Declaración del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos humanos al final de su visita a Colombia (09 de agosto de 2024)
Introducción
En nuestra calidad de expertas del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, hoy hemos finalizado nuestra visita a Colombia, que tuvo lugar del 29 de julio al 9 de agosto de 2024. La delegación estuvo compuesta por la Presidenta Fernanda Hopenhaym Cabrera, y por Pichamon Yeophantong. Agradecemos al Gobierno de la República de Colombia por su apoyo en la facilitación de esta visita y por su disposición a abordar cuestiones de empresas y derechos humanos, y en particular al Ministerio de Relaciones Exteriores por su cooperación en la organización de la misma. El objetivo ha sido identificar oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (“Principios Rectores”) en Colombia, con el fin de prevenir los abusos a derechos humanos (DDHH) relacionados con la actividad empresarial, y fortalecer el acceso a la justicia y a una reparación efectivas.
Durante nuestra visita, nos hemos reunido con diferentes representantes de alto nivel del Gobierno de la Nación, incluyendo la Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejera Presidencial para los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como representantes de los siguientes Ministerios: Agricultura; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Comercio Industria y Turismo; Defensa; Interior; Minas y Energía; Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Transporte; y Trabajo. También con representantes de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado; Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Migración Colombia; Unidad de Restitución de Tierras (URT); y Unidad Nacional de Protección. Adicionalmente, hemos conversado con el Banco de la República y las Superintendencias Financiera, de Industria y Comercio y de Sociedades. A nivel subnacional, el Grupo de Trabajo se reunió con representantes de gobiernos departamentales del Putumayo, La Guajira y Antioquia, así como autoridades de 10 municipios y enlaces territoriales de autoridades nacionales como ANLA y URT, defensorías regionales, personerías y corporaciones regionales ambientales como CORPOGUAJIRA y CORANTIOQUIA.
En materia de ministerio público y órganos de control se llevaron a cabo diálogos la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, nos reunimos con órganos de justicia tales como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Finalmente, sostuvimos diálogo con la Comisión Quinta de la Cámara de Senadores de la República y miembros de la Cámara de Representantes invitados a la misma.
De igual forma, el Grupo de Trabajo mantuvo reuniones con diferentes representantes de Pueblos Indígenas, comunidades Afrodescendientes, comunidades campesinas, personas defensoras de derechos humanos, personas trabajadoras, representantes sindicales, niños, niñas y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil de nivel nacional y regional y academia.
El Grupo de Trabajo también se reunió con representantes y empresas miembro de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Mocoa y Putumayo y la Cámara de Comercio de Medellín; con asociaciones empresariales como ANDI, Asobancaria, Asociación Colombiana de Minería, Comité Minero Energético y representantes de iniciativas multiactor como Guías Colombia, Grupo de Trabajo de DDHH y Carbón, Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y Pacto Global, sumado a reuniones bilaterales mantenidas con representantes de 13 empresas. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo se reunió con representantes del sistema de las Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo agradece al gobierno de Colombia por haber apoyado y facilitado la visita, y que se haya mostrado dispuesto a participar en un debate constructivo para abordar cuestiones de agenda de empresas y derechos humanos. El Grupo de Trabajo agradece la receptividad y buena disposición de todas las personas y los interlocutores, y especialmente de quienes debieron desplazarse largas distancias, para entablar un diálogo
abierto y franco con las expertas. Agradece también el Grupo de Trabajo el apoyo brindado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH en Colombia.
En nuestra declaración, quisiéramos esbozar algunas observaciones iniciales de nuestra visita. Nuestro informe de visita oficial se presentará en el 59º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025 e incluirá observaciones y recomendaciones adicionales y más detalladas.
Contexto
El Grupo de Trabajo observó problemas estructurales que dan cuenta de los enormes retos del país en materia de protección y respeto a los derechos humanos en el contexto empresarial. El modelo económico imperante, basado en la explotación de los recursos naturales con proyectos a gran escala territorial y de volumen de producción, ha marginalizado sistemáticamente a las comunidades Indígenas, Afrodescendientes y campesinas, socavando sus formas de vida tradicionales y generando brechas de desigualdad persistentes. Aunado a ello, la huella del conflicto armado y la presencia, aún hoy, de grupos armados no estatales y de actividades económicas ilícitas, generan dinámicas de violencia, disputas territoriales y persecución de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y sindicales. Por ejemplo, según datos de Global Witness, Colombia resultó ser en 2022 el país con la mayor tasa de homicidios del mundo para las personas defensoras del medioambiente.
