Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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Distr.
GENERAL
E/CN.4/2003/13
24 de febrero de 2003
Original: ESPAÑOL*
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
59º período de sesiones
Tema 3 del programa provisional
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia**
ÍNDICE (Párrafos)
Resumen
I. INTRODUCCIÓN 1-4
II. CONTEXTO NACIONAL 5-24
III. CONFLICTO ARMADO INTERNO 25-40
a) Grupos guerrilleros 30-31
b) Grupos paramilitares 32-34
c) Fuerza pública 35-38
d) Importancia de un proceso de negociación de paz 39-40
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 41-54
V. SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 55-58
VI. ÁREAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN O IMPORTANCIA
59-115
1. Estado de derecho y política de seguridad 59-78
a) Estado de conmoción interior 63-66
b) Zonas de rehabilitación y consolidación 67-69
c) Situación en la antigua zona de distensión 70-73
d) Paramilitarismo 74-77
2. Administración de justicia e impunidad 78-87
Situación carcelaria 84-87
3. Desplazamiento forzado 88-94
4. Grupos étnicos 95-101
5. Defensores de derechos humanos 102-108
6. Libertades fundamentales 109-115
a) Libertad sindical 109-110
b) Libertad de opinión y de expresión 111-112
c) Libertad de conciencia y religión 113
d) Derechos políticos 114-115
VII. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 116-130
VIII. ACTIVIDADES DE LA OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS 131-151
1. Asesoramiento y cooperación técnica 135-151
a) Cooperación
en materia de capacitación en derechos humanos y derecho
internacional humanitario 137-144
b) Cooperación
en materia de fortalecimiento institucional 145-151
IX. RECOMENDACIONES 152-181
a) La prevención y la protección 155-162
b) El conflicto armado interno 163-168
c) El Estado de derecho y la impunidad 169-175
d) Las políticas económicas y sociales 176
e) La promoción de una cultura de derechos humanos 177-179
f) El asesoramiento y la cooperación técnica de la
Oficina 180-181
X. MAPA DE COLOMBIA. División política territorial.
Zonas
de rehabilitación y consolidación. Antigua zona de
distensión.
Anexo: Situación de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario.
Principales violaciones e infracciones
Resumen
Este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre Colombia cubre el período comprendido
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002, y responde
a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos
durante su 58º período de sesiones.
Contexto nacional
El informe analiza el contexto nacional y pasa revista a los factores
de orden político, militar, económico, social e institucional
que a lo largo del año 2002 plantearon a Colombia múltiples
problemas, dificultades y retos en relación con el mantenimiento
de los principios del Estado de derecho, el respeto de los derechos
humanos y la observancia de la normativa internacional humanitaria.
Entre esos factores figuran: la interrupción de los procesos
de paz entre, por un lado, el Gobierno del Presidente Andrés
Pastrana y, por otro lado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN), respectivamente; la incidencia
que en la degradación del conflicto armado han tenido las
acciones violentas, muchas de ellas de un corte terrorista, tanto
por parte de los grupos guerrilleros como por parte de los grupos
paramilitares; la persistencia de denuncias e informaciones sobre
nexos entre servidores públicos y organizaciones paramilitares;
y los obstáculos que para el cabal ejercicio de los derechos
políticos han constituido las presiones ejercidas sobre candidatos
y sufragantes por los grupos ilegales. Las elecciones de marzo para
el Congreso y las elecciones presidenciales en mayo fueron dos importantes
puntos de referencia en el panorama político de 2002, que
permitieron observar la situación de derechos humanos en
los últimos meses del Gobierno del Presidente Andrés
Pastrana y los primeros cien días del Gobierno del Presidente
Álvaro Uribe.
Otros factores analizados son: la adopción y el desarrollo
de la política de seguridad por parte del nuevo Gobierno,
que comenzó su ejercicio el 7 de agosto; las medidas adoptadas
a raíz de la declaratoria del estado de conmoción
interior; la preparación de la convocatoria del referendo
constitucional para el año 2003; las gestiones en pro de
la iniciación de un diálogo con grupos paramilitares;
y las dificultades que el país afronta en materia de endeudamiento,
déficit fiscal y realización progresiva de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Al terminar el año se percibió una serie de desafíos
en el contexto nacional. Para sólo mencionar algunos, cabe
referirse a la degradación incesante del conflicto armado,
y a las dificultades para emprender un proceso gradual de solución
política del mismo a través de negociaciones de paz
adecuadamente estructuradas. A este respecto parece evidente que
los buenos oficios del Secretario General, a través de su
Asesor Especial, deben ser considerados tanto para retomar el proceso
de acercamiento entre el Gobierno y las FARC-EP como para el diálogo
entre el Gobierno y el ELN.
Otro desafío es el relativo a los contactos, el diálogo
y una posible negociación entre el Gobierno y los grupos
paramilitares. Parece necesario hacer claridad sobre cuáles
de las condiciones planteadas por los dirigentes de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) pueden aceptarse sin menoscabo del Estado
de derecho y sin menosprecio por los derechos fundamentales a la
verdad, a la justicia y a la reparación.
Otro reto para el Gobierno y los sectores económicos del
país sigue siendo el que plantea la necesidad de que unos
como otros contribuyan, dando pleno cumplimiento a las exigencias
planteadas por los derechos económicos, sociales y culturales,
a un mejor funcionamiento de la economía que permita disminuir
la inequidad existente.
Igualmente importante para el Gobierno, para el Congreso y para
los sectores democráticos del país es el reto de buscar
y encontrar mayores grados de concertación y apoyo mutuo
en la tarea de promover y proteger los derechos humanos. En particular,
el Ejecutivo y el Legislativo se hallan ante el desafío de
asegurar que toda propuesta normativa en materia de protección
del orden público, administración de justicia y funcionamiento
de los órganos de control sea respetuosa de los instrumentos
adoptados por la comunidad internacional para garantizar un ejercicio
democrático del poder y una efectiva puesta en práctica
de los derechos y libertades fundamentales de la persona.
Conflicto armado interno
El informe destaca la alta y grave incidencia del conflicto armado
sobre la situación de los derechos humanos en el país
y los desafíos que este conflicto impone al Estado para responder
eficazmente a la crisis humanitaria. Señala asimismo la notable
degradación del conflicto armado y la crueldad creciente
de los métodos de combate utilizados por los grupos armados
ilegales, lo cual ha agravado la vulnerabilidad de la población
civil. A este respecto analiza la actuación de los grupos
guerrilleros, de los grupos paramilitares y de la fuerza pública.
Se destaca la importancia de un proceso de negociación de
paz, estructurada con parámetros y criterios adecuados, que
plantee perspectivas ciertas de progreso y que incorpore tempranamente
compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario.
Situación de los derechos humanos
El informe reconoce que factores como la degradación del
conflicto armado, el narcotráfico y la crisis económica
han incidido en el agravamiento de la situación de los derechos
humanos y en la capacidad del Estado para protegerlos y garantizarlos.
Las conductas criminales de los grupos armados ilegales hicieron
patente su falta de respeto por los derechos fundamentales a la
vida, la integridad personal y la libertad individual. Sus reiterados
ataques a la infraestructura pública multiplicaron los desafíos
del Estado para dar una respuesta efectiva a la crítica situación.
También señala que el nuevo Gobierno ha manifestado
su propósito de cumplir sus obligaciones internacionales
y constitucionales en materia de derechos humanos. Entre los logros
estatales en ese campo, el informe destaca: la ratificación
de varios instrumentos internacionales; los avances relativos a
la coordinación institucional y al sistema único de
registro de la población desplazada; la jurisprudencia garantista
de la Corte Constitucional; y el interés de varias instituciones
públicas por fortalecer la cooperación con la Oficina
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, como por ejemplo la Vicepresidencia de la República,
la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General
de la Nación y el Senado de la República.
El informe califica de crítica la situación de los
derechos civiles y políticos y señala que a lo largo
del año 2002 se ha caracterizado por violaciones graves,
masivas y sistemáticas de esos derechos, constituyendo muchas
de ellas crímenes contra la humanidad. Se registraron ejecuciones
extrajudiciales (masacres y homicidios de carácter individual
o selectivo), actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes,
acciones que implicaron empleo desproporcionado de la fuerza, desapariciones
forzadas, detenciones ilegales o arbitrarias, impedimentos ilegítimos
al libre tránsito interno, desplazamientos forzados, injerencias
arbitrarias o ilegales en la vida privada y el domicilio, y atentados
contra el debido proceso y las garantías judiciales. El informe
señala que los autores de esas violaciones fueron servidores
públicos comprometidos en graves abusos de poder, en omisión
o en abierta connivencia con el paramilitarismo.
El informe da cuenta de un aumento significativo de denuncias de
violaciones atribuidas directamente a miembros de la fuerza pública,
en comparación con el año 2001. Muchas de estas conductas
se realizaron en desarrollo de la política de seguridad del
nuevo Gobierno, y en particular en aplicación de las normas
adoptadas en el marco del estado de conmoción interior declarado
en agosto. Varias de estas conductas se realizaron con el acompañamiento
o la autorización de agentes de la Fiscalía General
de la Nación.
En el análisis de la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales en Colombia, el informe da cuenta de problemas
como la profunda exclusión económica y social, el
alto grado de pobreza y la amplia brecha de inequidad, que se manifiestan
en altos niveles de desempleo, cobertura insuficiente en el campo
educativo, graves carencias en la prestación de los servicios
de salud y seguridad social, y fuerte reducción del número
de viviendas subsidiadas por el Estado.
También identifica el informe las dificultades específicas
que afectan al reconocimiento y la garantía de los derechos
de la mujer y de los derechos del niño y de la niña.
A pesar de algunos avances legislativos, destaca en particular la
ausencia de una política integral en materia de género,
el mantenimiento de formas sexistas de discriminación y marginación
y la persistencia de la violencia sexual e intrafamiliar.
Situación del derecho internacional humanitario
El informe da cuenta del sensible aumento de los crímenes
de guerra y del alto índice de victimización de los
miembros de la población civil en comparación con
el año 2001. Varios de esos actos podrían constituir
crímenes contra la humanidad. Entre las principales infracciones
del derecho internacional humanitario, muchas de ellas recurrentes
y masivas, menciona los homicidios, las amenazas de muerte, los
ataques a la población civil, los ataques indiscriminados,
los actos de terrorismo, los atentados contra la dignidad personal,
la toma de rehenes, el desplazamiento forzado, los atentados contra
la misión médica, los ataques a bienes civiles y el
empleo de minas antipersonales. En esta sección se estudia
también la situación de los niños y mujeres
víctimas de la contienda armada. El informe señala
como responsable de la mayor parte de las conductas infractoras
a los miembros de los grupos guerrilleros y paramilitares. Sin embargo,
hace notar que durante el período por él cubierto
aumentaron las denuncias de infracciones de la preceptiva humanitaria
por integrantes de la fuerza pública.
El informe señala la degradación del conflicto armado,
a la que ha contribuido poderosamente la utilización de algunos
métodos y medios de guerra prohibidos por el derecho internacional
humanitario, así como el cambio de estrategia de los grupos
armados ilegales. Entre ellos, destaca los ataques a la población
civil y el empleo creciente del terror por parte de los grupos armados
ilegales y, particularmente, de las FARC-EP.
Áreas de especial preocupación o importancia
El informe analiza varias áreas de especial preocupación
o importancia para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Entre ellas figuran el mantenimiento
del Estado de derecho y la adopción y ejecución de
la política de seguridad, las medidas de conmoción
interior, la actuación de la fuerza pública en las
zonas de rehabilitación y consolidación, la situación
de la antigua "zona de despeje", el auge y el fortalecimiento
de los grupos paramilitares, las falencias de la administración
de justicia y sus contradicciones en la lucha contra la impunidad,
las insatisfactorias condiciones de la población carcelaria,
el desplazamiento forzado, la victimización de los grupos
étnicos, la crítica situación de los defensores
de los derechos humanos y de otros miembros de grupos vulnerables,
y los problemas existentes para el pleno ejercicio de las libertades
fundamentales (libertad sindical, libertad de opinión y de
expresión, libertad de conciencia y de religión, y
derechos políticos).
El informe señala que el Estado aún no cuenta con
una política efectiva y coherente en materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario. Esta carencia se manifiesta
en la debilidad de sus políticas preventivas, lo cual contribuye
a agravar la crisis en uno y otro campo. Esto ha incidido en el
aumento significativo de personas desplazadas, así como en
la mayor vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos afectados
por intimidaciones, amenazas, ataques y estigmatizaciones aun por
parte de servidores públicos.
Entre las materias de especial preocupación, el informe
destaca factores y condiciones que tienden a debilitar el Estado
de derecho, manifestado en recurrentes problemas o crisis de gobernabilidad
y en repetidas fallas en la aplicación del principio del
imperio de la ley. La tendencia se ve reflejada en la injerencia
en las funciones públicas por parte de integrantes de grupos
paramilitares y en la continuidad de nexos entre servidores públicos
y miembros de esos grupos. También constituye una influencia
perjudicial la adopción prioritaria de ciertas políticas
represivas y militares en detrimento de la institucionalidad civil.
El informe se refiere a la adopción e implementación
de disposiciones incompatibles con las normas internacionales y
la Constitución nacional, como varias de las contenidas en
el Decreto Nº 2002 sancionado en el marco del estado de excepción.
La atribución de funciones de policía judicial a los
militares y la restricción arbitraria de derechos y libertades
fundamentales estuvieron entre los principales motivos de preocupación
en ese campo.
Otra materia de preocupación ha sido la actuación
de instituciones que comprometen la independencia y la imparcialidad
judicial. Como ejemplo de esto pueden señalarse decisiones
adoptadas por la Fiscalía General de la Nación en
lo referente al despido y traslado de fiscales, así como
la posición del Fiscal General de la Nación ante el
ejercicio de funciones de policía judicial por miembros de
las fuerzas militares, y el apoyo del Fiscal General a medidas de
control del orden público que luego la Corte Constitucional
declaró contrarias a la Constitución.
Seguimiento de las recomendaciones internacionales
El informe da seguimiento a las recomendaciones internacionales
en materia de protección de los derechos humanos, conflicto
armado, Estado de derecho e impunidad, ratificación de instrumentos
internacionales, adecuación de la normativa interna a los
principios y reglas de carácter internacional, adopción
de medidas en pro de los derechos económicos, sociales y
culturales, promoción de una cultura de derechos humanos,
y asesoría y cooperación técnica. El informe
constata que no se han registrado progresos significativos en la
aplicación de muchas de esas recomendaciones. No obstante,
destaca como positivos la ratificación del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional (a pesar de la salvedad sobre los
crímenes de guerra), la adopción de la ley que crea
el tipo penal de trata de personas, la evaluación de los
programas de protección del Ministerio del Interior, la adopción
de la ley para dar cumplimiento a la Convención sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción
y la creación del Observatorio de Minas Antipersonal, así
como la adopción de medidas para ampliar la cobertura territorial
del sistema de alerta temprana y fortalecer la participación
gubernamental en el mismo.
Actividades de la Oficina en Colombia
El informe dedica una sección para resumir las actividades
cumplidas durante 2002, en ejercicio de las funciones de observación,
asesoría legal, promoción y difusión, y cooperación
técnica señaladas en su mandato, por la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. De este mandato se han beneficiado varias instituciones
del Estado, como la Procuraduría General de la Nación,
la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura,
entre otras, que han recibido con interés la asesoría
y cooperación de la Oficina en el propósito de fortalecer
su actuación institucional en derechos humanos. También
fueron destinatarias de las actividades de la Oficina las organizaciones
de la sociedad civil. La Oficina ha podido iniciar con el nuevo
Gobierno, en particular con la Vicepresidencia de la República
y la Cancillería, una interlocución frecuente y fluida.
En octubre asumió sus funciones el nuevo director de la Oficina.
Recomendaciones
El informe finaliza con una serie de recomendaciones concretas
y prioritarias de la Oficina del Alto Comisionado en materia de
derechos humanos y derecho internacional humanitario para el año
2003, con la convicción de que su aplicación podría
contribuir sensiblemente a mejorar la situación en Colombia.
Las recomendaciones cubren materias importantes como la prevención
y la protección, el conflicto armado interno, el Estado de
derecho y la impunidad, las políticas económicas y
sociales, la promoción de una cultura de derechos humanos
y el asesoramiento y la cooperación técnica de la
Oficina del Alto Comisionado. Los destinatarios de esas recomendaciones
son las autoridades nacionales, todas las partes en el conflicto
armado interno y los sectores representativos de la sociedad civil.
I. INTRODUCCIÓN
1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación,
desde hace varios años, la situación de los derechos
humanos en Colombia. Esto se ha visto reflejado en sucesivas declaraciones
por parte de su Presidente. La Comisión solicitó en
1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos que estableciera una oficina en Colombia, teniendo
en cuenta la invitación del Gobierno de este país.
2. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida en Colombia la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el marco de este acuerdo, la Oficina debe observar la situación
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario
con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación
y aplicación de políticas, programas y medidas para
la promoción y protección de los derechos humanos,
en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive
el país. Ello debe permitir al Alto Comisionado presentar
informes analíticos a la Comisión. El acuerdo fue
prorrogado por iniciativa del Presidente Álvaro Uribe por
un período más largo, hasta septiembre de 2006.
3. En el 58º período de sesiones de la Comisión
el Presidente reafirmó en su declaración que la Oficina
en Colombia "desempeña una función vital en la
lucha contra las continuas violaciones de derechos humanos y de
derecho internacional humanitario", y solicitó a la
Alta Comisionada la presentación de "un informe detallado
que contenga un análisis efectuado por su Oficina sobre la
situación de derechos humanos en Colombia".
4. El presente informe corresponde al período comprendido
entre enero y diciembre de 2002 y se basa en la información
recogida por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado directamente
y a través de sus interlocutores, y analizada por ella. Otorga
especial importancia a las recomendaciones que finalizan el informe.
II. CONTEXTO NACIONAL
5. Durante el año 2002 varios factores de orden político,
militar, económico y social crearon un contexto nacional
complejo y difícil. Al final del año el país
se enfrentaba a múltiples problemas, dificultades y retos
de gran magnitud en lo referente al mantenimiento de los principios
del Estado de derecho, al respeto de los derechos humanos y a la
observancia del derecho internacional humanitario. Otro elemento
importante para señalar fue el cambio de Gobierno producido
el 7 de agosto con la asunción del nuevo presidente Álvaro
Uribe.
6. Los procesos de paz que el Gobierno del Presidente Andrés
Pastrana había iniciado en 1998, al comienzo de su período,
con los dos principales grupos guerrilleros ?las FARC-EP y el ELN?
llegaron a conclusiones abruptas durante los primeros meses del
año 2002, sin que se hubieran obtenido los resultados positivos
que de ellos esperaban muchos segmentos del país.
7. En particular, la forma en que se desarrollaron y terminaron
las negociaciones con las FARC-EP implicó una mayor polarización
de las ideas y los sentimientos de amplios sectores de la sociedad
civil sobre el presente y el futuro del país. Al comienzo
del año, cuando las dos partes, gracias a una mayor facilitación
de la comunidad internacional y de la Iglesia, acababan de superar
una de las peores crisis presentadas a lo largo del proceso y habían
fijado un calendario más preciso para negociar sobre temas
que concernían directamente a la población civil,
el marcado incremento de las acciones violentas de la guerrilla
llevó al Gobierno a terminar definitivamente el proceso y
a recuperar el control militar de la llamada "zona de distensión".
De otro lado, en la parte gubernamental no se dieron, a lo largo
de los meses anteriores, acciones claras para enderezar el rumbo
de un proceso que ya había perdido apoyo social y credibilidad
por su total carencia de resultados tangibles.
8. Tras la ruptura definitiva del proceso de negociaciones entre
el Gobierno del Presidente Pastrana y las FARC-EP, el 20 de febrero,
poco después del secuestro por esa agrupación de un
avión a bordo del cual iba el senador Jorge Gechem Turbay,
crecieron aún más la intensidad y la frecuencia de
las infracciones del derecho internacional humanitario. Se destaca
el caso del secuestro del Gobernador de Antioquia y su asesor de
paz y ex Ministro de Defensa, en abril. Tampoco logró el
Gobierno del Presidente Pastrana resultados significativos en el
proceso de diálogo con el ELN. A lo largo del año
este grupo guerrillero también siguió involucrándose
en una serie de infracciones graves al derecho internacional humanitario.
9. Al mismo tiempo, el Estado continuó demostrando falta
de efectividad para contrarrestar las acciones violentas de los
llamados grupos paramilitares, en particular de las AUC, y para
atenuar la influencia que ellos ejercen sobre ciertos sectores del
aparato estatal y de las élites locales. Durante el año
2002 siguieron presentándose denuncias sobre nexos entre
miembros de grupos paramilitares y agentes del Estado.
10. El narcotráfico, en sus varias y complejas dimensiones,
continuó siendo uno de los factores negativos vinculados
integralmente al conflicto armado. La producción y la comercialización
de estupefacientes es germen importante de financiación de
los diversos grupos armados ilegales, motor de violencia en las
zonas de cultivos, generador de enfrentamiento social entre muchas
comunidades, causa mediata e inmediata de un alto número
de desplazamientos forzados y elemento importante de corrupción
en la vida administrativa.
11. Pese a múltiples amenazas y a no pocas acciones violentas,
imputables tanto a los grupos guerrilleros como a los grupos paramilitares,
el país pudo llevar a cabo los dos procesos electorales previstos
para el año 2002, aunque uno y otro se cumplieron en un clima
de tensión y polarización. El 10 de marzo y el 26
de mayo se celebraron sendas elecciones para designar a los nuevos
miembros del Congreso y al nuevo Presidente de la República,
respectivamente. En ambos procesos se hizo ostensible la debilidad
de los partidos políticos, situación que incide negativamente
en el funcionamiento cabal del sistema democrático.
