Bogotá, D.C.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerda que la participación política y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrocolombianos son derechos humanos. La finalización del conflicto armado en el país debe llevar a una mayor participación de todos los sectores, al respeto de las ideas diferentes, a una reducción de la violencia y al pleno respeto por la vida.
La Oficina observa que las FARC han manifestado su interés de ejercer la participación política. Al firmarse un acuerdo de paz esto aportaría al desarrollo de la democracia, al respeto de los derechos humanos y a sembrar las bases para una paz firme y duradera.
Actualmente, en algunos lugares del país, las acciones de las FARC están generando tensiones con las poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas.
La Oficina, en cumplimiento de su mandato en Colombia, advierte que es necesario que los integrantes de las FARC -junto con otros sectores del país- asuman su deber de respetar las ideas diferentes, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y reconozcan los cambios que poco a poco genera la construcción de paz.
“Es necesario que se comprenda por parte de todos los actores en Colombia que la participación política y el respeto de las ideas diferentes enriquecen y fortalecen la democracia, y no generan estigmatización de líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos”, dijo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Hemos observado en diferentes regiones del país –añadió Howland- que durante este año cuando hay interacción –obligada por las circunstancias del conflicto- entre los miembros de las FARC y algunos líderes, lideresas, indígenas, campesinos y afrocolombianos se ha presentado estigmatización e incluso judicialización por parte de las autoridades en contra de estas personas. Y cuando no hay interacción en esas zonas lo que se ha producido es un mayor sufrimiento de la población civil, amenazas de muerte y homicidios, perpetrados por distintos actores; tal es el caso del reciente asesinato del representante legal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, Genaro García, perpetrado en Tumaco y cuyos responsables aún se desconocen”.
La Oficina observa que existe la necesidad de que las instituciones del Estado y la sociedad reflexionen sobre cómo deberán ser sus actuaciones en un contexto de construcción de paz diferente a la actual situación de conflicto armado.
Por otro lado, la Oficina observa que las FARC deben reconocer que no todos sus integrantes están listos para integrarse a un mundo en el cual hay que respetar las opiniones diferentes y los derechos humanos, y en el que deben cambiarse los métodos de guerra por estrategias de paz.
La Oficina urge a que se incluyan desde ahora dentro de los programas de reintegración temáticas que lleguen a un mayor entendimiento y respeto de los derechos humanos de todas las personas, en particular de aquellas que hoy viven en las zonas de conflicto armado.
La Oficina recomienda al Estado colombiano y a las FARC que inviten formalmente a La Habana a las autoridades de pueblos indígenas y afrocolombianos para que su visión y sus derechos colectivos sean garantizados en la construcción de la paz. La Oficina ofrece sus buenos oficios a ambas partes para que se lleve a cabo esta reunión.
Finalmente, la Oficina anima a las colombianas y a los colombianos a comprender que aunque todos estos cambios son complejos indican que el país camina hacia la construcción de la paz.
