Introducción al Informe de la Alta Comisionada sobre Colombia

En 2020, mi Oficina ha seguido fortaleciendo su cooperación con el Estado colombiano y reconoce las medidas tomadas para responder a la pandemia de la COVID-19 con un enfoque de derechos humanos. Asimismo, felicito al Gobierno por la protección temporal anunciada a migrantes venezolanos.

A pesar de una reducción de la tasa nacional de homicidios, mi Oficina observa una intensificación de la violencia debida a la expansión de grupos armados no estatales y de grupos criminales, con graves consecuencias para la población civil. En 2020, recibimos información sobre 81 masacres, de las que documentamos 76, el mayor número desde 2014. Asimismo, registramos 133 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de los que documentamos 90. La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia también documentó al menos 252 asesinatos de excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de paz.

Insto al Estado a redoblar esfuerzos para proteger a la población, estableciendo una presencia estatal integral en los territorios más afectados. Saludo la apertura del Ministerio del Interior de trabajar con mi Oficina para fortalecer la respuesta institucional a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, insto a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a adoptar una política pública para desmantelar las organizaciones criminales. Insto también al Estado a seguir fortaleciendo la unidad especial de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Celebro los avances significativos en materia de justicia transicional. Estos avances, y la futura publicación del informe de la Comisión de la Verdad constituyen una oportunidad histórica para garantizar los derechos de las víctimas y abrirle camino a una reconciliación que permita superar décadas de violencia y conflicto. Me preocupan las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional, incluyendo las propuestas legislativas de abolir la Jurisdicción Especial para la Paz. Frente a éstas, urge la protección efectiva del Estado de estas instituciones, sus integrantes y de quienes acuden ante ellas.

Reitero la plena disposición de mi Oficina para apoyar la implementación de las recomendaciones de mi informe.

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Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del alto comisionado, Colombia

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