Asimismo, la falta de reconocimiento y reparaciones históricas por vulneraciones de derechos humanos generadas por empresas, o en el contexto de sus operaciones, dificultan la construcción de confianza y de espacios de diálogo entre éstas y las poblaciones afectadas. Si bien existen avances regulatorios, de política pública y desde la iniciativa privada, junto con un proceso de justicia transicional muy importante, el tamaño del desafío no es proporcional a las medidas tomadas hasta el momento en materia de derechos humanos y empresas, e identificamos grupos poblacionales en una situación de riesgo crítico constante.
Las observaciones preliminares que detallaremos a continuación nos alarman y es por ello que realizamos un llamado a la acción urgente por parte del Estado y del sector empresarial para abordar estas problemáticas profundamente arraigadas en el país.
Observaciones sobre las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos
Políticas de estado
El Grupo de Trabajo reconoce la conciencia sobre la importancia de la agenda de empresas y derechos humanos por parte de actores relevantes del Estado, así como los esfuerzos que se están adelantando. Sin embargo, subrayamos la urgente necesidad de fortalecer las iniciativas legislativas, administrativas, de política pública y presupuestarias relacionadas con la agenda de empresas y derechos humanos.
Si bien Colombia fue el primer país de la región en desarrollar un Plan Nacional de Acción (PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos (2015) y un segundo PNA en 2020, se han señalado críticas respecto a su participación, implementación, eficacia y mecanismos de seguimiento. Actualmente, el gobierno tiene la oportunidad de mejorar sus políticas en la materia y de abordar los retos identificados en el Memorando de Política Pública sobre Empresas y Derechos Humanos elaborado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Invitamos al gobierno a avanzar hacia la materialización efectiva de políticas de estado en lugar de solo políticas de gobierno, mediante procesos participativos con todas las partes interesadas a nivel nacional y subnacional.
Institucionalidad
El Grupo de Trabajo ha identificado un notable centralismo, con una deliberación concentrada en entidades nacionales y una falta de mecanismos de territorialización hacia los gobiernos locales. A nivel nacional, se evidencia un buen conocimiento sobre los Principios Rectores dentro de instituciones ambientales y de
derechos humanos, pero no se observa lo mismo en las instituciones responsables de la regulación del comercio y la inversión. Las autoridades departamentales y municipales, que a menudo son las primeras en responder a las demandas ciudadanas e incluso a la implementación de sentencias judiciales, carecen de los recursos y la información necesarios para hacerlo adecuadamente.
El Grupo de Trabajo destaca el déficit en los mecanismos para la participación ciudadana y el acceso a la información. Si bien existen audiencias ambientales públicas y está consagrado el derecho a la consulta previa en el marco legal, cuya pertinencia se discutirá más adelante, prevalece la falta de información pública adecuada y accesible y los mecanismos de abordaje de conflictos son insuficientes. Se reconoce el papel de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Industria y Comercio, con iniciativas importantes, pero estos esfuerzos son fragmentados y carecen de una acción institucional coherente.
El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por la falta de coordinación entre agencias gubernamentales y exhorta a mejorar la alineación y colaboración entre ellas. Se observan tensiones entre entidades regionales y nacionales y se subraya la necesidad de implementar requerimientos de respeto y garantía de derechos humanos en todos los procesos de permisos empresariales, incluyendo la otorgación de concesiones, títulos y licencias ambientales.
Desarrollos Legislativos y Regulatorios
El Grupo de Trabajo toma nota de la Ley 2099 de Transición Energética, la Ley 2327 sobre Pasivo Ambiental y la Ley 2387 que reforma el procedimiento sancionatorio ambiental. También reconoce los esfuerzos del Ministerio de Minas y Energía para reformular la Ley Minera y actualizar el Código de Minas, y alienta a avanzar hacia un marco normativo más protector que incluya lineamientos claros para los cierres mineros, así como a la actualización definitiva de su política sectorial en DDHH. Asimismo, el Grupo de Trabajo tomó atenta nota sobre la intención de congresistas de presentar un proyecto de ley que establezca la responsabilidad penal de personas jurídicas y queda atento a su progreso. También queda a la expectativa de la revisión de constitucionalidad del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), instrumento de suma importancia dado el contexto del país. El Grupo de Trabajo invita a la Corte Constitucional a tomar una resolución al respecto en el corto plazo.
