La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación y condena la privación de la libertad del líder indígena Kimi Domicó Pernía, ocurrida en el Alto Sinú, el pasado sábado 2 de junio, presumiblemente por los paramilitares.

Este líder indígena, perteneciente a la comunidad de los Embera Katío, ha representado a su pueblo reclamando sus derechos y denunciado en diferentes actos nacionales e internacionales la difícil situación de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario que sufren los indígenas, en Tierralta, Córdoba.

Kimi Domicó Pernía lideró el proceso pacífico de acuerdos suscritos entre los indígenas, el Gobierno y la empresa Urrá, en Alto Sinú, firmados después de largas conversaciones en abril del año 2000. Domicó Pernía ha contribuido también con su labor al fortalecimiento de la autonomía, la identidad, la cultura y el desarrollo de las comunidades del norte del país.

Domicó Pernía desempeñó además una activa representación de las comunidades indígenas en foros internacionales efectuados en Canadá, Estados Unidos y Europa, incluyendo ante órganos de las Naciones Unidas. Su último acto público tuvo lugar la semana pasada, en Medellín, en donde acompañó a una comisión de ilustres personalidades indígenas de Canadá.

Kimi Domicó Pernía, en diferentes medios de comunicación, ha dado testimonio del valor que tiene la vida para los indígenas, de manera particular en un comercial de televisión de la Presidencia de la República, bajo el título “Colombia, nuestro común denominador”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta a los responsables de este hecho a respetar la vida e integridad de este reconocido líder y defensor de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

La Oficina urge la liberación inmediata e incondicional del señor Kimi Domicó Pernía.

La Oficina también expresa su repudio y gran preocupación por los hechos que vienen ocurriendo en el mismo departamento de Córdoba, en donde ha sido confirmada la muerte de, por lo menos, 15 campesinos al parecer por parte de la guerrilla de las Farc.

La Oficina recuerda a todos los actores armados la obligación de respetar, sin condiciones, el derecho internacional humanitario. A su vez insta a respetar el derecho a la vida, el derecho a la autonomía de las comunidades indígenas, el derecho al territorio y a no provocar el desplazamiento forzado de ese pueblo.