NACIONES

UNIDAS

 

 

A

 

 

Asamblea General

 

 

 

Distr.

GENERAL

 

A/HRC/10/032

19 de febrero de 2009

 

Original: ESPAÑOL

 

Consejo de Derechos Humanos                                                                                               

Décimo período de sesiones

Tema 2 de la agenda provisional

 

INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS E INFORMES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO Y DEL SECRETARIO GENERAL

 

Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia***

 


RESUMEN

 

            En este informe se analizan los hechos más importantes ocurridos en Colombia durante el año 2008 sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en el marco del mandato establecido en el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmado en Bogotá el 29 de noviembre de 1996.  El 9 de septiembre de 2007 las partes acordaron extender el mandato, sin modificaciones, hasta el 30 de octubre de 2010.

            Este informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2008 y se concentra en varios temas que han sido considerados como prioritarios.  No obstante, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuará trabajando otros temas que son de su interés y preocupación, realizando un seguimiento constante a los mismos.

            Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia, siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos.  El Gobierno ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, fundamentalmente incrementando su presencia en lugares que anteriormente estaban bajo control de los grupos armados ilegales.  Sin embargo, se continúan produciendo graves violaciones de los derechos humanos.

            Algunos altos funcionarios del Gobierno continuaron estigmatizando a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes de la oposición y activistas sociales.

            En relación con las ejecuciones extrajudiciales, el Gobierno demostró buena voluntad y realizó importantes esfuerzos, que deberían continuar para garantizar la efectividad y estricto cumplimiento de las políticas institucionales.  Hasta octubre de 2008, el número de quejas y víctimas registradas evidenciaba que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar para combatir esta práctica no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas graves violaciones.  En el informe se concluye que las importantes medidas adoptadas recientemente, incluida la separación del servicio de algunos altos oficiales del Ejército, ha reforzado la política de “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos.  Es necesario que estas medidas sean acompañadas por un mayor control operacional sobre las unidades militares y por una rápida y rigurosa investigación de todas las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales.

            Todas las partes del conflicto continúan cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario.  Además, como en años anteriores, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúan rechazando el estar obligados a respetar el derecho internacional humanitario.  Además de seguir con el reclutamiento de menores y la comisión de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, los grupos guerrilleros han seguido colocando minas antipersonal, tomando rehenes y manteniendo personas secuestradas por largos periodos de tiempo en condiciones inhumanas.

            En el informe se expone la complejidad, variedad y naturaleza cambiante e impredecible de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, que continúa siendo uno de los mayores retos para el Estado de Derecho.  Estos grupos continúan poniendo en serio riesgo a la población civil y se requiere una acción integral de las autoridades competentes para combatirlos.

            Se reconoce que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación han tenido una mayor relevancia en las agendas política y pública durante 2008.  Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, pocas víctimas han podido ejercer efectivamente estos derechos, manteniendo, en particular, a las víctimas de acciones u omisiones de agentes estatales marginadas del proceso.

            El crecimiento económico obtenido en los años anteriores no se ha traducido en un suficiente y satisfactorio progreso en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio.  Además, la brecha entre aquellos que tienen oportunidades para generar ingresos y aquellos que no las tienen no se ha reducido.

            Finalmente, en el informe se resumen algunas de las principales actividades desarrolladas por la oficina en Colombia del Alto Comisionado durante 2008 y se proponen nueve recomendaciones, cuyo cumplimiento se espera que contribuya a la mejora de la situación de derechos humanos y a la aplicación de la normas de derecho internacional humanitario en el país.

            La Alta Comisionada reconoce el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en materia de derechos humanos, tal y como demostró durante las sesiones del examen periódico universal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÍNDICE

                                                                                                                       Párrafos         Página

 

 

I.        Introducción............................................................................................. 1-5

II.       Contexto.................................................................................................. 6-8

III.     Derechos humanos y derecho internacional humanitario............................. 9-89

A...... Ejecuciones extrajudiciales.............................................................. 9-15

B....... Detenciones ilegales y arbitrarias.................................................... 16-17

C...... Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes............................................................... 18-21

D...... Desaparición forzada..................................................................... 22-26

E....... Derecho internacional humanitario.................................................. 27-41

F....... Grupos armados ilegales surgidos del proceso de
desmovilización de organizaciones paramilitares.............................. 42-49

G...... Justicia.......................................................................................... 50-62

H...... Víctimas........................................................................................ 63-71

I........ Derechos económicos, sociales y culturales.................................... 72-74

J........ Grupos vulnerables........................................................................ 75-89

IV.     Principales actividades de la oficina en Colombia..................................... 90-97

V.      Recomendaciones................................................................................... 98-99

ANEXO

 

Casos ilustrativos de violaciones de derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario


I. INTRODUCCIÓN

 

1.      Este informe cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2008 y se concentra en varios temas que han sido considerados como prioritarios.  No obstante, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (“la oficina en Colombia”) continuará trabajando otros temas que son de su interés y preocupación, realizando un seguimiento constante a los mismos.

 

2.      Como se comunicó en 2007, el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acordaron extender el mandato de la oficina en Colombia del Alto Comisionado en su integridad, hasta el 30 de octubre de 2010.  En cumplimiento de su mandato, la oficina en Colombia continúa asistiendo a las autoridades en el desarrollo de políticas y programas de promoción y protección de los derechos humanos, asesorando a la sociedad civil en temas de derechos humanos, observando la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado interno que padece el país y remitiendo informes analíticos a la Alta Comisionada.

 

3.      La Alta Comisionada visitó Colombia del 27 de octubre al 1.º de noviembre de 2008.  Durante su visita, mantuvo reuniones con el Presidente, ministros y altos funcionarios públicos encargados de la promoción y protección de los derechos humanos.  También se reunió con representantes de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de mujeres, asociaciones de víctimas y sindicatos.  La Alta Comisionada viajó a Arauca donde pudo conocer los desafíos en derechos humanos a nivel regional y reunirse con líderes comunitarios y autoridades civiles y militares.  En el marco de su visita, la Alta Comisionada expresó a todos sus interlocutores su agradecimiento por el apoyo que su oficina en Colombia ha estado recibiendo.  Por otro parte, resaltó los esfuerzos del Gobierno para fomentar la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos dentro de las fuerzas militares, así como para desmovilizar organizaciones paramilitares.  Al destacar la mayor atención prestada a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, la Alta Comisionada expresó también su preocupación por la persistencia de retos estructurales en derechos humanos.

 

4.      La Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados visitó Colombia del 12 al 14 de mayo de 2008 y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del 1 al 10 de octubre.[1]

 

5.      El 10 de diciembre, Colombia fue analizada por el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).[2]

 

II. CONTEXTO

 

6.      Colombia continúa inmersa en un conflicto armado interno complejo y de múltiples facetas, cuyo efecto sobre los derechos humanos representa un desafío permanente para el Estado y su población.  Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y la fuerza pública, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con las subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso efectivo a la justicia siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos.  En este contexto, los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el Estado de derecho, fundamentalmente incrementando su presencia regional en lugares que anteriormente estaban bajo control de los grupos armados ilegales, han colocado al país en una mejor posición para asegurar el pleno respeto por los derechos humanos.

 

7.      Durante 2008, los hechos políticos y de orden público más relevantes que han marcado el panorama de los derechos humanos fueron: a) las ejecuciones extrajudiciales y las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentarlas; b) las tensiones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como consecuencia de las últimas investigaciones sobre los presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares, proceso conocido como la “parapolítica”; c) la extradición a los Estados Unidos de América en mayo de 2008 de 13 de los principales jefes paramilitares[3] investigados en el marco del proceso de la Ley 975, conocida como “ley de Justicia y Paz”[4]; d) los éxitos militares contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la muerte de su líder y fundador, así como las liberaciones, rescates y fugas de secuestrados en su poder; e) el aumento de la conciencia cívica, expresado a través de las masivas movilizaciones ciudadanas, en contra de los grupos armados ilegales y a favor del respeto por los derechos humanos; f) la desaceleración económica en el marco de la crisis financiera mundial, así como el importante impacto, sentido en el último trimestre del año, de los esquemas ilegales de inversión (pirámides) que han arrastrado a miles de personas a la quiebra con promesas de altos rendimientos.

 

8.      El avance en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio sigue siendo lento.  Es motivo de especial preocupación la superación de la brecha entre aquellos grupos poblacionales con oportunidades de progreso, asentados sobre todo en las grandes urbes, y otros grupos excluidos del desarrollo y alejados de los bienes y servicios que presta el Estado, localizados principalmente en el mundo rural y en las zonas deprimidas urbanas.[5]

 

III.       DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

 

A. Ejecuciones extrajudiciales

 

9.      En 2008, la oficina en Colombia continuó trabajando con el Ministerio de Defensa presentando directamente casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales para el conocimiento y acción de los altos mandos militares.  En enero de 2008, el Ministerio de Defensa publicó la “Política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario” para las fuerzas militares, que incluye, entre otras iniciativas, el establecimiento de asesores legales operacionales dentro del Ministerio para asegurar que las operaciones militares cumplan con los estándares de derecho internacional humanitario. Además, funcionarios civiles y militares del más alto nivel han declarado pública y repetidamente su voluntad de adoptar medidas para proteger y respetar los derechos humanos, incluida la erradicación de las ejecuciones extrajudiciales.

 

10.  La destitución por el Presidente en octubre de 2008 de tres generales y otros 24 oficiales y suboficiales, incluidos cuatro coroneles, así como otras medidas disciplinarias, por “una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción” fue una importante señal para reforzar la política de “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos.[6]  En noviembre de 2008, el Comandante del Ejército renunció, el Ministro de Defensa anunció medidas adicionales[7] y el Presidente inició una serie de sesiones periódicas de rendición de cuentas con los altos mandos militares para responder a las denuncias por ejecuciones extrajudiciales.

 

11.  El número de quejas recibidas por ejecuciones extrajudiciales y la cantidad de víctimas registradas hasta octubre de 2008[8] han evidenciado sin embargo que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar para combatir esta práctica no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas violaciones.  Es necesario realizar renovados esfuerzos para garantizar la efectividad y el estricto cumplimiento de las políticas institucionales establecidas para prevenir y sancionar las ejecuciones extrajudiciales.

 

12.  A finales de noviembre de 2008, la Fiscalía General de la Nación había iniciado 112 investigaciones sobre presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en 2008.[9] Adicionalmente, otros 473 casos, la mayoría ocurridos en 2006 y 2007, habían sido asignados durante 2008 a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.  Esta Unidad investiga actualmente cerca de 716 casos con más de 1.100 víctimas.  Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país.  En 2008, de acuerdo con la información obtenida por la oficina en Colombia, en algunos departamentos, como Antioquia, se ha registrado un incremento de estos casos.