El Grupo de Trabajo reconoce los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo de redactar un proyecto de ley sobre debida diligencia en derechos humanos, así como el interés manifestado por otros actores en avanzar hacia legislaciones específicas en la materia. Llamamos a que cualquier iniciativa de ley sobre derechos humanos y empresas se realice a través de un proceso participativo amplio a nivel nacional y subnacional.
También se reconocen los esfuerzos actuales para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria, por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Grupo de Trabajo vio con preocupación las dificultades para avanzar en una reforma laboral integral, que aborde los principales retos en la materia. Instamos a que se continúen los esfuerzos, así como exhortamos al estado colombiano a ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Alineación de Políticas con Estándares Internacionales de Derechos Humanos
El Grupo de Trabajo identificó que los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no se reflejan adecuadamente en las leyes y prácticas colombianas. A pesar de que Colombia es el país con más consultas previas desde la adopción del Convenio 169 de la OIT, los estándares en este derecho son poco claros, incluso considerando la sentencia SU 123 de 2018 de la Corte Constitucional. Por un lado, el Grupo de Trabajo observó que los procesos de consulta se realizan después del otorgamiento de concesiones y/o permisos de exploración, lo cual implica que el carácter de consulta previa no se cumple. Por otro lado, los procesos de consulta que lidera la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa deben resultar siempre
en acuerdos. Solo en tres casos específicos y excepcionales se garantiza que el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas y comunidades Afrodescendientes sea vinculante. Además, cuando los Pueblos Indígenas o comunidades Afrodescendientes no participan o no se alcanza un acuerdo, el Estado aplica el Test de Proporcionalidad como mecanismo subsidiario, lo que representa una regresión en la implementación del Convenio 169 de la OIT y de los Principios Rectores. Exhortamos al gobierno a revisar este mecanismo y su aplicación conforme a los instrumentos internacionales que consagran el derecho al consentimiento previo, libre e informado para comunidades étnicas.
Observaciones sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
El Grupo de Trabajo observa con preocupación la falta de una obligación clara para las empresas que establezca su responsabilidad jurídica y exija procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos de manera unificada con claras expectativas de conducta, incluyendo una debida diligencia reforzada en contextos de conflicto armado.
A pesar de lo anterior, el Grupo de Trabajo reconoce el fortalecimiento de capacidades por parte del sector empresarial sobre los Principios Rectores, el cual se ha dado principalmente en empresas grandes, logrando un lenguaje común sobre requerimientos mínimos y las expectativas internacionales en materia de DDHH que sobre ellas recaen. El Grupo de Trabajo identifica que el sector empresarial en Colombia es heterogéneo y su nivel de desarrollo en materia de derechos humanos difiere en función del tamaño de las empresas, el sector y su ubicación geográfica. En este sentido, se evidenció un fuerte contraste entre avances de grandes empresas y el escaso o nulo conocimiento sobre estos estándares en regiones más alejadas de la capital o en empresas pequeñas y medianas. Más aún, se observa una notable falta de entendimiento sobre las diferencias entre acciones de responsabilidad social empresarial o filantropía y lo que implica la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
El sector empresarial a nivel central ha avanzado en el diseño de políticas corporativas y, en algunos casos, la implementación de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. Sin embargo, estos avances no han logrado contribuir a resolver problemas estructurales e históricos como son el reconocimiento de responsabilidad por abusos a los DDHH en el pasado, el cumplimiento de decisiones judiciales que tutelan derechos fundamentales, la protección de personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, el involucramiento del sector empresarial por acción u omisión en las dinámicas del conflicto armado interno, el lento y frágil avance de los esfuerzos hacia la paz y la influencia indebida del sector empresarial en la toma de decisiones públicas. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo ha identificado con preocupación prácticas empresariales que socavan el respeto por los derechos humanos, incluso el derecho al ambiente, al utilizar los mecanismos internacionales de resolución de controversias para reclamar indemnizaciones exorbitantes al Estado cuando éste intenta ampliar la protección derechos.
