Intervención de Juliette De Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Presentación Análisis de la situación de derechos humanos
entre el 1 de enero de 2023 y junio 30 de 2023
Bogotá, Agosto 15 de 2023
Hoy presento el análisis de la situación de derechos humanos de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por una parte esta presentación celebra el enfoque de derechos humanos de este Gobierno, su apertura a los temas de derechos humanos y su compromiso con la garantía de los derechos humanos – lo que ha resultado en varias reformas importantes e impactos positivos- algunos de los cuales detallaré más adelante.
Y, por otro lado, hablaré de las preocupaciones y los desafíos que vemos en el territorio y que recomendamos atender con urgencia por la situación que vive la población en varios lugares del país y la afectación a sus derechos.
Preocupa en particular la continua expansión territorial de grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido.
Tenemos varias recomendaciones pero la principal que quiero subrayar desde el inicio de esta presentación es la necesidad de hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad humana en los territorios. Y la necesidad de articular mejor a las autoridades locales, regionales y nacionales del Estado y del Gobierno en territorio para fortalecer la presencia integral del Estado, empoderar a las organizaciones de base y proteger a la población civil frente al actuar de los grupos.
Avances
Empezando por lo primero, quiero:
Celebrar el enfoque de derechos humanos del actual Gobierno que ha permitido avances cómo:
- La adopción de una nueva política de seguridad humana – se trata de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana para la Vida y para la Paz – que es una nueva política de seguridad con un enfoque integral de derechos; con un cambio de paradigma importante y necesario – que pone la protección de las comunidades y del medio ambiente en el centro de su acción; que parte de un diagnóstico realista y acertado de la situación territorial y de las causas estructurales del conflicto; que busca proteger la vida precisamente construyendo una nueva relación de confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad – a través de la participación y que reconoce que la seguridad no es un tema exclusivamente militar y policial, pero que es un asunto fundamentalmente político que concierne a toda la sociedad. Es una política ejemplar. Que tiene que implementarse de manera urgente en territorio – de manera articulada por las distintas entidades de Gobierno y de estado en coordinación con la ciudadanía. Esa es la prioridad para Colombia.
- Otro avance ha sido, la priorización en las políticas públicas de protección de las personas defensoras de derechos humanos, como el fortalecimiento de la protección colectiva a través del Decreto 660 o el relanzamiento de Programa Integral de Garantías para mujeres defensoras.
- También quiero mencionar el progreso en la formulación de una política de drogas con un enfoque no punitivo y de derechos.
- Además del reconocimiento de la población campesina como sujeto de derechos en línea con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.
- El impulso al desarrollo rural integral a través de varias apuestas para incrementar el acceso a tierras.
- La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, y su proceso participativo y de consulta que refleja el esfuerzo de construcción con la ciudadanía y desde las necesidades de los territorios y los pueblos étnicos.
- El progreso en la formulación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En esta etapa final es importante que el Presidente Petro convoque a la CNGS para la adopción oficial de la política.
- La Instalación de la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz frente a las sanciones propias y la reparación.
- A nivel internacional, la Oficina felicita al Estado Colombiano por la Resolución sobre Colombia que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, el pasado 13 de julio en Ginebra (Suiza), para fortalecer la garantía de derechos humanos y la construcción de paz.
- Saludamos, la confianza, el excelente relacionamiento, y la disposición de cada una de las carteras del gobierno para trabajar conjuntamente en la protección de los derechos humanos. En particular con el Ministerio de Defensa, del Interior, de Justicia, de Agricultura y con la Vice Presidencia en lo que concierne los sujetos de especial protección y a la situación en el Pacífico.
- Nos alienta además, el compromiso de la Radio y Televisión Pública -Señal Colombia- de difundir información sobre estándares internacionales de derechos humanos.
Consideramos que todas las anteriores acciones, entre otras que no he mencionado, son pasos fundamentales e indispensables para reducir la violencia y su impacto en las comunidades.
Homicidios de defensores
En el primer semestre de 2023, La Oficina ha observado que se registró una disminución del 19% en los casos verificados de homicidios de personas defensoras en comparación al semestre anterior de julio a diciembre 2022. Esto es positivo, pero el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable.