 

13.  A los patrones descritos en informes anteriores,[10] se suman este año nuevas modalidades de comisión de esta grave violación, que sugieren una mayor complejidad y sofisticación en su planeación y ejecución.  La oficina en Colombia confirmó la existencia de redes encargadas de ofrecer a las víctimas trabajos en municipios diferentes a los de su lugar de origen, y de procurarles medios para trasladarlos hasta tales lugares, donde eran ejecutadas y presentadas como “muertos en combate”.  Según varias investigaciones en curso, otros miembros de esas redes (entre los que podrían encontrarse miembros del Ejército) serian los encargados de presentar denuncias contra los muertos, como integrantes de la guerrilla o de grupos armados ilegales surgidos después del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, y de elaborar informes de inteligencia o declaraciones de desmovilizados para corroborar tal vinculación.  Asimismo, es reiterada la presentación de las víctimas sin identificar, como “NN”, aún cuando portaban sus documentos o se conocía su identidad.  Esta práctica parecería estar dirigida a evitar la identificación de las personas reportadas como desaparecidas y a impedir las investigaciones.

 

14.  La ausencia de un control eficaz por los comandantes militares pudo favorecer la ocurrencia de estas graves violaciones de derechos humanos.  Los incentivos económicos, días de descanso y reconocimientos otorgados sin control ni supervisión previa a quienes presentaron como resultados “muertos en combate” pudieron también  alentar la repetición de esta preocupante práctica.  Al mismo tiempo, la ausencia de un claro mensaje de condena al interior del Ejército pudo haber permitido la perpetuación de estas violaciones.

 

15.  Se requieren medidas adicionales y una mayor colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación para erradicar y sancionar las ejecuciones extrajudiciales.  La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación deberían redoblar sus esfuerzos para investigar los casos en el menor tiempo posible.

 

B. Detenciones ilegales y arbitrarias

 

16.  En algunos departamentos, como Arauca y Norte de Santander, la Fiscalía General de la Nación continuó expidiendo órdenes de captura sin bases jurídicas sólidas por rebelión y delitos relacionados, lo que se tradujo en detenciones arbitrarias.  Estas órdenes estaban en muchas ocasiones fundamentadas en declaraciones de antiguos miembros de grupos guerrilleros desmovilizados que reciben incentivos y beneficios del Estado para cooperar en estas labores, lo que hace que la información obtenida no sea siempre creíble.  La Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación basada en la Brigada XVIII de Arauca ordenó al menos cuatro órdenes de captura masivas en estas circunstancias.

 

17.  Las víctimas de esta violación, incluyendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, son detenidas sin una justificación jurídica adecuada, en ocasiones por periodos que llegan hasta dos años.  Además, en departamentos como Antioquia y Chocó, se han reportado varios casos de detenciones ilegales realizadas por el Ejército.  La oficina en Colombia también recibió información de acciones de la Policía Nacional, particularmente detenciones y arrestos de individuos pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad, en particular de las zonas deprimidas de Medellín, sin justificación jurídica adecuada.

 

C. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

 

18.  La oficina en Colombia fue informada sobre casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a miembros de la fuerza pública en departamentos como Antioquia, Cauca y Chocó.  Los pueblos y comunidades indígenas, los grupos afrocolombianos, así como los sectores más deprimidos de la sociedad, fueron con frecuencia víctimas en tales casos.

 

19.   En algunos departamentos, como el de Cauca y Chocó, la oficina en Colombia recibió información de casos de tratos crueles y degradantes contra mujeres y niñas por miembros del Ejército, que, en ocasiones, se tradujeron en violencia sexual.

 

20.  A principios de 2008, en la prisión de Valledupar (Cesar), la oficina en Colombia registró casos de graves tratos inhumanos y degradantes contra reclusos, así como un uso excesivo de la fuerza por guardias para reprimir protestas.

 

21.    El Gobierno ha dado pasos importantes para capacitar a funcionarios públicos y oficiales y suboficiales militares en los estándares internacionales de prevención de la tortura.  Sin embargo, como fue reconocido por el mismo Gobierno, los retos siguen vigentes. [11]   El Gobierno daría un paso significativo para enfrentar estos retos aceptando ser parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 

D. Desaparición forzada

 

22.  La oficina en Colombia continuó observando casos de desaparición forzada, particularmente en municipios como Buenaventura (Valle del Cauca), donde según la Defensoría del Pueblo, fueron reportados 132 casos entre 2006 y 2008.  En otros lugares, en particular en centros urbanos del departamento de Antioquia y Chocó, esta práctica parece haber sido utilizada para intimidar a enemigos en el contexto de disputas entre bandas criminales y grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares.

 

23.  Las víctimas de desapariciones son normalmente jóvenes desempleados de familias sin recursos, habitantes de zonas urbanas marginales y de áreas rurales aisladas.  Entre las víctimas de desaparición forzada también se encuentran, tanto defensores y defensoras de derechos humanos, como sindicalistas.

 

24.  La Fiscalía General de la Nación ha investigado 111 casos de desaparición forzada en 2008.  La mayoría de estos casos fueron referidos a su Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario tras investigaciones preliminares llevadas a cabo por Comisiones Especiales de Impulso.[12]  La Unidad Nacional ha realizado además 39 exhumaciones,  pero los restos recobrados aun están en fase de identificación.  Otras exhumaciones durante el periodo reportado en este informe, referidas más adelante, han sido realizadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

 

25.  La fase piloto del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, concentrada en la situación del departamento de Casanare, se limitó en gran medida a recoger información que pudiera ser referida a la Fiscalía General de la Nación y a capacitar a funcionarios públicos.  Como el Gobierno reconoció, éste y otros desarrollos institucionales positivos, como la creación del Mecanismo de Búsqueda Urgente para personas desaparecidas, necesitan más esfuerzos para alcanzar la efectividad deseada.  Organizaciones de víctimas y autoridades judiciales parecerían estar de acuerdo en que ha habido una limitada efectividad en el cruce de los sistemas de información y en general, una cierta negligencia en el funcionamiento de estos mecanismos institucionales.[13]  Estas organizaciones también han criticado la persistencia de tener que realizar una declaración de “muerte presunta” para, entre otras cosas, recibir ayuda humanitaria del Gobierno.  En su opinión, este requisito inflige un daño emocional a las familias y las convierte de nuevo en víctimas.

 

26.  La ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, a lo que se comprometió el Gobierno durante el proceso del EPU en diciembre de 2008, sería un paso significativo para garantizar una respuesta efectiva y completa a las reclamaciones de las víctimas.

 

E. Derecho internacional humanitario

 

27.  La oficina en Colombia siguió observando serias infracciones al derecho internacional humanitario por todas las partes del conflicto.  Además, como en años anteriores, las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)  continúan rechazando estar obligados a respetar el derecho internacional humanitario.

 

1. Grupos guerrilleros

 

28.  Entre otros casos, se ha atribuido a miembros de las FARC-EP asesinatos selectivos y la masacre de cuatro erradicadores de hoja de coca en Puerto Libertador (Córdoba) en febrero de 2008.  El ELN habría cometido, entre otros, el asesinato, también en febrero, de un miembro de la comunidad de Micohaumado (Bolívar) acusado de ser un informante del Ejército.

 

29.  Las FARC-EP continuaron cometiendo ataques indiscriminados, que afectaron gravemente a la población civil, entre los que se destacan el lanzamiento de explosivos que produjo la muerte de tres individuos en Corinto (Cauca) en mayo de 2008; actos de terrorismo, como los ataques al Palacio de Justicia de Cali (Valle del Cauca), que produjo la muerte de una persona y heridas a 26, en septiembre de 2008; y el llevado a cabo en la ciudad de Ituango (Antioquia)  en agosto de 2008, en el que 55 personas resultaron heridas y siete, incluido un menor, murieron.[14]

 

30.  El constante incremento de la siembra de minas antipersonal por los grupos guerrilleros ha causado un alto número de víctimas civiles y militares, entre los que se encuentran niños y niñas.[15]  Tales fueron los casos, por ejemplo, de la muerte en Palmira (Valle del Cauca) de una mujer embarazada y de su hija de nueve meses en enero de 2008; la muerte de tres niños en la reserva indígena awá de Planadas de Telembi (Nariño) en junio de 2008; y el de un menor de seis meses y su madre de 17 años, heridos en Valdivia (Antioquia) en octubre de 2008.  Además, en diciembre de 2008, dos personas que viajaban en un vehículo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hacia San Vicente del Caguán (Caquetá) murieron como resultado de una mina presuntamente accionada por miembros de las FARC-EP.

 

31.  Tanto el ELN como las FARC-EP continuaron reclutando niños y niñas para labores de inteligencia y apoyo logístico, así como involucrándolos en hostilidades.  Por ejemplo, en San Isidro (Norte de Santander), como resultado de una confrontación armada entre el ELN y el Ejército en abril de 2008, siete miembros de este grupo guerrillero murieron, entre los que se encontraban cuatro menores de entre 14 y 17 años.  En el Valle del Guamez (Putumayo), dos menores de 13 y 15 años, respectivamente, fueron asesinados al resistirse a ser reclutados presuntamente por las FARC-EP en enero de 2008.

 

32.  La oficina en Colombia recibió información sobre desplazamientos forzados causados por amenazas y actos de violencia atribuidos al ELN y a las FARC-EP.  Otras situaciones de desplazamiento forzado fueron resultado de confrontaciones armadas entre estos grupos guerrilleros, como el caso del departamento de Arauca en enero de 2008, en el que más de 2.500 personas, incluidas las comunidades indígenas de Iguanitos y Caño Claro, fueron forzadas a desplazarse.

 

33.   La oficina en Colombia registró varios casos de violencia sexual contra mujeres y niñas atribuidos a las FARC-EP, como el caso del asalto sexual a una menor de 14 años que había sido previamente reclutada en Palmira (Valle del Cauca).

 

34.  Las FARC-EP continuaron amenazando y atacando misiones médicas y ambulancias.  Por ejemplo, dos soldados heridos al pisar una mina antipersonal que eran transportados en una ambulancia fueron asesinados en Yarumal (Antioquia) en abril de 2008, presuntamente por miembros de este grupo guerrillero.

 

 

 

2.            Fuerza pública

 

35.  La oficina en Colombia registró ataques indiscriminados, presuntamente llevados a cabo por miembros de la fuerza pública, que afectaron a la población civil.

 

36.  En varias ocasiones, miembros del Ejército y de la Policía Nacional entregaron juguetes y material de propaganda militar a niños y niñas de comunidades rurales de Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó), solicitando información acerca del paradero de grupos guerrilleros y de la identidad de sus miembros. Estos actos han puesto en riesgo gravemente la vida y seguridad de estos menores.

 

37.  La oficina en Colombia también observó que miembros del Ejército ocuparon bienes civiles, especialmente casas particulares, escuelas y lugares de recreo.  Esto fue reportado, por ejemplo, con respecto a la escuela de las comunidades indígenas del resguardo Nasa Kwe’ sx Kiwe (Valle del Cauca).