Por otra parte, algunas empresas y cámaras de comercio han demostrado un alto compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad, LGTBIQ+, víctimas del conflicto, entre otros, incluyendo empresas de diferentes sectores como bancos comerciales y medianas empresas de floricultura y servicios, especialmente en algunas regiones. En el sector financiero, el Grupo de Trabajo recibió con interés el reconocimiento de sus responsabilidades en sus relaciones comerciales y la puesta en marcha de prácticas para prevenir y mitigar impactos.
Adicionalmente, el Grupo de Trabajo destaca los esfuerzos de iniciativas multiactor para el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de lineamientos de manera colaborativa, como los impulsados por Guías Colombia, ANDI, y Fundación Ideas para la Paz. Aunque algunas iniciativas han resaltado la debida diligencia reforzada como requisito para empresas operando en zonas de conflicto, este imperativo ha estado mayormente ausente en las conversaciones del Grupo de Trabajo con el sector privado. Alentamos a que esto sea ampliamente incorporado por las empresas en el país, incluyendo las empresas de control o participación estatal.
Más allá de estos esfuerzos colaborativos, el Grupo de Trabajo reconoce una fractura en la confianza entre el sector empresarial, la sociedad civil y las comunidades, y el Estado; agudizado por décadas de conflicto armado. Por ello, las expertas hacen un llamamiento urgente a todas las partes interesadas, incluyendo las empresas públicas y privadas, a comprometerse profundamente con un proceso de reconciliación, que sólo es posible con el reconocimiento de las afectaciones históricas que han sufrido titulares de derechos y comunidades, y una contribución sustantiva a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. Muchas empresas han comenzado a mejorar sus prácticas, pero esa conducta responsable no debe partir de la actualización de estándares y procedimientos hacia el futuro, sino que debe incorporar los impactos del pasado y deudas históricas en materia derechos humanos, incluido el medioambiente.
Observaciones sobre el acceso a justicia y mecanismos de reparación eficaces
En Colombia, la Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia importante para la protección de los derechos humanos y el ambiente en el contexto de la actividad empresarial. Sin embargo, la fragmentación de jurisdicciones y acciones no facilita el acceso para los titulares de derechos que buscan la protección de sus derechos en el contexto de actividades empresariales. Es particularmente preocupante la falta de mecanismos adecuados para investigar, juzgar y sancionar a empresas involucradas en dinámicas de conflicto armado que aún no se someten a procesos de justicia transicional ni a mecanismos de rendición de cuentas en el país. Las acciones constitucionales, como la Acción de Tutela, se destacan como el mecanismo judicial más utilizado por titulares de derechos para solicitar la protección de derechos fundamentales en contextos empresariales. Estas acciones pueden incluir medidas de ejecución, como el desacato judicial en caso de incumplimiento. Gracias a estas decisiones, se ha logrado salvaguardar derechos como la consulta previa, libre e informada, la protección del medioambiente, y derechos fundamentales como la salud y la integridad personal.
No obstante, el Grupo de Trabajo manifiesta su inquietud ante los significativos desafíos en la implementación de estas sentencias, como la Sentencia SU 698 de 2017 de la Corte Constitucional. Aunque esta sentencia se emitió hace 7 años, aún no se ha ejecutado ni cumplido. Además, se han identificado otras decisiones judiciales que llevan más de 5 años sin ejecutarse. Estos problemas pueden atribuirse, entre otros factores, a la falta de coordinación entre autoridades nacionales y locales, decisiones amplias o difusas, y la falta de control posterior a la emisión de los fallos. La Acción de Tutela, además, carece de mecanismos específicos para asegurar una reparación efectiva en casos puntuales, ya que solo ordena la suspensión de las acciones u omisiones que causan daño, sin abordar la magnitud del perjuicio ni garantizar la no repetición. Este tipo de decisiones tampoco sienta precedente sobre las empresas en cuanto a sus obligaciones en materia de derechos humanos para futuras contrataciones, renovaciones o licencias de operación.
En materia de participación, la decisión de la Corte Constitucional en la sentencia SU 095 de 2018 resalta un déficit en la garantía de mecanismos de participación e información ciudadana. La sentencia abandonó la figura de Consultas Populares y exhortó al Congreso a legislar al respecto. A seis años de esta decisión, la legislación necesaria aún no ha sido implementada y las Consultas Populares fueron suspendidas de inmediato, generando desprotección en materia de participación y acceso a la información.