En el primer semestre del 2023 verificamos 46 casos de homicidio de personas defensoras. 39 hombres y 7 mujeres. 11 indígenas, 9 afrodescendientes y 15 campesinos. 35% de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas eran miembros de Juntas de Acción Comunal.
En comparación con el segundo semestre del 2022, se destaca el aumento de casos de homicidios de personas defensoras en Cauca (12 homicidios en el primer semestre de 2023). Los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Valle de Cauca también mantuvieron registros muy altos.
En cuanto a los presuntos perpetradores, de los 46 casos verificados se obtuvo información de que en 25 casos podría estar involucrado un grupo armado no estatal (es decir más del 50% de los casos).
En lo que concierne a los desplazamientos – la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios- (OCHA) registró una disminución de 33% de los casos de desplazamiento si se compara el primer semestre del 2023 al semestre anterior y un aumento de 2% de los casos de confinamiento en el mismo periodo. Mientras que la Misión de Verificación de Naciones Unidas verificó dos casos menos de asesinatos de excombatientes, en este periodo.
Masacres
Al finalizar el primer semestre del 2023, ONU Derechos Humanos ha observado un aumento del 11% en el número de masacres verificadas respecto al segundo semestre del 2022. Hasta la fecha hemos verificado 52 masacres[1] ocurridas en el primer semestre de 2023.
En las masacres verificadas se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Indice de violencia
Como parte de nuestro trabajo, ONU Derechos Humanos ha decidido actualizar, semestralmente, el Índice de Impacto de la Violencia en Colombia, que se publicó por primera vez en julio de 2022. El índice busca identificar los municipios más afectados por la violencia con base en las cinco variables antes mencionadas: i) homicidios de personas defensoras verificados por ONU Derechos Humanos; ii) masacres verificadas por ONU Derechos Humanos; iii) homicidios de excombatientes reportados por la misión de verificaciòn; iv) tasa de confinamiento por 100.000 habitantes reportada por OCHA; y v) tasa de desplazamiento por 100 mil habitantes reportada por OCHA. El índice identifica municipios impactados por la violencia y los clasifica en una de tres categorías: 1) impacto crítico; 2) impacto muy alto; y 3) impacto alto.
En el segundo semestre de 2022, el Índice identificó 117 municipios más afectados por la violencia, que se ubicaban en 26 departamentos, mientras que para el primer semestre de 2023 identificó 114 municipios ubicados en 24 departamentos.
En cuanto a microrregiones, en el primer semestre de 2023, se destaca la concentración de municipios identificados por el índice en la categoría “muy alto” y “alto” en el Norte de Cauca (11municipios), en el Pacífico Nariñense (7 municipios), en Sur de Bolivar (5 municipios), en Catatumbo (4 municipios) y en Arauca (4 municipios).
Expansión territorial
En los últimos tres años, la Oficina ha verificado con preocupación información sobre la continua expansión de la presencia de grupos en diversos territorios. La expansión territorial de actores armados no estatales en varios departamentos, como Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare a los que he visitado recientemente viene acompañada de medidas de control social violentas, que incluyen: homicidios, amenazas, reclutamiento infantil, carnetización de la población, restricciones a la libertad de movimiento, horarios y el control del manejo de la información en las comunidades, entre otras.
Estas situaciones afectan de manera particular a los pueblos indígenas y afrodescendientes, y a las comunidades campesinas.
Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes
Una de las mayores preocupaciones expresadas por las comunidades es el reclutamiento infantil por parte de los actores armados no estatales. En este sentido, exhortamos a incluir desde un primer momento el cese del reclutamiento infantil y la protección de la niñez en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales.
En el primer semestre del año, la Oficina recibió 57 alegaciones de reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales, de los que a la fecha ha verificado 48 casos y 9 se encuentran en proceso de verificación. En 25 de los 48 de casos verificados en el primer semestre de 2023, las víctimas eran indígenas (17 niños y 6 niñas) y en 2 de afrodescendientes (1 niño y 1 niña). La inseguridad alimentaria y la falta de satisfacción del derecho a un nivel de vida adecuado, la desprotección frente a las violencias basadas en género y la pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto del conflicto, generan una mayor vulnerabilidad de la niñez frente a estas prácticas.