 

3.         Secuestro

 

38.  Según el Ministerio de Defensa, a través del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (FONDELIBERTAD)[16], el número de personas secuestradas en Colombia, hasta junio de 2008, era 2.820.

 

39.  Los grupos guerrilleros continuaron tomando rehenes.  En Nuqui (Chocó), en enero de 2008, las FARC-EP secuestraron a seis turistas y en Puerto Asís (Putumayo), en septiembre, a cuatro investigadores de la Fiscalía General de la Nación.  En enero y febrero de 2008, en Samaniego (Nariño), hubo siete incidentes de toma de rehenes atribuidos al ELN.

 

40.  También en enero y febrero, las FARC-EP liberaron unilateralmente a cinco ex congresistas y a una ex candidata a vicepresidente.  Posteriormente, en una operación militar incruenta en julio de 2008, una ex candidata a presidente, tres ciudadanos de los Estados Unidos de América y 12 miembros de la fuerza pública fueron rescatados.[17]  Finalmente, en octubre de 2008, otro ex congresista consiguió escapar de sus captores.  Sin embargo, las FARC-EP todavía mantienen muchas otras personas secuestradas, algunas de las cuales han sido consideradas por este grupo guerrillero como “canjeables” por miembros de las FARC-EP en prisión, como parte de los llamados “intercambios humanitarios”.

 

41.  En estas circunstancias, se podría considerar que la toma sistemática, prolongada y generalizada de rehenes, que son retenidos bajo condiciones inhumanas, se entendiera como un crimen de lesa humanidad.  Como ha expresado la Alta Comisionada en reiteradas ocasiones, la liberación, rescate y fugas de los individuos mencionados anteriormente no puede hacer olvidar al resto de personas secuestradas.

 

F. Grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización
de organizaciones paramilitares

 

42.  La oficina en Colombia continuó observando las actividades y operaciones de varios grupos armados ilegales que surgieron a lo largo del país del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, particularmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.  Mientras que sus estructuras, intereses y modus operandi no son homogéneos, muchos de estos grupos están involucrados en actividades criminales, y especialmente en el tráfico de drogas y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.  En ocasiones, también están involucrados en actividades legales, como la venta de loterías o la prestación de servicios de seguridad.

 

43.  En las filas de estos grupos se encuentra un número considerable de ex miembros, desmovilizados y no desmovilizados, reclutados voluntaria y forzadamente, de organizaciones paramilitares.  Según información obtenida por la oficina en Colombia, los que se resisten a ser reclutados son asesinados o forzados a desplazarse para preservar su vida.  La oficina en Colombia ha registrado que varios cuadros medios de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[18] tienen funciones de mando en estos grupos.

 

44.  Incluso si estos grupos pudieran tener alguna clase de jerarquía, estarían lejos de estar estructurados como organizaciones de tipo militar y no parece que ejerzan control territorial de manera exclusiva.  Además, en muchas localidades, no parecen actuar de forma coordinada, sostenida o concertada.

 

45.  Un número importante de asesinatos, amenazas de muerte y otros delitos que se atribuyen a estos grupos parecerían tener características de “limpieza social”.  Sin embargo, en general, sus operaciones corresponderían a ajustes de cuentas por razón de actividades relacionadas con el narcotráfico.  De la misma manera, y contrariamente a otro tipo de organizaciones criminales, estos grupos parecen ejercer, en algunos casos, “control social”.  Además, algunos de ellos se estarían beneficiando de las estructuras económicas y políticas que las antiguas organizaciones paramilitares crearon.

 

46.  En diferentes lugares, los nombres de algunos de estos grupos, como el de las “Águilas Negras” y otros relativos a las antiguas AUC o sugiriendo un rearme de tipo paramilitar similar al de las antiguas AUC, han sido utilizados de manera indiscriminada por organizaciones criminales e individuos desconocidos, con el ánimo de infundir miedo y generar confusión.

 

47.  En algunos departamentos, como Antioquia, Chocó, Guaviare y Meta, la oficina en Colombia observó que miembros de la fuerza pública habrían permitido y tolerado las acciones de los grupos que surgieron del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares.  Aunque esta aquiescencia estaría principalmente explicada por actos de corrupción, pareciera ser también el resultado de la intimidación y amenazas contra miembros de la fuerza pública.

 

48.  A pesar de lo anterior,  la oficina en Colombia continúa recibiendo información que confirma que algunos de entre estos grupos operan realmente como lo hacían las antiguas organizaciones paramilitares.  Tales grupos tienen una verdadera estructura y jerarquía militares, así como la capacidad para ejercer control territorial.  Además de ser capaces de planear, ejecutar y mantener operaciones de tipo militar, actúan con una orientación ideológica y política, similar, si no igual, a la de las antiguas AUC.  Estos grupos han sido identificados particularmente en los departamentos del Guaviare, Meta y Vichada, como el autodenominado “Ejército Revolucionario Antiterrorista de Colombia” (ERPAC), y en Nariño, con las llamadas “Autodefensas Campesinas Nueva Generación” (AC-NG).

 

49.  Independientemente de la caracterización que pueda hacerse de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, la violencia que generan no puede ser considerada como mera criminalidad común.  Los delitos que cometen, en el marco del conflicto armado, producen un alarmante nivel de violencia contra la población civil.  La complejidad, variedad y naturaleza cambiante e impredecible de estos grupos continúa siendo uno de los mayores retos para el Estado de Derecho.  Estos grupos continúan poniendo en serio riesgo a la población civil y se requiere una respuesta integral, efectiva y oportuna de las autoridades competentes para atajar el fenómeno.  Tal respuesta debería, entre otras cosas, reconocer la magnitud del problema, adoptar cambios operativos adecuados, incluidas reglas de enfrentamiento para combatirlos, así como la adopción de medidas preventivas para proteger a la población civil.

 

 

 

G. Justicia

 

1. Ley de Justicia y Paz

 

50.  El avance de los procesos que se adelantan en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que confiere el beneficio de una pena de prisión máxima de ocho años a las personas desmovilizadas que contribuyan efectivamente a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, continuó siendo lento.[19]  Al 31 de octubre de 2008, del total de 3.637 personas postuladas para ser investigadas y juzgadas por esta ley,[20] sólo 1.626 habían iniciado la primera etapa procesal denominada “versión libre”.[21]  En 2008, la Corte Suprema de Justicia decidió que no era necesario esperar a la terminación completa de cada versión libre para hacer imputaciones parciales de cargos.  Sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, sólo 20 postulados habían sido objeto de llamamientos a juicio parciales, y ninguno había sido sentenciado.

 

51.  Lo anterior evidencia que la cantidad de personas que serán procesadas por esta ley será muy inferior a la inicialmente calculada. Adicionalmente, no todos los postulados están acusados por delitos graves, sobre los que esta ley tiene competencia, y sobre todo, no hay certeza de que todos los desmovilizados que cometieron delitos graves estén postulados. Desafortunadamente, a un poco más de tres años después de adoptada la ley, el cumplimiento de las expectativas generadas por ella sigue pendiente.[22]

 

52.  Durante las versiones libres se han revelado numerosos hechos que le han permitido a la Fiscalía General de la Nación iniciar o reabrir investigaciones sobre casos que permanecían impunes.[23]  Estos casos incluyen algunos relacionados con servidores públicos de alto nivel presuntamente vinculados con grupos paramilitares, así como otros en los cuales las víctimas eran sindicalistas o miembros del partido político Unión Patriótica.[24]  Otros casos, sin embargo, continúan en la impunidad, debido, entre otras razones, a la negativa de los postulados con arreglo a la Ley de Justicia y Paz a colaborar plenamente con otras unidades de la Fiscalía General de la Nación.  Esto evidencia la necesidad urgente de revisar la ley con el fin de, entre otras cosas, obligar a los postulados a proporcionar la información completa y oportuna que tengan en su poder, que permita a la Fiscalía General de la Nación someter a otras personas a la justicia.  La oficina en Colombia alienta al Gobierno a considerar reformas que mejoren y aceleren la implementación de la Ley de Justicia y Paz.

 

53.  Entre los resultados tangibles de la implementación de la ley se destacan las exhumaciones de fosas clandestinas y de otros lugares donde las víctimas de los paramilitares fueron abandonadas, así como la recuperación de restos humanos. Según la Fiscalía General de la Nación, en 2008 se encontraron más de 410 fosas clandestinas y se recuperaron los restos de más de 560 víctimas, para un total estimado de 1.420 fosas y 1.750 restos recuperados desde el inicio de las versiones libres. Sin embargo, aún se requiere un esfuerzo adicional para acelerar la debida identificación y entrega de los restos a las familias de acuerdo con los estándares internacionales aceptados. La comunidad internacional también debería aumentar su apoyo a las autoridades colombianas para resolver este tema específico. A la fecha de cierre de este informe, sólo se habían entregado los restos de 249 víctimas a sus familias.

 

54.  La extradición a los Estados Unidos de América en mayo de 2008, por cargos de narcotráfico, de 13 de los más importantes líderes paramilitares desmovilizados generó preocupación entre las víctimas, que temían que las personas extraditadas no tendrían los incentivos necesarios para continuar contribuyendo al esclarecimiento de la verdad y a la reparación. Hasta el momento, sólo dos de ellos han sido condenados en los Estados Unidos a más de 20 años de prisión. En este sentido, es imperativo que los mecanismos de cooperación judicial se implementen de manera efectiva para que los procesos en el marco de la Ley de Justicia y Paz avancen satisfactoriamente. Es importante que los líderes paramilitares extraditados continúen contribuyendo al esclarecimiento de la verdad y que cumplan con la obligación de reparar a sus víctimas.

 

2. Investigaciones por presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares

 

55.  La Constitución establece que los miembros del Congreso deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia, proceso establecido como de única instancia. En este contexto, la Corte Suprema de Justicia continuó adelantando procesos sobre presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares, y ha denunciado que las críticas del Gobierno frente a estas investigaciones constituyen un intento de menoscabar la independencia judicial.

 

56.  A la fecha de cierre de este informe, 72 congresistas estaban vinculados a procesos judiciales, de los cuales 11 fueron condenados y cuatro absueltos.  Veinticinco de estos congresistas renunciaron a su investidura con el fin de ser investigados por la Fiscalía General de la Nación y no por la Corte Suprema de Justicia. Además, la Fiscalía General de la Nación ha adelantado investigaciones sobre otros 250 casos de naturaleza similar contra servidores públicos de alto nivel, incluyendo ministros, gobernadores, alcaldes o directores de entidades públicas importantes. Este hecho confirma el nivel de infiltración en el Estado que han alcanzado las organizaciones paramilitares y la necesidad de continuar combatiendo este fenómeno.

 

57.  Estos procesos judiciales constituyen un paso positivo en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho, que debe ser preservado y protegido de cualquier forma de politización. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia debería profundizar la solidez de sus decisiones, por ejemplo mediante el uso riguroso de órdenes de captura y de la detención preventiva, la consistencia de sus pronunciamientos, y la garantía del derecho a la doble instancia.