12. Durante los dos períodos electorales se hicieron manifiestas
las presiones antidemocráticas ejercidas sobre muchos sectores
de la ciudadanía por los grupos armados ilegales. Tanto los
grupos guerrilleros como los grupos paramilitares lograron, mediante
la violencia y el terror, afectar en el ejercicio de los derechos
políticos a un número sustancial de colombianos. En
alrededor de 110 municipios del país (de un total de 1.100)
ni los electores tuvieron plena libertad para ejercer el sufragio
ni los candidatos pudieron desarrollar sus campañas en condiciones
de total igualdad y seguridad. Ejemplo de esto fue el secuestro
de la candidata presidencial Ingrid Betancourt. La participación
ciudadana en las dos elecciones fue del 43 y del 46%, respectivamente.
13. En las elecciones legislativas de marzo la mayoría de
los escaños del Congreso correspondieron a los seguidores
de Álvaro Uribe. En las elecciones presidenciales de mayo
se impuso como triunfador el candidato disidente liberal Álvaro
Uribe, que obtuvo el 53% de los votos depositados, lo cual hizo
innecesaria una segunda vuelta. Durante su campaña electoral,
el Sr. Uribe había enfatizado, como un punto central de su
programa, lo que él denominó "una política
de seguridad democrática" basada, principalmente, en
el enfrentamiento de la insurgencia con el aparato militar del Estado.
Sin embargo, en su discurso de toma de posesión el nuevo
Jefe de Estado se mostró dispuesto, dentro de ciertas condiciones,
a buscar el diálogo y la negociación con los grupos
rebeldes. En la misma alocución el Sr. Uribe anunció
que su Gobierno impulsaría una importante reforma constitucional
a través del mecanismo de referendo.
14. Como aspectos fundamentales de "la política de
seguridad democrática" se anunciaron el fortalecimiento
de las fuerzas armadas, el aumento del pie de fuerza militar y policial,
la creación de una red de informantes y cooperantes entre
la población civil y un nuevo sistema de reclutamiento de
soldados campesinos.
15. Durante las ceremonias de toma de posesión, el 7 de
agosto, en acto atribuido a las FARC?EP, se dispararon, sobre el
centro de Bogotá, armas explosivas que ocasionaron la muerte
a 21 civiles, hirieron a otros 100 y causaron terror en el sector
de la ciudad afectado por el ataque. Cuatro días después,
invocando el artículo 213 de la Constitución, el nuevo
Gobierno expidió el Decreto Nº 1837 de 2002, por el
cual se declaró el estado de conmoción interior en
todo el territorio nacional. En su Sentencia C-802, aprobada el
2 de octubre, la Corte Constitucional decidió que tal declaratoria
se ajustaba a la Ley fundamental.
16. A través del Decreto Nº 2002, expedido el 11 de
septiembre, el Gobierno tomó enérgicas medidas para
el control del orden público. Dicho decreto definió
las nuevas figuras de "zonas de rehabilitación y consolidación",
estableció la manera de delimitarlas, fijó los términos
de su control operacional y estableció que en sus territorios
podrían restringirse los derechos de circulación y
residencia, limitarse el tránsito y la permanencia de extranjeros,
utilizarse bienes de origen particular e imponer a los ciudadanos
la prestación de servicios técnicos y profesionales.
17. En sentencia emitida por la Corte Constitucional el 25 de noviembre
fueron declaradas contrarias a la Constitución varias de
las disposiciones del Decreto Nº 2002, entre ellas, las que
autorizaban a la fuerza pública, incluidos los militares,
a practicar capturas, allanamientos e interceptaciones con o sin
orden judicial.
18. También dieron lugar a controversias ciertas propuestas
legislativas presentadas por el Gobierno al Congreso, como las de
las reformas de los regímenes tributario, laboral y de pensiones,
que al final del año se convirtieron en leyes (véase
capítulo VIII infra).
19. La propuesta de referendo presentada por el Gobierno, en cuyo
debate el Congreso trabajó durante más de cuatro meses,
quedó plasmada en un conjunto de preguntas que versan sobre
temas de muy diversa índole, sobre las cuales los ciudadanos
están llamados a votar en 2003.
20. El nuevo Gobierno detectó gradualmente graves dificultades
en materia del alto endeudamiento y déficit fiscal. Esta
situación trajo consigo no sólo la adopción
de enérgicas medidas de austeridad en el gasto público,
sino también la reducción de los márgenes de
posibilidad de que el Estado cumpla, en forma satisfactoria, sus
finalidades sociales en materia de bienestar general y mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
21. La nueva administración inició algunas gestiones
para que, con los buenos oficios del Secretario General, se retomara
el contacto con las FARC-EP para tratar temas como el "intercambio
humanitario". También mantuvo con el ELN contactos directos
cuya realización suscitó, en muchos sectores, la esperanza
de que pronto se tradujeran en una cesación del fuego por
parte de ese grupo insurgente. Sin embargo, al concluir la redacción
de este informe las conversaciones adelantadas en el exterior del
país se habían estancado.
22. A fines de año el Congreso adoptó la Ley Nº
782 de 2002, por la cual se faculta al Gobierno para adelantar diálogos
y negociaciones y firmar acuerdos con voceros o representantes de
grupos armados organizados al margen de la ley, sin que deba previamente
hacerlos objeto de reconocimiento político, como se exigía
en la legislación anterior.
23. El Presidente de la República solicitó a los
obispos católicos que prestaran sus buenos oficios para la
búsqueda de un canal de comunicación con las AUC.
Como resultado de esta gestión eclesiástica a comienzos
de diciembre los principales líderes del paramilitarismo
anunciaron la iniciación de un cese de hostilidades y manifestaron
su voluntad de adelantar con el Gobierno, bajo el cumplimiento de
ciertas condiciones, diálogos y negociaciones que permitirían
la suscripción de un acuerdo de paz. A fines de diciembre
el Gobierno conformó una comisión exploratoria que
tendrá a su cargo estudiar la viabilidad de un proceso de
paz con estos grupos. Esa nueva actitud de los paramilitares, recibida
con satisfacción por voceros del Estado y por representantes
de la sociedad civil, plantea varios interrogantes, entre ellos
los relativos al tratamiento jurídico que se daría
a los crímenes de guerra perpetrados por miembros de esas
organizaciones ilegales, y a la suerte de las propiedades rurales
que durante los últimos años se han expropiado por
la fuerza en las zonas bajo su control.
24. A finales de año, las encuestas señalaban un
amplio apoyo de la ciudadanía para el nuevo Gobierno, pero
los analistas hacían notar que algunos hechos, situaciones
y tendencias podrían, en un futuro, hacer disminuir esa actitud
favorable. Ello podría darse si no hay un cambio de rumbo
en la economía, si persisten los indicadores negativos de
crecimiento de la pobreza y desempleo, o si no se producen suficientes
resultados concretos que impliquen mayor seguridad y protección
para la población, incluyendo la prevención de secuestros
y actos de sabotaje.
III. CONFLICTO ARMADO INTERNO
25. Es innegable el fuerte impacto del conflicto armado interno,
tanto por su envergadura como por la degradación de los métodos
de combate, sobre el goce y ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales de la población y sobre la situación
general de derechos humanos. Los desafíos del Estado para
dar respuesta efectiva a la crisis humanitaria y de derechos humanos
se multiplican sensiblemente por efecto de esa situación.
Los costos de la guerra para la sociedad colombiana reflejan el
crudo efecto de la misma, y desvían la atención necesaria
de otras temáticas fundamentales de los derechos humanos.
La utilización alternativa del presupuesto utilizado para
el conflicto podría incidir en cambios sustantivos para el
país en varios aspectos claves de los derechos civiles, económicos,
culturales, sociales y políticos.
26. Se registró una notable degradación del conflicto
armado como consecuencia del aumento de la confrontación
bélica y de la extensión de la zona de disputa territorial,
incluyendo áreas urbanas , que afectó de manera creciente
a la población civil. Esta tendencia se agudizó a
principios de 2002 durante la crisis de las negociaciones de paz
entre el Gobierno y las FARC?EP, y con mayor intensidad después
de la terminación de los diálogos de paz y de la zona
de distensión cedida para los mismos.
27. Se ha registrado un incremento de enfrentamientos entre grupos
armados en relación con el año anterior, con un aumento
de muertes de combatientes difícil de determinar, dado que
varias de ellas no se consignan en el registro de homicidios y los
grupos armados ilegales tratan de llevarse a sus muertos. Según
la Vicepresidencia , los municipios con mayores confrontaciones
armadas fueron los de la zona del Pacífico, el Urabá
antioqueño y chocoano, los de Arauca y Casanare, los del
oriente antioqueño y los del sur de Bolívar. Coinciden
las altas tasas de homicidios con el desarrollo de combates en varios
municipios de esos departamentos, así como en las ciudades
de Medellín (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander).
28. Hechos como el ataque de las FARC-EP a la población
civil del municipio de Bojayá (Chocó) en mayo, así
como los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza
pública en las comunas de Medellín, con su alto costo
en vidas humanas, pusieron de manifiesto la dificultad del Estado
para proteger a la población civil y garantizarle el cumplimiento
de los principios de distinción y proporcionalidad. El nuevo
Gobierno cambió la estrategia de respuesta al conflicto armado
mediante una política de seguridad que buscó fortalecer
la capacidad militar del Estado y recuperar el control de varias
regiones del país, en particular la de la red vial. Parte
importante de la estrategia señalada se desarrolló
en las zonas de rehabilitación y consolidación . Según
el Ministerio de Defensa, la acción militar desplegada después
del fin de los diálogos de paz, fortalecida durante el nuevo
Gobierno, tuvo como resultado un notable incremento de las capturas
(en particular de miembros de las guerrillas) y de las bajas de
los miembros de grupos armados al margen de la ley (un 44 y 52%
respectivamente).
29. Las FARC-EP, el ELN y los grupos paramilitares se mantuvieron
con un elevado grado de concentración de su poderío
militar en las áreas periféricas, incluyendo la búsqueda
del control de zonas estratégicas por ser corredores directos
al mar o para permitir el paso y comercialización de drogas
y armas. Por otra parte, la actuación de las FARC-EP en algunos
departamentos del país, como por ejemplo en Cauca, fue apoyada
por los combatientes del ELN en una alianza estratégica orientada
a la confrontación con los grupos paramilitares. Paralelamente,
se registró una creciente urbanización del conflicto,
tanto por la estrategia de los grupos guerrilleros de llevar la
guerra a las ciudades para ejercer una mayor presión sobre
el Gobierno y aumentar su propia capacidad de negociación
como por la política de los grupos paramilitares, consistente
en concentrar sus acciones en los cascos urbanos para controlar
las operaciones a las zonas rurales. De otro lado, el aumento del
conflicto en las zonas urbanas responde a la estrategia de neutralizar,
manipular o patrocinar las bandas de delincuencia común para
beneficio de sus propios fines. Cabe señalar que sólo
en la Comuna 13 de Medellín la Secretaría de Gobierno
de Antioquia registró 442 muertes violentas entre combatientes
y civiles entre el 1º de enero y el 9 de octubre de 2002. Esto
representa un aumento superior al 100% en relación con 2001.
a) Grupos guerrilleros
30. Como se acaba de señalar, los grupos guerrilleros aumentaron
sus incursiones bélicas. En su afán por atacar las
estructuras del Estado en todos los niveles, en particular las FARC-EP,
adoptaron nuevas estrategias de guerra, replegándose en el
campo y evitando exponerse demasiado a la fuerza pública.
Entre esas estrategias se destacan las amenazas y los ataques a
funcionarios públicos, como alcaldes y personeros, con grave
impacto sobre las democracias locales. Sus métodos de combate
contra la población civil, incluido el incremento de la toma
de rehenes y de actos de terrorismo, así como la intensificación
de ataques contra la infraestructura estatal, amenazan la integridad
política y económica del país y limitan seriamente
la vida de la población. El uso indiscriminado de armamento
inadecuado ha resultado en la victimización de la población
civil. La nueva estrategia de guerra abierta a toda expresión
de presencia estatal ha tenido un fuerte impacto sobre la gobernabilidad
y golpeado duramente a la institucionalidad regional. Parecería,
a su vez, que los secuestros de las FARC-EP apuntaran no sólo
a llenar su botín de guerra sino a mostrar la presencia de
ese grupo como reto a la política del Gobierno, ya desafiada
por actos de terrorismo.
31. En cuanto al ELN, las dificultades que la organización
ha encontrado, principalmente por intensos ataques del Ejército
y de los grupos paramilitares, han influido sobre su capacidad ofensiva
probablemente más que la estrategia conciliadora de algunos
de sus líderes, partidarios de mantener un perfil bajo. Sin
embargo, este grupo ha mantenido su capacidad de desestabilización,
particularmente en lo que respecta a la destrucción de la
infraestructura económica y a la toma de rehenes.
b) Grupos paramilitares
32. Los grupos paramilitares han continuado su proceso de expansión
a nuevas regiones y de consolidación en muchas de las zonas
que dominaban, al mismo tiempo que afrontaron divisiones internas
y realizaron reiterados intentos por mejorar su imagen pública,
lograr mayor legitimidad política y ser considerados como
un actor independiente ante un eventual proceso de paz. Tomando
en cuenta que el nuevo Gobierno parecía dispuesto a negociar
con todos los grupos armados ilegales, los grupos paramilitares
desarrollaron estrategias que incluyeron propuestas de acuerdos
y de negociación. Algunos factores de presión externa
sobre sus líderes, como las solicitudes de extradición
cursadas por las autoridades estadounidenses, han incidido también
en esa dinámica.
33. En esa búsqueda de legitimidad y de reducción
del impacto de sus prácticas, como las masacres, los grupos
paramilitares prefirieron los homicidios selectivos y las amenazas
de muerte, y enviaron a sus filas instrucciones precisas al respecto.
Los grupos paramilitares extendieron su actuación a nuevas
regiones de Arauca, la antigua "zona de distensión",
Guaviare, Cundinamarca, Valle del Cauca, Sucre y Putumayo, entre
otros. Simultáneamente, se consolidaron tanto en el ámbito
rural como urbano de las zonas en las que ya tenían presencia.
Esta operación excede los aspectos puramente militares e
incluye la extorsión y un mayor control de la población
civil y el control de las rutas de acceso, las instituciones estatales,
los negocios ilícitos (cultivos de coca, contrabando de gasolina)
e incluso la actividad agrícola, ganadera y comercial. De
esta manera el paramilitarismo ha penetrado en todo el tejido social
a través del dominio de sus facetas públicas y privadas.
34. La actuación paramilitar continuó aprovechando
la omisión, la tolerancia o la complicidad de servidores
públicos en varias regiones del país. En muchas de
esas zonas los grupos paramilitares han reemplazado al Estado en
importantes ámbitos, incluyendo el del uso de la fuerza armada.
c) Fuerza pública
35. La degradación del conflicto armado, junto al incremento
de los enfrentamientos y a la redistribución de las fuerzas
y de la presencia de los diferentes actores armados ilegales, ha
obligado a la fuerza pública a la redefinición de
sus estrategias y políticas de respuesta al conflicto. Tras
la ruptura de los diálogos de paz, y sobre todo durante el
segundo semestre del año, se notó un aumento de la
ofensiva de la fuerza pública contra la guerrilla, causándole
pérdidas importantes. Los batallones móviles del Ejército
pasaron del control y cuidado a la confrontación directa.
En numerosas ocasiones el Ejército entró en enfrentamientos
con las FARC-EP y el ELN, reportándose fuertes combates en
varios departamentos, en particular en el Oriente y Urabá
antioqueños, Arauca, Casanare y Nariño . Estas nuevas
ofensivas del Ejército han sido también acompañadas
por un aumento del pie de fuerza para proteger la infraestructura
pública. Sin embargo, en otros departamentos, como por ejemplo
en Chocó, en Cauca o en Caquetá, la actuación
del Ejército se caracterizó por su acción limitada
en la prevención y tardía en la reacción. También
se señaló que en algunas actuaciones los miembros
de la fuerza pública no estaban debidamente identificados.
36. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los resultados operacionales
de la fuerza pública entre enero y octubre se caracterizaron
por un incremento notable de las capturas y de las bajas de la subversión.
Sin embargo, los grupos paramilitares constituyeron el 26 y el 11%
del total de las capturas y bajas, respectivamente, obtenidas por
la fuerza pública. No obstante, es importante señalar
la dificultad para evaluar adecuadamente estas estadísticas,
ya que se desconoce el número que corresponde efectivamente
a miembros de grupos armados ilegales y a personas de la población
civil que tras su captura son liberadas.
37. En las regiones donde el Ejército mostró su nueva
ofensiva, arriba mencionada, se denunció que, en ocasiones,
la población civil fue víctima de una ausencia de
distinción entre combatientes y civiles. El ataque a las
supuestas "redes de apoyo" de civiles a la guerrilla,
que ha sido una de las finalidades anunciadas dentro de las medidas
adoptadas bajo el estado de conmoción interior y parte integrante
de la estrategia contrainsurgente, constituye un factor importante
en ese sentido. La estrategia del Ejército de tratar de cortar
el abastecimiento de la guerrilla, sin consecuentemente garantizar
el principio de distinción, ha afectado, en varios casos,
a la población civil mediante bloqueos al transporte de alimentos,
de gasolina y de otros artículos de primera necesidad. Tal
fue el caso en la Sierra Nevada de Santa Marta y en Chalán
(Sucre). Por otra parte, las debilidades de la inteligencia militar
pueden explicar las limitaciones en materia preventiva y de protección
de la población civil, la inobservancia del principio de
distinción, y la adopción de cuestionados mecanismos
de lucha contra la violencia, como la red de informantes y los allanamientos
masivos.
38. Cabe señalar que, en varias oportunidades, se registraron
incursiones y el posicionamiento de grupos paramilitares en regiones
del país donde previamente se habían desarrollado
acciones contrainsurgentes de la fuerza pública. Así
ocurrió, por ejemplo, en los municipios de Mesetas, Vistahermosa
y San Vicente del Caguán (antigua zona de distensión),
en la provincia de Ocaña (Norte de Santander), en Curillo
(Caquetá), en Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame (Arauca)
y en Medellín.
d) Importancia de un proceso de negociación de paz
39. Las dificultades para avanzar hacia la concreción de
la paz pueden explicarse, en parte, por la existencia de una visión
unidimensional en cuanto a las soluciones. La ausencia de una concepción
integral, sobre todo por considerar la vía militar como la
principal o única respuesta, constituye una limitación
fundamental. Es importante recordar que la terminación del
conflicto armado permitiría una notable disminución
de las violaciones de derechos humanos y la desaparición
de las infracciones al derecho internacional humanitario. Las negociaciones
de paz, al incorporar temas fundamentales de derechos humanos, podrían
ayudar a mejorar la situación en esa materia. Los buenos
oficios del Secretario General a través de su Asesor Especial,
podrían contribuir positivamente para establecer negociaciones
de paz entre el Gobierno, por un lado, y las FARC-EP y el ELN, por
el otro.
40. Debe destacarse la importancia de que un proceso de negociación
se enmarque en parámetros y criterios apropiados, que permitan
evitar los riesgos de una negociación infructuosa con la
cual se desgasten las expectativas de la población y se recrudezcan
las respuestas estatales represivas. Debe tenerse presente la conveniencia
de una negociación adecuadamente estructurada y de contenido,
que incluya tempranamente compromisos de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario. Asimismo, la consideración de
la eventual reinserción de los alzados en armas y del tema
de la reconciliación, de manera compatible con la lucha contra
la impunidad y el respeto de los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación, pueden constituirse en garantías
claves para una paz sostenible.
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
41. Antes de analizar la situación de derechos humanos es
conveniente señalar el marco conceptual que rige esta materia.
Las acciones y omisiones contra derechos consagrados en instrumentos
internacionales de derechos humanos y de derecho penal internacional
o en normas del derecho internacional general, constituyen violaciones
de éstos cuando tienen por autores a servidores públicos
o se realizan con la aquiescencia de las autoridades. La responsabilidad
por esas violaciones será por omisión cuando se incumpla
el deber de garantía, en la medida en que este incumplimiento
no sea deliberado y que no haya participación de agentes
estatales en la preparación, cobertura o encubrimiento. La
responsabilidad será por acción cuando agentes estatales
se vean involucrados en la preparación de los hechos, la
participación en los mismos, o en el encubrimiento o protección
de sus autores.
42. La situación de los derechos humanos continuó
siendo crítica. Entre los derechos más afectados estuvieron
el derecho a la vida, la integridad, la libertad y el debido proceso.
Se registraron graves violaciones que implicaron ejecuciones extrajudiciales,
actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, empleo
innecesario o desproporcionado de la fuerza, desapariciones forzadas,
detenciones ilegales o arbitrarias, impedimentos ilegítimos
al libre tránsito interno, desplazamientos forzados, injerencias
arbitrarias o ilegales en la vida privada y el domicilio, y atentados
contra las garantías judiciales. Muchas de esas violaciones,
por su carácter grave, masivo o sistemático, constituyen
crímenes de lesa humanidad.
43. El conflicto armado siguió teniendo un fuerte impacto
sobre la situación de derechos humanos. Los ataques de los
grupos armados ilegales, en especial de las FARC-EP y del ELN, contra
infraestructuras estatales mermaron la capacidad de garantía
y protección del Estado. El nuevo Gobierno ha señalado
que "el conflicto armado interno, su intensificación
y degradación, la debilidad territorial y en justicia del
Estado y la ausencia de una cultura de los derechos humanos son
los factores fundamentales que han impedido la garantía de
esos derechos". Al mismo tiempo, ha reconocido debilidades
en la respuesta estatal a la crisis, indicando obstáculos
tales como "la escasa coordinación institucional, la
dispersión de acciones y la escasa descentralización
de la política de derechos humanos" . La crisis se enmarca
igualmente en la ausencia de políticas efectivas e integrales
en esta materia. El nuevo Gobierno ha manifestado su propósito
de cumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales en
materia de derechos humanos.