Reglamentos de conducta impuestos por los grupos armados a la población – La Oficina también ha revisado 11 reglamentos de conducta elaborados por parte de los grupos armados no estatales impuestos en comunidades pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Valle del Cauca, Tolima y Nariño. Estos reglamentos de conducta contienen pautas de control social que restringen derechos y tienen como objetivo someter a la población civil al control del grupo armado.
El control que se ejerce sobre la población socaba la autoridad del Estado y afecta directamente el ejercicio de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes de estas regiones.
Afectaciones a la libertad de expresión, restricciones del espacio cívico y contexto preelectoral
Preocupa que, en los últimos meses, en varios territorios, los grupos armados no estatales han implementado estrategias agresivas para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil, cooptar sus espacios y/o suplantar los mismos. También se han visto situaciones en las que Grupos Armados No Estatales instrumentalizan a la población civil y sus organizaciones obligándolas a actuar en contra de su voluntad y a favor de los intereses propios de los grupos armados.
En varios departamentos, la Oficina ha documentado cómo representantes de las JAC están siendo citados permanentemente a reuniones para rendir cuentas a los actores armados no estatales. Esto conlleva a que, en territorios en donde hay más de un grupo armado no estatal, las comunidades y los miembros de las Juntas se enfrenten a la encrucijada de responder a todos los actores armados del territorio y decidir entre órdenes que pueden ser contradictorias, todo esto bajo amenazas a la vida y la integridad personal.
El control y la violencia ejercido por estos grupos limita la capacidad de las comunidades de informar sobre su situación, de exigir a las autoridades respuestas, de poner sus agendas y demandas a la luz pública, y de expresar sus necesidades.
Además, el efecto cumulativo de restricciones y normas impuestas violentamente por actores armados no estatales ha generado un deterioro para la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos, lideres, lideresas y comunidades en los territorios, creando además una situación de riesgo para el ejercicio de derechos civiles y políticos en el futuro contexto electoral.
Homicidios de candidato/as y lideres políticos
En el primer semestre del 2023, la Oficina recibió alegaciones sobre 18 homicidios y una desaparición forzada de lideres y lideresas políticas. De estos 19 casos, dos eran mujeres. Uno era afrodescendiente, dos eran indígenas, y siete eran campesinos. Los departamentos con el mayor número de casos son: Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle de Cauca y Nariño.
Además de estos actos de violencia letal, la Oficina ha recibido reportes en Antioquia, Amazonas, Arauca, Caquetá Chocó, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Meta, Tolima y Putumayo sobre prohibiciones para entrar en ciertas partes del territorio a una serie de candidatos y para hacer campaña.
Violencia Sexual
Durante el primer semestre de 2023, la Oficina recibió 42 alegaciones de violencia sexual y basada en género en el marco del conflicto, de las cuales 27 han sido verificadas, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
Preocupan especialmente las dinámicas de trata con fines de explotación sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales y las violaciones de mujeres y niñas. Estas afectaciones diferenciales ponen de manifiesto la necesidad de medidas específicas para fortalecer la protección y la participación efectiva de mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en todos los espacios de diálogo y toma de decisiones para la construcción de paz.
La Oficina valora positivamente la realización de los Foros Macrorregionales para la construcción del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Llamamos a que estos aportes sirvan para garantizar que las voces de las mujeres, en toda su diversidad, sean tenidas en cuenta en la agenda de paz del país.
Extorsión
Por último, preocupan también las últimas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el país, que se suman a los reportes de las comunidades, según los cuales habría un aumento en las amenazas y particularmente en la extorsión en los territorios. De las 27 Alertas Temprana emitidas por la Defensoría del Pueblo en 2023 se identificó que en 24 de ellas las extorciones son un factor de riesgo para la población civil. La extorsión afecta a las economías locales más frágiles y a las comunidades más vulnerables en los territorios.