 

3. Justicia penal militar

 

58.  La oficina en Colombia valora positivamente que la Corte Constitucional, en su sentencia C-533 de julio de 2008, aceptara la objeción presidencial sobre el alcance del fuero militar, con el fin de garantizar que no incluya violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esta decisión está en consonancia con los principios y estándares internacionales de derechos humanos. Como resultado de esta decisión, en noviembre de 2008, el Congreso aprobó una nueva redacción del artículo relevante del Código de Justicia Penal Militar, que a la fecha de cierre de este informe, aún tiene que ser revisada una vez más por la Corte Constitucional.

 

59.  Entre enero y noviembre de 2008, la justicia penal militar remitió 148 casos a la Fiscalía General de la Nación, que representan más del doble del número de casos remitidos en 2007.[25]  No obstante, la justicia penal militar continúa asumiendo la competencia sobre casos que deberían ser juzgados por la justicia ordinaria.  En ocasiones se han ordenado incluso investigaciones paralelas a las de la Fiscalía General de la Nación.  En este contexto, la Fiscalía General de la Nación debe mantener la competencia exclusiva sobre las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y debe también acelerar la investigación de los casos que recibe.

 

4.         Violencia sexual

 

60.  Los actos de violencia sexual ocurridos en el contexto del conflicto armado continúan presentando un alto nivel de impunidad. Por ejemplo, en el contexto de las versiones libres de la Ley de Justicia y Paz se han mencionado 15 casos de violencia sexual, de los cuales sólo cuatro han sido confesados.[26]

 

61.  En un esfuerzo por combatir la violencia sexual y en el contexto del seguimiento a su sentencia T-025 de 2004 sobre personas desplazadas,[27] la Corte Constitucional ordenó al Gobierno que desarrollara programas de prevención y atención de la violencia sexual que afecta a las mujeres desplazadas (Auto 092 de abril de 2008).[28]  Adicionalmente, en el mismo Auto 092, la Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación que investigara 182 casos específicos. No obstante, al cierre de este informe no se había informado sobre el progreso de estas investigaciones.

 

62.  Para la investigación de estos y otros delitos, la Fiscalía General de la Nación enfrenta problemas estructurales tales como insuficiencia de recursos, debilidades en los mecanismos de consolidación de información, falta de estructura investigativa adecuada y dificultades de coordinación.

 

H. Víctimas

 

63.  En sus informes anteriores, la Alta Comisionada había subrayado la necesidad de garantizar los derechos de todas las víctimas y la importancia de ponerlos en el centro de los debates públicos relevantes. En el año 2008, la situación y los derechos de las víctimas obtuvieron reconocimiento en las agendas política y pública. Entre las víctimas, las mujeres son las que han enfrentado el mayor número de obstáculos y estigmatización en la búsqueda de justicia, y las que han sufrido con mayor severidad el desplazamiento por temor a represalias y amenazas.[29]

 

64.  La adopción por el Gobierno del Decreto 1290 de abril de 2008 por el que se creó un programa administrativo de reparaciones para las víctimas de grupos armados ilegales, fue un paso positivo para satisfacer el derecho a la reparación. El Decreto, sin embargo, no se aplica a las víctimas de agentes del Estado y por lo tanto exige que se adopten otros mecanismos para proporcionar beneficios a todas las víctimas sin distinción.[30]

 

65.  El proyecto de ley conocido como “Estatuto de víctimas”,[31] que a la fecha de cierre de este informe se encuentra en discusión en el Congreso, si bien no es perfecto, podría llenar algunos de los vacíos y debilidades del Decreto 1290. Sin embargo, la oficina en Colombia expresó su grave preocupación por la inclusión de disposiciones discriminatorias en la ley luego del debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.  A la fecha de cierre de este informe, el texto actual del proyecto de ley excluye a algunas personas del acceso al programa de reparación, como por ejemplo, a las víctimas futuras, a las parejas del mismo sexo y a las víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario. Adicionalmente, el proyecto de ley no permite que las víctimas de acciones u omisiones de agentes del Estado tengan acceso directo a la reparación administrativa, lo cual les impone condiciones más gravosas que las existentes en la actualidad para acceder a la reparación por la vía judicial.[32]

 

66.  La Rama Judicial también ha dado especial relevancia a los derechos de las víctimas. Por ejemplo, en varias decisiones los tribunales han confirmado: el derecho de las víctimas a participar en las versiones libres de la Ley de Justicia y Paz; la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de considerar medidas de protección; la relevancia de las reparaciones no pecuniarias; y la afirmación que proporcionar servicios sociales regulares no constituye una forma de reparación.[33]

 

67.  La revelación pública de los sufrimientos padecidos por las personas secuestradas por las FARC-EP y por los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales generaron un sentimiento de repudio y solidaridad generalizados en la sociedad colombiana. Los medios de comunicación han contribuido a generar conciencia social y la comunidad internacional ha apoyado iniciativas de protección y promoción de los derechos de las víctimas. Esto ha permitido que las organizaciones de víctimas adquieran mayor notoriedad y eficacia en su labor.

 

68.  Se han registrado algunos progresos en el establecimiento de la verdad sobre delitos cometidos en el pasado, lo cual ha contribuido a desarrollar una mejor comprensión social de la importancia de garantizar el derecho a la verdad. Las versiones libres de la Ley de Justicia y Paz han confirmado violaciones de derechos humanos anteriormente denunciadas y han permitido que muchas víctimas recuperen sus recuerdos y se reconcilien con sus muertos.  No obstante, es urgente abordar aspectos tales como la lentitud en el avance de los procesos judiciales, la falta de colaboración, y a veces incluso la inasistencia a las sesiones por parte de los postulados, o la insuficiente participación de las víctimas en estas sesiones.[34]

 

69.  Otra iniciativa importante en esta área es el informe sobre los delitos cometidos en Trujillo (Valle del Cauca) entre 1988 y 1994, publicado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en septiembre de 2008, en el cual se documentan delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada contra 342 víctimas. Según el informe, el ELN, las organizaciones paramilitares y miembros de la fuerza pública tendrían responsabilidad por estos crímenes.[35]

 

70.  El derecho a la justicia continúa restringido por la persistencia de la impunidad, la falta de acceso a la justicia y las debilidades estructurales de la administración de justicia. Estas mismas limitaciones también se han puesto en evidencia en los procedimientos judiciales que se adelantan en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

 

71.  La protección de las víctimas y sus organizaciones continúa representando un desafío que debe ser enfrentado por las autoridades competentes con acciones decididas y eficaces.

71.

I. Derechos económicos, sociales y culturales

 

72.  La pobreza, la pobreza extrema y la inequidad continúan siendo temas de preocupación, a pesar de los programas gubernamentales para reducirlos.  Esta situación afecta particularmente a los pueblos y comunidades indígenas, los grupos afrocolombianos, los desplazados, las mujeres, la niñez y las personas con discapacidad.  La oficina en Colombia ha recibido informes que indican con preocupación que las limitaciones al disfrute del derecho al alimento de determinadas comunidades ha llevado a la malnutrición. Asimismo, el limitado acceso a la vivienda y el empleo precario siguen siendo factores de preocupación.

 

73.  Con la reforma del marco legal que regula el derecho a la huelga, se han incorporado importantes principios internacionales en la legislación nacional.  Por ejemplo, a partir de ahora, son los tribunales los que deciden sobre la legalidad de las huelgas y no el Gobierno como anteriormente; y la aceptación de ambas partes es ahora necesaria para que se solicite la intervención de una instancia de arbitraje que pueda resolver una huelga. Adicionalmente, el Congreso está considerando adoptar una serie de medidas legislativas para asegurar el derecho al agua.  Se ha iniciado también el proceso de ratificación  de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero su Protocolo facultativo no ha sido firmado aún por el Gobierno.

 

74.  Muchos de los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio no reflejan un progreso suficiente.  A pesar del crecimiento económico de los últimos años, la pobreza medida en términos de ingreso no ha disminuido significativamente. Además, menos del  48% de niños y niñas tienen acceso a educación preescolar, las tasas de embarazo adolescente continúan incrementándose llegando a más del 20.5% en mujeres entre 15-19 años,  y el 16% de los hogares vive en condiciones precarias o poco dignas.[36]

 

J. Grupos vulnerables

 

1. Defensores y defensoras de derechos humanos y sindicalistas

 

75.  La oficina en Colombia registró un número significativo de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y sindicalistas durante 2008, principalmente en Antioquia, Arauca, Bogotá, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.  Estos ataques incluyeron homicidios, daños a la propiedad, allanamientos, robo de información y amenazas. Es motivo de preocupación que algunos altos funcionarios gubernamentales hubieran continuado la práctica de estigmatizar públicamente a los defensores y defensoras de derechos humanos y a los sindicalistas, señalándolos de ser simpatizantes de grupos guerrilleros.[37]

 

76.  Según datos oficiales del Ministerio de Protección Social, durante el primer semestre de 2008 se registraron 23 homicidios de sindicalistas, la mayoría en Antioquia y en Cauca.[38]  El sindicato nacional Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sin embargo, reportó, durante el mismo período, un total de 41 personas asesinadas pertenecientes a 24  organizaciones.

 

77.  Aunque en muchos casos los homicidios y amenazas contra estas personas han sido atribuidos a integrantes de grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, así como a miembros de las FARC-EP y del ELN, algunos miembros de la fuerza pública también estarían presuntamente involucrados.

 

78.  En el contexto actual de polarización y confrontación entre funcionarios del Gobierno y miembros de organizaciones no gubernamentales, se recrudecieron las amenazas y la estigmatización de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes de la oposición y activistas sociales.[39]  Como se mencionó antes, con frecuencia algunos altos funcionarios del Gobierno descalificaron y criticaron públicamente su trabajo.  Durante la movilización cívica que tuvo lugar en marzo de 2008 para protestar por los delitos cometidos por miembros de organizaciones paramilitares, se hizo evidente la ruptura del diálogo entre algunos sectores de la sociedad civil y el Gobierno.  Como resultado de esta ruptura, la elaboración concertada del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos está estancada.

 

79.  La oficina en Colombia reconoce los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, que proporciona atención, entre otros, a defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, persiste el reto de minimizar los riesgos para su vida y seguridad, en particular debido a la estigmatización de su trabajo legítimo.