En el contexto del conflicto armado, Colombia ha establecido jurisdicciones transicionales especiales, como la JEP, además de los tribunales ordinarios. Sin embargo, la sentencia C 674 de 2017 derogó su competencia para para investigar la responsabilidad e involucramiento de actores del sector empresarial en el conflicto armado, permitiendo solo el sometimiento voluntario de terceros civiles. El Grupo de Trabajo considera que la inclusión de las empresas en la competencia automática de la JEP podría contribuir significativamente a la rendición de cuentas de actores no estatales en la justicia transicional y la lucha contra la impunidad.
A nivel operativo, varias empresas han establecido mecanismos de preguntas, quejas y reclamos (PQR) y mantienen vínculos con las comunidades para abordarlos. Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá
destaca por su iniciativa de promover servicios de mediación y arbitraje desde el enfoque de los Principios Rectores. Sin embargo, como ya se mencionó, hay una deficiencia notable en las reparaciones históricas y el reconocimiento de responsabilidades ambientales. Las empresas deben mejorar sus esfuerzos para abordar estos problemas críticos de manera efectiva.
Áreas temáticas destacadas
El Grupo de Trabajo recibió durante su visita información muy vasta sobre problemáticas en materia de derechos humanos y empresas, con algunos temas recurrentes en los intercambios con diferentes actores que detallamos a continuación. Es importante subrayar, no obstante, que no se trata de una lista exhaustiva. Hemos sido, por ejemplo, alertadas sobre cuestiones relacionadas con el comercio de armas y la regulación de las nuevas tecnologías que esperamos abordar en el informe final. Además, el Grupo de Trabajo considera que las cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la igualdad de género, la niñez y juventudes, la salud y la gobernanza de las cadenas de valor son de carácter transversal.
Actividad empresarial en zonas afectadas por conflictos
Durante los 50 años de conflicto armado en Colombia se perpetraron incontables violaciones graves a los DDHH y el DIH. El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC de 2016 marcó un hito histórico. Asimismo, vemos con buenos ojos la iniciativa del actual gobierno de una Paz Total, que busca convocar a todos los actores armados ilegales al diálogo y eventual abandono de las armas. Sin embargo, observamos que la implementación de las iniciativas nacidas del Acuerdo de Paz es insuficiente y que aún persisten tanto disputas sobre el control de recursos estratégicos como la proliferación de cultivos ilícitos. Más aún, el Grupo de Trabajo recibió reportes de un recrudecimiento de la violencia y un aumento en la presencia de grupos armados no estatales en diversas regiones del país.
Grupos armados no estatales y empresas
Según la base de datos de Responsabilidad Corporativa y Justicia Transicional, al menos 439 casos mencionados en 35 sentencias de primera instancia en la jurisdicción especial de Justicia y Paz hasta 2015, han podido establecer la coordinación y financiamiento de parte del sector empresarial con diferentes actores dentro del conflicto armado. Durante 17 años de investigación, dicha jurisdicción especial constituyó 18.000 compulsas de copia enviadas a la Fiscalía General de la Nación. A su vez, la JEP ha abierto el macro caso 08 en el que busca investigar y determinar las responsabilidades en los “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”, y el macro caso 02 sobre crímenes ambientales, incluyendo el uso de glifosato en el combate a los cultivos ilícitos y sus impactos en el medioambiente y la salud de las poblaciones vecinas. Estos son avances importantes, sin embargo, es clave que las instancias nacionales correspondientes actúen de forma diligente, sin dilaciones y con cooperación por parte del sector privado para que se finquen las responsabilidades correspondientes a las empresas y sus ejecutivos o representantes legales.
El Grupo de Trabajo recibió alegaciones de robo de hidrocarburos por parte de grupos armados no estatales, tanto por asalto a carrotanques como por ataques a oleoductos, así como de extorsiones a las empresas operando en distintos territorios del país. Además, diversos actores refirieron no solo a los cultivos ilícitos sino también a la minería ilegal como fuente importante de financiamiento para estos grupos.
Asimismo, esta delegación escuchó denuncias por parte de líderes de comunidades y personas defensoras de derechos humanos en territorios donde operan empresas del sector minero, energético y agrícola, que reciben constantes amenazas, persecución, violencia física y psicológica por parte de grupos armados no estatales para que no interfieran en las actividades de dichas empresas, se abstengan de denunciar y no ejerzan sus derechos a la protesta y la libertad de expresión.