44. En el marco de la crisis referida, se registró un aumento
de las denuncias de violaciones de derechos civiles y políticos,
incluyendo del derecho a la vida, atribuidas directamente a la fuerza
pública, principalmente en la ejecución de políticas
de seguridad y medidas de excepción. Varias de esas denuncias
de violaciones fueron atribuidas directamente a servidores públicos.
En otros casos se comprometió la responsabilidad estatal
por omisión, tolerancia, apoyo o complicidad de servidores
públicos con grupos paramilitares. Los defensores de derechos
humanos, los líderes sindicales, los miembros de comunidades
indígenas y afrocolombianas, así como los campesinos
constituyeron las principales víctimas.
45. Entre las violaciones al derecho a la vida se registraron ejecuciones
extrajudiciales, tanto de carácter individual como colectivo,
y amenazas de muerte. El número de víctimas de esas
ejecuciones ha registrado una leve disminución en relación
con el año anterior. Sin embargo, se debe destacar que la
tasa nacional de homicidios ha continuado su curva ascendente. Según
la Vicepresidencia, es difícil determinar cuántos
de los 23.354 homicidios perpetrados entre enero y octubre representaban
violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra y cuántos
eran crímenes comunes, ya que las estadísticas oficiales
son deficientes y muchos de esos hechos quedan en la impunidad.
Es importante señalar que la práctica de masacres
continúa, aunque los autores de ejecuciones parecen preferir
ahora las de carácter individual o selectivo. Las denuncias
de esas violaciones incluyeron ejecuciones y masacres atribuidas
directamente a la fuerza pública. Se denunció la responsabilidad
por omisión o complicidad del Estado en relación con
ejecuciones y masacres atribuidas a grupos paramilitares.
46. En algunos casos, los operativos desarrollados en el marco
de las políticas de seguridad, como allanamientos y capturas,
tuvieron como consecuencia la muerte de civiles. En otros, afectaron
a la libertad individual y la seguridad personal, mediante privaciones
arbitrarias de la libertad y desapariciones forzadas, así
como los derechos a la vida privada y a la inviolabilidad del domicilio.
Entre esos casos puede mencionarse el operativo Orión efectuado
en octubre en Medellín y otros que afectaron a organizaciones
sociales, de derechos humanos o de paz.
47. Además de estos casos, otras acciones atribuidas a servidores
públicos pusieron en particular riesgo la vida de defensores
de derechos humanos y sindicalistas. En otras, se atribuyeron a
miembros de la fuerza pública amenazas directas a la población
civil, ya estigmatizando a personas como simpatizantes o colaboradoras
de la guerrilla, ya intimando a la población con el anuncio
de la llegada de grupos paramilitares.
48. El derecho a la integridad personal se vio afectado por actos
de empleo innecesario o desproporcionado de la fuerza y de tratos
crueles inhumanos o degradantes y de tortura, en particular en el
contexto de motines carcelarios, paros cívicos, redadas y
allanamientos.
49. Se registraron violaciones al debido proceso, en especial los
principios de legalidad, de presunción de inocencia, y otras
garantías judiciales, en el marco del Decreto Nº 2002
que facultó a los miembros de la fuerza pública, incluyendo
a militares, para allanar y capturar sin orden judicial o con autorización
judicial escrita o verbal. Se registraron violaciones a la defensa
técnica y al derecho a ser oído por un tribunal competente,
independiente e imparcial, y persistieron dificultades de acceso
a la justicia.
50. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales,
continuó la preocupación por la profunda exclusión
económica y social, el alto grado de pobreza, y la amplia
brecha de inequidad. El derecho al trabajo se vio afectado por los
altos niveles de desempleo, subempleo y trabajo informal, y por
la precaria cobertura del régimen pensional. Persistieron
los problemas de cobertura para garantizar la universalidad de la
educación y la reducción del analfabetismo, a pesar
de los esfuerzos adelantados en los últimos años en
materia educativa. Asimismo, el derecho a la salud registró
un incremento de la cobertura, pero continúan profundas diferencias
entre las zonas urbanas y rurales. Se registró un progreso
en cuanto al número de viviendas de interés social
construidas por el Estado, pero con una drástica reducción
de las viviendas subsidiadas. Los desplazados, los niños,
las mujeres y las minorías étnicas forman parte de
los grupos más vulnerables en estas materias.
51. La situación de los derechos de la mujer, a pesar de
algunos avances legislativos, siguió afectada por la discriminación,
la inequidad, la exclusión, la violencia intrafamiliar y
sexual, y la trata de personas. Las mujeres representan el 52% de
la población colombiana . El Estado colombiano cuenta con
varias herramientas legales para garantizar la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, erradicar la violencia contra la mujer,
eliminar las condiciones que generan discriminación y obtener
una adecuada y efectiva participación de las mujeres en los
niveles decisorios . En este sentido, el Alto Comisionado valora
el proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades en curso en el
Congreso. No obstante, la participación de la mujer en las
instancias públicas siguió siendo minoritaria. En
los altos tribunales y en el Congreso las mujeres tienen poca representación
. Sin embargo debe destacarse que 6 de los 13 Ministerios están
ocupados por mujeres, entre ellos los de Relaciones Exteriores y
de la Defensa Nacional, este último con representación
femenina por primera vez.
52. El conflicto armado siguió afectando a las mujeres y
poniendo en evidencia la especial vulnerabilidad de la mujer desplazada,
así como la necesidad de programas estatales específicos
para atender adecuadamente esta problemática.
53. Llama la atención la ausencia de políticas integrales
en materia de derechos de la mujer. Esta situación implica
una carencia de autonomía presupuestaria, administrativa
y técnica que dificulta la puesta en marcha de programas
y proyectos destinados a mejorar las condiciones de las mujeres
y a promover el efectivo goce de sus derechos. Por otra parte, la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos no observó una respuesta eficaz
del Estado para investigar y sancionar las violaciones de los derechos
de las mujeres .
54. Los derechos de los niños siguieron afectados por la
violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el trabajo infantil, la
discriminación y el limitado acceso a los derechos económicos,
sociales y culturales.
V. SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
55. Previo al análisis de la situación es importante
establecer el marco conceptual en materia de derecho internacional
humanitario. En el conflicto armado colombiano, las infracciones
al derecho internacional humanitario son acciones u omisiones contrarias
al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949, a su Protocolo adicional II, al derecho penal
internacional, y al derecho consuetudinario, cuya autoría
corresponde esencialmente a quienes participan directamente en las
hostilidades. En Colombia el derecho internacional humanitario se
aplica por igual al Estado, a las guerrillas y a los paramilitares.
56. La degradación del conflicto armado trajo como consecuencia
un sensible aumento de las infracciones al derecho internacional
humanitario y una mayor victimización de los civiles. Entre
esas infracciones se registraron masacres, ataques a la población
civil y ataques indiscriminados, actos de terrorismo, tomas de rehenes
y desplazamientos forzados. Muchas de esas infracciones, cometidas
como parte de un plan o política, o como parte de la comisión
en gran escala, constituyen crímenes de guerra. Varias de
esas infracciones podrían constituir crímenes contra
la humanidad. Es importante destacar que persistieron los atentados
contra los niños y las mujeres por parte de los grupos armados
ilegales. En cuanto a los niños, cabe citar particularmente
su reclutamiento y participación en las hostilidades, y en
relación con las mujeres, principalmente el abuso y la esclavitud
sexual.
57. Si bien se estima que ha existido una disminución de
las masacres, el índice de muertes violentas siguió
su tendencia ascendente. En este marco, es de señalar el
aumento de incursiones por parte de las FARC-EP, incluyendo actos
de terrorismo, amenazas de muerte, homicidios selectivos y de "limpieza
social", así como ataques indiscriminados. Entre estos
últimos, el más grave provocó la muerte de
119 civiles, el 2 de mayo de 2002 en Bojayá, cuando una de
las bombas de cilindros de gas, lanzada por las FARC-EP en el marco
de un enfrentamiento con paramilitares, hizo impacto en la iglesia
donde se había refugiado parte de la población . Varias
de las conductas antes mencionadas fueron atribuidas también
al ELN. Se registró igualmente un incremento de ataques a
las misiones médicas, tomas de rehenes y reclutamiento de
menores por parte de los grupos armados ilegales. Los grupos paramilitares
continuaron con sus prácticas de masacres, aunque su actuación
más común se relacionó con los homicidios selectivos
y de "limpieza social". Los grupos armados ilegales, en
particular las FARC-EP, han incorporado nuevas estrategias de presión,
que incluyen amenazas y ataques a funcionarios públicos,
tales como alcaldes y personeros, con grave impacto sobre las democracias
locales.
58. Por otra parte, aumentaron las denuncias de infracciones al
derecho internacional humanitario por parte de la fuerza pública,
en particular en relación con los principios de distinción,
de limitación y de proporcionalidad. El Estado ha incorporado
la práctica de bloqueos, usualmente utilizada por todos los
grupos armados, a sus políticas orientadas al objetivo de
atacar los apoyos o el supuesto abastecimiento de la población
civil a grupos armados ilegales. Ejemplos de ello fueron los bloqueos
en Urrau (sudeste de Antioquia) y Bahía Solano (Chocó),
en septiembre y octubre, y en el río Atrato. De hecho, este
enfoque de la problemática figura en la motivación
del Decreto Nº 2002, donde se indica que los grupos criminales
se mimetizan en la población civil. Por otra parte, se pusieron
en evidencia las debilidades del Estado para prevenir los ataques
de los grupos armados ilegales y responder a ellos adecuadamente.
Como lo reconoce el propio Gobierno, la operatividad de sus mecanismos
preventivos ha sido limitada .
VI. ÁREAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN O IMPORTANCIA
1. Estado de derecho y política de seguridad
59. La crítica situación de derechos humanos y humanitaria,
así como la degradación de la confrontación
armada, acentuaron aspectos problemáticos de gobernabilidad
y de imperio de la ley. Estos problemas se deben igualmente a la
acción indiscriminada de los grupos armados ilegales y a
la ausencia del Estado en varias regiones del país. En este
marco, el paramilitarismo siguió con su estrategia de usurpar
funciones propias del Estado, aprovechando la tolerancia o pasividad
de autoridades y de algunos sectores de la sociedad. La expansión
del paramilitarismo y su consolidación en varias zonas bajo
su control le han permitido ir penetrando las estructuras estatales
como parte de su estrategia y, en varias regiones, constituirse
en una especie de Estado paralelo, con el grave riesgo que ello
supone para la vigencia del Estado de derecho. La imposición
de códigos de conducta para el conjunto de la población
es quizás la evidencia pública más notoria
de la asunción de facto de funciones estatales, pero no la
única. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas recibió denuncias sobre decisiones municipales
o departamentales que debían ser avaladas por los jefes paramilitares,
y sobre presiones de éstos para exigir la elección
de algunos beneficiarios de fondos, indicar dónde y cómo
invertirlos, o imponer la canalización de recursos públicos
a través de la creación de organizaciones controladas
por sus grupos.
60. Las debilidades del Estado de derecho se reflejaron, igualmente,
en las dificultades relativas a la división de poderes y
a la independencia de los mismos en el desarrollo de sus funciones
propias, destacándose principalmente los poderes judicial
y legislativo como los más afectados en esta materia. A su
vez, algunas políticas gubernamentales, en particular aquellas
que se orientaron al fortalecimiento de las respuestas represivas
en detrimento del fortalecimiento de las instituciones civiles,
constituyen factores de riesgo. En este sentido, la Ley de seguridad
y de defensa nacional adoptada durante el anterior Gobierno, fue
declarada por la Corte Constitucional incompatible con la Constitución
y con el Estado de derecho.
61. El nuevo Gobierno encarnó el mandato de recuperación
de la autoridad estatal en varias zonas del país. En el marco
de su política de "seguridad democrática"
se declaró el estado de conmoción interior (estado
de excepción), bajo el cual se adoptaron disposiciones restrictivas
de derechos y libertades fundamentales. El Alto Comisionado reconoció
las legítimas facultades del Estado para adoptar medidas
y políticas en materia de seguridad y de orden público
de manera compatible con los compromisos internacionales. No obstante,
estos programas de acción en el campo militar y de seguridad,
si no son complementados con políticas integrales, conllevan
el riesgo de un debilitamiento de las instituciones civiles y de
la desaparición de instituciones importantes en materia de
protección y promoción de los derechos humanos, el
recorte de sus funciones o el debilitamiento de sus mandatos. A
esto se suma el riesgo de que esas políticas contribuyan
a la estigmatización de la población civil, particularmente
de grupos como los de defensores de derechos humanos, y atenten
contra el principio de no involucrar a los civiles en el conflicto
.
62. El impacto de la crisis humanitaria sobre la población
hizo que una parte de ésta fuera indulgente con la aplicación
de medidas restrictivas de sus derechos y libertades fundamentales,
así como con la actuación de los paramilitares y con
los nexos de funcionarios públicos con estos grupos. La debilidad
de las instituciones del Estado ha limitado su capacidad de ejercer
un control eficaz y de hacer un seguimiento exhaustivo a la implementación
de las políticas de seguridad. Las debilidades de la administración
de justicia y la problemática de la impunidad disminuyen,
a su vez, las perspectivas de una aplicación eficaz de las
garantías judiciales y de una actuación independiente
e imparcial de la justicia, como pilar democrático.
a) Estado de conmoción interior
63. La Oficina prestó su asesoramiento, en el marco de su
mandato, sobre la compatibilidad con los compromisos internacionales
de las normas y medidas previstas en el marco del estado de conmoción
interior. En este sentido, se pronunció sobre algunas disposiciones
del Decreto Nº 2002 de 2002, el cual creó las zonas
de rehabilitación y consolidación (o zonas especiales
de orden público). También estableció restricciones
a los derechos de circulación y residencia, al respeto a
la vida privada y al domicilio, a la libertad individual y al debido
proceso, de manera incompatible con los principios internacionales.
La Corte Constitucional declaró posteriormente, el 26 de
noviembre, la inconstitucionalidad de varias de sus disposiciones,
como se señala en los capítulos III y VIII de este
informe.
64. En el marco de esas disposiciones, las autoridades desarrollaron
en los últimos meses del año una política de
allanamientos a gran escala y capturas masivas. La Oficina recibió
varias denuncias de abusos de la fuerza pública y de procedimientos
incompatibles con los principios internacionales, en particular
el de la protección contra las privaciones arbitrarias de
la libertad y los de legalidad y de inocencia. Las denuncias también
cuestionaron la actuación de los órganos judiciales
y de control, y en particular de la Fiscalía, atribuyéndoles
falta de independencia, irrespeto de las exigencias procesales para
autorizar las privaciones de libertad, y la utilización de
encapuchados en las diligencias relacionadas con allanamientos y
capturas.
65. Considerando el corto período de implementación
del estado de excepción es prematuro presentar conclusiones
contundentes. No obstante, el Alto Comisionado debe destacar la
preocupación por el uso abusivo o indiscriminado de la fuerza
y por las violaciones al debido proceso y a otros derechos fundamentales
que conlleva la aplicación de medidas no fundamentadas en
el principio de legalidad y marginadas del control independiente,
previo y posterior, de los órganos judiciales y del Ministerio
Público. Las principales preocupaciones en la materia se
concentran en la necesidad de contar con garantías adecuadas
para asegurar un control estatal efectivo e independiente. Asimismo,
es necesario examinar con precaución y responsabilidad los
riesgos de que la población civil termine siendo desmesuradamente
afectada y se incremente su vulnerabilidad, en particular en el
caso de grupos como los defensores de derechos humanos, los líderes
sociales y los desplazados.
66. Cabe destacar la Directiva Nº 011 del Procurador General
de la Nación, de 12 de septiembre, mediante la cual impartió
instrucciones, tanto a sus agentes como a las autoridades de la
fuerza pública, para que le informaran sobre el respeto de
las normas nacionales e internacionales de derechos humanos en relación
con la aplicación del Decreto Nº 2002, y los instruyó
para que reportaran inmediatamente las capturas, inspecciones y
registros sin orden judicial.
b) Zonas de rehabilitación y consolidación
67. La actuación de la fuerza pública en estas zonas,
creadas por el Decreto Nº 2002, no contó con el suficiente
y efectivo control de los órganos judiciales y del Ministerio
Público, concentrados principalmente en las cabeceras y en
algunos municipios. A pesar de la designación de fiscales
y procuradores delegados para acompañar los operativos castrenses
en aplicación del decreto, la intervención de estos
servidores públicos se produjo solamente en algunos casos.
68. En muchos de los operativos, la fuerza pública recurrió
a las facultades a ella atribuidas por el decreto (y posteriormente
declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional) de practicar
capturas, allanamientos y registros sin mandamiento judicial, con
un alto número de personas retenidas, de las cuales sólo
una minoría fue puesta a disposición judicial. En
varios casos, la utilización de informantes encapuchados
estigmatizó a las personas señaladas. Las retenciones
de unas 2.000 personas, practicadas en Saravena (Arauca), entre
el 12 y el 13 de noviembre, determinaron la judicialización
de 49 de ellas, de las cuales casi 20 son miembros de organizaciones
sociales o sindicales. Además de esto, en Saravena, por lo
menos cinco familiares de informantes han sido matados por grupos
guerrilleros. Por otra parte, se denunciaron abusos graves por parte
del Ejército, incluyendo ejecuciones, en particular en Arauquita,
donde esos problemas ya se habían registrado con anterioridad
a la creación de la zona.
69. Paralelamente al aumento de los operativos contrainsurgentes
llevados a cabo por la fuerza pública en las zonas de rehabilitación,
que abarcan áreas tradicionalmente controladas por las guerrillas,
se registró el ingreso de grupos paramilitares en algunos
lugares, como en la ciudad de Sincelejo y en otros municipios de
Sucre, principalmente en Chalán y en Ovejas. En otros lugares,
como en Arauca, los operativos no impidieron la permanencia de esos
grupos.
c) Situación en la antigua zona de distensión
70. La recuperación del control estatal luego de finalizada
la zona de distensión se ha caracterizado por una presencia
institucional limitada. Esta se ha concentrado principalmente en
la fuerza pública, que ha hecho presencia en las zonas urbanas
y, esporádicamente, en las áreas rurales, y en algunos
casos ha constituido la única autoridad estatal. La presencia
institucional municipal, preexistente, se debilitó por la
situación de inseguridad y, en algunos casos, alcaldes y
personeros han debido retirarse de sus municipios. No se restableció
una presencia permanente de las autoridades judiciales y de control,
y la Defensoría del Pueblo, que se mantuvo con apoyo internacional
hasta finales de noviembre, no pudo permanecer en la zona después
de esa fecha.
71. Las FARC-EP aumentaron la presión y las acciones violentas
contra la población civil de la zona, principalmente en el
área rural, registrándose homicidios selectivos, limitaciones
a la circulación y reclutamiento forzoso, así como
actos terroristas en zonas urbanas.
72. Desde finales de septiembre se registró la presencia
de grupos paramilitares, principalmente en los cascos urbanos de
Mesetas, San Vicente del Caguán y Vistahermosa, con serias
denuncias de connivencia con miembros de la fuerza pública.
73. Así pues, la población civil continuó
padeciendo de una profunda vulnerabilidad frente a la actuación
de los grupos armados ilegales, a la que se agrega la situación
de estigmatización por parte del Ejército, y la escasa
presencia y actuación institucional, en particular de las
autoridades civiles. Especialmente crítica fue la situación
para los antiguos policías cívicos.
d) Paramilitarismo
74. El paramilitarismo siguió siendo un factor desestabilizador
del Estado de derecho, en particular por los vínculos que
con él mantienen servidores públicos y por la inconsistente
respuesta estatal a este fenómeno. El contraste entre el
discurso de las autoridades gubernamentales de combate al paramilitarismo
con lo observado por la Oficina, en el marco de su mandato, evidencia
la ambigüedad del compromiso estatal. Operativos puntuales,
como el realizado en Segovia (Antioquia), el 9 de agosto (a raíz
del cual se investigan los nexos entre miembros de la Brigada XIV
y los paramilitares), o detenciones esporádicas de supuestos
paramilitares tienen un cuestionable alcance en el combate contra
el paramilitarismo. El control paramilitar es más fuerte
en los cascos urbanos, donde es mayor la presencia de la fuerza
pública y de las autoridades, lo que no deja de ser un elemento
significativo en las denuncias de connivencia de servidores públicos
con el paramilitarismo. Son motivos de preocupación las declaraciones
de autoridades civiles y militares negando la existencia en sus
regiones de grupos paramilitares, cuando ésta era de conocimiento
público. Ejemplos de estas situaciones se registraron en
Cravo Norte y Tame y en Vigía del Fuerte (Antioquia).
75. Numerosas conductas de omisión frente a las reiteradas
denuncias y al conocimiento público de bases, retenes y operativos
paramilitares permanentes, explican parte de esas preocupaciones.
La Oficina ha recibido testimonios sobre el anuncio realizado por
las propias fuerzas militares de la llegada próxima de grupos
paramilitares, e incluso casos donde los pobladores reconocieron
a miembros de las fuerzas militares formando parte de los contingentes
paramilitares. Esas coordinaciones también se evidenciaron
en incursiones paramilitares ocurridas inmediatamente antes o después
de fuertes operativos militares, como en Arauca, la antigua "zona
de distensión", Valle del Cauca, Guaviare y el Catatumbo.
