Bogotá. D.C. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y UNICEF Colombia expresan su preocupación por los hechos ocurridos del día de ayer en Bogotá cuando 18 indígenas desplazados del Alto Andágueday Risaralda en su mayoría niños, niñas y mujeres, del pueblo Embera Chamí resultaron heridos tras lo que sería un uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de la Policía.
Es importante que las autoridades del Estado colombiano comprendan la dimensión de la afectación de los derechos de estas comunidades que se han visto obligadas a salir de su territorio por causa del conflicto armado. En particular, considerar que estas personas del pueblo Embera Chamí que se encuentran en Bogotá son víctimas de desplazamiento forzado. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que se garanticen los derechos a una vida digna de estas personas de acuerdo con su cultura, usos y costumbres.
Es esencial tener presente que los pueblos indígenas son objeto de especial protección constitucional por su doble carácter de pueblos indígenas y de población afectada por el conflicto armado. Así es también el caso de todas las niñas, niños y adolescentes (todas las personas menores de 18 años).
Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 169 de la OIT y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos que son parte de la legislación nacional. El Estado tiene la obligación de brindar la protección adecuada a los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes y mujeres e indígenas.
ONU Derechos Humanos y Unicef también urgen a las autoridades correspondientes para que esclarezcan los hechos de ayer e identifiquen a los responsables de los mismos a la mayor brevedad posible.
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