La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifiesta su preocupación y sigue de cerca la dolorosa situación de Bojayá, en Chocó, y de Vigía del Fuerte, en Antioquia, sometidas a enfrentamientos entre grupos de las FARC-EP y de los paramilitares.

La Oficina reitera a todas las partes en el conflicto su obligación incondicional de respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, DIH. Siguiendo estos parámetros, la Oficina exige que respeten a la población civil indefensa, incluyendo a las personas que entran a la zona con ayuda humanitaria y a la misión médica encargada de atender a los heridos.

Asimismo, insiste en recordar la prohibición del DIH de atacar a personas no combatientes, al igual que a instalaciones médicas y religiosas.

Es un crimen de guerra llevar a cabo ataques que no permiten distinguir entre combatientes y población civil, y que no toman en cuenta los límites de las reglas de la guerra, perjudicando gravemente a los civiles.

Los hechos de los últimos días, en los cuales habrían muerto más de 100 personas, gran parte de ellas niños, estarían heridas otras 100 y se estarían desplazando poblaciones enteras son consecuencia contundente de dichas infracciones. La Oficina llama al Estado para que atienda urgentemente las necesidades de la población que huye de sus tierras.

La Oficina urge al Estado para que cumpla con su obligación indeclinable de garantizar y proteger los derechos humanos de los habitantes de esta región.

En este sentido, lamenta que las autoridades estatales hubieran hecho caso omiso de la alerta temprana que realizó esta Oficina, al igual que la Defensoría del Pueblo. Estas organizaciones alertaron sobre lo que podría ocurrir en la región con el fin de que se tomaran medidas oportunas y adecuadas que habrían podido evitar la debacle humanitaria que continúa afectando a estas comunidades.