El hecho de que en ocasiones los soldados no porten ningún
tipo de identificación que permita distinguirlos de otros
grupos armados es igualmente cuestionable. Ejemplo de denuncias
por omisión son las relacionadas con los hechos de Bojayá,
precedidos del paso de embarcaciones paramilitares provenientes
de Turbo por el río Atrato, en el cual debían pasar
varios puestos de control de la fuerza pública. En algunas
ocasiones se denunció no solo la tolerancia o la omisión
de la fuerza pública en relación con las actuaciones
paramilitares, sino también la complicidad o actuación
directa en algunas de éstas, como en la masacre en El Limón
(Guajira), del 31 de agosto, el robo de alimentos del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) en julio, en el Cesar (atribuido a paramilitares
y recuperado por el Ejército señalando que lo había
incautado a la guerrilla) y las reuniones entre algunos comandantes
e integrantes de las AUC y de las fuerzas militares, entre el 9
y 10 de mayo, en Vigía del Fuerte.
76. Pocas de las medidas excepcionales y de seguridad del Estado
se han orientado hacia un combate directo de los grupos paramilitares.
La presencia de una base paramilitar en el municipio de El Guamo,
en los Montes de María, por ejemplo, denunciada desde el
año 2000 por la Oficina, y que está dentro de la actual
zona de rehabilitación y consolidación, no ha sido
objeto de operativos e incluso los paramilitares han consolidado
su presencia en los municipios cercanos. Lo mismo ha sucedido en
otras regiones del país, como en el caso de Medellín
después de la operación Orión de octubre, donde
fuerzas paramilitares se han asentado en varias partes de la Comuna
13 cometiendo abusos contra la población civil y graves violaciones.
77. El hecho de que la amplia mayoría de esos casos permanezca
en la impunidad, sin el establecimiento de la responsabilidad penal
de servidores públicos por su vinculación con grupos
y acciones paramilitares, es una de las facetas más cuestionables
del compromiso de lucha contra dichos nexos. Adicionalmente, el
traslado de varios de esos casos a la justicia penal militar, como
se señala en el siguiente apartado, atenta contra la independencia
de dichas investigaciones y limita su eficacia. Estos factores debilitan
el proceso de mantenimiento y construcción de una institucionalidad
democrática y respetuosa del Estado de derecho, y fortalecen
la percepción de tolerancia, y hasta aceptación, que
el fenómeno paramilitar tiene entre sectores de la población.
2. Administración de justicia e impunidad
78. Durante 2002 han persistido las preocupaciones en materia de
independencia y de autonomía judicial, estrechamente vinculadas
al estado de derecho y a la democracia. La ausencia de una carrera
judicial en la Fiscalía General de la Nación compromete
particularmente las condiciones para hacer efectiva esa independencia
La Oficina recibió denuncias de casos de fiscales separados
de sus cargos por decisión no motivada del Fiscal General
de la Nación, entre ellos varios pertenecientes a la Unidad
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario . El hecho
de que varios fiscales de esa Unidad hayan sido removidos o trasladados
parece haber debilitado su experiencia acumulada y la efectividad
de las investigaciones, y cuestionado el compromiso institucional
en la lucha contra la impunidad de violaciones de derechos humanos.
Con ello se debilita, además, la eficacia de la cooperación
técnica realizada por la Oficina y por la comunidad internacional.
79. Por otra parte, la Fiscalía, como órgano clave
en materia de control judicial independiente, ha apoyado el traslado
de funciones de policía judicial a las fuerzas de seguridad
(incluyendo a los militares). El Fiscal General se manifestó
en ese sentido en conceptos emitidos sobre la Ley de seguridad nacional,
declarada inconstitucional, y sobre el mencionado Decreto Nº
2002. La misma posición se ha percibido en el desarrollo
de sus funciones de control de las garantías constitucionales
en el marco de las medidas de excepción. Cabe agregar, en
este punto, que en el proyecto de reforma constitucional de la Fiscalía
se agregó una disposición que otorgaba funciones de
policía judicial a las fuerzas militares. Finalmente esta
disposición no fue aprobada, pero el Gobierno reiteró
su propósito de replantearla en la próxima legislatura.
80. La administración de justicia se ha visto confrontada
a grandes desafíos frente a las disposiciones de excepción,
en particular en cuanto a los principios de presunción de
inocencia y de legalidad, así como al derecho de defensa
y al debido proceso, en el marco de capturas, allanamientos y registros
con o sin orden judicial. Se recibieron denuncias de capturas basadas
en señalamientos anónimos o en meras sospechas, poniendo
en cuestionamiento la obligación de contar con indicios objetivos
de vinculación a un hecho delictivo para justificar esas
restricciones a la libertad. Las limitaciones presupuestarias que
aquejan a la defensa pública, entre otras, han afectado al
derecho a la defensa de las personas. Preocupa al Alto Comisionado
el impacto que la ausencia de este servicio pueda tener sobre las
garantías judiciales de las personas afectadas por las medidas
ordinarias o excepcionales, y que esta situación debilite
los controles judiciales de las mismas.
81. El Gobierno presentó en octubre al Congreso un proyecto
de reforma a la justicia. El proyecto prevé importantes recortes
constitucionales para la acción de tutela (amparo), excluyendo
del derecho a un recurso efectivo, rápido y sencillo la protección
de derechos fundamentales como el principio de igualdad y no discriminación,
la protección de los niños, los derechos de la mujer,
el derecho a la salud, y otros derechos económicos, sociales
y culturales. Los recortes propuestos a las funciones de la Corte
Constitucional, en particular en materia de revisión de la
declaratoria de estados de excepción, pueden provocar un
debilitamiento de los controles judiciales y un sometimiento de
los principios de legalidad y del estado de derecho a decisiones
o instrumentos de orden político .
82. En relación con la lucha contra la impunidad, las políticas
estatales parecen haber registrado un debilitamiento en el transcurso
del período cubierto por este informe, como se indica en
el capítulo VIII. Los altos índices de impunidad siguen
afectando la administración de justicia. En este aspecto,
la Oficina no pudo registrar avances significativos en procesos,
tanto penales como disciplinarios, que sancionen a funcionarios
públicos responsables de graves violaciones de derechos humanos
. Algunos altos oficiales militares, en ejercicio y en retiro, acusados
de vínculos con paramilitares y de graves violaciones de
derechos humanos, han eludido la acción de la justicia, ya
por intervención de la justicia penal militar, ya por decisiones
de la Fiscalía y de la Procuraduría . La justicia
penal militar continuó investigando casos de violaciones
de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
cometidas por miembros de la fuerza pública, a pesar de la
interpretación constitucional restrictiva del fuero y de
la modificación de los códigos penal militar y ordinario
.
83. El conflicto armado interno y la actuación delictiva
de los grupos al margen de la ley, que amenazan a los funcionarios
judiciales y a otros intervinientes en los procesos penales y atentan
contra la vida y seguridad de éstos, tienen un fuerte impacto
sobre el acceso de las víctimas a una justicia efectiva e
independiente.
Situación carcelaria
84. Para enfrentar la crisis carcelaria, la acción del Estado
se concentró principalmente en la construcción de
centros de reclusión para albergar a personas condenadas
y la remodelación de otros centros destinados a la detención
de personas sindicadas.
85. La ausencia de un sistema de información consolidado
hace que la supervisión y el control del uso de la privación
de la libertad sean particularmente difíciles. Aunque las
autoridades han realizado algunos traslados, con el fin de cumplir
con la separación de sindicados y condenados, como en la
cárcel de Valledupar, por ejemplo, según el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) varios centros de reclusión
presentan un alto grado de hacinamiento, en ocasiones mayor al 100%
de su capacidad. Esto indica que la crisis de hacinamiento no ha
podido superarse.
86. La Oficina recibió múltiples quejas relativas
al abuso del poder penitenciario, generalmente originadas en la
aplicación de sanciones disciplinarias o en el uso de la
fuerza por parte de la guardia penitenciaria, que podrían
constituir casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, y aun violaciones del derecho a la vida. La Oficina
recibió información sobre casos en los cuales el exceso
del uso de la fuerza pudo haber producido la muerte de las víctimas,
como por ejemplo la muerte de Luis Preciado Osorio en la Penitenciaría
Nacional de Valledupar, en el mes de marzo.
87. Por ausencia de una política integral, la autoridad
penitenciaria ha asociado la reacción estatal a los eventos
coyunturales de inseguridad e indisciplina, que involucran a un
número determinado y reducido de presos, en perjuicio de
la obligación general de proporcionar un trato humano y digno
a todas las personas privadas de libertad. El Ministerio de Justicia
y el INPEC anunciaron que adoptarían medidas para racionalizar
el funcionamiento del sistema. Las recomendaciones contenidas en
el informe sobre la situación carcelaria presentado el pasado
año por la Oficina y la Defensoría del Pueblo constituyen
una herramienta de trabajo a partir de la cual, junto con otras
propuestas, puede iniciarse el camino hacia cambios necesarios en
el sistema penitenciario y carcelario.
3. Desplazamiento forzado
88. El desplazamiento forzado de población registró
un significativo crecimiento, afectando gran parte del territorio
nacional , debido a su utilización, cada vez más frecuente,
como una estrategia de guerra. Una característica preocupante
del año fue el aumento de los desplazamientos intraurbanos.
Según la Red de Solidaridad Social , en los primeros nueve
meses de 2002 los paramilitares fueron responsables del 30% de los
casos de desplazamiento y los guerrilleros del 14%. En poco menos
de 1% de los casos se responsabilizó a las fuerzas armadas.
En el 52% de los casos, dos o más actores armados serían
los responsables.
89. A esta situación contribuyó la ausencia de una
política integral de prevención por parte del Estado.
Tampoco se ha avanzado en materia de lucha contra la impunidad de
los responsables de los desplazamientos. Según la Red de
Solidaridad Social, del 1º de enero al 30 de septiembre se
desplazaron unas 231.000 personas. Durante el mismo período,
la organización no gubernamental (ONG) Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) registró
algo más de 350.000 personas desplazadas. A pesar de los
avances obtenidos en la cobertura del Sistema Único de Registro
(SUR) y en la asistencia humanitaria de emergencia, persisten obstáculos
en el acceso a los programas estatales y a soluciones duraderas,
y dificultades para el goce de los derechos económicos, sociales
y culturales. De particular preocupación es la situación
de las mujeres, los niños, los indígenas y los afrocolombianos
desplazados.
90. La Red de solidaridad Social ha presentado avances en la coordinación
interinstitucional, así como en la consolidación del
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada (SNAIPD), aunque esta última se ha visto obstaculizada
por el diferente grado de compromiso de las distintas entidades
que lo integran. Igualmente, pese a los esfuerzos realizados por
la Red de Solidaridad Social , el nivel de participación
en los programas de atención de algunos departamentos y municipios
sigue siendo bajo. La Ley Nº 387 de 1997 condiciona la atención
de los desplazados a la disponibilidad presupuestal de las entidades
estatales. Existe un déficit entre los recursos asignados
y las necesidades de sus destinatarios.
91. La prevención de los desplazamientos sigue siendo el
componente más débil de la política de atención.
Persiste la debilidad del Estado para proporcionar la seguridad
a las comunidades en riesgo frente a la expansión geográfica
del fenómeno. En ocasiones, frente a una alerta de desplazamiento
han primado la seguridad militar o el cuidado de la infraestructura
sobre la protección de la población civil.
92. La Defensoría del Pueblo ha incrementado el acompañamiento
y la protección en algunas regiones del país, como
los prestados a las comunidades en riesgo del Pacífico, y
ha avanzado en la organización del Sistema de Alerta Temprana
(SAT). Sin embargo, las limitaciones presupuestarias de la Defensoría
le impiden una presencia efectiva en todas las zonas de riesgo,
al igual que un seguimiento eficaz a la respuesta estatal frente
a todos los informes de inminencia de riesgo transmitidos.
93. Se destacan algunos avances en el restablecimiento socioeconómico
de los desplazados. Sin embargo, su efectividad resultó disminuida
por la limitación de los recursos asignados, los retrasos
en el desembolso, los obstáculos para el acceso al crédito
y la limitación temporal de tres meses de la ayuda humanitaria.
94. En cuanto a los retornos, en varios casos carecieron de las
condiciones necesarias de seguridad y de dignidad . Se caracterizaron
por el insuficiente acompañamiento por parte de las autoridades
estatales y por la voluntariedad meramente formal de los mismos,
debida a la escasa información y a la falta de alternativas
de reubicación o de prórroga de la ayuda humanitaria.
4. Grupos étnicos
95. Los grupos étnicos siguen siendo víctimas de
violaciones a sus derechos civiles y políticos, en especial
el derecho a la vida, así como de discriminación racial,
intolerancia y exclusión social. Sus derechos económicos,
sociales y culturales se ven afectados por las condiciones de pobreza
y exclusión en las que se encuentran. El conflicto armado
agrava aún más esta situación y amenaza, en
consecuencia, la existencia misma de varios de estos grupos.
96. De particular preocupación es la situación de
la población afrocolombiana, considerada como una de las
más pobres del país. Según la Defensoría
del Pueblo, el 98% de las poblaciones afrocolombianas carecen de
los servicios públicos básicos y el 80% de sus viviendas
están caracterizadas por la marginación y el hacinamiento.
En el departamento del Chocó, que cuenta con una población
90% afrocolombiana, el 82% tiene sus necesidades básicas
insatisfechas.
97. Las violaciones a los derechos civiles y políticos de
indígenas y afrocolombianos se agravan, además, por
los problemas derivados del control que los grupos armados ilegales
pretenden ejercer sobre sus territorios. Con frecuencia, sufren
la imposición de bloqueos económicos, el control de
alimentos y medicinas, y las restricciones de la circulación
de personas, agravando así las precarias condiciones en las
que ellos viven . La presencia de esos grupos en los territorios
de estas comunidades vulnera, entre otros, el derecho a su autonomía,
amenazando la gobernabilidad de sus autoridades y erosionando su
identidad cultural.
98. En este contexto de violencia, indígenas y afrocolombianos
?en particular sus líderes? siguen siendo víctimas
de ejecuciones extrajudiciales, masacres, amenazas de muerte, desapariciones
forzadas, y desplazamiento y reclutamiento forzoso, lo que pone
en peligro su existencia como grupo étnico, así como
su supervivencia cultural. Entre las violaciones atribuidas a las
AUC está el homicidio de María Fabiola Largo Cano,
líder del grupo étnico embera chami, el 9 de abril,
en el municipio de Ríosucio (Caldas), la masacre de cuatro
indígenas, en Gualandanay, municipio de Corinto, en marzo,
y la desaparición de tres indígenas del pueblo Cofán
(Putumayo), en agosto. A las FARC-EP se atribuyeron las amenazas
a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN), en el municipio de Corinto, en marzo, y a las FARC-EP
y al ELN las amenazas de muerte a los indígenas de la Sierra
Nevada de Santa Marta, en junio y agosto. La Oficina recibió
algunas quejas en las que se responsabiliza a la fuerza pública
por su actuación directa, como en el caso de la masacre paramilitar
de 12 indígenas wiwas, el 31 de agosto, en El Limón
y zonas aledañas (Guajira) . En cuanto a los afrocolombianos,
se destaca la situación de los habitantes de la zona de El
Tigre, en Tumaco (Nariño), donde se habrían registrado
entre 6 y 10 cadáveres diarios de personas presuntamente
ejecutadas por grupos de autodefensas.
99. Estos grupos étnicos sufren especialmente por el desplazamiento,
debido a la estrecha relación de su cultura con sus tierras.
Es de particular preocupación la situación de los
desplazados que han retornado a su lugar de origen sin las debidas
garantías de seguridad, ya que persisten las amenazas de
grupos armados ilegales, en especial en las comunidades de paz ubicadas
a orillas del río Atrato y las cuencas de Salaqui, Truandó,
Quiparadó, Domingodó, Curvaradó y Jiguamiandó,
aumentándose así el riesgo de nuevos desplazamientos
.
100. El derecho a participar en las decisiones que afectan a los
indígenas y afrocolombianos, en particular el derecho a la
consulta previa, sigue siendo vulnerado por parte del Estado, especialmente
en la toma de decisiones vinculadas con proyectos de explotación
que tienen importantes repercusiones socioeconómicas y ambientales.
La Oficina recibió testimonios de que las fumigaciones realizadas
en territorios de poblaciones indígenas y afrocolombianas
afectan al medio ambiente y la seguridad alimenticia de sus habitantes
por la desaparición de los cultivos y el empobrecimiento
de la tierra. Así ha sucedido en los departamentos de Cauca,
Norte de Santander y Putumayo.
101. En cuanto a otras minorías étnicas, la situación
de los raizales (habitantes de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, de origen antillano de habla inglesa-creole) no
registró avances destinados a abolir la discriminación,
tanto en el campo laboral como en el de la asistencia administrativa.
El pueblo romaní (gitano) siguió sin tener reconocimiento
jurídico específico y siendo afectado por la discriminación,
la marginación y la estigmatización social, así
como el conflicto armado.
5. Defensores de derechos humanos
102. La situación de los defensores de derechos humanos
continuó siendo crítica y se agravó en los
últimos meses de 2002. La degradación del conflicto
armado afectó especialmente a líderes comunitarios,
sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones
sociales, así como a servidores públicos con funciones
de promoción y protección de los derechos humanos.
Los integrantes de estos grupos han sido víctimas de homicidios,
amenazas, atentados, hostigamientos, desapariciones forzadas y toma
de rehenes. Se atribuye la principal responsabilidad de estos hechos
a grupos paramilitares. Respecto a los personeros y otras autoridades
locales, los grupos guerrilleros fueron los principales responsables
de esos atentados. En varios casos, las amenazas y la vulnerabilidad
de los defensores fueron atribuidas a servidores públicos.
103. De especial preocupación resulta la situación
por la que atraviesan algunos miembros de organizaciones de derechos
humanos, como la Fundación Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos (FCSPP) y el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, quienes, en algunos casos, tuvieron que abandonar
su lugar de trabajo debido a las reiteradas amenazas de que fueron
víctimas . La ciudad de Barrancabermeja continuó siendo
escenario de graves ataques y amenazas contra los defensores de
derechos humanos, en particular los miembros de la Organización
Femenina Popular (OFP) y de la Corporación Regional para
la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). Ejemplo de esto fue
la muerte de Diofanol Sierra Vargas, miembro activo de la OFP, en
abril, y la desaparición de Manuel Francisco Navarro Culma,
líder de la población desplazada de la Ciénaga
de Opón, en febrero, atribuidas a paramilitares. A esto se
suma la desaparición, el 12 de agosto, de Guillermo Torres
Valdivieso, presidente de la junta de acción comunal del
barrio Café Madrid de Bucaramanga y líder popular
independiente.
104. Los personeros municipales, única autoridad encargada
de promover y vigilar el respeto por los derechos humanos en varios
municipios, fueron especialmente afectados, viéndose obligados
a abandonar sus localidades por haber recibido amenazas de muerte
atribuidas principalmente a las FARC-EP. La muerte de alcaldes y
concejales, o el hecho de que varios de éstos deben despachar
desde las cabeceras de los departamentos por estar amenazados, especialmente
en Arauca y Caquetá, agravó esa situación.
Ante esta situación, el Gobierno decidió la incorporación
de aquéllos al programa de protección del Ministerio
del Interior.
105. La Oficina registró varias denuncias de declaraciones
de autoridades cuestionando el compromiso y la legitimidad del trabajo
de los defensores y de las ONG. Estos hechos motivaron un pronunciamiento
de la Alta Comisionada, el 24 de junio. Las declaraciones y señalamientos
de servidores públicos contra los defensores, además
de estigmatizarlos, ponen en riesgo la vida e integridad de éstos
. No obstante la existencia de la Directiva Presidencial Nº
07/00, que prevé el respaldo del Estado a las organizaciones
de derechos humanos, esas actitudes no fueron corregidas, y tampoco
se han registrado sanciones por las infracciones a dicha directiva.
Resulta significativo el caso del sacerdote Jesús Albeiro
Parra, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó,
que enfrenta una denuncia por calumnia presentada por el general
Mario Montoya, de la IV Brigada del Ejército Nacional, por
haber denunciado la inacción de la fuerza pública
antes y después de los hechos ocurridos en Bojayá.
El método de denunciar a los denunciantes, utilizado por
oficiales de alto rango de las Fuerzas Militares , constituye un
motivo de preocupación para el desarrollo de la tarea de
denuncia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario, intrínseco a la función
de los defensores.
106. El Programa de protección para defensores de derechos
humanos, a cargo del Ministerio del Interior, continuó presentando
dificultades de orden administrativo, burocrático y operativo.
Especialmente preocupante resultó la muerte, el 12 de enero,
atribuida a grupos paramilitares, de Enoc Samboni, líder
y miembro directivo del Comité de Integración del
Macizo Colombiano (CIMA), del Cauca, quien era beneficiario del
programa de protección.
107. La situación de los defensores de derechos humanos
se vio perjudicada por declaraciones desafortunadas formuladas por
varias autoridades del nuevo Gobierno al inicio de su gestión.
Algunos altos funcionarios expresaron una visión de enfrentamiento
a la actuación y el impacto de los mensajes de las ONG. Las
declaraciones, en algunos casos con señalamientos muy generales
e indiscriminados, podrían favorecer la estigmatización
de las organizaciones de derechos humanos y de paz, y poner en riesgo
la vida e integridad de todos los miembros de ONG. Las ONG de derechos
humanos solicitaron al nuevo Gobierno iniciar una interlocución
permanente entre ellas y las instancias gubernamentales. En este
sentido, el Alto Comisionado toma nota de la apertura manifestada
por el nuevo Vicepresidente de la República, quien tiene
a su cargo la implementación de la política nacional
en materia de derechos humanos.