En cuanto a las recomendaciones – creemos que este Gobierno tiene toda la capacidad para superar estos retos.
Mi primer llamado es a los grupos armados no estatales – a respetar la vida, a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos y demostrar genuinamente su compromiso con la paz respetando a la población civil.
Es importante que la voluntad de negociar expresada por los grupos se demuestre en un cambio en el trato que le dan a la población civil. Como lo dijo el Presidente Petro en la Plata, Huila, realmente la prioridad en Colombia no es el cese de fuego entre los actores armados y las fuerzas armadas, la prioridad y cito al Presidente “es que la organización ilegal respete integralmente los derechos de la población”.
Mientras las negociaciones avanzan es necesario reforzar el control territorial del Estado y proteger a la población, empoderando a los procesos organizativos que se ven debilitados por el accionar de los grupos.
En este sentido, creemos importante reforzar la petición de una serie de plataformas humanitarias, de derechos humanos, de organizaciones de mujeres, de organizaciones comunitarias, de autoridades y organizaciones indígenas y afrodescendientes y de juntas de acción comunal para que el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los Derechos Humanos sean ejes centrales de las negociaciones con los grupos armados no estatales.
En particular, es prioritario que los grupos armados muestren su buena fe, respetando la integridad de líderes y lideresas en el territorio, de personas defensoras de derechos humanos, eliminando el reclutamiento infantil, las acciones que generan el confinamiento de poblaciones, las amenazas, y las restricciones a sus derechos.
Mejor articulación para proteger a la población civil
Como lo dije al inicio de esta presentación – la prioridad para una mejor protección de los derechos humanos es implementar efectivamente la nueva política de seguridad humana para proteger la vida y la población civil en los territorios. Y articular esta política efectivamente con las políticas de desmantelamiento y de paz total.
Quiero reiterar que se requiere una mejor articulación de autoridades locales, regionales y nacionales del Estado y del Gobierno en territorio para fortalecer la presencia integral del Estado, empoderar a las organizaciones de base y proteger a la población civil frente al actuar de los grupos.
Nos preocupa que las poblaciones locales continúan sintiendo el abandono estatal. Y que las organizaciones sociales, territoriales de base y autoridades étnicas se sientan tan presionadas por los grupos armados no estatales. Es urgente, reforzar el control territorial del Estado y frenar la expansión de los grupos armados no estatales.
La Oficina valora la iniciativa de Planes Territoriales para la Paz que el Ministerio del Interior viene impulsando para avanzar con una apuesta de despliegue territorial integral y sostenible en puntos críticos del país. Saludamos el primer paso de hacer llegar la institucionalidad a Charras en el departamento de Guaviare. Creemos urgente y necesario que estas iniciativas se puedan desarrollar de tal manera que se establezca una presencia permanente en los territorios, de manera más ágil y oportuna y reiteramos nuestra disponibilidad y cooperación técnica para apoyar el proceso según lo considere el Gobierno.
Prevención y protección de personas defensoras
Como lo he dicho en varios espacios – la riqueza más grande que tiene Colombia es su movimiento organizativo territorial y de las bases. Único en el mundo. Este tejido social ha servido para proteger la vida, la democracia, la paz, la dignidad, el territorio, los derechos humanos y el medio ambiente durante generaciones.
Frente a la debilidad del Estado en los territorios más afectados por la pobreza, por el conflicto y la violencia, el recurso más valioso que tiene Colombia, hoy, es su gente y sus organizaciones. Esto lo saben los grupos armados – por ello tratan de destruir esta capacidad organizativa – uno de los ejemplos más graves es lo que está pasando con el Pueblo Nasa en el Cauca o con el Pueblo Awa en Nariño. Además hay otros territorios y pueblos afectados.
Hoy los grupos armados están implementando estrategias agresivas y deliberadas para destruir o de cooptar la capacidad organizativa de los territorios para dotarse de una legitimada que carecen.