 

2. Pueblos y comunidades indígenas y grupos afro colombianos

 

80.  Los pueblos y comunidades indígenas y grupos afrocolombianos son particularmente vulnerables, principalmente debido a que ocupan territorios estratégicos para las partes del conflicto armado interno y para las redes de narcotráfico. Estos territorios también tienen valor estratégico para empresas colombianas y extranjeras. Se registraron violaciones a los derechos de estos pueblos y de miembros de sus comunidades, a la vida, a no ser desplazados forzadamente, a la consulta previa e informada sobre decisiones que las afectan y a la libertad de circulación y movimiento.[40]

 

81.  La población afrocolombiana de Chocó y Nariño, así como los pueblos indígenas awá, nasa, emberá katío, sikuani y makaguan, se han visto especialmente afectados por el desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado. De igual manera, algunas comunidades indígenas entre los kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta, los emberá en el Chocó, y los awá y los eperara siapidara en Nariño y Cauca, han reportado serias restricciones a su libertad de circulación y movimiento.

 

82.  Algunas comunidades indígenas, tales como los cofanes y los sionas en Putumayo, los coreguajes en Caquetá, los eperara siapidara en Cauca, y los guayaberos y los makús en Guaviare, se encuentran en riesgo inminente de extinción. En Vaupés, 12 de los 23 pueblos indígenas tienen menos de 1.000 miembros.

 

83.  En noviembre de 2008 hubo varias movilizaciones de organizaciones indígenas para demandar sus derechos legítimos.  Entre sus preocupaciones, compartidas por las comunidades afro colombianas, se hizo especial énfasis en los derechos colectivos y la propiedad de las tierras.  Durante estos eventos, la oficina en Colombia observó que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional.[41]  La falta de control interno y la actuación de distintos cuerpos policiales sin un mando responsable unificado pudieron haber contribuido a que se presentaran estos graves hechos.  Adicionalmente, preocupa a la oficina en Colombia la estigmatización de los pueblos y comunidades indígenas y de sus líderes por parte de funcionarios públicos y de miembros de la fuerza pública.

 

3.         Población desplazada por la violencia

 

84.  Todas las cifras coinciden en señalar un crecimiento continuo del número de personas desplazadas, con un efecto desproporcionado sobre las comunidades ubicadas en las regiones en las cuales el conflicto es más intenso.[42]  Entre las causas del desplazamiento en algunas zonas, se encuentran las acciones de grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares que pretenden despojar a la población civil de sus tierras.  Otros factores incluyen el incremento en el uso de minas antipersonal por las FARC-EP y el ELN; la intensificación del reclutamiento forzado por parte de estos mismos grupos guerrilleros y las confrontaciones armadas entre ellos;[43] la erradicación de los cultivos ilícitos; y las operaciones de la fuerza pública contra los grupos armados ilegales.

 

85.  La oficina en Colombia recibió información sobre el homicidio aún no aclarado de nueve personas desplazadas y sobre amenazas contra por lo menos 250, muchas de las cuales son líderes de organizaciones de desplazados. Adicionalmente, la oficina en Colombia observó que Acción Social, entidad gubernamental encargada de la atención a la población desplazada, en ocasiones sólo registra a algunas personas desplazadas bajo presión de acciones judiciales (acciones de tutela). Las personas desplazadas que han sufrido este tipo de restricciones a sus derechos, en general, alegan haber sido desplazadas por grupos armados ilegales o por las acciones de contrainsurgencia de la fuerza pública.

 

86.  La sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004, y los autos de seguimiento subsiguientes, han señalado la persistencia del “estado de cosas inconstitucional” con relación a la atención que se le brinda a la población desplazada. En abril y en octubre de 2008 la Corte reconoció los esfuerzos financieros que había hecho el Gobierno para atender a las personas desplazadas, pero declaró que la política de atención pública continuaba presentando deficiencias en varios aspectos, en particular con relación a la falta de atención diferencial para niños, niñas y adolescentes, así como para los pueblos y comunidades indígenas y grupos afrocolombianos.[44]

 

87.  La oficina en Colombia continúa valorando la relevancia de la Defensoría del Pueblo y de su presencia a lo largo del país. Sin embargo, nota con preocupación que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) establecido en la Defensoría no está siendo plenamente utilizado de manera eficaz. En particular, se observó que las situaciones de riesgo reportadas y las advertencias formuladas por el SAT, frente a las que se debieron producir acciones por parte del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) liderado por el Ministerio del Interior y de Justicia, generaron menos alertas.[45]

 

 

            4. Otros grupos vulnerables

 

88.  En 2008 hubo restricciones a la libertad de expresión, que con frecuencia se manifestaron a través de amenazas a periodistas, particularmente en el interior del país, y de nuevas formas de intimidación a los medios de comunicación como la presentación de demandas judiciales por injuria y calumnia.

 

89.  La oficina en Colombia continúa preocupada por la situación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y transexuales, cuyos derechos a la vida y la no discriminación por su orientación sexual fueron violados. La organización Colombia Diversa reportó 67 homicidios de personas de estos colectivos en 2006 y 2007.

 

IV.       PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA OFICINA EN COLOMBIA

 

90.  Hasta noviembre de 2008, la oficina en Colombia recibió 1.262 quejas, y de estas dio seguimiento a 1.257.  Se realizaron 231 misiones de observación, lo que significa un total de 656 días en el terreno. Las misiones son la manera más sustantiva de recoger información destinada  a hacer análisis de casos sobre violaciones de derechos humanos. La oficina en Colombia ha participado en una gran cantidad de reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil para mejorar su información y su análisis.  Muchas de estas reuniones se mantuvieron en lugares muy remotos,  donde son más graves las consecuencias del conflicto armado interno.

 

91.  La oficina en Colombia continúa prestando asistencia técnica en derechos humanos y en derecho internacional humanitario al Ministerio de Defensa y apoyo al proceso de identificar y revisar los  casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. La oficina en Colombia asesoró al Gobierno durante el proceso de preparación del Decreto 1290 y a las partes involucradas durante el proceso de debate parlamentario de la Ley de Víctimas.

 

92.  La oficina en Colombia se encuentra en el proceso de compilar y revisar todas las recomendaciones hechas hasta la fecha de cierre de este informe por los diferentes mecanismos de derechos humanos, incluida la Alta Comisionada, para facilitar su ejecución y seguimiento.

 

93.  En lo que respecta a los derechos de las mujeres, la oficina en Colombia ha apoyado el seguimiento del Auto 092 de la Corte de Constitucionalidad sobre la violencia sexual contra las mujeres desplazadas, y la decisión T-496 sobre la necesidad de incluir la perspectiva de género en el diseño de los programas de protección de testigos y víctimas. Además, la oficina en Colombia desarrolló actividades relacionadas con la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados y promovió la ratificación de la Convención  sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 

94.  La oficina en Colombia continuó prestando apoyo para la elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos hasta que se estancó el proceso, y continúa asistiendo en la producción del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.  Como parte de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, la oficina en Colombia desarrolló una serie de talleres y seminarios acompañados de sesiones de negociación para asegurar que los planes de desarrollo municipal incorporaran la perspectiva de derechos humanos. Este proyecto capacitó a las autoridades competentes sobre la metodología para desarrollar los citados planes. La oficina en Colombia también impartió módulos de capacitación sobre herramientas de derechos humanos a la Escuela Superior de Administración Pública.

 

95.  La oficina en Colombia capacitó a 180 jueces militares en derechos humanos, y preparó una guía y un folleto para víctimas de desaparición forzada.  Además, la oficina en Colombia participó en la organización de un seminario internacional sobre desaparición forzada titulado “Sin Rastro” en junio de 2008.

 

96.  Por solicitud de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia, la oficina en Colombia organizó un seminario y preparó una publicación sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas en relación a aquellas decisiones que les afecten. La oficina en Colombia continuó su labor de apoyo al Ministerio fortaleciendo los centros de convivencia ciudadana[46] y capacitando a los funcionarios públicos a cargo de los mismos.

 

97.  La oficina en Colombia emitió 26 comunicados públicos sobre una variedad de asuntos de preocupación y distribuyó 98.675 copias en 81 diferentes publicaciones de derechos humanos, informes y discos compactos a funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil y al público en general.  En el contexto del 60.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de la celebración conmemorativa, la oficina en Colombia publicó una serie de materiales pedagógicos para explicar el contenido y el espíritu de la Declaración.

 

V.        RECOMENDACIONES

 

98.  La Alta Comisionada reitera todas sus recomendaciones anteriores que no han sido implementadas, o que sólo lo han sido parcialmente, y de nuevo insta al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a la sociedad civil en su totalidad a dar prioridad al respeto pleno de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

 

99.  La Alta Comisionada hace un llamado al dialogo y a la negociación para alcanzar una paz sostenible y anima a todos los actores a considerar, en particular, las siguientes recomendaciones:

 

 

a)      La Alta Comisionada llama a todos las partes del conflicto a aceptar y acatar en su integridad el derecho internacional humanitario, respetando, sin excepciones, la vida, la integridad y los bienes de la población civil.  La Alta Comisionada además exige a los miembros de los grupos armados ilegales la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas, incluyendo a aquellas que, retenidas por razón del conflicto, sufren reclusiones prolongadas en completo desprecio por los estándares mínimos de dignidad y humanidad que el derecho internacional humanitario exige;

 

b)      Reconociendo la preocupación del Gobierno ante la gravedad del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, y su voluntad de tratar la situación, la Alta Comisionada insta al Gobierno a implementar rápidamente y en su totalidad las medidas anunciadas para el destierro de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y a intensificar la colaboración con la Fiscalía General de la Nación para la pronta investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes;

 

c)      La Alta Comisionada anima a la Fiscalía General de la Nación a que acelere los procedimientos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, así como a asegurarse que todos los desmovilizados de grupos armados ilegales que hayan cometido delitos graves sean juzgados por esta Ley y contribuyan de manera efectiva a satisfacer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas;

 

d)      La Alta Comisionada hace un llamamiento a las autoridades judiciales, en particular a la Fiscalía General de la Nación, y a las autoridades de control a fortalecer las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y sindicalistas, incluidas las investigaciones de los casos de estigmatización de su labor, y combatir la impunidad.  En particular, la Alta Comisionada anima al Gobierno y a la Procuraduría General de la Nación a que impulsen y apoyen de manera decidida tales investigaciones que se inicien contra funcionarios públicos;

 

e)      La Alta Comisionada urge al Gobierno a garantizar los derechos de la población civil ante las acciones de los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, implementando medidas inmediatas y eficaces de prevención y protección;

 

f)       La Alta Comisionada alienta al Gobierno a tomar concretas medidas preventivas para terminar con la preocupante tendencia del incremento del desplazamiento y a proteger a la población desplazada, aprovechando en mayor medida el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo;

 

g)      La Alta Comisionada hace un llamado al Gobierno y a las autoridades judiciales, en particular a la Fiscalía General de la Nación, a que dediquen los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para asegurar que los delitos de violencia sexual y contra las mujeres se prevengan efectivamente, investiguen, juzguen y sancionen;

 

h)      La Alta Comisionada recomienda que el Gobierno considere los derechos de todas las víctimas sin discriminación, y que intensifique sus esfuerzos para lograr políticas consensuadas y concordantes con la normativa internacional que pongan verdaderamente en el centro de su labor a las víctimas y aseguren que todas ellas efectivamente gocen de los derechos a la verdad, justicia y reparación;

 

i)        La Alta Comisionada insta al Gobierno a dar prioridad a la realización de los objetivos de desarrollo del Milenio como parte de su política social, asegurando una dotación de recursos adecuada y prestando especial atención a la situación de los más vulnerables.