108. La política de allanamientos a gran escala afectó
igualmente a defensores de derechos humanos. La Fiscalía
General de la Nación autorizó varios allanamientos
basándose en informes de inteligencia policial y militar
que, en algunos casos, se referían a inmuebles vagamente
descritos como "de ONG". Resulta especialmente preocupante
el allanamiento practicado en la sede de la Asamblea Permanente
de la Sociedad Civil por la Paz, en octubre, sin resultados. Considerando
la accesibilidad de una ciudad como Bogotá, la ausencia de
la Fiscalía ?entidad que había autorizado la diligencia?
y del Ministerio Público, ha sido difícilmente justificable
.
6. Libertades fundamentales
a) Libertad sindical
109. Los sindicalistas continuaron siendo víctimas de altos
índices de muertes, amenazas, atentados y desapariciones;
la mayoría de ellas permanecen en la impunidad. Según
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), del 1º de enero
al 15 de octubre 118 sindicalistas murieron, 18 sufrieron atentados
y 32 fueron secuestrados o desaparecidos. Los sectores sindicales
más afectados continuaron siendo los de la educación
y de la salud y, en particular, los miembros de sindicatos como
el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali
(SINTRAEMCALI), la Asociación Nacional de Trabajadores y
Empleados de Hospitales, Clínicas y Consultorios (ANTHOC),
la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y la Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO. La mayoría
de esas violaciones se atribuyeron a grupos paramilitares . Se destacan
las violaciones contra dirigentes y miembros de la Unión
Sindical Obrera (USO) , como la muerte, en Barracabermeja (Santander)
el 20 de marzo, de Rafael Jaime Torra, quien era beneficiario del
Programa de protección a cargo del Ministerio del Interior;
y el secuestro de Gilberto Torres, en febrero, por las Autodefensas
Campesinas del Sur del Casanare (ACSC), quien fue liberado luego
de la mediación de algunas autoridades. Debe señalarse
además el homicidio de César Gómez, presidente
de la seccional Pamplona del Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), en el Norte de Santander,
el 5 de septiembre, atribuido a grupos paramilitares. El Programa
de protección había decidido la adopción de
medidas debido al alto nivel de riesgo de este último las
cuales no se habían implementado por falta de recursos .
110. A esto se suma la estigmatización debida a declaraciones
públicas que ponen en riesgo la vida de algunos dirigentes
y afectan, además, la legitimidad del movimiento sindical.
Esta situación no favorece ni el libre desempeño de
su función como defensores de los derechos sindicales ni
el pleno ejercicio de la libertad sindical. Declaraciones desafortunadas
de funcionarios han afectado igualmente a sindicalistas y al ejercicio
de las libertades sindical y de reunión pacífica.
En este sentido se denunciaron declaraciones descalificatorias,
además de amenazas y detenciones de dirigentes sindicales,
con ocasión de la movilización y el paro del 16 de
septiembre .
b) Libertad de opinión y de expresión
111. La libertad de opinión, expresión e información
se ha visto vulnerada por las violaciones de derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario de las que han
sido víctima los periodistas. Según la Vicepresidencia,
entre enero y agosto de 2002 se registraron nueve homicidios de
periodistas. A éstos se sumaron las amenazas de muerte por
parte de los grupos armados ilegales, que llevaron a varios periodistas
a buscar asilo político o a salir del país temporalmente.
Estos hechos, sumados al alto grado de impunidad y al clima hostil
producido por estas circunstancias, afectan al derecho fundamental
de la población a recibir información imparcial y
objetiva, y el derecho de los periodistas a la plena libertad de
expresión, que debe ser garantizada en una sociedad democrática.
Estas libertades también se han visto afectadas por la escasez
de información clara y precisa a través de fuentes
contrastadas, así como por la concentración de los
medios de comunicación, la autocensura y, en oportunidades,
la falta de cobertura amplia de la información.
112. La libertad de expresión está íntimamente
vinculada con las libertades de reunión y manifestación
pacífica, las cuales se vieron afectadas en el marco del
estado de conmoción interior y, en particular, del Decreto
Nº 2002. Con ocasión del paro nacional del 16 de septiembre,
se adoptaron medidas para restringir la movilización, se
denunciaron acciones contra los manifestantes y uso excesivo de
la fuerza, y se instalaron retenes militares. Se denunció
la detención arbitraria, el 20 de septiembre, de los miembros
de una comisión humanitaria compuesta por ONG, centrales
obreras y Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca que viajaba
desde Cali en apoyo a la marcha campesina del Cauca.
c) Libertad de conciencia y religión
113. Resultan preocupantes las violaciones de los derechos de los
representantes de diferentes cultos. Numerosos miembros de la Iglesia
católica han sido víctimas de homicidios, amenazas
y secuestros por parte de los grupos al margen de la ley. La mayoría
de los casos fueron atribuidos a las FARC-EP, entre ellos el secuestro
del Obispo de Zipaquirá, el 11 de noviembre. El homicidio
del párroco de Restrepo (Valle), el 27 de septiembre de 2002,
fue atribuido a grupos paramilitares y el del sacerdote José
Luis Arroyave, líder social y espiritual de la Comuna 13
de Medellín, el 20 de septiembre, a un grupo armado ilegal
no identificado. Según la Fiscalía, las FARC-EP dispusieron
y ejecutaron el homicidio de Monseñor Isaías Duarte
Cancino, el 16 de marzo en Cali. También otras confesiones
religiosas, entre ellas fieles de la Iglesia pentecostal y de la
Iglesia adventista, han afrontado actos de violencia contra el ejercicio
de las libertades relacionadas con el culto, la predicación
y la actividad pastoral de sus ministros. La legislación
interna colombiana no contempla la objeción de conciencia
al servicio militar.
d) Derechos políticos
114. El libre ejercicio de los derechos políticos, asociado
a la libertad de opinión y de expresión, se ha visto
limitado durante los procesos electorales de 2002. Miembros de las
comunidades indígenas, desplazados y otros indocumentados
se encuentran entre los principales grupos que vieron limitado el
ejercicio del voto. Las elecciones legislativas y presidenciales
significaron un alto riesgo para los candidatos, pues muchos de
ellos fueron víctimas de amenazas de muerte o atentados contra
sus vidas por parte de los paramilitares y de la guerrilla. También
los votantes fueron afectados por las amenazas y hostigamientos
de esos grupos. Se destaca el secuestro por las FARC-EP de las candidatas
a Presidente y Vicepresidente Ingrid Betancourt y Clara Rojas, el
23 de febrero. La persecución política a miembros
de algunos partidos continuó, en especial contra la Unión
Patriótica, que se ha visto afectada por homicidios y amenazas.
La persistencia de esta situación, que lleva años
mermando el número de sus miembros y los espacios de participación
y representación política, ha provocado su inhabilitación
para presentar candidatos a las últimas elecciones.
115. Asimismo, alcaldes y funcionarios locales del Estado han visto
irrespetados sus derechos por parte de los grupos guerrilleros y
paramilitares. Las FARC-EP han desarrollado su estrategia de ataque
a los poderes civiles locales y los ha declarado objetivo militar,
cometiendo intimidaciones, amenazas de muerte, toma de rehenes y
homicidios . Como consecuencia, un importante número de funcionarios
locales renunciaron o se desplazaron a las capitales de departamento
, lo que ha afectado la presencia civil del Estado y el ejercicio
de la democracia local, y ha aumentado la vulnerabilidad de la población
frente a los actores armados.
VII. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
116. De conformidad con el mandato de la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
de dar seguimiento a las recomendaciones hechas en materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario por órganos internacionales,
incluyendo las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, se recogen en este acápite las acciones
del Estado en relación con las mismas.
En materia de prevención y protección
117. El Gobierno ha reconocido que la acción preventiva
es uno de sus puntos débiles, dado que la dispersión
de responsabilidades, la falta de coordinación de los sistemas
de información y la escasa descentralización de la
política de derechos humanos, han determinado fallas en los
mecanismos de operación preventiva y no han podido tener
un impacto significativo sobre la evolución del conflicto
armado . Por consiguiente, sigue pendiente la adopción de
mecanismos integrales y eficaces de prevención. Aun cuando
la operatividad y el impacto del SAT siguieron siendo extremadamente
limitados cabe destacar los avances en la cobertura territorial
del sistema para la elaboración de informes de riesgo y la
creación de un mecanismo conformado por la Vicepresidencia
y los Ministerios de Defensa e Interior para la definición
de las alertas.
118. Cabe destacar la evaluación de los programas estatales
de protección, llevada a cabo de mayo a julio de 2002 con
el impulso del Ministerio del Interior y el apoyo y asesoría
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. No obstante, no se han superado los problemas administrativos
y las dificultades burocráticas que afectan la eficiencia
del programa. Es de esperar que la implementación de las
recomendaciones propuestas en la evaluación, con la concertación
entre las instituciones y las organizaciones, permita progresos
sustantivos. Sin embargo no se ha avanzado en el seguimiento de
las recomendaciones destinadas al acompañamiento de estos
programas con políticas preventivas eficaces, orientadas
a disminuir los factores de riesgo de esas poblaciones, y muy especialmente
los originados en acciones y declaraciones de los servidores públicos
que generan peligro para los defensores de derechos humanos y líderes
sociales.
En materia de conflicto armado
119. No se han registrado avances en el seguimiento de las recomendaciones
orientadas al respeto de las normas humanitarias por parte de los
grupos armados. Por el contrario, el irrespeto a las mismas se agravó,
en particular por las FARC-EP, el ELN y los grupos paramilitares.
Además, no sólo no se ha liberado a los rehenes, sino
que se continuó con esa repudiable práctica.
En materia de Estado de derecho e impunidad
120. Debe señalarse que no se han registrado avances significativos
en el seguimiento de las recomendaciones vinculadas al fortalecimiento
del Estado de derecho, en particular, en el combate contra el paramilitarismo
y, especialmente contra los nexos de estos grupos con servidores
públicos, la independencia de la justicia y la lucha contra
la impunidad. A pesar de los avances de sentencias de la Corte Constitucional,
varias de las disposiciones adoptadas en materia de políticas
de seguridad y de legislación de orden público han
resultado incompatibles con las recomendaciones internacionales
y el Estado de derecho. A estas preocupaciones se agregan las suscitadas
por las reformas en materia de justicia, en particular de la Fiscalía.
En materia legislativa
121. Debe señalarse que ha habido avances, particularmente
en relación con la ratificación de importantes tratados
internacionales, y retrocesos, en especial relacionados con la legislación
interna en materia de seguridad, orden público y justicia.
Ejemplo de esto último lo constituye la adopción del
referido Decreto Nº 2002.
122. Entre los avances cabe destacar la ratificación del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado por la
Ley Nº 742 de 2002. Sin embargo, el Estado colombiano, invocando
el artículo 124 de dicho Estatuto, declaró que durante
un período de siete años no reconoce la competencia
de la Corte sobre los crímenes de guerra. En lo concerniente
a la Convención Interamericana sobre desaparición
forzada de personas, su Ley aprobatoria Nº 707 de 2001 fue
declarada exequible por la Corte Constitucional, con lo cual se
abrió el camino a la ratificación de dicho instrumento.
123. Durante el período al cual se refiere este informe
el Estado colombiano no ratificó el Convenio 102 de la OIT
relativo a la norma mínima de la seguridad social, ni el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, ni
los Protocolos Facultativos a la Convención sobre los Derechos
del Niño relativos a la participación de los niños
en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Tampoco reconoció el Estado colombiano la competencia cuasijudicial
del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial ni la del Comité contra la Tortura.
124. Cursa en el Congreso el proyecto de ley estatutaria sobre
la reforma del hábeas corpus, que por decisión de
la Corte Constitucional debe incorporarse al Código de Procedimiento
Penal antes del 31 de diciembre de 2002. El proyecto sigue manteniendo
limitaciones incompatibles con las normas internacionales. En lo
que se refiere a la reforma del Código Penitenciario y Carcelario,
no se presentó a consideración del Congreso el proyecto
de ley sobre la materia, preparado desde el año 1999 por
la Fiscalía General de la Nación.
125. Debe destacarse la adopción de la Ley Nº 747 de
2002 por medio de la cual se crea el tipo penal de trata de personas
y se dictan otras disposiciones. En lo concerniente a la penalización
de la discriminación racial, continuó sin ser tipificada
la conducta discriminatoria cometida en cualquier tiempo por personas
que no toman parte directa en las hostilidades, ya que actualmente
sólo se incriminan las prácticas de discriminación
racial cuando éstas se cometen "con ocasión y
en desarrollo del conflicto armado".
126. En cumplimiento a la Convención sobre la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de
minas antipersonal y sobre su destrucción, la Ley Nº
759 de 2002 modificó el régimen penal y dictó
reglas para la coordinación y el funcionamiento de las instituciones
estatales. Creó el Observatorio de Minas Antipersonal y previó
la integración de misiones humanitarias para verificación
de hechos y formulación de recomendaciones.
127. En lo que se refiere al Código del Menor, no se introdujeron
en éste las disposiciones que lo hagan compatible con la
Convención sobre los Derechos del Niño. Cursa en el
Congreso un proyecto de ley "por la cual se crea el sistema
de responsabilidad penal juvenil" que no se adecúa a
esos requerimientos. Asimismo, la protección de los derechos
de la niñez mediante un recurso rápido y efectivo
podría verse afectada por el proyecto de reforma constitucional
en materia de administración de justicia presentado en octubre,
el cual prevé la exclusión de estos derechos de la
acción de tutela.
En materia de políticas económicas y sociales
128. Durante el año no se han registrado medidas significativas
que hayan permitido invertir las tendencias negativas en materia
de pobreza y de inequidad, ni tampoco indicadores y mecanismos que
mejoren la evaluación del impacto y los resultados de aquéllas.
La mayoría de las recomendaciones del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales no formaron parte de políticas
y prioridades en materia de vivienda, trabajo, salud y educación,
particularmente relacionadas con grupos y regiones vulnerables.
No obstante, debe destacarse las jornadas nacionales de vacunación
realizadas por el Gobierno. Las reformas legales introducidas en
diciembre de 2002 al Código del Trabajo y al régimen
de seguridad social parecen incompatibles con las exigencias que
en materia de progresividad de los derechos económicos, sociales
y culturales establecen las normas internacionales.
En materia de promoción de una cultura de derechos humanos
129. El Gobierno anterior, mediante una consultoría, preparó
un "Esquema de Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario" como insumo en el proceso
de elaboración del Plan, respecto del cual invitó
a la Oficina a presentar sus observaciones. El nuevo Gobierno ha
incorporado la definición del Plan entre los objetivos del
texto preliminar de Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, sigue
pendiente su elaboración e implementación. Por otra
parte, siguen vigentes las recomendaciones en materia de educación
en derechos humanos que promuevan una efectiva cultura de paz y
de derechos humanos, así como las relativas al impulso del
principio de igualdad y de los mecanismos orientados a luchar contra
la discriminación, en particular de las mujeres, de los grupos
étnicos, de los desplazados y de otros grupos vulnerables.
Cabe destacar la ausencia de una política integral de género.
En materia de asesoría y cooperación técnica
130. Debe destacarse el interés de varias instituciones
en recibir la asesoría de la Oficina, así como su
cooperación técnica mediante la implementación
de proyectos de fortalecimiento institucional y de capacitación
de los funcionarios. El antiguo Gobierno no aprovechó plenamente
el asesoramiento que a la Oficina corresponde por mandato. El nuevo
Gobierno ha manifestado su interés por desarrollar más
ampliamente esa importante función de la Oficina.
VIII. ACTIVIDADES DE LA OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
131. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos continuó fortaleciendo cada
una de sus áreas de trabajo, es decir, observación,
asesoría, cooperación técnica y promoción
y difusión. A mediados de octubre asumió sus funciones
el nuevo Director de la Oficina. Las quejas presentadas ante la
Oficina y los viajes a las distintas regiones del país continuaron
siendo una importante fuente de acceso y comprensión de la
realidad nacional. La presencia permanente y el trabajo de las suboficinas
de Cali y Medellín permitieron, a su vez, fortalecer la observación
de la Oficina. Se recibieron 1.435 quejas, de las cuales 1.106 fueron
admitidas, y se realizaron 183 visitas al terreno, con un promedio
de dos a cuatro días de actividades fuera de Bogotá,
Cali y Medellín cada una de ellas.
132. La Oficina participó en actividades relacionadas con
el asesoramiento, incluyendo opiniones jurídicas relativas
a la conformidad de las normas internas y de proyectos legislativos
con las normas internacionales. Asistió igualmente a numerosas
reuniones de trabajo en el seno de comités y de otras instancias
interinstitucionales con el objeto de asesorar a las autoridades
e impulsar el seguimiento de las recomendaciones.
133. La Oficina produjo varias publicaciones. Entre éstas
son de mencionar el libro sobre Interpretación de las normas
internacionales de derechos humanos: observaciones y recomendaciones
generales de los órganos de vigilancia de los tratados internacionales
de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Declaración
y Programa de Acción de Durban, así como una nueva
publicación de la serie temática sobre derechos de
los pueblos indígenas. La Oficina reeditó y actualizó
las publicaciones sobre defensores de derechos humanos y sobre derechos
de la mujer. En estas últimas se incluyeron los informes
de las misiones a Colombia de la Representante Especial del Secretario
General sobre la situación de los defensores de los derechos
humanos y de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer.
Se preparó igualmente una publicación sobre la libertad
de opinión y de expresión. También se actualizó
y publicó una versión en CD?ROM de las recomendaciones
de órganos internacionales de derechos humanos al Estado
colombiano 1980-2002, y se finalizó una página web
sobre el mismo tema. La Oficina publicó 10.000 calendarios
del año 2003 sobre derechos de los trabajadores y reprodujo
30.000 cartillas para niños de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
134. Como parte de su política de promoción y difusión,
la Oficina participó en numerosas actividades (seminarios,
foros, talleres y conferencias). En el marco del trabajo con los
medios de comunicación, organizó varios talleres con
periodistas. La Oficina elaboró 37 comunicados de prensa.
En total aparecieron 270 notas en televisión, 340 notas en
radio y 1.000 notas en periódicos sobre la Oficina y sus
actividades.
1. Asesoramiento y cooperación técnica
135. La Oficina ha podido iniciar con el nuevo Gobierno, en particular
con la Vicepresidencia de la República y la Cancillería,
una interlocución frecuente y fluida. Las iniciativas de
la cooperación técnica de la Oficina promueven la
participación activa de las instituciones nacionales, gubernamentales
y no gubernamentales en las tareas que implican el respeto, la protección
y las garantías de los derechos humanos. Las recomendaciones
formuladas por diversos órganos han sido la base sobre la
cual se han desarrollado los proyectos de capacitación y
de fortalecimiento institucional. La apertura de las suboficinas
de Medellín y Cali incrementó las actividades de cooperación
técnica y el apoyo a iniciativas regionales.
136. Se considera prioritario el esfuerzo de coordinación
de la cooperación internacional en materia de derechos humanos
iniciada en 2001. Por ello se ha invitado al cuerpo diplomático
y a las agencias cooperantes a actualizar la base de datos de proyectos
diseñada con la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), eje clave para orientar la cooperación
en esta materia.
a) Cooperación en materia de capacitación en derechos
humanos y derecho internacional humanitario
137. La demanda de estas actividades continuó constante
y creciente, desarrollándose con las siguientes entidades.
Fiscalía General de la Nación (FGN)
138. Con el apoyo financiero del Gobierno de Suecia se puso en
marcha un Programa de réplicas del curso de derechos humanos
y derecho internacional humanitario para funcionarios de la FGN
en 18 ciudades del país. Participaron 382 fiscales y 320
miembros del CTI. A solicitud del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos y de la FGN se impartieron cursos de derechos humanos
y derecho internacional humanitario a 87 fiscales y 93 miembros
del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
(CTI), del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la
Policía Nacional. Con esto se ha contribuido a la formación
de una nueva generación de fiscales y personal del CTI y
se ha fortalecido la red de formadores de la Fiscalía. Preocupa
a la Oficina la inestabilidad laboral de las personas que conforman
la red y de quienes se han beneficiado del Programa, así
como la insuficiente dotación de medios de la Escuela de
Investigación Criminal y Criminalística de la Fiscalía
para implementar y dar seguimiento a la formación de todos
sus funcionarios.
Personeros municipales
139. En la segunda fase del Programa de capacitación en
derechos humanos a personeros municipales (2002-2003) se cuenta
con la cofinanciación de la Unión Europea. Se realizaron
24 talleres, que incluyeron 432 participantes. Este programa ha
trascendido las metas que tenía previstas, al lograr una
estrategia concertada que promueve políticas de reconocimiento
estatal y social del personero como el defensor institucional de
los derechos humanos. Ante la propuesta gubernamental de supresión
de las personerías mediante referendo, la Oficina hizo pública
la importancia de las funciones relativas a la promoción
y protección de los derechos humanos que desarrollan los
personeros.
Defensoría del Pueblo
140. Se realizó un taller sobre derechos humanos y derecho
internacional humanitario dirigido a coordinadores académicos
de la Dirección Nacional de Defensoría Pública
y Defensores Regionales y Seccionales de la Defensoría del
Pueblo, con la participación de 42 funcionarios, de los cuales
fueron seleccionados 21 como formadores en la materia. De otro lado,
se capacitó a 51 asesores de gestión de la citada
Dirección en derecho a la libertad. Dentro del segundo ciclo
del proyecto de fortalecimiento y ampliación de la red nacional
de promotores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo,
la Oficina coordinó y realizó un curso de capacitación
para 53 profesores de derechos humanos de 10 universidades públicas.