Por eso recomendamos que el Gobierno impulse un dialogo estructurado permanente con los movimientos organizativos y de base territorial – independiente de los diálogos con actores armados – para empoderar y trabajar con quienes defienden la paz y mitigar el riesgo que está generando la presión de los grupos armados.
La Oficina valora que al inicio de este Gobierno se adoptara e impulsara el Plan de Emergencia para la prevención y protección de personas defensoras. Se recomienda que se pueda instalar lo más pronto posible la Mesa Nacional de Garantías como el espacio de participación central entre el Gobierno y la sociedad civil en temas de garantías para que las y los defensores puedan desarrollar su crucial labor.
Reconocemos el impulso que se ha dado a algunas de las mesas territoriales de garantías en algunos departamentos y regiones, pero también consideramos que estos espacios deberían de impulsarse con urgencia en todos los departamentos del país. Consideramos positivo que el Ministerio del Interior esté trabajando actualmente en una Política de Prevención de la Violencia y en una Política Nacional de Garantías. Confiamos en que en este año puedan estar ambas políticas terminadas y adoptadas tras un proceso de concertación con las organizaciones de la sociedad civil.
Protección de comunidades étnicas en situación de riesgo
La crítica situación que aún afrontan los pueblos indígenas y afrodescendientes para acceder al pleno ejercicio y goce efectivo de sus derechos individuales y colectivos como consecuencia del impacto del conflicto armado y la violencia requiere una acción decidida y conjunta del Estado en materia de protección y del gobierno nacional para la reparación y garantía de sus derechos como sujetos de especial protección de acuerdo con estándares internacionales.
La Oficina ha observado que existen tres rutas de acción que contribuyen al logro del propósito de proteger, garantizar y reparar derechos. En este sentido, recomienda al Gobierno Nacional adelantar, actualizar y concluir las medidas necesarias como la Ruta Étnica de Protección, los planes de salvaguarda, y los planes de salvaguardia ordenados por la Corte Constitucional -en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos 004 y 005 de 2009- para garantizar la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Mujeres, Paz y Seguridad
Felicitamos los esfuerzos realizados por el Gobierno en el proceso de Consulta del Plan de Acción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad y tenemos la esperanza que las prioridades de las mujeres guiaran el accionar del Gobierno en temas de paz. Las mujeres de Colombia sentaron un hito en cuanto a su participación en el Acuerdo final de La Habana y esperamos que su papel y representación siga siendo hoy clave en los esfuerzos de construcción de paz y protección territorial en el país.
Cooperación técnica de la oficina
ONU Derechos Humanos entiende la importancia histórica del actual momento del país y de las políticas que se quieren implementar, por ello está trabajando de la mano con el Estado brindando asesoría técnica: en la política nacional de garantías para persona defensoras, el plan de acción para derechos humanos, el proyecto de Ley estatutaria sobre protesta social, en la incorporación de estándares internacionales en la respuesta a las protestas, a la garantía de derechos de sujetos de especial protección, en la difusión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, en el análisis conjunto de la situación de reclutamiento infantil, en la construcción de un sistema de información sobre violencia contra mujeres periodistas, en la reforma y fortalecimiento de la Policía, en la construcción de la política de desmantelamiento del fenómeno criminal, en la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, entre otros.
Aprovecho para reiterar el compromiso de ONU Derechos Humanos para contribuir, a través de su asistencia técnica, su experiencia en el terreno y su monitoreo, en los esfuerzos para lograr una participación significativa de las comunidades, la protección y garantía de la vida y de los derechos humanos y la construcción de una paz y una democracia estable y duradera para Colombia.
Nos solidarizamos con las comunidades y los familiares de todas las personas, incluyendo miembros de la fuerza pública, que han sido y son víctimas de la violencia.
[1] ONU Derechos Humanos, n el primer semestre, alegaciones de 63 casos de posibles masacres, de los cuales ha verificado 52, 4 siguen en proceso de verificación y 7 fueron considerados no concluyentes. En las 52 masacres verificadas se registraron 168 víctimas: 124 hombres, 25 mujeres, 16 niños y 3 niñas. Además, 10 víctimas eran indígenas.
08-15-2023 infografía análisis de la situación del primer semestre
