Si bien las autoridades pueden considerar que es necesario cerrar las escuelas, esa clausura podría obligar a los padres a permanecer en casa e impedirles trabajar, una medida que con toda probabilidad afectará a las mujeres de manera más que proporcional.
Dejar de acudir al centro de trabajo a fin de cumplir una “autocuarentena” puede traducirse en merma de salario o en pérdida de empleo, con importantes consecuencias para los medios de subsistencia y la vida de la gente. La respuesta al brote del virus puede dificultar o impedir la atención sanitaria a personas con padecimientos graves o crónicos. Los trastornos causados en el comercio y el transporte pueden tener severas repercusiones, en particular sobre las empresas pequeñas o medianas, así como sobre sus empleados y clientes.
“Sectores de la población que actualmente sobreviven en condiciones precarias pueden verse abocados a la miseria por las medidas orientadas a contener el virus. Es preciso que los gobiernos estén preparados para responder de múltiples maneras a las consecuencias imprevistas de las medidas que adopten contra el coronavirus. También las empresas han de contribuir, respondiendo con flexibilidad a las repercusiones que puedan padecer sus empleados”, añadió Bachelet.
La Alta Comisionada elogió el hecho de que algunos gobiernos y organismos internacionales hayan empezado a poner en vigor medidas orientadas a paliar las repercusiones sobre los derechos económicos y sociales de la población.
“Habida cuenta de que todos estamos trabajando en terreno desconocido, insto a los Estados a que establezcan sistemas de intercambio de información sobre las prácticas idóneas que estén aplicando actualmente para atenuar las consecuencias socioeconómicas negativas del COVID-19 y los esfuerzos encaminados a prevenir su difusión. La solidaridad y la cooperación internacional son más necesarias que nunca. También resulta obvio que será necesario destinar recursos a la protección social, de modo que las personas puedan sobrevivir económicamente durante una crisis que podría resultar muy larga”, declaró la Alta Comisionada.
“El COVID-19 pone a prueba a nuestras sociedades y todos aprendemos y nos adaptamos a medida que respondemos al virus. Pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria”, agregó Bachelet.
Para combatir eficazmente la epidemia, es preciso velar por que todos tengan acceso al tratamiento y que no se niegue a nadie la atención sanitaria por motivos económicos o a causa de la estigmatización.
Los gobiernos deben asegurarse de que la población en su conjunto, sin excepción, recibe toda la información pertinente en formatos e idiomas comprensibles y adaptados a las personas con necesidades específicas, tales como los niños, los que tengan discapacidades visuales o auditivas y quienes no saben leer o lo hacen con dificultad.
“La franqueza y la transparencia son cualidades fundamentales para empoderar a la gente y alentarla a participar en las medidas orientadas a proteger la salud de cada uno y de la población en general, especialmente cuando la confianza en las autoridades ha sufrido menoscabo. Esos factores también ayudan a contrarrestar las informaciones falsas o tendenciosas que tanto daño pueden causar, al azuzar el miedo y los prejuicios”, dijo la Alta Comisionada.
“Asimismo exhorto a los países afectados por el COVID-19 a que adopten todas las medidas necesarias para hacer frente a los incidentes de xenophobia y estigmatización”, añadió Bachelet.
FIN
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