Sistema de Naciones Unidas
141. Se impartieron dos cursos básicos de capacitación
en derechos humanos y derecho internacional humanitario a 55 funcionarios
del sistema de las Naciones Unidas, y un taller de actualización
en la materia en el que participaron 25 funcionarios del sistema
de las Naciones Unidas, con el fin de fortalecerlo en esas materias.
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil
142. La Oficina impulsó programas de capacitación
en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario
y de identificación conjunta de necesidades de fortalecimiento
institucional de las organizaciones de derechos humanos. Se consolidaron
espacios de interlocución permanente con esas organizaciones.
También se inició un proceso de formación de
promotores de derechos humanos, con varias réplicas. Igualmente
se apoyó el fortalecimiento de las capacidades de comunicación,
a través de la capacitación de líderes de varios
sectores sociales del país.
143. Para las diócesis de Quibdó, Apartadó
e Istmina se realizó un curso de formación básica
en derechos humanos, con la participación de 36 promotores
de esas Pastorales Sociales, quienes conducen, a su vez, una intensa
labor en favor de poblaciones vulnerables. Se incrementaron las
acciones regionales como el apoyo a participantes del pacífico
en la Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana, el Encuentro
Interétnico Solidaridad Chocó y el Foro "Las
ciudades entre fuegos y exclusiones" organizado por la red
de Hermanamiento Pueblos Hermanos Lazos Visibles. Con el objeto
de llegar a las poblaciones más remotas y aisladas, se firmó
un convenio de cooperación técnica con Radio Netherland
Training Centre para trabajar en la difusión de los derechos
humanos.
144. Se dio ejecución en Colombia al Programa Global de
la Oficina del Alto Comisionado Assisting Communities Together (ACT)
apoyando siete proyectos de promoción en el ámbito
rural comunitario.
b) Cooperación en materia de fortalecimiento institucional
145. La Oficina celebró unos convenios con el INPEC y con
el Senado de la República-Comisión de Derechos Humanos,
en el mes de diciembre. Los diagnósticos impulsados por la
Oficina y sus recomendaciones sirvieron de base para definir proyectos
con las instituciones.
Defensoría del Pueblo
146. En junio de 2002, la Oficina y la Defensoría del Pueblo
presentaron el "Diagnóstico sobre el programa penal
ordinario de la Defensoría Pública. Lineamientos para
su reorientación", que contiene un análisis sobre
el funcionamiento, la calidad y la eficacia en la prestación
del servicio y propone una serie de recomendaciones. A partir de
estos resultados se definieron los ejes de trabajo. Preocupa sin
embargo la situación presupuestal de la Defensoría
Pública y el impacto que ella pueda tener sobre la efectividad
del derecho a una defensa técnica adecuada.
147. La Oficina está trabajando con la Dirección
Nacional de Atención y Trámite de Quejas en la elaboración
de un manual de conductas violatorias de derechos humanos y derecho
internacional humanitario.
148. La Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria
y Delegada para Políticas Públicas está recibiendo
asesoramiento en el diseño y puesta en marcha de un sistema
de seguimiento a las políticas públicas en materia
penitenciaria y carcelaria.
Procuraduría General de la Nación (PGN)
149. La Procuraduría y la Oficina extendieron hasta fines
del año 2004 el Acta de entendimiento para el desarrollo
de proyectos de asistencia técnica.
150. La Procuraduría Delegada para la Prevención
en materia de derechos humanos y asuntos étnicos ha realizado
con el apoyo de la Oficina un diagnóstico que reveló
disfunciones institucionales. Se elaboró un documento sobre
función preventiva de la Procuraduría General de la
Nación en materia de derechos humanos ampliamente concertado
con funcionarios de todas las dependencias de la Procuraduría
y ONG.
151. La Procuraduría delegada disciplinaria para violaciones
de derechos humanos y la Oficina realizaron un diagnóstico
que revela el estado de las investigaciones disciplinarias en materia
de derechos humanos.
IX. RECOMENDACIONES
152. Con base en su análisis pormenorizado, el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos formula una serie
de recomendaciones concretas y prioritarias para el año 2003.
Estas recomendaciones, que no son exhaustivas, se agrupan bajo seis
rubros: la prevención y protección, el conflicto armado
interno, el Estado de derecho y la impunidad, las políticas
económicas y sociales, la promoción de una cultura
de derechos humanos, el asesoramiento y la cooperación técnica
de la Oficina.
153. Las recomendaciones se dirigen a las autoridades nacionales
de las tres ramas del poder público y de los órganos
de control encargados de la protección y promoción
de los derechos humanos, a todas las partes en el conflicto armado
interno, a las organizaciones armadas al margen de la ley y a los
sectores representativos de la sociedad civil.
154. Sin perjuicio de las otras preocupaciones abordadas en el
presente informe y del seguimiento que debe darse a las recomendaciones
pendientes formuladas por el Alto Comisionado y por otros órganos
internacionales, el Alto Comisionado tiene la firme convicción
que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario podría experimentar una sensible mejora si las
siguientes recomendaciones fueran tomadas en consideración
y aplicadas durante el año 2003 por aquellos a quienes van
dirigidas.
a) La prevención y protección
155. El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a hacer efectivo el
SAT, establecido en el seno de la Defensoría del Pueblo,
con la activa participación, cooperación y respuesta
de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Defensa.
156. El Alto Comisionado urge al Gobierno a asegurar que el programa
de protección de defensores de derechos humanos, a cargo
de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,
funcione con efectividad, dotándolo de los fondos suficientes
y de parámetros claros y uniformes de medición del
riesgo. También deberá el Gobierno poner en práctica
mecanismos que actúen preventivamente sobre los factores
de riesgo.
157. El Alto Comisionado urge al Fiscal General de la Nación
a introducir en el programa de protección de testigos y víctimas
a cargo de la Fiscalía los cambios que permitan una rápida
identificación de los riesgos y una pronta adopción
de las medidas para afrontarlos.
158. El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a identificar, juntamente
con la Defensoría del Pueblo y el sistema de las Naciones
Unidas, comunidades en riesgo por el conflicto armado interno y,
en concertación con tales comunidades, desarrollar y poner
en práctica cuanto antes, acciones y programas de atención
preventiva y de protección. En materia de poblaciones desplazadas
se deberán aplicar estrictamente los Principios Rectores
de los Desplazamientos Internos.
159. El Alto Comisionado urge al Gobierno y al Congreso a dotar
a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo
de los recursos necesarios para establecerse en aquellos municipios
donde aún no tienen presencia, especialmente en las zonas
de rehabilitación y consolidación, y en aquellas regiones
con alto índice de población indígena, afrocolombiana
y desplazada.
160. El Alto Comisionado solicita al Ministerio Público
y a los superiores jerárquicos de los servidores públicos
que sancione disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que
con sus acciones u omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores
de derechos humanos.
161. El Alto Comisionado exhorta al Procurador General a verificar
trimestralmente la exactitud y objetividad de la información
contenida en los archivos de inteligencia militar sobre defensores
de derechos humanos y a hacer público el resultado de esta
labor.
162. El Alto Comisionado alienta a la Ministra de Defensa a incorporar,
en los próximos cursos de formación de los miembros
de la fuerza pública, el estudio sistemático del derecho
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario. Para ello, recomienda que celebre un acuerdo de capacitación
continua con la Defensoría del Pueblo.
b) El conflicto armado interno
163. El Alto Comisionado insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC
y a los demás grupos guerrilleros y paramilitares a respetar
el derecho a la vida de todos los civiles. Les insta, en especial,
a abstenerse en todo momento de ataques contra la población
civil, ataques indiscriminados, reclutamiento de menores y actos
de terrorismo.
164. El Alto Comisionado insta a las FARC-EP, al ELN, a las AUC
y a los demás grupos armados ilegales a liberar de inmediato
y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes y a
abstenerse de la práctica inaceptable del secuestro.
165. El Alto Comisionado insta a los grupos armados ilegales, y
en particular a las FARC?EP, el ELN y las AUC, a abstenerse de emprender
acciones que afecten el goce de los derechos humanos de la población
civil y disminuyan la capacidad del Estado colombiano para cumplir
su obligación de protegerlos y garantizarlos.
166. El Alto Comisionado insta a la fuerza pública a observar
irrestrictamente los deberes impuestos por el derecho internacional
humanitario, en especial los relacionados con el cumplimiento de
los principios de limitación, distinción, proporcionalidad
y protección general de la población civil.
167. El Alto Comisionado insta a todas las partes en el conflicto
armado a cumplir las obligaciones a ellas impuestas por las normas
internacionales que prohíben el empleo, el almacenamiento,
la producción y la transferencia de minas antipersonales.
168. El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a los grupos armados
ilegales y a los sectores representativos de la sociedad civil no
escatimar esfuerzos para establecer, cuanto antes, acercamientos
dirigidos al diálogo y a la negociación que permitan
la superación del conflicto armado interno y el logro de
una paz duradera. Los diálogos y la negociación deberán
tomar en cuenta, desde un principio, los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, así como incorporar en su agenda
el tema de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
c) El Estado de derecho y la impunidad
169. El Alto Comisionado solicita al Gobierno y al Congreso de
la República que, al adoptar políticas y elaborar
normas, presten la debida atención a las obligaciones asumidas
por Colombia como Estado Parte en los instrumentos internacionales
de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Les urge
a tener en cuenta los principios internacionales de legalidad, necesidad,
proporcionalidad, temporalidad y no discriminación cuando
adopten y apliquen políticas y medidas relacionadas con la
seguridad y el orden público. En especial, los insta a no
introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas
que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer
funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles
con la independencia de la justicia.
170. El Alto Comisionado urge al Fiscal General a presentar ante
el Congreso de la República un proyecto de ley sobre la carrera
para los funcionarios y empleados de la Fiscalía, con el
fin de fortalecer la independencia e imparcialidad de la institución.
171. El Alto Comisionado solicita al Fiscal General a que asegure
y fortalezca la independencia de la Unidad de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, garantice
la protección de sus integrantes y la dote de los recursos
necesarios para desarrollar las investigaciones a su cargo.
172. El Alto Comisionado exhorta al Fiscal General a establecer
dentro de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Fiscalía un grupo especializado en la investigación
de los posibles vínculos de miembros de la fuerza pública
con grupos paramilitares. Exhorta, asimismo, a los organismos de
cooperación internacional a respaldar esta iniciativa.
173. El Alto Comisionado insta a la Ministra de Defensa a suspender
de inmediato del servicio a los miembros de la fuerza pública
involucrados en graves violaciones de los derechos humanos y crímenes
de guerra, poniendo en conocimiento de las autoridades judiciales
y de control la información pertinente.
174. El Alto Comisionado exhorta al Comité especial de impulso
de investigaciones de violaciones de derechos humanos e infracciones
al derecho internacional humanitario, presidido por el Vicepresidente
de la República, a que trabaje activamente sobre una selección
de casos representativos de dichas violaciones y a que trimestralmente
elabore un informe al Presidente de la República, al Fiscal
General, al Procurador General y al Defensor del Pueblo sobre el
avance en las investigaciones de los mismos.
175. El Alto Comisionado exhorta al Presidente de la República
a adoptar, en su condición de Jefe de Estado y de comandante
supremo de la fuerza pública, todas las medidas necesarias
para que, independientemente de posibles diálogos entre el
Gobierno y los grupos paramilitares, cese todo vínculo entre
servidores públicos y miembros de dichos grupos. También
lo exhorta a informar al Procurador General de la Nación
y al Defensor del Pueblo, por medio de reportes semestrales, sobre
la ejecución de dichas medidas y los resultados de las mismas.
d) Las políticas económicas y sociales
176. El Alto Comisionado exhorta al Gobierno a desarrollar una
política consistente para disminuir la brecha de inequidad
existente en el país y asegurar que se adopten todas las
medidas necesarias para lograr una disminución de los índices
de analfabetismo y desocupación, y un aumento en el acceso
a la salud, la educación y a la vivienda.
e) La promoción de una cultura de derechos humanos
177. El Alto Comisionado recomienda al Gobierno, a través
de la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, elaborar un plan
de acción en derechos humanos que incorpore una política
integral de género y a presentar en el transcurso del primer
semestre de 2003 un cronograma para su implementación.
178. El Alto Comisionado recomienda a la Ministra de Educación
incorporar, a partir del inicio de los próximos calendarios
escolares, la enseñanza de los derechos humanos en los programas
de educación primaria y secundaria. Para ello recomienda
que celebre un acuerdo de capacitación continua con la Defensoría
del Pueblo.
179. El Alto Comisionado exhorta al Consejo Superior de la Judicatura,
a la Fiscalía General y a la Procuraduría General
a establecer con la Defensoría del Pueblo convenios análogos
para la formación permanente de sus funcionarios y empleados
en derechos humanos y derecho internacional humanitario.
f) El asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina
180. El Alto Comisionado urge al Estado a dar seguimiento a las
recomendaciones internacionales, incluidas las del presente informe,
y exhorta al Vicepresidente de la República a que coordine,
con la cooperación y el asesoramiento de la Oficina, la elaboración
de un cronograma de aplicación de las distintas recomendaciones
emitidas por los órganos internacionales competentes.
181. El Alto Comisionado invita al Gobierno, al Congreso, a la
Fiscalía General, a la Procuraduría General y a la
Defensoría del Pueblo a profundizar la interlocución
con la Oficina, beneficiándose plenamente con su mandato
de asesoría y cooperación técnica.
X. MAPA DE COLOMBIA. División política territorial.
Zonas
de rehabilitación y consolidación. Antigua zona
de distensión.
Referencias
1 Véase Colombia: la situación de los derechos humanos,
11 de octubre de 2002, Programa Presidencial de derechos humanos
y derecho internacional humanitario, Vicepresidencia de la República,
pág. 19.
2 El Vicepresidente es el encargado de la política gubernamental
en materia de derechos humanos. Su oficina tiene a su cargo el Observatorio
de derechos humanos, en el cual se registra la información
y las estadísticas pertinentes para el seguimiento del tema.
3 Véanse párrafos 67 a 69 infra.
4 Ministerio de Defensa Nacional, operaciones militares en el año
2002.
5 Véase el anexo de este informe, que detalla con ejemplos
y estadísticas la situación.
6 Como se destaca en el capítulo VII infra, Colombia ratificó
en agosto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con
la salvedad sobre los crímenes de guerra.
7 Véase Texto preliminar de los derechos humanos en el Plan
Nacional de Desarrollo 2002?2006, documento oficial circulado por
el Gobierno para comentarios.
8 Informe Gestión Consejería Presidencial para la
equidad de la mujer: marzo de 2000 – julio de 2002.
9 Ley Nº 294 de 1996 por medio de la cual se sanciona la violencia
intrafamiliar, reformada por la Ley Nº 575 de 2000; Ley Nº
581 de 2000 (Ley de cuotas) por la cual se reglamenta la adecuada
y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios
de las ramas del poder público; Ley Nº 731 de enero
de 2002 por la cual se dictan normas para favorecer a la mujer en
el ámbito rural.
10 En la Corte Constitucional una mujer de nueve magistrados (11%),
en el Consejo de Estado 6 mujeres de 27 (22%); en la Corte Suprema
de Justicia 2 mujeres de 23 (9%); en el Consejo Superior de la Judicatura
2 mujeres de 13 (4%); en el Senado de la República 11 mujeres
de 102 curules (11%); y en la Cámara de Representantes 22
mujeres de 166 curules (13%).
11 La Fiscalía General de la Nación informó
de que su Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario no adelanta investigación alguna sobre estos
delitos.
12 Véase el anexo de este informe, que contiene ejemplos
de las principales infracciones.
13 Véase el Informe de la Oficina sobre la misión
de observación en el Medio Atrato, (Bojayá, 9 a 12
de mayo de 2002), del 20 de mayo de 2002, realizada en desarrollo
de su mandato y a solicitud expresa del Gobierno colombiano. También
se examinaron en él las responsabilidades de los paramilitares
por no respetar el principio de distinción y de inmunidad
de la población civil, así como del Estado en materia
de prevención y de protección de la población.
14 Véase "Derechos humanos, texto preliminar, Plan
Nacional de Desarrollo 2002-2006", pág. 1, y el documento
CONPES 3172: Líneas de acción para fortalecer la política
del Estado en materia de derechos humanos y derecho internacional
humanitario, de 15 de julio de 2002, pág. 12.
15 Disponía funciones judiciales para la fuerza pública,
con la posibilidad de excluir controles judiciales independientes
y la subordinación de la autoridad civil a la militar en
los llamados teatros de operaciones o zonas de orden público.
16 Véase la comunicación de la Alta Comisionada,
Sra. Mary Robinson, de fecha 26 de agosto de 2002, que incluye preocupaciones
vinculadas a la creación por el nuevo Gobierno de una red
de informantes y al reclutamiento de campesinos.
17 Los puestos de los funcionarios de esa institución son
de libre nombramiento y remoción. A pesar de una resolución
del Consejo de Estado que conminó a la Fiscalía a
implementar una carrera antes de octubre de 2002, no se tomaron
medidas para su cumplimiento. La propuesta de reforma de la Fiscalía
que cursa en el Congreso no contempla tampoco la modificación
de esa situación.
18 Varios de ellos adelantaban importantes investigaciones por
graves violaciones de derechos humanos, e incluso, en algunos casos,
habían sido víctimas de amenazas en el desarrollo
de esas funciones.
19 Véanse las observaciones finales del Comité de
Derechos Humanos hechas a Colombia, CCPR/C/79/Add.76, párr.
23, de fecha 5 de mayo de 1997.
20 El Comité de libertad Sindical de la OIT señala
que de los casos examinados por homicidios, secuestros, atentados
y amenazas de sindicalistas, en sólo uno de ellos se ha identificado
a los posibles responsables (329º informe del Comité
de Libertad Sindical, GB.285/9, parte I, párr. 376).
21 Ejemplos de esta situación son los casos de los generales
Rito Alejo de Río y Fernando Millán, y el del almirante
Rodrigo Quiñones.
22 Continúan en fuero castrense el ataque aéreo de
la Fuerza Aérea Colombiana que provocó la muerte de
decenas de civiles, en Santo Domingo, Arauca, en diciembre de 1998,
y fueron asumidos por los tribunales militares casos como la denuncia
de connivencia entre militares de la Brigada XIV en Segovia y miembros
de las AUC, de agosto de 2002.
23 Según el Sistema de Estimación de Fuentes Contrastadas
(SEFC), durante el primer semestre de 2002 hubo un crecimiento del
100%, comparado con el mismo período de 2001. La causa principal
fue las amenazas generalizadas (46%), luego el enfrentamiento armado
(22%) y las masacres (8%). La Red señaló que 887 de
los 1.098 municipios están afectados por el desplazamiento
forzado.
24 Institución del Estado coordinadora del sistema nacional
de atención a la población desplazada.
25 Como por ejemplo la capacitación de comités locales
con el apoyo de la Unidad Técnica Conjunta (UTC), de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
y de la Organización Internacional para las Migraciones.
26 Según la Red de Solidaridad Social, en 2002, se beneficiaron
cerca de 11.000 hogares de una solución habitacional; 3.000
familias de proyectos de generación de ingresos y 195 jóvenes
y 675 personas de proyectos de capacitación laboral.
27 Por ejemplo, en febrero de 2002, en El Salado (Bolívar),
y en noviembre de 2002 en la región del Medio Atrato.
28 Grupos paramilitares se habrían apropiado, en julio,
de unos 200 mercados del Programa Mundial de Alimentación
que la Red de Solidaridad Social distribuiría en la comunidad
Arhuaca de Wirwa en la Sierra Nevada de Santa Marta.
29 Otras denuncias indicaron que el Ejército había
amenazado, en marzo, con enviar a los grupos paramilitares si los
embera katio transportaban a miembros de las FARC-EP en sus embarcaciones.
30 Según la Red de Solidaridad Social, un poco más
del 4% de la población desplazada es indígena y el
19% es afrocolombiana (enero-septiembre 2002). Véase información
sobre los retornos en ACNUR, Balance de la política de atención
al desplazamiento interno forzado en Colombia, 1999-2002.
31 Como por ejemplo las amenazas atribuidas a paramilitares contra
el presidente de la FCSPP y la delegada de Atlántico, seguidas
del traslado a Bogotá por motivos de seguridad de esta última
en septiembre.
32 Entre éstos pueden citarse las declaraciones del coronel
Andrés Leonardo Rodríguez, comandante del Batallón
Plan Especial Energético y Vial número 7, publicadas
en el diario Vanguardia Liberal el 5 de junio, contra las ONG del
Magdalena Medio, y del comandante de la Policía Metropolitana,
anunciando que quienes organizaron los ataques terroristas del 7
de agosto (día de la toma de posesión del nuevo Presidente
Álvaro Uribe), contra la casa de Nariño, "se
encuentran vinculados a dos ONG fundadas recientemente". Estas
declaraciones poco precisas exponen al conjunto de ONG a ser objetivo
militar de otros grupos armados ilegales.
33 Lo mismo sucedió con los denunciantes del ataque aéreo
indiscriminado en Santo Domingo (Arauca), de diciembre de 1998,
denunciados por el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.
34 Otra detención sin orden judicial fue la practicada por
miembros de la Policía, en noviembre, a tres mujeres de la
Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI). También
se allanó, el 9 de octubre, a la Asociación Campesina
del Valle Cimitarra, en Barrancabermeja.
35 Véase el informe del Comité de Libertad Sindical
(nota 20 supra), nota 47, párrs. 375 y 382, y el informe
del Consejo de Administración de la OIT, Programa Especial
de cooperación técnica para Colombia, (GB.285/5),
noviembre de 2002.