Anexo

CASOS ILUSTRATIVOS DE  VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

 

1.                  A continuación se describen algunos casos ilustrativos conocidos por   la oficina en Colombia, adicionales a los casos referidos en el cuerpo del informe, sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario durante el periodo reportado en este informe.

A.     Ejecuciones extrajudiciales

2.                  En el departamento de Antioquia,  la oficina en Colombia continuó registrando un elevado número de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, en Montebello,  el asesinato de una persona el 4 de enero fue supuestamente cometido por miembros del  Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4 “General Pedro Nel Ospina”. En Yondó, el asesinato de dos personas el 30 de enero  fue supuestamente cometido por miembros del Batallón “Calibío”.  En Segovia, el asesinato de un joven de 16 años el 1.º de febrero  fue supuestamente cometido por miembros del Batallón “Especial Energético y Vial N.º 8”.

3.                  En otros departamentos también se registraron posibles casos de esta preocupante práctica.  En Puerto Asís (Putumayo), el 7 de marzo, dos personas fueron asesinadas y presentadas como guerrilleros muertos en combate por miembros de del Batallón Contraguerrilla 87 de la Brigada Móvil 13.  En Sabana de Torres (Santander), el asesinato de cuatro personas el 19 de febrero fue presuntamente cometido por miembros de la V Brigada.  En Algeciras (Huila), el asesinato de una persona el 23 de febrero fue presuntamente cometido por miembros de la Novena Brigada.

4.                  Presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron registradas por  la oficina en Colombia después de que las personas fueran desaparecidas.  En Ábrego (Norte de Santander), apareció muerta  el 15 de enero una persona que había sido reportada como desparecida el 13 de enero en Soacha (Cundinamarca).  La desaparición y el asesinato de esta persona fueron supuestamente cometidos por miembros del Batallón 15 “General Santander”.  Miembros de este mismo batallón presentaron como guerrillero muerto en combate el 31 de agosto en Ábrego (Norte de Santander) a un menor que parecía tener una discapacidad mental y que había desaparecido el día anterior en  Gamarra (Cesar).  En Ocaña (Norte de Santander), el 27 de enero,  dos personas, entre ellas una menor, que habían desaparecido previamente en Soacha (Cundinamarca), fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate por miembros de la Brigada Móvil N.º 15.

5.                  La oficina en Colombia también recibió quejas sobre posibles ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Policía Nacional.  En Bogotá D.C., el 22 de abril, agentes de la Policía Nacional presuntamente asesinaron al Presidente del sindicato de servidores públicos y miembro de la asociación de funcionarios de la Contraloría Distrital.  El 26 de mayo, se registró otra queja de presunta ejecución extrajudicial de una persona que había sido previamente detenida por agentes de la Policía Nacional en Pereira (Risaralda).

B.     Detenciones ilegales y arbitrarias

6.                  La oficina en Colombia recibió información sobre casos de detenciones ilegales y arbitrarias, tanto individuales como masivas, en varios departamentos del país. Se tuvo conocimiento de que miembros de la Policía Nacional y del Ejército llevaron a cabo detenciones aparentemente con base en declaraciones de informantes que no fueron debidamente corroboradas, sin flagrancia o sin orden de captura judicial.

7.                  El 23 febrero, en Puerto Leguízamo (Putumayo), miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Brigada de Selva XXVII detuvieron a 16 personas, acusadas de rebelión y narcotráfico.  El 28 febrero, un juez de Puerto Asís (Putumayo)  resolvió una petición de habeas corpus y liberó a siete de los detenidos por irregularidades en la detención.  En Arauca (Arauca), el 15 de junio, 16 campesinos fueron detenidos de manera presuntamente ilegal por miembros de la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación con sede en la Brigada XVIII de Arauca.

8.                  El 20 de mayo, en la localidad del Triangulo en Simití (Bolívar),  fueron detenidas cinco personas por miembros del Batallón “Luciano del Huyer”.  Días después, estas personas fueron liberadas sin cargos.  El 28 de marzo, en la localidad de Santa Ana en Granada (Antioquia), tres personas fueron detenidas por miembros del Batallón “Bajés”.

9.                  También conoció la oficina en Colombia casos de detenciones ilegales o arbitrarias cuyas víctimas fueron defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales acusadas, aparentemente sin indicios suficientes, del delito de rebelión.  Por ejemplo, el 12 de enero, en Arauquita (Arauca), la personera municipal fue detenida, junto con otras 11 personas, en estas circunstancias.  En la misma localidad, el 4 de noviembre fue detenido también sin suficientes indicios el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), junto con otros líderes sociales.  El 15 de noviembre, en San Onofre (Sucre), un líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, y Secretario Técnico del Capítulo Sucre, fue detenido también sin aparente justificación, en este caso bajo cargos de “concierto para delinquir” con organizaciones paramilitares.

C.     Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

10.              La oficina en Colombia tuvo conocimiento de conductas de servidores públicos que constituirían tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y uso excesivo de la fuerza.

11.              En Medellín (Antioquia), se recibieron quejas reiteradas relacionadas con una situación generalizada de abuso de fuerza, tratos crueles e inhumanos y amenazas de parte de la Policía Nacional contra la población, particularmente de 13 de sus comunas, identificadas con los numerales 1 a 13.

12.              En Buenaventura (Valle del Cauca), el 21 de enero, agentes de la Policía Nacional presuntamente agredieron a golpes a un taxista que se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que le ocasionó la muerte.

13.              En Caucasia (Antioquia), el 23 de enero, cuatro jóvenes fueron presuntamente golpeados brutalmente con puños, puntapiés y culatazos al interior de la estación de policía.  Otro caso fue reportado el 21 de abril en Cimitarra (Santander), donde un joven fue supuestamente sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de los agentes de la Policía Nacional.

14.              En Corinto (Cauca), el 9 de abril, miembros del Ejército detuvieron y presuntamente agredieron a tres personas, que sufrieron múltiples heridas. Además, los mismos miembros del Ejército presuntamente amenazaron de muerte a estas personas acusándolas de vinculación con grupos guerrilleros.

15.              La oficina en Colombia tuvo información acerca de abusos sexuales cometidos por miembros de la Fuerza Pública.  Miembros del Batallón “Hilario López” presuntamente hostigaron sexualmente a niñas de la localidad de Santa Cruz (Cauca) el 14 de mayo.  Se tuvo información de cuatro niñas de la comunidad indígena de Chanó en Bojayá (Chocó) que fueron hostigadas sexualmente por varios soldados el 11 de febrero.

16.              El 15 de abril, en Medellín (Antioquia), estudiantes de la Universidad Nacional habrían sido reprimidos de manera violenta y desproporcionada por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) durante una manifestación pacífica que contaba con la aprobación de la alcaldía.

D.        Derecho internacional humanitario

 

1. Grupos guerrilleros

17.              La oficina en Colombia tuvo conocimiento de varias masacres presuntamente cometidas por grupos guerrilleros, como la de tres personas en Pensilvania (Caldas) el 14 de febrero atribuida por las autoridades a las FARC-EP. En Santa Cruz (Nariño), las FARC-EP presuntamente asesinaron a cuatro docentes, entre las que había tres mujeres, que habían sido previamente secuestradas entre el 11 y el 24 de junio, por considerarles informantes del Ejército.  El 25 de diciembre, presuntos miembros del ELN asesinaron a cuatro personas de una misma familia y a una vecina menor de edad e hirieron a otras cuatro personas, en la localidad de Mata Oscura en Arauquita  (Arauca).

18.              La oficina en Colombia tuvo también conocimiento de homicidios selectivos presuntamente cometidos por grupos guerrilleros.  En el departamento de Arauca, las autoridades atribuyeron al ELN y a las FARC-EP la mayoría de los 142 homicidios de personas civiles registrados durante los primeros nueves meses del año.

19.              El 9 de febrero, en Algeciras (Huila), las FARC-EP habrían asesinado a un periodista y concejal de ese municipio como parte de un supuesto plan contra los alcaldes y concejales de la región.  El 30 de abril, en Ituango (Antioquia), la oficina en Colombia registró la muerte, presuntamente por las FARC-EP, de una menor de 14 años que había sido previamente acusada de mantener relaciones sentimentales con un miembro de la fuerza pública.  El 12 de agosto en Yarumal (Antioquia), miembros de las FARC-EP habrían asesinaron al director de Bienestar Social del municipio, cuando se encontraba de misión oficial.  Asimismo, el 17 de octubre, las FARC-EP habrían asesinado al Presidente de la Junta de Acción Comunal de Tierra Alta (Córdoba), tras haberle acusado de colaborar con el Ejército.  

20.              El ELN habría supuestamente asesinado el 5 de febrero al Presidente del Concejo Municipal de Saravena (Arauca).  El 1.º de mayo, en Morales (Bolívar), miembros del ELN presuntamente asesinaron a una persona acusada de colaboración con el Ejército.  Posteriormente, este grupo guerrillero habría amenazado con las mismas acusaciones a otras personas de la misma localidad, lo que provocó el desplazamiento de alrededor de 18 familias.  El ELN habría presuntamente asesinado al líder de la Asociación de Desplazados de Arauquita (ASDENAR), el 28 de noviembre en Arauqita (Arauca).

21.              La oficina en Colombia también registró amenazas de muerte por grupos guerrilleros.  Varias personeras municipales también habrían recibido amenazas de muerte por grupos guerrilleros, como el caso ocurrido el 23 de enero, en el que las FARC-EP habrían amenazado a la personera municipal de Villarica (Tolima). 

22.              El 6 de marzo, las FARC-EP montaron un retén en la vía Samaná-Victoria (Caldas), donde presuntamente asesinaron a un conductor de un autobús de servicio público, que luego fue incinerado.  El 27 de octubre, en la zona media del río Atrato (Chocó), una barca municipal de transporte con 18 personas civiles fue atacada por disparos de supuestos miembros de las FARC-EP, provocando la muerte de una persona y heridas a otras cuatro.

23.              La oficina en Colombia registró varios casos de terrorismo cuya autoría fue atribuida por las autoridades a las FARC-EP, como el ocurrido en Buenaventura (Valle del Cauca), el 10 de junio, cuando un artefacto ubicado en un separador vial explotó dejando 12 personas heridas.

24.              La oficina en Colombia tuvo informaciones según las que, desde enero, en la localidad de El Decio en Samaniego (Nariño), el ELN habría aumentado la siembra de minas antipersonal causando varios incidentes y el aislamiento de la población.  Estos hechos provocaron a su vez el aislamiento de varias localidades rurales del municipio y un desplazamiento masivo en la zona. 

