstitucional Permanente que contribuye al avance de las investigaciones por violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas de 2020 y 2021.