36 En diciembre de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) solicitó al Estado colombiano la adopción
de medidas cautelares para los miembros de ese sindicato. Medidas
de protección fueron igualmente recomendadas por el Comité
de Libertad Sindical de la OIT.
37 Véanse también los párrafos 102 a 108 supra
y el capítulo VIII infra.
38 Véase informe del Comité de Libertad Sindical
de la OIT (notas 20 y 35 supra), párr. 383.
39 A las FARC-EP se atribuyó la intimidación al alcalde
de Colón (Putumayo), a través del secuestro de su
hija de 3 años el 17 de julio. Según el Programa Presidencial
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Ministerio
del Interior y la Federación Colombiana de Municipios, 554
de los 1.096 alcaldes, fueron amenazados, como por ejemplo las amenazas
de las FARC-EP en 554 municipios del país y de los grupos
paramilitares a los funcionarios municipales de San Pablo, departamento
de Nariño. Cabe recordar el secuestro por las FARC-EP de
12 diputados de la Cámara Departamental del Valle del Cauca,
el 11 de abril. El Programa Presidencial informó de que 43
concejales, 26 dirigentes políticos locales y 8 alcaldes
fueron víctimas de homicidio por parte de las FARC-EP, ELN,
autodefensas y otras organizaciones armadas no institucionales;
además de las numerosas amenazas proferidas principalmente
por las FARC-EP.
40 El Programa Presidencial de Derechos Humanos señaló
que en 45 casos los alcaldes siguen ejerciendo sus funciones desde
otro municipio o en la capital del departamento.
41 Véase Consejo Nacional de Política Económica
y Social (CONPES) 3172: Líneas de acción para fortalecer
la política del Estado en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario, 15 de julio de 2002, pág. 12.
Anexo
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO.
PRINCIPALES VIOLACIONES E INFRACCIONES
I. Introducción
1. El presente documento, anexo al informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación
de los derechos humanos en Colombia, completa la descripción
y el análisis contenido en el mencionado informe relativos
a la situación de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario. Se incorporan aquí las principales violaciones
e infracciones registradas por la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante el año
2002, incluyendo las modalidades identificadas, la atribución
de responsabilidad por las mismas y los grupos particularmente afectados.
También figuran en algunos acápites estadísticas
de violaciones, de responsabilidades, de acceso a algunos derechos
o de exclusión a los mismos, y se refleja el impacto de algunos
programas y medidas estatales en varias materias.
II. derechos humanos
Derechos civiles y políticos
a) Derecho a la vida
2. El derecho a la vida se vio afectado por ejecuciones extrajudiciales,
tanto individuales como colectivas, y por amenazas de muerte cuyos
destinatarios fueron miembros de grupos particularmente vulnerables
(defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, indígenas,
afrocolombianos y campesinos, entre otros). En algunos casos las
ejecuciones tuvieron el carácter de selectivas y en otros
formaron parte de campañas de limpieza social, principalmente
por parte de grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.
3. Durante el año cubierto por este informe se registró
un aumento de las denuncias de violaciones del derecho a la vida,
entre ellas ejecuciones extrajudiciales y masacres, atribuidas directamente
a servidores públicos y, en particular, a miembros de la
fuerza pública. Entre las masacres pueden mencionarse la
de cuatro menores y un adulto en Medellín en febrero. Se
investiga, por otra parte, la posibilidad de que 24 paramilitares
hayan sido ejecutados fuera de combate el 9 de agosto en Segovia.
Entre las ejecuciones figuran la de un indígena en Puracé
(Cauca), en octubre, y la de un joven en Lloró (Chocó),
en abril, atribuidas al Ejército, y la de un raizal en Providencia
(San Andrés), en abril, atribuida a la Policía.
4. Algunos procedimientos desarrollados en el marco de las políticas
de seguridad, como allanamientos y capturas, tuvieron como consecuencia
la muerte de civiles atribuida a la acción directa de la
fuerza pública. Estas conductas fueron registradas principalmente
en el operativo Orión, en octubre, en la Comuna 13 de Medellín,
con un saldo de tres muertos civiles. Anteriormente ya se habían
registrado nueve muertos civiles en el operativo Mariscal en el
mes de mayo, en la misma comuna.
5. Las masacres atribuidas a paramilitares y respecto de las cuales
se denunció la responsabilidad del Estado por omisión
fueron, entre otras, las ocurridas en Buenaventura (Valle), en mayo,
en Santa Rita (Antioquia), en agosto, y en Atánquez (Cesar),
en diciembre. Entre las masacres donde se atribuyó responsabilidad
estatal por un comportamiento tolerante, de apoyo o de complicidad
de miembros de la fuerza pública se destacan las perpetradas
en Corinto en marzo y junio, y en el Limón el 31 de agosto,
contra indígenas wiwas.
b) Derecho a la integridad personal
6. Se registraron actos de empleo innecesario y desproporcionado
de la fuerza, de tratos crueles, inhumanos o degradantes y de tortura.
La Oficina registró un incremento de las denuncias sobre
actuaciones de agentes de la autoridad que implicaban ya el abuso
físico contra personas en condiciones de inferioridad o indefensión,
ya el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. Los malos
tratos y la aplicación desmedida de la fuerza se dieron,
por lo general, en el contexto de motines carcelarios, paros cívicos,
marchas de protesta, diligencias de lanzamiento de predios, redadas
y allanamientos. Ejemplo de esos casos se dieron en la marcha campesina
del 16 de septiembre en Bolívar y en los operativos de mayo
y octubre en la ciudad de Medellín.
7. La Procuraduría General de la Nación informó
de que entre enero y noviembre se registraron contra miembros de
la fuerza pública 98 investigaciones por tortura y 8 por
torturas seguidas de muerte (casi el doble de los casos señalados
el año anterior). Entre las muertes producidas por tortura
se denunció la del interno Luis Preciado Osorio, en marzo,
en la cárcel de Valledupar y la de una señora en Argelia
(Antioquia), en agosto, atribuida conjuntamente a paramilitares
y militares. Como en años anteriores, debe destacarse el
subregistro existente de los casos de tortura.
c) Derecho a la libertad individual y a la seguridad personal
8. Este derecho se vio especialmente afectado por las desapariciones
forzadas y por las detenciones ilegales o arbitrarias. Según
la Vicepresidencia, y tomando en cuenta las denuncias que examinó
la Procuraduría General de la Nación, existe un aumento
leve en la responsabilidad imputable a los agentes del Estado en
casos de desaparición forzada. Como desaparecidas fueron
reportadas tanto personas a quienes se privó de la libertad
en carreteras, caminos y otras vías públicas del área
rural, en el marco de allanamientos y operativos militares de captura,
como personas que fueron vistas por última vez en domicilios
o lugares de trabajo situados en los cascos urbanos. La autoría
de la desaparición fue imputada a servidores públicos
en casos como el ocurrido en Popayán (Cauca) el 6 y el 7
de enero, que afectó a un menor de edad luego de la privación
de libertad de cinco personas por agentes del DAS. Igualmente, como
consecuencia de la operación Orión de la fuerza pública
en la Comuna 13 de Medellín, en octubre, se registraron siete
desapariciones de personas.
9. Se denunciaron privaciones arbitrarias de la libertad en relación
con los casos en los cuales las autoridades administrativas, actuando
sin mandamiento judicial, aprehendieron a personas con violación
de las normas policiales sobre detención preventiva o por
razones incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales.
En otros casos, aun existiendo órdenes judiciales, no se
cumplió con las exigencias internacionales para justificar
la privación de libertad. El carácter arbitrario de
muchas aprehensiones fue señalado especialmente en la aplicación
del Decreto legislativo Nº 2002, bajo cuya vigencia miles de
personas fueron objeto de aprehensióna.
d) Derecho a la libertad de circulación
10. Las más graves violaciones del derecho a la libertad
de circulación y residencia estuvieron constituidas por los
impedimentos ilegítimos al libre tránsito interno
y por los desplazamientos forzadosb. Los impedimentos al libre tránsito
no sólo fueron este año efecto de los retenes ilegales
impuestos por los grupos armados para controlar la circulación
de peatones y de vehículos en las zonas bajo su control.
Tales impedimentos se dieron también como consecuencia de
la aplicación del Decreto Nº 2002, en cuyo desarrollo
se impuso a los habitantes de las zonas de rehabilitación
y consolidación una serie de medidas incompatibles con los
principios internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad,
exigidos aún en el marco de estados de excepción.
e) Derecho a la vida privada y derecho a la inviolabilidad del
domicilio
11. Durante los últimos meses de 2002, los derechos a la
vida privada y a la inviolabilidad del domicilio se vieron especialmente
afectados por los allanamientos y registros practicados con fundamento
en el citado Decreto Nº 2002. En aplicación de tal decreto,
se multiplicaron los allanamientos administrativos en recintos donde
no existía una situación de flagrancia ni era inminente
la perpetración de una conducta punible.
Derechos económicos, sociales y culturales
12. En 2002, diversos informesc han puesto en evidencia la agudización
de la pobreza, la profunda inequidad y desigualdad social y el alto
grado de exclusión socioeconómica. El conflicto armado,
la crisis económica y la conducta infractora de los grupos
armados ilegales contra bienes públicos han incidido en el
deterioro de la situación de los colombianos en materia de
derechos económicos y sociales. Estos mismos factores afectaron
la capacidad del Estado colombiano para dar una respuesta eficaz
a las necesidades básicas de la población, en especial
de la más vulnerable.
13. Los problemas de la pobreza extrema y de la inequidad distributiva
de la riqueza son unos de los más graves. Cabe destacar el
porcentaje de la tenencia de la tierra, donde el 1% de propietarios
posee más del 53% del área cultivable. El 67% de la
población se encuentra bajo la línea de pobreza, rebasando
ligeramente el nivel promedio observado desde los años ochenta,
y cerca del 25% bajo la línea de indigencia, porcentaje incrementado
sustancialmente en los últimos añosd. En el área
rural más del 40% de la población vive bajo la línea
de indigencia. Aún más grave es la situación
de la niñez, ya que el 24% de la población que vive
bajo la línea de la pobreza es menor de 10 años y
cerca del 14% de los menores de 5 años padecen desnutrición
crónicae.
14. Particularmente grave es la situación de la población
desplazada, cuyas oportunidades en materia de trabajo, educación
y salud se reducen considerablemente. El acceso de los desplazados
a la atención de salud, a pesar de estar establecido legalmente,
presenta dificultades de carácter administrativo que limitan
la ejecución de los recursos asignadosf.
15. La crisis económica y el déficit fiscal han obligado
al Gobierno a presentar, en noviembre, una propuesta de reforma
tributaria ante el Congreso de la República. Cabe interrogarse
si la reforma planteada aborda adecuadamente el fondo de los problemas
estructurales de Colombia, así como si responde a las necesidades
en materia de redistribución. Debe examinarse cuidadosamente
el efecto potencial que podría tener el incremento de la
imposición tributaria indirecta sobre los grupos más
vulnerables del país.
a) Derecho al trabajo
16. Desde el decenio de 1990 se han mantenido altos niveles de
desempleo, al pasar de tasas del 9% en 1995 a tasas del 20% en 1999.
El problema se agravó con el aumento del subempleo y del
trabajo informal, que en 2000 fueron de 29 y 60%, respectivamente.
La crisis económica afectó las fuentes de empleo en
2002 y entre enero y septiembre hubo un incremento de 1,4 puntos
en la tasa de desempleo, y de 5 puntos en la tasa de subempleo.
En septiembre de 2002, el desempleo alcanzó al 14% de la
población, y un 35% de la misma se encontraba subempleadag.
Asimismo persiste una precaria cobertura del régimen pensional,
pues solo el 20% de la población económicamente activa
está cubierta.
b) Derecho a la educación
17. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años,
el sector educativo enfrenta problemas de cobertura para garantizar
la universalidad de la educación y la reducción del
analfabetismo. Persisten los bajos niveles de cobertura neta en
la educación, con un 26% en la media, un 52% en la básica
secundaria y un 34% en la preescolar, sin que se haya podido superar
el 82 % en la básica primaria. Cerca de dos millones de niños
y jóvenes entre 5 y 17 años (el 16% del total) están
fuera del sistema escolarh. Este porcentaje es el doble en áreas
rurales (25%) que en áreas urbanas (12%). No obstante haber
mejorado en los últimos 30 años la cobertura neta
en básica primaria, continúa estando por debajo del
promedio de América Latina y el Caribe. Esa mejoría
no ha sido necesariamente acompañada de la garantía
de calidad de la educación.
c) Derecho a la salud
18. La cobertura en salud se ha incrementado en los últimos
años, al pasar del 23 al 52% de la población entre
1992 y 2000. No obstante, se observan serias diferencias entre las
áreas urbana (57%) y rural (41%). Asimismo, los elevados
niveles de evasión y elusión, la falta de progresividad
en la cotización, la inadecuada asignación de subsidios
y la ineficiente oferta de servicios en el primer nivel de atención,
entre otros, han llevado a un déficit en la cuenta de compensación
del régimen contributivo, agotándose los aportes de
solidaridad para el régimen subsidiado. A pesar del incremento
del gasto en salud desde 1993 esta situación estaría
poniendo en duda la viabilidad del modelo vigente.
d) Derecho a la vivienda
19. La política pública de vivienda seguida desde
1991 ha dado buenos resultados en términos de número
de viviendas de interés social construidas. No obstante,
existe un déficit para más de un millón de
hogares, cinco millones de personas, que en un 82% de los casos
no alcanzan a ganar cuatro salarios mínimos.
20. Como consecuencia de la crisis financiera de 1998 se redujo
drásticamente el número de viviendas subsidiadas por
el Estado. De un promedio de 126.000 unidades al año entre
1990 y 1998 se pasó a 40.000 en el año 2000. Sin embargo,
el porcentaje de la financiación total de vivienda ha crecido
de un 15% en 1995 a un 49% en 2000. A pesar de este crecimiento
porcentual persisten las dificultades para un amplio número
de beneficiarios del subsidio, pues no logran obtener la vivienda
debido a que carecen de los requisitos exigidos para acceder al
crédito hipotecario destinado al pago total de la vivienda.
Derechos de la mujer
21. A pesar de los avances en materia legislativa, aún persiste
la desigualdad real entre hombres y mujeres. Según la Encuesta
Nacional de Hogaresi, sólo el 40% de las mujeres tiene trabajo,
mientras que están ocupados el 61% de los hombres. Los ingresos
laborales de los hombres superan en un promedio del 16% a los de
las mujeres. El desempleo crónico afecta en un 20% más
a las mujeres que a los hombres.
22. Ha persistido la violencia intrafamiliar. Las mujeres fueron
víctimas del 91% de los 43.000 actos de violencia conyugal
y del 61% de las 14.000 situaciones de maltrato familiar (véase
la nota 20 del informe). A pesar de los avances legislativos, sería
importante incrementar la protección, la asistencia y la
reinserción de las víctimas de la trata de personasj.
23. Los derechos de las mujeres se ven especialmente afectados
por el conflicto armado. En este contexto se incrementa la instrumentalización
de la mujer y se acentúa su condición de injusta inferioridad
y subordinación frente al hombre. Es preocupante la vulnerabilidad
de las mujeres desplazadas (47% del total de los desplazados), entre
ellas las de zonas rurales, las jefas de hogar, las indígenas
y las afrocolombianas. Las desplazadas tienen, en muchas ocasiones,
dificultades para acceder a la atención del Estado debido
a la falta de documentación personal. La ausencia de la definición
de una política pública integral para la mujer desplazada,
que incluya un enfoque diferencial, no permite atender adecuadamente
sus necesidades específicas de asistencia y protección,
especialmente contra la violencia y los abusos sexuales. Asimismo,
sigue siendo escasa la atención psicoafectiva a las mujeres,
durante y después del desplazamiento.
Derechos del niño y la niña
24. El recrudecimiento del conflicto armado y la profundización
de la crisis socioeconómica que vive el país afectaron
de manera especial los derechos de las niñas y de los niños.
La situación de pobreza e indigencia incide negativamente
en sus derechos al desarrollo, a la educación y a la salud
y fomenta la violencia doméstica. La Defensoría del
Pueblo señala que de los casi 35.000 casos de violencia intra-familiar
reportadosk el 65% fueron cometidos contra menores de 18 años.
Los menores se encuentran también entre las principales víctimas
de abuso sexual, ya que del total de casos reportados el 85% fue
cometido contra niñas y niños. Aproximadamente 35.000
menores de 18 años son explotados sexualmente en el paísl.
25. La Defensoría del Pueblo indica que en el ámbito
nacional el promedio de mortalidad infantil es de 3,9%, cifra que
asciende a 15% en la región del Pacífico. En Colombia
trabajan 1,5 millones de niños entre los 5 y los 17 añosm;
de ellos, entre el 20 y 25% desempeña ocupaciones de alto
riesgo, pero este porcentaje sube al 70% en el sector agropecuarion
donde hay una jornada laboral de 12 a 15 horas.
26. Los niños desplazados representan una población
particularmente vulnerable. Del total de personas desplazadas, el
40% son menores de 18 años. Aunque la población desplazada
goza, por el período de un año, de prioridad para
acceder al sistema educativo y recibe el beneficio de exoneración
total del pago de matrícula y pensión, no se ha previsto
para ello una asignación presupuestaria específica.
Los departamentos, en muchos casos, no cuentan con los recursos
para dar respuesta efectiva a esa situación y, por otra parte,
muchas de las familias desplazadas no logran estabilizarse para
hacerse cargo de los costos educativos luego del año.
III. Derecho internacional humanitario
a) Homicidios y amenazas de personas protegidas
27. El homicidio de personas protegidas por el derecho internacional
humanitario siguió siendo una práctica sistemática
de los grupos paramilitares, pero también fueron cometidos
en muchos casos por las FARC-EP y el ELN. Algunos casos han sido
atribuidos directamente a la fuerza pública. Muchas de las
víctimas civiles de los enfrentamientos entre grupos armados
no ingresan al registro de homicidios. Entre enero y octubre de
2002 el Observatorio de la Vicepresidencia registró cerca
de 3.000 homicidios perpetrados por "estructuras organizadas".
En la mayoría de los casos los responsables figuran como
desconocidos. Sin embargo la Vicepresidencia indica que "si
bien no se puede afirmar tajantemente y no se dispone de pruebas
que así lo ameriten, el análisis de los hechos nos
permite concluir que la mayoría de estos eventos se puede
atribuir a las estructuras de autodefensas y en segundo lugar a
las guerrillas. No menos de 2.000 de estos homicidios son atribuibles
a autodefensas y cerca de 500 a las guerrillas"o.
28. La política de homicidios selectivos y de limpieza social
se manifestó como expresión de una estrategia paramilitar
deliberada. En numerosas zonas del país, como por ejemplo
en el Oriente Antioqueño, la implementación de la
práctica de muertes selectivas por los paramilitares fue
rutinaria. Las FARC-EP desarrollaron ataques sistemáticos,
en varias partes del país, a las autoridades locales, tales
como alcaldes, concejales, personeros, jueces y fiscalesp.
29. El Observatorio de la Vicepresidencia registró, sobre
la base de las cifras del Comité Permanente para la Defensa
de los Derechos Humanos, 1.110 víctimas de masacres entre
enero y junio de 2002. De esas matanzas, más del 50% fue
atribuido a paramilitares y el resto principalmente a las FARC-EP,
al Ejército, al ELN y a grupos armados no identificados.
Entre las masacres, muchas de ellas realizadas con crueldad y sevicia,
se atribuyeron a grupos paramilitares la de siete personas en agosto
en Barragán (Valle del Cauca) y la de ocho personas, en noviembre
en el municipio de San Carlos (Antioquia). A las FARC-EP fue atribuida
la masacre de 15 personas en la hacienda El Tapón, cerca
de San Juan Nepomuceno (Bolívar), a fines de agosto. En cuanto
al ataque de Bojayá, véanse los párrafos 33
a 35 infra.
30. El aumento de las acciones militares en las zonas urbanas y
el fuerte incremento en el número de grupos milicianos, vinculados
a las FARC-EP, al ELN y a grupos paramilitares, produjeron un alza
en los homicidios y las masacres en las ciudades. En el área
metropolitana de Medellín, por ejemplo, a grupos de autodefensas
se atribuyeron masacres contra civiles como la del 5 de octubre
en el barrio Carambolas y la de cinco personas desplazadas, entre
ellas dos menores, del 24 de octubre en el municipio de Itaguí.
A grupos guerrilleros fue atribuida la masacre, el 16 de julio,
de cuatro mujeres en el barrio Floresta y el homicidio de dos jóvenes,
en el barrio Olaya Herrera, en junio.
31. La Oficina tuvo también conocimiento de denuncias de
homicidios cuya autoría fue atribuida a miembros de la fuerza
pública. Así, por ejemplo, durante las operaciones
militares realizadas entre el 2 y 8 de julio por la Cuarta Brigada
del Ejército en el Oriente antioqueño, se reportó
la desaparición de por los menos seis campesinos, ejecutados
posteriormente y enterrados en fosas comunes. Otras de las denuncias
estuvieron relacionadas con la ejecución de un niño
de 12 años, el 30 de marzo, cuando corría para protegerse
de un operativo de miembros de la misma brigada que en compañía
de personas encapuchadas habían ingresado al barrio Olaya
Herrera de Medellín.
32. Las amenazas de muerte han sido el recurso más frecuente
de los grupos armados ilegales para provocar el desplazamiento de
personas "indeseables", sea por sospecha de colaboración
con el "enemigo", para apoderarse de sus bienes, para
aterrorizarlas y someterlas a su control, para diezmar las organizaciones
sociales o para obligar al pago de una contribución financiera.