Fuerzas de seguridad pública y empresas de seguridad privada
Numerosas empresas, principalmente del sector minero-energético, celebran convenios de cooperación con instituciones públicas como el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad en sus proyectos y proteger la infraestructura. La presencia de fuerzas militares y de la policía para realizar dichas actividades, en muchas ocasiones con escaso entrenamiento en materia de derechos humanos y seguridad integral, genera desafíos para las personas defensoras de derechos humanos, líderes de comunidades étnicas y campesinas y líderes sindicales, cuya labor se ve limitada. El derecho a la libre movilidad, a la organización social, a la protesta y a defender los derechos humanos es frecuentemente criminalizado. Desde la perspectiva de género, además, se profundizan los riesgos para la seguridad e integridad de las mujeres, así como para niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de Defensa ha referido al desarrollo de un protocolo piloto con enfoque de derechos humanos para la fuerza pública y refirió a un despliegue nacional de la policía en 56 grupos de derechos humanos para la protección de líderes en todos los departamentos. Sin embargo, ha reconocido la necesidad de fortalecimiento en materia preventiva y de protección.
Por otra parte, la contratación de empresas de seguridad privada por parte de las industrias, particularmente en contextos de proyectos a gran escala, puede contribuir a los riesgos de derechos humanos, particularmente por la falta de capacitación y sensibilización en la materia de las personas contratadas. Es clave entonces que las empresas contratantes se conduzcan con debida diligencia para asegurar que sus prestadoras de servicios de seguridad cumplan con los mejores estándares y no profundicen situaciones de violencia y vulnerabilidad.
Medioambiente y cambio climático
La protección de los derechos humanos y del medioambiente deben ir de la mano. A pesar de la normatividad ambiental existente, el compromiso gubernamental con la transición energética justa y la firma del Acuerdo de Escazú, el Grupo de trabajo recibió serias denuncias sobre los problemas de contaminación asociados a la industria minera, energética, agrícola, hortícola y de infraestructura, entre otras. Se nos ha informado de, por ejemplo, el uso ilegal de mercurio en las operaciones de extracción de oro, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. En Putumayo, por ejemplo, recibimos testimonios de comunidades afectadas por derrames de petróleo y la insuficiencia de los esfuerzos de las empresas petroleras y del Estado para prevenir, limpiar y remediar estos derrames, incluso fuera de sus áreas de influencia. Distintos actores, incluidos adolescentes, destacaron ante el Grupo de Trabajo la preocupación por el crecimiento de la crisis del agua limpia en la población rural, incluida la falta de acceso de las comunidades Indígenas y Afrodescendientes que se encuentran en situación de riesgo crítico. En La Guajira, una de las regiones que enfrenta las peores sequías, se nos informó de cómo las comunidades Wayuú se ven especialmente afectadas por la falta de acceso a agua potable y saneamiento. Esta situación se ve exacerbada por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas causada por operaciones empresariales en los sectores agrícola y extractivo. La práctica de algunas empresas de entregar agua potable embotellada a las comunidades como solución es totalmente inadecuada, ya que no resuelve a largo plazo la inseguridad hídrica que afrontan. Además de hacer cumplir el principio de “quien contamina paga”, recomendamos la necesidad de proteger los ríos que son críticos para el sostenimiento de los ecosistemas y los medios de vida, como el río Putumayo, incluso reconociéndolos como sujetos de derechos como es los casos del río Atrato y el río Cauca.
Durante la más reciente COP28, Colombia adhirió al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, un esfuerzo importante por combatir los desafíos asociados a la crisis climática. Sin embargo, es importante enfatizar que la transición energética no sólo debe ser rápida, sino que debe emprenderse con un enfoque basado en los derechos humanos. Aparte de los impactos negativos a la salud y la producción de alimentos en regiones mineras e hidrocarburíferas, el Grupo de Trabajo observó vulneraciones de derechos humanos asociadas con la industria hidroeléctrica, por ejemplo, en Antioquia. Recibimos denuncias sobre los impactos adversos de los proyectos REDD+ en las comunidades locales, especialmente en los Pueblos Indígenas, por la falta de consulta significativa y de acceso a la información. Además, las preocupaciones sobre la regulación insuficiente del mercado voluntario de bonos de carbono, así como el despojo de las comunidades de sus
tierras y territorios debido a la extracción de minerales críticos, subrayan la necesidad de que el gobierno ejerza una mejor supervisión sobre las empresas, para garantizar que la transición energética en Colombia no perpetúe las afectaciones a derechos humanos.