25.              El 17 de febrero, en Yarumal (Antioquia), una mina antipersonal presuntamente sembrada por las FARC-EP ocasionó la muerte a una persona e hirió a tres más, entre ellos a un menor de tres años.  El 5 de agosto, en  El Tarra (Norte de Santander), un menor de 16 años murió al accionar accidentalmente una mina antipersonal, presuntamente instalada por el ELN. 

26.              La siembra de minas antipersonal por las FARC-EP fue una de las causas principales del desplazamiento de varias familias de la localidad de Canelos en Santa Rosa (Bolívar) el 14 de enero.

27.              El 11 de junio, la siembra de minas antipersonal, presuntamente por las FARC-EP, en los alrededores de los cultivos de coca que circundaban la población ubicada en la localidad de Santa Rosa en Puerto Asís (Putumayo), ocasionó el aislamiento de la población, generando escasez de alimentos y medicinas.

28.              La oficina en Colombia también recibió quejas indicando que los grupos guerrilleros siguieron reclutando niños y niñas en varios departamentos, como Antioquia, Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.  En varias localidades de Caicedo (Putumayo), las FARC-EP habían venido amenazando con reclutar a los menores de la zona desde finales de febrero.  El 27 de marzo, en el departamento de Caquetá, las aparentes amenazas de las FARC-EP con reclutar a un menor obligaron a la familia a desplazarse.  El mismo mes, en el departamento de Norte de Santander, una familia se vio obligada a desplazarse ante las presuntas amenazas del ELN de reclutar a uno de los hijos menor de edad.  En el mes abril, las FARC-EP al parecer reclutaron a tres menores en Palmira (Valle del Cauca), de los cuales, una niña de 14 años, fue sometida presuntamente a actos de violencia sexual por los reclutadores. 

29.              La oficina en Colombia registró quejas por el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en actividades bélicas, logísticas y de inteligencia por las FARC-EP, como un caso ocurrido en el mes de mayo en Ituango (Antioquia), donde un menor fue aparentemente utilizado para el transporte de armas y explosivos.

2. Fuerza pública

30.              La oficina en Colombia pudo observar la práctica de ubicar estaciones de policía y batallones del Ejército en centros poblados, muy cerca de casas de habitación y otros bienes protegidos, como escuelas.  Por ejemplo, el 10 de mayo, integrantes del Batallón Ayacucho ocuparon una  escuela en la localidad de Guayaquil en Pueblo Nuevo (Caldas).  El 14 de mayo, la oficina en Colombia constató que miembros del Ejército instalaron un campamento militar en la escuela de la localidad de Santa Cruz (Cauca).

31.              El 5 de octubre, miembros del Batallón Contraguerrilla 59 de la Brigada de Selva 27 se hicieron presentes en el cabildo indígena Nasa de San Luis Alto Picudito en Villagarzón (Putumayo) interrogando y tomando fotografías a sus habitantes.  Ante esta situación las FARC-EP amenazaron a esta población acusándola de informantes del Ejército.

32.              La oficina en Colombia conoció casos de imposición arbitraria de restricciones por miembros del Ejército al transporte de personas y de bienes, como alimentos, medicamentos y combustible. Por ejemplo, desde enero, tropas de la Brigada Móvil 20 han venido limitando el paso de alimentos a varias localidades del municipio de El Dovio (Valle del Cauca) como estrategia de lucha contra los grupos armados ilegales.

33.              La oficina en Colombia registró lesiones a la población civil, incluidos niños y niñas, provocadas por fuego cruzado en combates entre el Ejército y las FARC-EP, en la zona rural del departamento de Arauca.  Tal fue el caso, por ejemplo, ocurrido el 15 de septiembre, en el que una niña de 18 meses fue herida por disparo de arma de fuego, lo que le ocasionó la pérdida de un ojo.

3. Secuestros

34.              Los grupos guerrilleros continuaron secuestrando personas, como el caso de cuatro estudiantes, uno de ellos menor de edad, presuntamente secuestrados por las FARC-EP el 5 de octubre en la localidad de San José de Purré en Quibdó (Chocó).  El 22 de marzo, un médico fue presuntamente secuestrado por las FARC-EP en Ocaña (Norte de Santander).

35.              El 31 de julio, cinco trabajadores de una empresa contratista de Ecopetrol, fueron secuestrados en el casco urbano de la localidad de Orú en Tibú (Norte de Santander), presuntamente por miembros del ELN.

E.  Grupos armados ilegales surgidos del proceso
de desmovilización de organizaciones paramilitares

 

36.              La oficina en Colombia observó que los crímenes presuntamente cometidos por los grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares produjeron unos altos niveles de violencia contra la población civil.

37.              Mientras que algunos de los asesinatos presuntamente cometidos por estos grupos tenían características de acciones de “limpieza social”, en algunos municipios y departamentos el incremento en la tasa de asesinatos tendrían como trasfondo las disputas entre estos grupos por un control territorial y el de los negocios ilícitos.  Por ejemplo, durante el periodo reportado, la lucha entre el grupo al parecer liderado por una persona con el alias “Don Mario” y el grupo denominado “Los Paisas” habría provocado la muerte de al menos 70 personas, solo en el departamento de Córdoba.

38.              En el mes de enero, sólo en las ciudades de Barrancabermeja, Bucaramanga y Cúcuta  la oficina en Colombia registró más de 50 asesinatos selectivos.

39.              El asesinato de nueve personas en el mes de mayo en la comunidad de Pizarro de Bajo Baudó (Chocó) fue presuntamente cometido por miembros del grupo llamado “Los Rastrojos”.  Integrantes de este grupo presuntamente asesinaron el 26 de marzo a una prostituta en Orito (Putumayo).  El 14 de octubre fue asesinado un líder comunitario de Curvaradó (Chocó), el mismo día en que iba a rendir testimonio contra varios paramilitares ante un Juzgado de Medellín.

40.              El 24 de mayo, miembros del grupo llamado “Autodefensas Campesinas Nueva Generación” (AC-NG) habrían obligado a más de 200 personas que habían llegado desplazadas a principios de mes a la localidad de Sánchez en Policarpa (Nariño) a regresar a sus hogares.  AC-NG sería presuntamente responsable de amenazas de muerte contra organizaciones de derechos humanos en el departamento de Nariño, como las registradas el 12 de febrero contra, entre otras, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), la CPDH o la Pastoral Social.

41.              El 15 de junio, unas 100 familias se desplazaron de la localidad de San José La Turbia (Nariño) presuntamente por un grupo denominado “Águilas Negras”.

 

 

F.         Grupos vulnerables

 

1. Defensores y defensoras de Derechos Humanos y Sindicalistas[uu]

42.              La oficina en Colombia tuvo conocimiento de varios asesinatos de líderes sindicales y sociales, así como de defensores y defensoras de derechos humanos.  Por ejemplo, el 10 de diciembre de 2008 en el municipio de San Vicente de Caguán (Caquetá) fueron encontrados los restos de un reconocido defensor de derechos humanos y líder social de la zona.  Su cuerpo había sido incinerado, decapitado y tenía señales de tortura. El 9 de febrero, en Balboa (Cauca), un líder sindical fue asesinado con arma blanca.  El 9 de marzo, en San Vicente del Caguán (Caquetá), un líder sindical desapareció en el casco urbano y fue encontrado muerto tres días después con 11 puñaladas.  El 16 de mayo, un miembro del Comité Cívico Amor por Cartago (Valle del Cauca) fue asesinado y otros miembros de este Comité recibieron amenazas de muerte y el 28 de octubre,  las FARC-EP presuntamente asesinaron a una líder comunitaria en Puerto Leguízamo (Putumayo).

43.              La oficina en Colombia registró amenazas de muerte, ataques y robos contra organizaciones no gubernamentales y sindicales y sus miembros.  Desde enero, la personera de San Miguel (Putumayo) ha venido recibiendo amenazas de muerte.  En Medellín (Antioquia), entre el 4 de febrero y el 18 de septiembre, varios sindicatos y organizaciones sociales y políticas fueron objeto de seguimientos e intimidaciones y recibieron amenazas de muerte anónimas.  El 29 de febrero, un miembro de la CPDH en el departamento de Risaralda sufrió un atentado contra su vida.  El 20 de abril, la organización Red Juvenzar de Valledupar (Cesar) fue objeto de robo de información relativa a casos de violaciones de derechos humanos, víctimas y victimarios.  En Saravena (Arauca), el 19 de noviembre, un artefacto explosivo detonó en un edificio que albergaba a las siguientes organizaciones sociales: la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional (ASOJER), la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC), la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca (AMAR), la Asociación de Desplazados, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Subdirectiva Arauca y la Fundación Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra.

44.              La oficina en Colombia registró ataques a la honra, reputación o dignidad de defensores y defensoras de derechos humanos. El 2 de septiembre, en Bogotá D.C., autoridades gubernamentales, señalaron a miembros de la organización de derechos humanos MINGA de tener vínculos con las FARC-EP y el ELN.

2. Pueblos y comunidades indígenas y grupos afrocolombianos

45.              La oficina en Colombia recibió información sobre asesinatos de miembros de pueblos y comunidades indígenas.   El 22 de marzo, tres miembros del resguardo indígena Chingu Chinguza de Ricaurte (Nariño) fueron asesinados.  El 22 de mayo, en el río El Tigre del resguardo indígena Sirilio en el Litoral de San Juan (Chocó) apareció muerto un ex gobernador indígena.  El 14 de octubre, un indígena que participaba en manifestaciones en las inmediaciones del resguardo La María en la localidad de Piendamó (Cauca) resultó muerto, presuntamente por disparos de la Policía Nacional.

46.              El 22 de enero, después de combates entre las FARC-EP y el Ejército, el grupo guerrillero habría amenazado de muerte a la población del cabildo indígena Siona Bajo Santa Helena en Puerto Asís (Putumayo), acusándola de colaboración con la fuerza pública.

47.              El 18 de junio, miembros de las FARC-EP habrían lanzado explosivos a la escuela del resguardo indígena Siona de Buenavista en Puerto Asís (Putumayo).  El ataque  causó temor entre los pobladores provocando un desplazamiento masivo.  Asimismo, el 16 de marzo, en el resguardo indígena de Tacueyo en Toribio (Cauca), combates entre la Fuerza Pública y las FARC-EP provocaron el desplazamiento de más de 600 personas.

48.              También conoció  la oficina en Colombia asesinatos y amenazas contra líderes afrocolombianos, como el asesinato de un miembro de la Junta del Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera de Tumaco (Nariño) el 25 de junio.  También, desde el mes de febrero, las FARC-EP vienen aparentemente amenazando al representante de la  Corporación Afro Colombianos del Pacífico para el Concejo Municipal de Guacarí (Valle del Cauca).  El 29 de junio, una líder afrocolombiana fue asesinada en Buenaventura (Valle del Cauca).

 

 



* El presente documento se remite con retraso con el fin de incluir la información más reciente.