Esos grupos han impedido, mediante amenazas, el libre desplazamiento
entre las zonas urbanas y rurales. La Oficina recibió denuncias
de amenazas a la población civil atribuidas al Ejército,
como la relacionada con un operativo, en septiembre, en Santa Ana
(Antioquia), donde los militares habrían acusado a los habitantes
del corregimiento de ser guerrilleros y amenazado a varios de ellos.
b) Ataques contra la población civil y ataques indiscriminados
33. Los principios humanitarios de distinción, limitación,
proporcionalidad e inmunidad de la población civil siguieron
siendo violados por todas las partes en el conflicto colombiano.
34. Las acciones de los grupos guerrilleros, en especial de las
FARC-EP, han sido marcadas por el uso indiscriminado de armamento
artesanal, como cilindros de gas y otros artefactos explosivos,
que han ocasionado la muerte de muchos civiles. El más grave
de estos ataques se produjo el 2 de mayo de 2002 en Bojayá,
cuando una de las bombas de cilindro de gas lanzadas por las FARC-EP
en el marco de un combate con paramilitares hizo impacto en una
iglesia donde se habían refugiado los civiles que huían
de los enfrentamientos entre los guerrilleros y los paramilitares.
Esta bomba ocasionó la muerte de 119 civiles, entre ellos
48 menores, y causó heridas a más de 100. Este repudiable
hecho muestra la profunda degradación de la confrontación
bélica y de la actuación de los grupos armados ilegales,
en este caso de las FARC?EP, que aun a sabiendas de la presencia
de la población civil y de lo indiscriminado de sus métodos
de combate dispararon provocando una de las masacres con mayor número
de víctimas en los últimos años.
35. Se denunciaron, atribuyéndolos principalmente a grupos
guerrilleros, casos de hostigamientos y ataques a poblaciones en
el nororiente del departamento del Cauca y en la región de
la costa pacífica de los departamentos del Cauca y Nariño.
El 20 de septiembre, unos 200 hombres del ELN atacaron el municipio
de Samaniego (Nariño), se llevaron a siete personas, apareciendo
posteriormente muertas dos de ellas. En otros casos, las FARC-EP
utilizaron a la población civil como escudos humanos frente
a la llegada del Ejército, abriendo fuego de manera indiscriminada
para causar confusión a fin de facilitar la huida. Tal fue
el caso del ataque, en el mes de abril, a la población de
Quilcace (Cauca). De igual manera, los paramilitares que rodearon
a los civiles en el marco de la confrontación con las FARC-EP,
en el referido caso de Bojayá, no dudaron en exponer a la
población civil a las consecuencias de la acción bélica.
Se denunció también la utilización de las viviendas
de la población civil y su ocupación por el Ejército
en Chalán a partir de octubre.
36. Los grupos paramilitares también siguieron realizando
ataques a la población civil y ataques indiscriminados. Entre
el 7 y 10 de agosto, las Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá (ACCU) atacaron el pueblo de Santa Rita, tradicionalmente
controlado por las FARC-EP, con un saldo de 11 civiles muertos y
2 desaparecidos. Cabe destacar que en dicho municipio la presencia
de la fuerza pública en los últimos dos años
ha sido prácticamente inexistente.
37. La Oficina recibió denuncias de ataques contra la población
civil y de ataques indiscriminados atribuidos directamente a integrantes
del Ejército. Como ejemplo de estos ataques pueden citarse
el realizado en el mes de septiembre, en el corregimiento de Santa
Ana, municipio de Granada (Oriente antioqueño), y los desarrollados
por efectivos de la IV Brigada del Ejército y de la Policía
Metropolitana en los barrios de Medellín. Entre estos últimos
se destaca la operación Mariscal del 21 de mayo, en la que
la fuerza pública intervino con armamento pesado, tanquetas
blindadas y apoyo aéreo, dejando un saldo de 9 civiles muertos
y 37 heridos, incluyendo entre ellos a personas que ondeaban banderas
blancas. La operación Orión del 16 de octubre, dejó
a su vez 3 civiles muertos y 40 heridos, además de 7 desaparecidos.
Según información preliminar y parcial recibida por
la Oficina, serían por los menos 39 los muertos civiles reportados
en todos los operativos de la fuerza pública en Medellín
durante el año (entre ellos 14 menores de edad) y 120 los
heridos. También se registraron, principalmente en el departamento
del Cauca, varios casos de operaciones aéreas indiscriminadas
de las fuerzas militares, en las cuales resultaron afectados personas
y bienes civiles. Así ocurrió en el municipio de Belalcázar,
en mayo, y en el corregimiento de Pitayó, el 21 de agosto.
c) Actos de terrorismor
38. La degradación del conflicto armado incluyó numerosos
actos de terrorismo en las principales ciudades del país,
cometidos en su mayor parte por las FARC-EP, con un número
elevado de víctimas civiles. Los actos terroristas con artefactos
explosivos se multiplicaron tras la ruptura de los diálogos
de paz y constituyeron una estrategia empleada, a la vez, para aterrorizar
a la población, para manifestar la capacidad operativa de
la guerrilla y para enviar mensajes políticos de desafío
al Gobierno. El 14 de abril, en Barranquilla (Atlántico),
explotó una bomba al pasar la caravana del entonces candidato
presidencial Álvaro Uribe, quien no sufrió ninguna
lesión. Sin embargo, el atentado, que fue atribuido por las
autoridades a las FARC-EP, dejó cuatro muertos civiles y
numerosos heridos. El 19 de abril se produjo una ola de ataques
dinamiteros por las FARC-EP en sectores exclusivos de Cartagena
(Bolívar), matando a tres personas. El 7 de agosto de 2002,
con ocasión de la toma de posesión del Presidente
Álvaro Uribe, las FARC-EP lanzaron un ataque múltiple
e indiscriminado con mortero en la ciudad de Bogotá, ocasionando
la muerte de 21 personas y dejando más de 100 heridos. El
13 de diciembre, el senador German Vargas Lleras recibió
un paquete que contenía explosivos produciéndole delicadas
lesiones. El mismo día, otra bomba colocada en un restaurante
céntrico de Bogotá provocó alrededor de 30
heridos.
39. Tanto los grupos paramilitares como los de la guerrilla cometieron
actos y amenazas de violencia destinados a sembrar el terror entre
la población civil. Se han denunciado casos en que la fuerza
pública amenazó a la población civil, ya como
represalia, ya como medio para exigir la colaboración de
la comunidad. Así ocurrió en El Limón el 31
de agosto, y en Santa Ana en septiembre.
d) Torturas y otros atentados contra la dignidad personal
40. Tanto a los grupos paramilitares como a las FARC-EP y al ELN
se les ha acusado de haber torturado a varias de sus víctimas
antes de darles muerte. En varios casos, además de ser torturadas,
las víctimas de masacres y de homicidios, en particular por
paramilitares, han sido abusadas sexualmente y sus cuerpos horriblemente
mutilados. Ejemplo de ello fue la masacre de indígenas y
campesinos en La Guajira, el 31 de agosto. Se atribuyó a
las FARC-EP la degollación de nueve soldados en San Vicente
del Caguán (Caquetá), en mayo, y al ELN la tortura
y muerte de dos personas en Samaniego en septiembre. Se han denunciado
casos de malos tratos por miembros de la fuerza públicas.
Numerosas fueron, igualmente, las denuncias de civiles retenidos
por los grupos ilegales que sufrieron maltratos y sevicias a manos
de sus captores. El 5 de marzo, en un retén ilegal de las
AUC en Cauca, un niño fue duramente torturado, hasta meterlo
en un ataúd con un cadáver donde permaneció
durante varias horas.
e) Toma de rehenes
41. La toma de rehenes continuó afectando a miles de colombianos
y a varios extranjeros. En muchos casos sirvió como fuente
de financiación de los grupos armados ilegales bajo la forma
del secuestro extorsivo. Las FARC-EP por primera vez sobrepasaron
al ELN en el número de rehenes tomados, convirtiéndose
así en las principales responsables de esa infracción.
Los grupos paramilitares han recurrido de manera creciente a esta
práctica para financiarse o por razones "políticas".
Según la Fundación País Libre, entre enero
y noviembre de 2002 se registraron 2.730 secuestros, el 20 % de
ellos sólo en el departamento de Antioquia. Varios de esos
actos fueron realizados por los grupos armados ilegales en alianza
con bandas criminales. Las tomas masivas de rehenes se convirtieron
en prácticas comunes de los grupos guerrilleros, por la resonancia
y el significado político a ellos atribuible o como forma
de aterrorizar a la población civil.
42. Varias personas fueron tomadas como rehenes por su importancia
y significación política. Así ocurrió
con el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, el 20 de febrero y con
la candidata presidencial Ingrid Betancourt, el 23 de febrero, ambos
víctimas de las FARC-EP. También fueron tomados como
rehenes por las FARC-EP 12 diputados de la Asamblea del Valle de
Cauca, el 11 de abril, y el Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria,
junto con su Asesor de Paz, Gilberto Echeverri, el 21 de abril.
Asimismo, el 11 de noviembre las FARC-EP tomaron como rehenes a
monseñor Jorge Enrique Jiménez, obispo de Zipaquirá
y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y al
párroco de Pacho, Cundinamarca, Desiderio Orjuela, quienes
fueron rescatados el 15 de noviembre en una operación rápida
del Ejército.
f) Niños víctimas del conflicto armado
43. Los niños siguieron figurando entre las víctimas
más vulnerables del conflicto armado, en particular por el
desplazamiento, el reclutamiento, las minas antipersonales y los
ataques indiscriminados de los diferentes grupos al margen de la
ley. En los hechos de Bojayá por ejemplo, murieron 45 niños.
Igualmente, numerosos fueron los casos de homicidios de menores,
perpetrados por los grupos guerrilleros y paramilitares. A las AUC
se atribuyó la privación de libertad y tortura, el
16 de agosto, de tres menores en Medellín, con el objetivo
de conseguir información sobre organizaciones armadas de
sus barrios de residencia. Dos de ellos fueron muertos y el tercero
herido. La Oficina también recibió informaciones sobre
varios casos de menores que cayeron víctimas de ataques indiscriminados
durante operaciones de la fuerza pública, como por ejemplo
en el caso de la citada operación Mariscal, de mayo, en Medellín.
Según la Fundación País Libre, 357 menores
de edad han sido víctimas de la toma de rehenes en los primeros
diez meses de 2002, lo que equivale a un 13% del total víctimas
de esa infracción.
44. Los diferentes grupos de guerrilla y de paramilitares continuaron
incorporando a menores de 18 años en sus filas. En ocasiones
la amenaza de reclutamiento provocó el desplazamiento de
las familias. La Oficina del Alto Comisionado fue informada de que,
el 3 de agosto, integrantes del ELN se llevaron consigo a 22 jóvenes
del corregimiento de Altamira, La Vega (Cauca) para integrarlos
en sus cuadros combatientes. En agosto, el anuncio hecho por las
FARC-EP de la obligación de reclutamiento para los mayores
de 12 años provocó el desplazamiento de 60 familias
en el municipio de Cunday (Tolima). Se registró igualmente
la obligación impuesta por grupos paramilitares de un servicio
militar obligatorio para los menores de edad. También se
denunció el creciente reclutamiento forzoso por los grupos
armados ilegales de menores refugiados en las zonas fronterizas
de Panamá, Ecuador y Venezuelat.
45. Aunque no existen estadísticas consolidadas sobre el
número exacto de menores que participan directamente en las
hostilidades, se estima que casi 7.000 menores de 18 años
combaten con las FARC-EP, el ELN y los paramilitaresu. Otros 7.000
integrarían grupos de milicias urbanas ligados a las diferentes
partes del conflicto armado. La extensión del conflicto a
zonas urbanas ha producido un incremento del reclutamiento de menores
en las milicias ilegales, como por ejemplo en Medellín.
46. La Oficina del Alto Comisionado recibió información
sobre menores de edad utilizados como informantes por el Ejército
en la zona del Meta y Putumayo, en ocasiones bajo promesa de recompensasv.
Lo mismo se señaló en relación con la detención
por la Policía de tres mujeres de la Asociación de
Mujeres de las Independencias (AMI) en Medellín en noviembre,
en la cual se habría utilizado un menor como informante encapuchado.
g) Mujeres víctimas del conflicto armado
47. Las mujeres han sido víctimas de diferentes formas de
violencia, en particular de la violencia sexualw, perpetradas por
los distintos grupos armados ilegales, con el objeto de sembrar
el terror o demostrar su poderío y control sobre el territorio.
Las mujeres son igualmente sometidas a sanciones crueles por no
seguir los códigos de conducta impuestos por los grupos paramilitares
en distintas zonas del paísx. La Oficina del Alto Comisionado
recibió también testimonios acerca de niñas
víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de grupos
guerrilleros y paramilitares. La situación de las organizaciones
de mujeres se ha visto agravada este año debido a las amenazas
contra la vida y la integridad personal, a los homicidios selectivos
y al desplazamiento cuya autoría se imputó a grupos
armados ilegales. Algunas organizaciones fueron amenazadas por defender
los derechos de las mujeres, en particular aquellos de las mujeres
campesinas, afrocolombianas, indígenas y desplazadas. Tal
fue el caso de la OFP, de la Asociación Nacional de mujeres
campesinas, indígenas y negras de Colombia (ANMUCIC) y de
la Liga de mujeres desplazadas de Bolívary.
48. Las mujeres combatientes de los grupos armados ilegales son
víctimas del irrespeto de sus derechos sexuales y reproductivos
por parte de sus compañeros de armas. Según la Defensoría
del Pueblo, en un grupo de 65 menores investigadas en 2001 todas
ellas "tenían dispositivos intrauterinos, algunos puestos
en contra de su voluntad, sin ningún tipo de información,
con el argumento de ser una orden cuyo cumplimiento condicionaba
su permanencia en el grupo".
i) Atentados contra la misión médica
49. Los ataques, el hostigamiento y las amenazas contra el personal
sanitario por parte de la guerrilla y los paramilitares aumentaron
de manera considerable. Se registraron ataques a centros hospitalarios,
atentados contra el personal médico y paramédico,
amenazas a personal de servicios sanitarios, ataques a ambulancias
y prohibición de su circulación, y bloqueos de acciones
preventivas como las campañas de vacunación. Según
el Observatorio para los derechos humanos de la Vicepresidencia
de la República, entre enero y agosto de 2002 se registraron
más de 25 casos de este tipo de infracciones. Según
el Ministerio de Salud, más del 80% de las infracciones contra
la misión médica consistió en atentados contra
la vida e integridad personal, por homicidios, amenazas y privación
temporal de libertad en retenes. El 20 de marzo, por ejemplo, en
una carretera en el municipio de San Carlos, cuatro personas murieron,
entre ellas una mujer embarazada, al explotar una granada lanzada,
al parecer, por las FARC-EP, contra la ambulancia que transportaba
a la mujer. El 11 de diciembre, el personero de San Carlos de Guaroa
(Meta), quien era transportado en una ambulancia, fue víctima
de una toma de rehenes atribuida a grupos paramilitares.
j) Ataques a bienes civiles
50. Se incrementaron los ataques a bienes civiles, y en particular
a la infraestructura estatal, por parte de los grupos guerrilleros,
con graves consecuencias sobre el suministro de energía eléctrica
y de agua, sobre la frágil red vial y sobre el medio ambiente
natural. Tales ataques causaron igualmente numerosas muertes de
civiles. Según la Dirección de Policía Judicial
(DIJIN), esas acciones aumentaron en un 49% en los siete primeros
meses del año (los actos de voladura de puentes pasaron de
2 a 11 mensuales, y las destrucciones de torres de energía,
de 21 en 2001 a 55 en los primeros siete meses de 2002). Los ataques
perpetrados por las guerrillas de las FARC-EP y del ELN contra el
oleoducto Caño Limón-Coveñas, aunque en número
inferior respecto al año 2001, causaron daños graves
al medio ambiente natural.
51. Los ataques indiscriminados de los grupos guerrilleros y paramilitares,
así como el uso indiscriminado de la fuerza pública
en algunos operativos militares, causaron importantes daños
a los bienes de carácter civil. En otros casos, tanto los
ataques de los grupos armados ilegales como las acciones castrenses
incluyeron el pillaje y la destrucción de bienes. Tal fue
el caso de la vereda La Unión, en la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó (Antioquia), en marzo, y el de
la localidad de El Limón en agosto.
k) Utilización de minas antipersonales
52. La utilización de minas aumentó considerablemente.
Según el Monitor de Minas Terrestres, 256 municipios estuvieron
afectados por la presencia de minas, en 28 de los 31 departamentos
del país. Las FARC-EP, el ELN y los paramilitares, en este
orden, han sido los principales responsables, y Antioquia, Santander
y Cauca los departamentos más afectados. En los últimos
años ha habido un fuerte crecimiento del número de
víctimas (en 2001 se registraron 203, y hasta julio de 2002
ya se contabilizaban 129) y de accidentes (201 en 2001 y 129 hasta
julio 2002). De las 130.000 minas que se estiman sembradas en Colombia
hasta principios de enero de 2002, los grupos armados no estatales
ubicaron la gran mayoría, y el Ejército colombiano
habría mantenido aproximadamente 18.000 minas para defender
posiciones estáticasz.
53. Las nuevas tendencias resultan ser de grave preocupación,
puesto que todos los grupos armados al margen de la ley han adquirido
una capacidad impresionante de fabricación inmediata e in
situ de minas artesanales, con posibilidades mucho más limitadas
para su control. De preocupación particular fue el uso masivo
por los grupos guerrilleros de minas antipersonales en zonas fuertemente
disputadas, especialmente en el municipio de Cocorná, oriente
antioqueño, o en municipios del Norte de Santander y de la
región de San Vicente del Caguán. La Oficina tuvo
información de que el Ejército minó a principios
del año la zona del cerro de Munchique, zona neurálgica
para las comunicaciones en el suroccidente colombiano. El batallón
José Hilario López en Popayán alegó
que se trató de una medida excepcional necesaria para la
protección de la central eléctrica, pues la zona había
sido atacada masivamente por la guerrilla, y que la zona con minas
está perfectamente señalizada para evitar que los
civiles puedan ser afectados.
Referencias
a. Véanse el análisis del estado de conmoción
interior en los párrafos 63 a 66 del informe y el análisis
de la administración de justicia e impunidad en los párrafos
78 a 87.
b. Véase la información sobre el desplazamiento en
los párrafos 88 a 94 del informe.
c. Véase, por ejemplo, el informe de la Contraloría
General de la República "Colombia: entre la exclusión
y el desarrollo", de julio de 2002.
d. En el decenio de 1990 se mantuvo por encima del 19%.
e. Véase nota c supra.
f. Por otra parte, la aplicación e interpretación
de la circular 042 del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de
noviembre de 2002, puede dificultar aún más el acceso
de los desplazados a la salud.
g. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
Encuesta Continua de Hogares, octubre de 2002
h. Véase el diagnóstico en Departamento Nacional
de Planeación,"Bases del Plan Nacional de Desarrollo
2002-2006".
i. Véase la nota 8 del informe.
j. El Comité Interinstitucional contra el Tráfico
de Mujeres, Niños y Niñas, indicó que a 1999
cerca de 50.000 mujeres colombianas habían sido víctimas
de la trata de personas en el exterior (informe ejecutivo sobre
tráfico de personas en Colombia, Gestión Comité
Interinstitucional (1998-2002)).
k. Cifra reportada por Medicina Legal durante el período
de enero a octubre de 2002.
l. UNICEF, "La niñez colombiana en cifras", noviembre
de 2002, pág. 42.
m. Cifra publicada en el periódico El Tiempo el 29 de noviembre
de 2002, de la información obtenida de la "Encuesta
sobre caracterización de la población entre 5 y 17
años en Colombia" realizada por el DANE.
n. Véase la nota l supra, pág. 46.
o. Véase comunicación del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Vicepresidencia
de la República, Estadísticas 2002, 8 de noviembre
de 2002, pág. 3.
p. Véanse los párrafos 30 y 31 del informe.
q. Véase el informe de la Oficina sobre la misión
de observación en el Medio Atrato (Bojayá, 9 a 12
de mayo de 2002), de 20 de mayo de 2002, realizada en desarrollo
de su mandato y a solicitud expresa del Gobierno colombiano.
r. A los efectos de este informe, se entiende por terrorismo los
actos comprendidos en los términos del artículo 4.2.c
del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto
de 1949 relativo a la protección de víctimas de los
conflictos armados sin carácter internacional, y los actos
o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población
civil, prohibidos por el artículo 13.2 del mismo instrumento.
s. Véase el capítulo V del informe.
t. Declaraciones del vocero del ACNUR, Kris Janonski, en rueda
de prensa del 21 de mayo de 2002. Palacio de las Naciones, Ginebra,
Suiza "Colombia: preocupación del ACNUR por el reclutamiento
de niños refugiados".
u. Véase la nota l supra, pág. 44.
v. "Informe 1.379", Coalition to stop the use of child
soldiers, noviembre de 2002.
w. Como los reportados en el departamento de Sucre y en Medellín
atribuidos a grupos paramilitares y en el departamento del Huila
a las FARC-EP. Se destaca con preocupación la violación
sexual de una menor atribuida a un miembro del Ejército Nacional
en el departamento de Antioquia.
x. Estos casos se habrían presentado en Barrancabermeja
(Santander), Santander de Quilichao (Cauca), Turbo (Antioquia) y
Puerto Asis (Putumayo).
y. Véase el informe sobre el avance del seguimiento a las
recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre
la violencia contra la mujer, Sra. Radica Coomaraswamy, de la mesa
de trabajo "Mujer y conflicto armado".
z. Reporte Monitor Minas Terrestres 2002; reporte 2002 Colombia,
septiembre 2002, pág. 59, citando los reportes sobre las
prácticas de derechos humanos 2001, publicado en marzo del
2002 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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