Personas y comunidades en riesgo crítico
Pueblos Indígenas
El Grupo de Trabajo vio con profunda preocupación los diversos abusos de los derechos humanos que sufren los Pueblos Indígenas, incluyendo su estigmatización e invisibilización, en el contexto de las operaciones empresariales. En particular, está extremadamente alarmado por el número de Pueblos Indígenas declarados en riesgo inminente de extermino físico y cultural por la Corte Constitucional. Como se mencionó anteriormente, éstos se ven afectados de manera desproporcionada por las industrias extractivas y los procesos de la transición energética, entre otros desafíos. El Grupo de Trabajo fue informado sobre afectaciones a la salud, incluidas deshidratación, desnutrición, erupciones cutáneas y cáncer, que padecen las comunidades Indígenas que habitan cerca de las operaciones mineras, petroleras y de monocultivos, con énfasis en las afectaciones a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, los procesos de consulta previa con los Pueblos Indígenas son insuficientes. Como se señala en la sección sobre obligaciones estatales, estos procesos no contemplan el consentimiento. Asimismo, se le dijo al Grupo de Trabajo que el racismo latente contra los Pueblos Indígenas se manifiesta en empresas que rechazan sus opiniones porque “no hablan bien español” o no tienen educación formal. También se informó que sigue existiendo un temor generalizado a represalias contra líderes y lideresas Indígenas que denuncian prácticas empresariales irresponsables.
Es importante reconocer que las identidades de los Pueblos Indígenas están estrechamente vinculadas a sus tierras. El requisito legal de reconocimiento por parte del Estado—a través del Ministerio del Interior— para acceder a títulos, restitución de tierras o ampliación de resguardos contradice el derecho a la libre determinación y el autogobierno. También facilita el desplazamiento forzado de comunidades Indígenas, la disrupción de su modo de vida, y la destrucción de los sitios sagrados por operaciones empresariales, lo que ha resultado en desarmonización y fractura del tejido social. Estas realidades se ven agravadas por la presencia de grupos armados no estatales en estas zonas. Como lamentó una titular de derechos Indígenas, “El signo del dólar cambia la forma en que vivimos nuestras vidas”.
Las comunidades Indígenas con las que se reunió el Grupo de Trabajo hicieron un llamado para que la reparación a los daños en derechos humanos causados por las empresas incluya, por ejemplo, una disculpa formal, garantías de no repetición y compensación moral y cultural.
Comunidades Afrodescendientes
Las comunidades Afrodescendientes han sido históricamente sujeto de exclusión, marginalización y racismo estructural e institucional. Si bien desde la Constitución Política de 1991 se reconoce su derecho a conformar estructuras de autogobierno, la lenta implementación de dichas disposiciones ha dificultado la conformación de Consejos Comunitarios en diversas zonas del país, y cuando éstos existen, la toma de decisiones sobre sus tierras y modos de vida no está garantizada. Por una parte, el Grupo de Trabajo recibió testimonios sobre la falta de asignación de tierras y títulos a los Consejos Comunitarios conforme la Ley 70, y por otra parte la falta de implementación efectiva de la consulta previa de la cual son sujeto de derecho.
El Grupo de Trabajo escuchó con alarma acerca de los niveles altos de pobreza y desempleo que enfrenta la población Afrodescendiente, así como la falta de oportunidades educativas y económicas para las juventudes en departamentos como el Putumayo o en el norte del Cauca. Aun con la presencia de proyectos minero- energéticos o de monocultivos agrícolas, como la caña de azúcar, el acceso a empleos en esas industrias es marginal para estas poblaciones. Además, por la gran escala de dichas industrias, los territorios disponibles
para la restitución de tierras y/o para sostener los modos de vida tradicionales de estas comunidades es cada vez menor, lo cual las mantiene en la marginalidad. Asimismo, es alarmante el número de testimonios que dan cuenta de los altos índices de violencia y estigmatización contra líderes sociales y autoridades comunitarias Afrodescendientes, particularmente cuando expresan posturas contrarias a la instalación u operación de proyectos empresariales en sus territorios, como sucede en La Guajira o Antioquia.