** El informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. El anexo se distribuye en español e inglés únicamente.

[1] Otros relatores especiales visitaron el país en viajes no oficiales o de seguimiento.

[2] Colombia se presentó de forma voluntaria al procedimiento del EPU y en el informe presentado por el Gobierno, fechado el 1.º de septiembre de 2008, se comprometió a tomar 69 iniciativas para mejorar la situación de derechos humanos.  A la fecha de finalización de este informe, las recomendaciones del Consejo al Estado colombiano aun no han sido publicadas formalmente.

[3] A lo largo del año, 15 jefes paramilitares fueron extraditados a los Estados Unidos de América.

[4] La Ley 975 de 2005 regula el procesamiento judicial de miembros desmovilizados de grupos armados ilegales para quienes se establecen beneficios judiciales con base en su contribución a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de sus crímenes.

[5] Mientras que Bogotá D.C. tiene el 28% de su población por debajo de la línea de pobreza, en Chocó la cifra alcanza un 78,5%;  mientras que en Cundinamarca (excluyendo Bogotá) la tasa de analfabetismo es del 1,1%, en La Guajira es del 6%.  Fuente: Informe de Colombia sobre los objetivos de desarrollo del Milenio (2007), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

[6] Otras medidas parecen haber sido tomadas, incluyendo la separación del servicio de otros oficiales y suboficiales, pero no han sido hechas públicas.

[7] Estas medidas adicionales incluyen, entre otras, la revisión de la aplicación de la doctrina y procedimientos de inteligencia, operaciones y logística; la creación de una comisión que revise los casos desde un punto de vista operacional; el refuerzo de la responsabilidad del comandante; el perfeccionamiento de los sistemas de evaluación; y la redefinición de reglas de enfrentamiento.

[8] Las mujeres son a menudo víctimas de esta violación al ser identificadas como compañeras sentimentales de presuntos miembros de grupos armados ilegales.

[9] Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales se hacen normalmente varios meses después de haber ocurrido los hechos.  Por esta razón, casos de ejecuciones extrajudiciales que hubieran tenido lugar en 2008 serian denunciados en 2009.  La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación ha iniciado la investigación de 41 de estos casos, mientras que los restantes 71 están al cargo de las Direcciones Seccionales.

[10] Ver documentos A/HRC/7/39 y Corr.1 de 2008, y A/HRC/4/48 de 2007.

[11] Informe del Gobierno para el proceso del EPU ante el Consejo de Derechos Humanos, fechado el 1 de septiembre de 2008.

[12] Estas Comisiones son enviadas a lugares en los que se encuentran evidencias materiales o información que pueden facilitar la investigación de hechos relacionados con un delito de desaparición.  Las Comisiones pueden concentrarse en la averiguación de hechos relacionados con un solo delito o con una serie de casos interrelacionados.

[13] Informe final de la Comisión Especial de Impulso para Casanare y Magdalena (Enero 2008).

[14] La oficina en Colombia, en comunicado público de 15 de agosto de 2008, condenó este ataque.

[15] El Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal ha reportado, hasta noviembre de 2008, casi 170 víctimas civiles, incluidos 38 menores, y más de 430 víctimas de la fuerza pública durante 2008.  Colombia es uno de los países con mayor número de víctimas por minas (7.290 víctimas están reportadas entre 1990 y noviembre de 2008).

[16] FONDELIBERTAD es una dependencia del Ministerio de Defensa creada en 1995, la cual asumió las funciones del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, encargada de coordinar recursos para la lucha contra el secuestro, incluidos gastos adicionales de dotación y funcionamiento de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), y asistir a las víctimas.

[17] El Presidente Álvaro Uribe reconoció que durante esta operación uno de los oficiales del Ejército portó, presuntamente por temor, un chaleco con el logo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el emblema de la Cruz Roja, lo que constituye un uso abusivo de estos símbolos y, como tal, una infracción al derecho internacional humanitario.

[18] La desmovilización de las AUC empezó en 2003.

[19] A pesar de que durante 2008 la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación registró un aumento de personal del 350%, no ha logrado avanzar de manera satisfactoria con los casos que se rigen por esta ley.

[20] Además de los miembros de organizaciones paramilitares postulados para ser investigados y juzgados según el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, en 2008 por primera vez se postularon miembros de grupos guerrilleros.  A noviembre de 2008, 61 individuos pertenecientes a diferentes grupos guerrilleros (FARC-EP, ELN, ERP y EPL) se habían postulado.

[21] De las 1.626 personas que iniciaron versión libre, 1.189 no continuaron con el proceso debido a que la Fiscalía General de la Nación no tenía elementos para acusarlos de ningún delito grave (al 19 de diciembre de 2007, se habían iniciado 1.057 versiones libres, de las cuales 941 se descontinuaron por la misma razón). A la fecha, sólo se han finalizado siete versiones libres por la confesión de todos los delitos. Hay 430 postulados que continúan rindiendo versión libre.

[22] A marzo de 2008, había un total de 50.505 desmovilizados, de los cuales 35.263 se desmovilizaron colectivamente de organizaciones paramilitares (3.592 estaban en prisión y 31.671 estaban en libertad) y 15.242 se desmovilizaron de manera individual de grupos armados ilegales (organizaciones paramilitares y grupos guerrilleros).

[23] En el contexto de esta ley, la Unidad Nacional de Justicia y Paz ha remitido 2.098 casos a otras unidades de la Fiscalía General de la Nación.

[24] El partido político Unión Patriótica fue establecido por las FARC-EP en 1985 como parte de las negociaciones de paz con el Gobierno.

[25] La remisión de casos ha aumentado desde 2005, año en el cual sólo 35 casos fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación. El número de casos remitidos aumentó a 36 en 2006 y a 72 en 2007.

[26] Estas cifras se enmarcan en el total de 18.431 delitos mencionados y 4.678 delitos confesados durante las versiones a la fecha de cierre de este informe.

[27] En la sentencia T-025 del 22 de enero de 2004, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia determinar con exactitud la situación de las personas desplazadas incluidas en el Sistema Único de Registro y adoptar las medidas necesarias para garantizar los recursos necesarios para su atención.

[28] Esta decisión fue reiterada en septiembre de 2008 (Auto 237).

[29] Un estudio reciente confirma que la mayoría de las víctimas son mujeres, generalmente en los 40, con tres o cuatro hijos o personas bajo su responsabilidad exclusiva, con educación primaria o sin educación, y con oportunidades limitadas para generar ingresos. (Angelika Rettberg, “Reparación en Colombia. ¿Qué quieren las víctimas?”, noviembre de 2008).

[30] En un comunicado público del 27 de abril de 2008, la oficina en Colombia saludó el Decreto y alentó al Gobierno a ampliar sus esfuerzos para cumplir con la obligación de proporcionar reparaciones y recursos legales a todas las víctimas.

[31] Proyecto de ley 044/08 (Cámara) y 157/07 (Senado) que establece medidas de protección para las víctimas. El proyecto se enriqueció por un proceso público y participativo en el Congreso, que incluyó nueve audiencias públicas, antecedidas de talleres de reflexión, en los que participaron alrededor de 5.000 víctimas. La sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, y especialmente la oficina en Colombia, acompañaron y apoyaron activamente estas audiencias.

[32] Estos elementos discriminatorios fueron incluidos después de que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes adoptara una serie de modificaciones al proyecto de ley el 12 de noviembre de 2008. Como afirmó la oficina en Colombia en un comunicado público del 18 de noviembre de 2008, existen principios esenciales que una ley de esta naturaleza no puede ignorar, que incluyen la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, los principios de igualdad y no discriminación, y la determinación de la calidad de víctima por el hecho de haber sufrido un daño injusto, independientemente de quién lo haya causado.

[33] Los siguientes son ejemplos de decisiones en este sentido: Sentencia T-049 de enero de 2008 de la Corte Constitucional; sentencia T-496 de junio de 2008 de la Corte Constitucional; sentencia de noviembre de 2008 de la Sala Administrativa del Consejo de Estado, y sentencia de diciembre de 2008 de la Corte Constitucional, que a la fecha de cierre de este informe aún no había sido publicada.

[34] Según la Fiscalía General de la Nación, de las 168.090 víctimas registradas a la fecha de cierre de este informe, sólo 18.839 han podido o han querido asistir a las versiones libres.

[35] Trujillo, una tragedia que no cesa. CNRR, Memoria Histórica.

[36] Datos del PNUD en Colombia.

[37] La oficina en Colombia expresó profunda preocupación frente a esta situación en varios comunicados publicados a lo largo del año.

[38] Informe anual al Congreso del Ministerio de Protección Social, 2007-2008.

[39] En este contexto, por ejemplo, en diciembre de 2008 se hizo público que hacía un año que la Fiscalía General de la Nación había aceptado una solicitud policial de interceptar varias direcciones de correo electrónico pertenecientes a organizaciones y a individuos, incluyendo la de un funcionario de la oficina en Colombia. Tan pronto se dio a conocer este hecho, la Fiscalía General de la Nación tomó medidas y separó del cargo al fiscal responsable de esa decisión.

[40] A octubre de 2008, la Vicepresidencia de la República registró 54 homicidios de miembros de pueblos y comunidades indígenas; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) registró, para el mismo período, un total de 66 víctimas. Un hecho de especial preocupación fue el asesinato por el Ejército, en circunstancias confusas, del esposo de una lideresa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en diciembre de 2008. El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condenó el hecho en un comunicado público. No existen registros oficiales de homicidios de personas afro colombianas, pero la oficina en Colombia ha recibido información sobre el asesinato de cuatro de sus líderes sólo en el departamento de Nariño.

[41] Como resultado de las confrontaciones entre las organizaciones indígenas y la Policía Nacional hubo tres personas muertas y más de 170 heridas, entre miembros de la Policía Nacional y de las organizaciones indígenas. La oficina en Colombia deploró estas confrontaciones en un comunicado público del 25 de octubre de 2008.

[42] Entre enero y junio de 2008, la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) registró 270.675 nuevos desplazados, que representan un aumento del 41% con relación al mismo período en 2007. Según Acción Social, entre enero y octubre de 2008 se registraron 249.816 personas desplazadas.

[43] Hechos de este tipo se han reportado especialmente en el departamento de Arauca.

[44] El Auto 092 fue expedido en abril de 2008 sobre violencia sexual contra mujeres desplazadas, y el Auto 251 fue expedido en octubre de 2008 sobre medidas para proteger a la niñez desplazada.

[45] Según sus propios reportes, entre enero y septiembre de 2008, el CIAT emitió sólo 28 alertas de 62 advertencias formuladas por el SAT.

[46] Estos centros son parte de una iniciativa gubernamental que aspira a promover valores como la solidaridad, respeto y tolerancia entre las comunidades.

[uu] Casos ilustrativos de detenciones ilegales y arbitrarias de defensores de derechos humanos y líderes sociales se describen en el apartado B supra.