Comunidades campesinas
El Grupo de Trabajo celebra la ratificación de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos campesinos y su incorporación al bloque de constitucionalidad, así como el reconocimiento por parte del Estado colombiano del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, a través de la modificación del artículo 64 de la Constitución Política, y alienta a avanzar en su reglamentación. Estos avances se suman al hito que representó el reconocimiento del campesinado como víctima del conflicto armado.
No obstante, las comunidades campesinas en su mayoría no tienen seguridad territorial, lo cual se agudiza por el despojo ilegal de sus tierras por parte de grupos armados no estatales, sumado al otorgamiento de concesiones a distintas industrias. El Grupo de Trabajo insta a continuar con los procesos de formalización, entrega de tierras y de reconocimiento y protección de Zonas de Reserva Campesinas.
El Grupo de Trabajo observó, por otra parte, los esfuerzos desde distintos sectores en el apoyo de iniciativas de desarrollo productivo, que implican la recuperación de suelos, de semillas nativas, y el acompañamiento de los pequeños productores a lo largo de toda la cadena hasta su comercialización; y alienta a dar continuidad y sostenibilidad a esos esfuerzos.
Personas trabajadoras y sindicatos
La prevalencia de la informalidad en múltiples industrias aumenta la precariedad a la que se enfrentan las personas trabajadoras y puede afectar negativamente su derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, negándoles protección social y pensión. Si bien la informalidad es frecuente en Colombia en general, las y los trabajadores migrantes, incluidas personas refugiadas, son particularmente propensos al trabajo informal en condiciones de riesgo, como los sectores de la minería y el turismo sexual.
El Grupo de Trabajo escuchó que personas trabajadoras migrantes y refugiadas de origen venezolano, en particular, corren con frecuencia el riesgo de ser víctimas de explotación y discriminación en el lugar de trabajo derivadas de actitudes xenófobas, y se enfrentan a mayores desigualdades socioeconómicas. Las mujeres y los jóvenes migrantes corren un riesgo especial de abuso y explotación. Por ejemplo, en la industria minera en Buriticá, se recibieron informes preocupantes sobre la presencia de trabajo infantil y trabajo forzoso de trabajadores venezolanos. De hecho, aunque Colombia ha buscado activamente erradicar el trabajo infantil, el Grupo de Trabajo fue informado de cómo este problema persiste, y todavía se observa en el sector agrícola.
Esta delegación escuchó con gran aprensión cómo representantes y líderes sindicales, especialmente las mujeres, han experimentado una criminalización activa y, con demasiada frecuencia, una persecución violenta por ejercer su derecho a la libertad de asociación. Recibimos preocupaciones sobre dinámicas que minan la negociación y los contratos colectivos, lo cual brinda menos garantías a las personas trabajadoras. Resulta urgente entonces que se establezca un estatuto laboral a nivel nacional para la contratación, así como que se respeten los derechos de libre asociación, de sindicalización y de huelga.
Conclusiones
Reconocemos los avances normativos y las iniciativas gubernamentales, así como sentencias judiciales importantes, en materia de derechos humanos y medioambiente. Sin embargo, los desafíos que enfrenta Colombia para la protección y respeto a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial son enormes; persisten problemáticas enraizadas en un modelo económico basado en la explotación de recursos
naturales, décadas de conflicto armado y la presencia de grupos armados no estatales en amplias regiones del país. Además, la falta de transparencia y de reconocimiento por parte de las empresas de los daños históricos causados en sus operaciones dificulta la confianza en iniciativas positivas que muchas de ellas adelantan, y socava las oportunidades para la rendición de cuentas.
La situación de riesgo crítico para las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias y sindicales, así como la situación de exclusión estructural de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes es alarmante. Instamos al Estado y a las empresas a subsanar estas dinámicas con urgencia, buscando soluciones de largo plazo que pongan a las personas al centro y garanticen sus derechos, con un diálogo social amplio y una ruta clara hacia una paz definitiva y sostenible.
Agradecemos nuevamente la invitación al gobierno nacional para la realización de esta visita oficial, así como la disposición de todos los actores con quienes dialogamos, con el fin de que realicemos observaciones y brindemos recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial en Colombia.
